dom. Feb 22nd, 2026

SANCIONES

El número de muertos en Irán supera los 2.500 según organizaciones de derechos humanos

By Redacción Economis 1 mes ago
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La represión estatal en Irán dejó al menos 2.571 muertos en protestas extendidas en Irán, según organizaciones de derechos humanos con sede en Estados Unidos, en un contexto de apagón informativo, advertencias del presidente Donald Trump y crecientes repercusiones geopolíticas y económicas. El aumento acelerado de víctimas, frente a unas 500 registradas a inicios de la semana, confirma una escalada sin precedentes recientes y vuelve a colocar a la República Islámica en el centro de la agenda internacional.

De acuerdo con Human Rights Activists News Agency (HRANA), la cifra de fallecidos se incrementó de manera abrupta hasta este miércoles, mientras persisten las dudas sobre el número real de víctimas ante las restricciones a las comunicaciones y la falta de datos oficiales. El gobierno iraní no difundió cifras propias y se limitó a reconocer que el saldo ha sido “considerable”.

Represión, apagón informativo y advertencias desde Washington

El aumento de muertes se produce en paralelo a un apagón nacional de internet que ya ingresó en su sexto día, según el grupo independiente NetBlocks, lo que dificulta documentar los hechos y verificar información desde el interior del país. La agencia semioficial Fars, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, informó que las restricciones podrían mantenerse “hasta que cesen las acciones de las células terroristas”, y dejó abierta la posibilidad de una revisión del acceso dentro de una o dos semanas.

Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump endureció su discurso. El martes instó a los disidentes iraníes a “continuar protestando” y a “tomar el control de sus instituciones si es posible”, y advirtió que “actuará en consecuencia” tras evaluar cuántos manifestantes han sido asesinados. Días antes, había publicado en Truth Social el mensaje “LA AYUDA VA EN CAMINO”, sin precisar su alcance, luego de que trascendiera que fue informado sobre opciones para atacar Irán.

En el plano económico, Trump anunció un arancel del 25% a los bienes provenientes de países que mantengan negocios con la República Islámica, una señal que agrega presión externa al conflicto interno. Al mismo tiempo, Arabia Saudita y Catar presionaron a Washington para evitar una acción militar contra Teherán, según informó The Wall Street Journal.

Origen de las protestas y acusaciones cruzadas

Las protestas estallaron a finales del año pasado, luego de que una caída de la moneda nacional a un mínimo histórico desencadenara manifestaciones entre comerciantes de Teherán. Con el correr de los días, la conflictividad derivó en un movimiento más amplio contra el régimen teocrático del líder supremo Alí Jamenei, con enfrentamientos mortales que activistas describen como la represión más letal contra la disidencia en décadas.

Las autoridades iraníes acusaron a Estados Unidos e Israel de armar a los manifestantes y de orquestar la agitación, en un contexto de alta tensión regional que incluye el antecedente de 12 días de ataques aéreos contra instalaciones nucleares iraníes ocurridos siete meses atrás.

Este miércoles, el fiscal general Mohammad Movahedi Azad advirtió que el Estado endurecerá la represión mediante la incautación de activos de “terroristas y alborotadores”. En la misma línea, el jefe del poder judicial, Gholam-Hossein Mohseni Ejei, afirmó que “quienes decapitaron personas en las calles o las quemaron vivas deben ser juzgados y castigados lo más rápido posible”.

Impacto económico, petróleo y balance de víctimas

La crisis también tuvo repercusiones en los mercados energéticos. Los precios del petróleo subieron ante el temor de que la agitación interrumpa el suministro iraní. El Brent recortó ganancias este miércoles hacia los US$65 por barril, tras registrar el mayor avance de cuatro días en más de seis meses.

En cuanto al balance humano, HRANA informó que 12 de las muertes correspondieron a menores de 18 años y que 147 fallecidos estaban afiliados al gobierno. Además, el grupo reportó más de 18.000 detenciones vinculadas a las protestas. Funcionarios advirtieron que los detenidos podrían ser acusados de “enemistad contra Dios”, una figura de la ley islámica castigada con pena de muerte.

El antecedente inmediato refuerza la gravedad del escenario: tras las protestas de 2022 por la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, de 22 años, las autoridades utilizaron cargos de seguridad similares para ejecutar al menos a nueve personas, según Amnistía Internacional, con sede en Londres.

La televisión estatal iraní anunció que este miércoles se realizará en Teherán un funeral público para más de 300 civiles y miembros de las fuerzas de seguridad fallecidos en días recientes, sin detallar un desglose de víctimas. En paralelo, el acceso a internet sigue siendo un factor crítico. SpaceX, de Elon Musk, ofreció acceso gratuito al servicio satelital Starlink para personas con receptores en Irán, según Ahmad Ahmadian, director ejecutivo del grupo estadounidense Holistic Resilience, que trabaja para garantizar conectividad en el país.

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Venezuela y el derecho a decidir su propio destino

By Silvia Abaca 2 meses ago
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Hablar de Venezuela exige, antes que nada, un ejercicio de honestidad política y moral. Durante años, el debate internacional estuvo dominado por consignas simplificadoras, etiquetas funcionales y relatos construidos desde afuera, casi siempre al servicio de intereses geopolíticos ajenos a la vida real de millones de personas.

En ese ruido permanente, el pueblo venezolano fue sistemáticamente borrado: reducido a cifra estadística, convertido en excusa diplomática o señalado como amenaza. Rara vez reconocido como lo que es: un sujeto histórico que resiste.

Y, sin embargo, Venezuela sigue viva en su gente.

Vive en quienes cada día sostienen la vida en condiciones adversas. En trabajadores y trabajadoras que enfrentaron la inflación y la incertidumbre. En madres, abuelas y jóvenes que organizaron la existencia cotidiana con una mezcla de ingenio, solidaridad y dignidad. Vive en los barrios, en las comunidades, en la cultura popular que no se apaga, en la decisión de quedarse y también en la de migrar sin romper el lazo con la tierra propia, porque no todos los migrantes son los que vemos festejar en el Obelisco. Esa resistencia no es una consigna: es una práctica diaria.

Durante años, una de las herramientas más violentas para deshumanizar a Venezuela fue la construcción de una narrativa que presentó al país como un “Estado criminal”, dominado por un supuesto Cartel de los Soles. Esa etiqueta operó como un dispositivo político: justificó sanciones económicas, aislamiento internacional y castigos colectivos que nunca golpearon a los sectores acomodados, sino directamente al pueblo.

Por eso no es un dato menor que, recientemente, el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos haya dejado de sostener que el llamado Cartel de los Soles exista como una organización criminal real y estructurada, comparable a los grandes cárteles del narcotráfico de la región. Que hoy se reconozca —aunque sea de manera implícita— que se trató de una construcción sin sustento jurídico sólido expone algo más profundo: la fragilidad de un relato que durante años fue utilizado para legitimar el asedio a un país entero.

Este reconocimiento no niega los problemas reales de Venezuela. No absuelve errores, tensiones internas ni desafíos pendientes. Pero sí derrumba una coartada. Porque cuando se desmonta la ficción del “Estado narco”, queda al desnudo lo que realmente ocurrió: el uso del castigo económico y político como forma de disciplinamiento, con consecuencias devastadoras sobre la vida cotidiana de millones de personas.

Las sanciones no son abstractas. Tienen rostro. Son menos medicamentos, menos insumos, más dificultades para producir, para importar alimentos, para sostener servicios básicos. Son salarios pulverizados y proyectos truncos. Y, aun así, el pueblo venezolano resistió. No se quebró. No desapareció. No se resignó a la narrativa que otros escribieron para él.

Resistió porque existe una memoria histórica de luchas populares. Porque hay organización social, identidad colectiva y conciencia política. Porque, incluso bajo presión extrema, Venezuela siguió apostando a resolver sus conflictos sin tutela extranjera. Porque el pueblo entendió que ninguna sanción “humanitaria” puede justificar la carencia, ni ningún bloqueo puede presentarse como defensa de la democracia.

Hoy, cuando algunas de las narrativas más agresivas empiezan a resquebrajarse, es imprescindible decirlo con claridad: las sanciones contra Venezuela no fueron un error, fueron una decisión política consciente, y su objetivo nunca fue proteger derechos humanos, sino forzar un cambio de régimen a cualquier costo. El costo lo pagó el pueblo.

Por eso, no hay salida para Venezuela desde el castigo externo ni desde el intervencionismo encubierto. No hay futuro posible mientras se siga usando al pueblo como rehén de disputas geopolíticas. La autodeterminación no es un eslogan: es una condición básica para la dignidad de los pueblos.

Venezuela no es un expediente judicial, ni un laboratorio de sanciones, ni un titular armado en Washington. Venezuela es su pueblo. Y ese pueblo, pese a todo, sigue resistiendo, viviendo y defendiendo su derecho a decidir su propio destino.

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Trump mira el petróleo venezolano, pero la recuperación demandará años según analistas

By Redacción Economis 2 meses ago
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La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de avanzar sobre el control político y económico de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro reactivó un viejo objetivo estratégico de Washington: el acceso a las mayores reservas de petróleo del mundo. Sin embargo, aunque el mandatario dejó en claro su intención de que empresas estadounidenses lideren la recuperación de la industria petrolera venezolana, los analistas advierten que el costo económico, los riesgos políticos y los plazos de maduración convierten al plan en una apuesta de largo aliento, con impactos limitados en el mercado global en el corto y mediano plazo.

Trump afirmó que Estados Unidos “administrará” el país hasta que se concrete una transición “segura” y sostuvo que las petroleras estadounidenses invertirán miles de millones de dólares para reparar una infraestructura “muy dañada” y “empezar a generar dinero para el país”. El anuncio, de fuerte carga política e institucional, abre interrogantes sobre la viabilidad real de explotar un recurso hoy subutilizado y condicionado por sanciones, deterioro operativo y un escenario político incierto.

Reservas récord, producción mínima y una infraestructura colapsada

Venezuela cuenta con aproximadamente 303.000 millones de barriles de reservas probadas, la mayor cifra a nivel mundial. No obstante, la brecha entre ese potencial y la producción efectiva es significativa. Según el último informe de la Agencia Internacional de Energía, en noviembre el país produjo cerca de 860.000 barriles diarios, apenas un tercio de lo que generaba una década atrás y menos del 1% del consumo mundial de petróleo.

El declive productivo se profundizó desde comienzos de los años 2000, cuando los gobiernos de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro reforzaron el control estatal sobre PDVSA, lo que derivó en la salida de personal calificado, falta de inversiones y deterioro sostenido de las instalaciones. A ese proceso se sumaron las sanciones estadounidenses, aplicadas inicialmente en 2015 durante la presidencia de Barack Obama por presuntas violaciones a los derechos humanos, que restringieron el acceso a financiamiento, repuestos y tecnología clave.

“El verdadero desafío que enfrentan es su infraestructura”, señaló Callum MacPherson, jefe de cotización de materias primas de Investec. Las refinerías, oleoductos y campos petroleros muestran un desgaste acumulado que, según los especialistas, no se resuelve con inversiones puntuales ni en plazos breves.

A esto se suma una característica técnica relevante: el crudo venezolano es mayormente pesado y agrio, más complejo y costoso de refinar que el petróleo “ligero y dulce” que produce Estados Unidos y que resulta más apto para la elaboración de naftas.

Riesgos políticos, sanciones y contratos en suspenso

Más allá del diagnóstico energético, los principales obstáculos para una reactivación a gran escala son de carácter legal y político. Homayoun Falakshahi, analista principal de Kpler, advirtió que las empresas interesadas en operar en Venezuela deberán alcanzar acuerdos con un nuevo gobierno, algo inviable mientras no se consolide un sucesor de Maduro con estabilidad institucional.

“Aun si la situación política es estable, es un proceso que tomará meses”, sostuvo Falakshahi, quien remarcó que las compañías estarían arriesgando miles de millones de dólares en un contexto de alta incertidumbre. Antes de iniciar inversiones significativas, las petroleras necesitarían firmar contratos con el nuevo gobierno, definir marcos regulatorios y garantizar seguridad jurídica.

En paralelo, Estados Unidos incautó dos buques petroleros frente a las costas venezolanas e impuso un bloqueo a la entrada y salida de buques cisterna sancionados, lo que añade presión sobre los flujos de exportación y refuerza el carácter coercitivo de la estrategia.

Los analistas coinciden en que restablecer los niveles históricos de producción demandará decenas de miles de millones de dólares y podría llevar hasta una década, incluso bajo condiciones políticas favorables. Neil Shearing, analista jefe de Capital Economics, consideró que los planes de Trump tendrán un impacto limitado sobre el suministro global y, por lo tanto, sobre los precios internacionales del crudo.

“El plazo de tiempo de lo que va a suceder es muy largo”, señaló Shearing, quien estimó que en 2026 los precios del petróleo mostrarán muy pocos cambios asociados a Venezuela. Incluso si el país lograra recuperar una producción cercana a tres millones de barriles diarios, seguiría fuera del grupo de los diez principales productores del mundo.

El interés de las petroleras y una apuesta de largo plazo

En este escenario, Chevron es la única petrolera estadounidense que permanece activa en Venezuela, tras recibir una licencia de operación en 2022 durante la presidencia de Joe Biden, a pesar de las sanciones vigentes. La compañía es responsable de aproximadamente una quinta parte de la producción venezolana y afirmó que su prioridad es la seguridad de sus empleados y el cumplimiento de “todas las leyes y regulaciones relevantes”.

El resto de las grandes firmas mantiene silencio público, aunque los analistas señalan que internamente evalúan la oportunidad. “El apetito de ir a alguna parte está vinculado a dos factores principales: la situación política y los recursos sobre el terreno”, explicó Falakshahi, quien consideró que, pese a la incertidumbre, “la ganancia potencial podría ser demasiado grande para eludirla”.

En la misma línea, el ex director ejecutivo de BP, John Browne, definió la reactivación petrolera venezolana como un “proyecto a muy largo plazo”. “La gente subestima el tiempo que se demora hacer las cosas. Alinear recursos, materiales y personal lleva muchísimo tiempo”, afirmó, y advirtió que incluso podría darse una caída inicial de la producción mientras la industria se reorganiza.

Para Browne, sin embargo, el atractivo estratégico persiste: “Como oportunidad de negocio, si estás dirigiendo una compañía, vas a querer involucrarte muy rápidamente”. Aun así, el consenso entre los expertos es claro: el petróleo de Venezuela representa una promesa enorme, pero su explotación efectiva exigirá estabilidad política, inversiones masivas y una paciencia que excede ampliamente los tiempos de la coyuntura.

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Con precios en mínimos, la OPEP+ extiende el freno a la producción hasta marzo

By Redacción Economis 2 meses ago
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En un escenario global atravesado por conflictos políticos, caída de precios y señales de desaceleración económica, la OPEP+ resolvió mantener sin cambios los niveles de producción de petróleo al menos hasta fines de marzo, una decisión que busca contener la volatilidad del mercado energético y evitar un agravamiento del exceso de oferta. La definición se adoptó este fin de semana durante una breve videoconferencia celebrada el 4 de enero y ratifica una estrategia de cautela frente a un contexto internacional cada vez más incierto.

El cartel, que reúne a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y a sus aliados, sostiene así el esquema acordado en noviembre, cuando decidió pausar los aumentos de oferta que se venían aplicando desde abril de 2025. La extensión de esa pausa hasta los primeros tres meses de 2026 refuerza el mensaje de estabilidad en un mercado golpeado por la mayor caída anual de precios desde la pandemia.

Precios en retroceso y temor a un superávit récord

La reunión contó con la participación de ocho productores clave: Arabia Saudita, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Kazajstán, Kuwait, Irak, Argelia y Omán. En conjunto, estos países representan cerca de la mitad de la producción mundial de petróleo, por lo que cualquier ajuste en sus cuotas tiene impacto directo sobre el equilibrio global de oferta y demanda.

El contexto que rodea la decisión es particularmente adverso. Durante 2025, el precio del crudo acumuló una caída superior al 18%, la mayor en un solo año desde la crisis del COVID-19. Al inicio de esta semana, los futuros del Brent cotizaban en torno a los 60,52 dólares por barril, con una baja diaria del 0,4%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) operaba en 57,11 dólares, también con un retroceso del 0,4%.

Según analistas y agencias internacionales, el mercado enfrenta una combinación de factores negativos: amplios stocks a nivel mundial, crecimiento sostenido de la producción fuera de la OPEP+ y una demanda que muestra signos de moderación, especialmente en grandes consumidores como China. En ese marco, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) proyecta un posible superávit récord de petróleo en 2026 si se mantiene la actual dinámica de expansión de la oferta.

Venezuela, sanciones y un impacto acotado en los precios

Aunque la situación de Venezuela no fue abordada formalmente durante la videoconferencia, los acontecimientos recientes en ese país se mantienen como un factor de presión latente sobre el mercado. Venezuela, miembro de la OPEP, atraviesa una compleja coyuntura tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro, por fuerzas estadounidenses durante el fin de semana, y la posterior confirmación de que el embargo estadounidense sobre todo el petróleo venezolano sigue plenamente vigente.

El país sudamericano posee cerca del 17% de las reservas mundiales de petróleo, equivalentes a 303.000 millones de barriles, según el Instituto de Energía de Londres, por delante incluso de Arabia Saudita. Sin embargo, su producción actual dista mucho de ese potencial. De haber alcanzado picos de 3,5 millones de barriles diarios en la década de 1970 —más del 7% de la producción mundial—, cayó por debajo de los 2 millones en la década de 2010 y promedió unos 1,1 millones el año pasado. Actualmente, produce alrededor de 800.000 barriles diarios.

Analistas consultados por Reuters señalaron que, incluso si se produjera una interrupción temporal de las exportaciones venezolanas, el impacto inmediato sobre los precios sería limitado. Más del 80% del crudo venezolano se destina a China, que cuenta con amplias reservas estratégicas. “Incluso aunque las exportaciones venezolanas se interrumpan de forma temporal, más del 80% se destinan a China, que ha acumulado amplias reservas”, explicó Kazuhiko Fuji, consultor del Instituto de Investigación de Economía, Comercio e Industria de Japón.

En un mercado global con abundante oferta, los inversores continúan evaluando el escenario venezolano, aunque los valores de referencia se mantienen volátiles más por expectativas que por efectos concretos sobre los flujos de suministro.

Producción futura y presión estructural sobre el mercado

Las proyecciones a mediano y largo plazo refuerzan la cautela de la OPEP+. Un informe de JP Morgan, elaborado por la analista Natasha Kaneva, estimó que, bajo un escenario de transición política, Venezuela podría elevar su producción a entre 1,3 y 1,4 millones de barriles diarios en un plazo de dos años y alcanzar hasta 2,5 millones en la próxima década.

Sin embargo, los analistas de Goldman Sachs advirtieron que cualquier recuperación de la producción venezolana sería gradual y demandaría inversiones significativas. En una nota fechada el 4 de enero, el equipo liderado por Daan Struyven estimó que, si Venezuela lograra aumentar su producción hasta los 2 millones de barriles diarios, los precios del petróleo podrían caer unos 4 dólares por barril hacia 2030.

A corto plazo, Goldman sostuvo que las perspectivas dependen en gran medida de la evolución de la política de sanciones de Estados Unidos. “Vemos riesgos ambiguos, pero modestos, para los precios del petróleo a corto plazo procedentes de Venezuela”, indicaron. Para 2026, la entidad mantuvo sin cambios sus previsiones: un precio promedio del Brent de 56 dólares por barril y del WTI de 52 dólares, con una producción venezolana estable en torno a los 900.000 barriles diarios.

En este contexto, la decisión de la OPEP+ de sostener la producción por al menos tres meses más aparece como una señal de prudencia frente a un mercado frágil, atravesado por tensiones geopolíticas, cambios estructurales en la demanda y una creciente competencia de productores no miembros como Estados Unidos, Brasil, Canadá y Guyana. La próxima reunión del grupo, prevista para el 1 de febrero, será clave para evaluar si esta estrategia de contención se mantiene o si el cartel opta por ajustar sus cuotas ante un escenario que sigue siendo altamente volátil.

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Una jueza peruana de la CPI denunció sanciones de EE.UU. y alertó sobre un ataque al Estado de derecho

By Redacción Economis 2 meses ago
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EE.UU. sancionó a una jueza peruana de la Corte Penal Internacional y expuso una tensión inédita sobre la independencia judicial global

Las sanciones económicas y migratorias impuestas por Estados Unidos contra jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) abrieron un conflicto institucional de alto impacto político y jurídico. Entre los afectados se encuentra la magistrada peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza, jueza de la Cámara de Apelaciones del tribunal con sede en La Haya, quien denunció que las medidas le bloquearon cuentas, tarjetas de crédito y transferencias internacionales. El caso reaviva el debate sobre la independencia judicial, la vigencia del Estatuto de Roma y los límites del poder político frente a la justicia penal internacional.

Las sanciones de EE.UU. y el alcance sobre la Corte Penal Internacional

La jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza integra la Corte Penal Internacional desde hace casi ocho años. El tribunal fue creado en 1998 mediante el Estatuto de Roma para juzgar a individuos por genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. En 2025, el gobierno de Estados Unidos sancionó a seis jueces y a tres fiscales de la CPI, incluido el fiscal principal Karim Khan.

Según informó el Departamento de Estado, las sanciones responden a la “oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio por la soberanía nacional y la extralimitación judicial ilegítima de la CPI”. Washington sostuvo que la Corte “constituye una amenaza para la seguridad nacional” y la acusó de actuar como un instrumento de “guerra jurídica” contra Estados Unidos y su aliado Israel. Parte de las medidas se anunciaron luego de que la CPI emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes vinculados a Gaza.

En el caso de Ibáñez Carranza, el Departamento de Estado señaló que fue sancionada por “autorizar la investigación de la CPI contra personal estadounidense en Afganistán”. La magistrada explicó que la decisión cuestionada corresponde a 2019, cuando un panel de cinco jueces de la Cámara de Apelaciones habilitó investigaciones por crímenes cometidos en el territorio afgano, sin distinción de autores: talibanes, fuerzas estatales o fuerzas extranjeras.

Las Naciones Unidas condenaron las sanciones como “un ataque contra el Estado de derecho”. La relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió que las medidas buscan influir directamente en el trabajo judicial y equiparan a jueces internacionales con “presuntos terroristas o líderes de cárteles”.

Impacto personal, económico y familiar de las sanciones

Más allá de la dimensión institucional, la jueza peruana describió el impacto concreto de las sanciones en su vida cotidiana. Entre las restricciones figuran la cancelación de visas, el bloqueo de cuentas en dólares en cualquier país, la anulación de tarjetas de crédito y la imposibilidad de utilizar servicios financieros o plataformas vinculadas a empresas con sede en Estados Unidos.

“No puedo ordenar una comida, no puedo tomar un taxi Uber, no puedo enviar dinero a mi país”, relató. Ibáñez Carranza explicó que transfería mensualmente fondos a Perú para el mantenimiento de su vivienda y el pago de servicios básicos, pero que una operación vía Western Union quedó retenida sin explicación. Las sanciones, además, se extienden indirectamente a familiares y personas que intentan asistir a los magistrados afectados. En su caso, su hija vio cancelada una visa sin fundamentos explícitos.

El alcance extraterritorial de las medidas generó tensiones incluso en Europa. Bancos con sede en Países Bajos restringieron inicialmente operaciones de los jueces sancionados, lo que derivó en gestiones ante autoridades holandesas para garantizar el funcionamiento básico de cuentas en euros. “La pregunta era si Europa es realmente un espacio seguro o si sus bancos están subordinados a la política estadounidense”, sostuvo la magistrada.

Ibáñez Carranza acumuló más de 35 años de trayectoria como fiscal en Perú antes de llegar a la CPI, incluyendo causas emblemáticas como la investigación contra Abimael Guzmán, exlíder de Sendero Luminoso, condenado a cadena perpetua en 2005. Desde esa experiencia, afirmó que las sanciones buscan intimidar, pero no condicionarán sus decisiones: “Frente a unos hechos y una evidencia, lo único que puedo aplicar es el derecho y mi conciencia”.

Repercusiones políticas y debate sobre el futuro de la CPI

El conflicto se inscribe en un escenario de presión creciente sobre la Corte Penal Internacional. Además de las sanciones estadounidenses, algunos jueces enfrentan órdenes de arresto emitidas por Rusia, en represalia por decisiones judiciales vinculadas al conflicto en Ucrania. En paralelo, varios Estados se negaron a ejecutar órdenes de arresto de la CPI, y parlamentos nacionales, como el de Venezuela, debatieron proyectos para retirarse del Estatuto de Roma.

Para la magistrada peruana, el objetivo de fondo es debilitar el sistema de justicia internacional y desalentar investigaciones sobre crímenes atroces. “El ataque no es solo contra los jueces, es contra las víctimas”, sostuvo. Recordó que el principio de complementariedad del Estatuto de Roma establece que la CPI actúa solo cuando los Estados no investigan o juzgan adecuadamente, y que la Corte no persigue países sino hechos y responsabilidades individuales.

Lejos de paralizar su actividad, Ibáñez Carranza aseguró que la CPI continuó dictando sentencias relevantes y celebrando audiencias, incluso después de las sanciones. Mencionó decisiones en casos de la República Centroafricana, Sudán y Filipinas. Según su evaluación, las presiones externas produjeron un efecto inverso al buscado: mayor cohesión interna entre los jueces y fiscales del tribunal.

En términos políticos, el episodio plantea interrogantes sobre la gobernanza global, el respeto a la independencia judicial y el equilibrio entre soberanía estatal y justicia internacional. La jueza advirtió que la respuesta de la Unión Europea será clave: no solo en declaraciones de respaldo, sino en medidas prácticas que garanticen condiciones operativas mínimas para el funcionamiento de la Corte.

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