SANCIONES

Cuba frente al colapso del turismo, sanciones de EE.UU. y retirada masiva de cadenas hoteleras

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Por Daniel Pradas / IPS Noticias – La Bodeguita del Medio, icono en el mundo por considerarse la cuna del mojito y uno de los destinos preferidos de los visitantes extranjeros en el casco histórico de La Habana, apenas tiene estos días algún cliente, en lo que simboliza el desplome del turismo en Cuba con el bloqueo petrolero, ahora agravado con la retirada de varias cadenas hoteleras de sus negocios con empresas de la isla.

“Hace tres meses empezó a sentirse de verdad la baja del turismo. Ya no está entrando turismo en Cuba. Ninguno, ninguno. Hoy me puse de suerte y un español me compró una pieza de madera. Hemos estado días sin vender nada”, dijo a IPS Dunia Rodríguez, la vendedora de artesanías de un local frente al restaurante-bar.

Rodríguez gana 10 % de comisión del valor de las ventas que concrete. Ha sido así durante los 22 años que lleva trabajando en el mismo negocio y siempre había sido fructífero, pero en estos tiempos suele pasarse más de una semana sin ganar un centavo.

“Este momento del turismo es el peor de todos los tiempos”, sentenció Rodríguez.

Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), entre enero y abril de 2026 arribaron en Cuba 328 608 visitantes internacionales, 44,2 % con respecto a igual período del año anterior, lo que significa que entraron unos 400 000 turistas menos a esta nación caribeña, cuya economía depende de la llamada industria sin chimeneas.

Para Carlos Gutiérrez, de 37 años, quien conduce para turistas en un automóvil clásico estadounidense de la década de 1950, la falta de clientes es un síntoma de la crisis, incluso peor que la falta de combustible.

“Con la cantidad de combustible que nos asignan por la empresa que nos representa, nos alcanza para tres días de trabajo al mes. Comprar el combustible por la calle es muy caro, pero que no haya turismo es lo que lo vuelve poco rentable”, dijo Gutiérrez a IPS.

Desde que el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva el 29 de enero que amenazó con imponer aranceles a los países que suministraran crudo a Cuba, y el gobierno de la isla respondiera con la racionalización extrema de la venta de combustible, el precio de la gasolina en el mercado negro se ha disparado hasta alcanzar el precio de diez dólares el litro, aunque hoy cuesta entre siete u ocho dólares.

Una de los primeros bajones del turismo debido a la crisis energética ocurrió cuando, en febrero, se divulgó la noticia de que el combustible de avión se había acabado en los principales aeropuertos de Cuba, y varias aerolíneas cancelaron sus vuelos a la isla.

Sin embargo, el hundimiento de la industria turística cubana apenas acababa de empezar, tras padecer múltiples desestímulos, que incluyen los crecientes y prolongados cortes de energía eléctrica, agudizados desde enero.

Dos turistas caminan por una calle cerca del hotel Iberostar Habana Selection y Habana Libre, en La Habana. Cuba depende, en gran medida, de los ingresos económicos producto de su industria turística. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS

Ultimátum al turismo

El mes de junio comenzó con la salida en desbandada de compañías hoteleras que llevaban años operando en Cuba pese a las restricciones de las sanciones estadounidenses.

El lunes 1, la canadiense Blue Diamond se retiró de los 15 alojamientos que gestionaba en la isla.

El martes 2, la cadena española Iberostar, presente en Cuba desde 1993, confirmó que abandonaba 12 de los 18 establecimientos que hasta entonces manejaba, incluidos hoteles de lujo como el Grand Packard y el Selection La Habana, el edificio más alto de Cuba.

La cadena indonesia Archipelago International también dejó de administrar, ese mismo día, sus seis hoteles, mientras el miércoles 3, la cadena española Meliá, la mayor cadena extranjera en el territorio con instalaciones en Cuba desde 1990, dejó de operar “de forma inmediata” 15 de sus más de 30 hoteles esta la nación caribeña.

Si bien el parque hotelero de la isla —con más de 80 000 habitaciones y de 300 instalaciones—, cerró 2025 con una ocupación de apenas 18,9 %, el motivo de la actual huida masiva se debe a que este viernes 5 vencía el plazo dado por la nueva orden ejecutiva 14404, firmada por Trump el 1 de mayo.

La medida amenaza con aplicar sanciones a casi cualquier persona o empresa no estadounidense que tenga relaciones comerciales con la isla, especialmente en los sectores de la energía, la defensa, la seguridad y las finanzas.

El 15 de mayo, la minera canadiense Sherritt International había anunciado que disolvería su empresa conjunta con la estatal cubana General Nickel Company S.A., pero luego flexibilizó la decisión tras nuevas consultas con asesores y una caída de su valor en bolsa.

A partir del sábado 6, los servicios financieros internacionales Visa y Mastercard también dejarán de funcionar en Cuba para evitar sanciones del gobierno de Estados Unidos, informó el miércoles 3 el Banco Central de Cuba (BCC).

La institución estatal explicó en un comunicado que el banco privado extranjero que realizaba las operaciones con el exterior —sin nombrarse en el comunicado— informó al BCC que interrumpía su relación con la entidad financiera Fincimex, que pertenece al conglomerado empresarial del ejército, Gaesa.

El BCC dijo que “dicha interrupción” se relaciona directamente con la orden ejecutiva del 1 de mayo y que, debido a esta, “Cuba se ve imposibilitada de recibir ingresos como resultado de la comercialización de bienes y servicios por intermedio” de Visa y Mastercard”.

Según el BCC, los medios de pago para divisas que se mantienen en la isla son el efectivo, tarjetas prepago nacionales y las tarjetas internacionales Mir, de Rusia, y Union Pay, de China.

Exterior del hotel Grand Packard, en La Habana. La cadena española Iberostar abandona 12 de los 18 establecimientos que manejaba hasta la primera semana de junio, para evitar las sanciones de Estados Unidos. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS

Todos los huevos en una canasta

En virtud de la orden ejecutiva 14404, Estados Unidos sancionó el 7 de mayo al conglomerado militar cubano Grupo de Administración Empresarial SA (llamado GAE y también Gaesa) así como a su directora, Ania Lastres Morera.

Según el Departamento de Estado, Gaesa “constituye el corazón del sistema comunista cleptocrático de Cuba”, al controlar «un estimado de 40 % o más de la economía de la isla”, en beneficio de las “élites corruptas”, mientras el pueblo cubano sufre “hambre, enfermedades” y falta inversión en infraestructuras críticas como la red eléctrica.

En respuesta a las acusaciones de Washington, el gobierno cubano publicó un inusual comunicado defendiendo al GAE como una “una respuesta articulada de probada eficiencia frente al cerco económico” de Estados Unidos a Cuba.

Asimismo, asegura que el objetivo de la organización, nacida en la década de 1990, “siempre ha sido ha sido agrupar empresas con capacidades en la generación de divisas y recursos que el Estado requiere para mantener y desarrollar las conquistas sociales” y que ha permitido financiar centrales termoeléctricas, vías hidráulicas, hospitales y escuelas.

Este grupo estatal, en efecto, agrupa bajo su paraguas a múltiples empresas de variopintas ramas: gran parte del sector turístico, telecomunicaciones, firmas importadoras y distribuidoras, red de servicentros, bancos, puertos, inmobiliarias, transporte, entre otros.

“El GAE no es obra del secretismo, ni de élites y mucho menos la vía deenriquecimiento de unos pocos”, enfatiza el comunicado.

Pero su estructura también ha sido criticada por su falta de transparencia e, incluso, por no rendir cuentas al Estado.

En 2024, la entonces contralora general de Cuba, Gladys Bejerano, declaró a medios internacionales que Gaesa no estaba bajo su supervisión, porque a disciplina de la organización era encomiable y que la Contraloría concentra “fuerzas” donde hacen falta “avances”.

Pero la política Estados Unidos no pretende centrarse en Gaesa, sino que su abanico de sanciones trasciende hacie múltiples sectores de la institucionalidad cubana.

El jueves 4, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), emitió sanciones contra el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y algunos familiares cercanos, así como contra familiares del expresidente Raúl Castro.

Asimismo, sancionó a cinco instituciones y empresas cubanas: el Ministerio de las Fuerzas Armadas, los Comités de Defensa de la Revolución, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (Icap), Amistur Cuba —la agencia de viajes del Icap—, y Minera La Victoria.

Díaz-Canel criticó esas nuevas sanciones a través de su cuenta de X: “Esta ceguera política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano”, escribió.

En este panorama de asfixia a la economía cubana, el gobierno de la isla deberá plantearse qué hacer para sortear las sanciones de Estados Unidos y evitar la caída libre del turismo, entre otros rubros de su economía.

“Llevamos años dejando que los altos cargos militares manejen toda la industria hotelera y prácticamente la economía del país. No solo es malo para el país, sino que es ingenuo, más cuando Estados Unidos está al acecho”, dijo a IPS Cristóbal, un programador habanero de 31 años, quien prefirió no decir su apellido.

Como Cristobal, no pocas personas se preguntan si, para salvar su economía, Cuba deberá quizás amputar alguno de sus miembros o, más específicamente, reorganizar su estructura empresarial.

“Todos saben que no se pueden poner todos los huevos en una sola canasta”, agregó el joven programador.

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El número de muertos en Irán supera los 2.500 según organizaciones de derechos humanos

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La represión estatal en Irán dejó al menos 2.571 muertos en protestas extendidas en Irán, según organizaciones de derechos humanos con sede en Estados Unidos, en un contexto de apagón informativo, advertencias del presidente Donald Trump y crecientes repercusiones geopolíticas y económicas. El aumento acelerado de víctimas, frente a unas 500 registradas a inicios de la semana, confirma una escalada sin precedentes recientes y vuelve a colocar a la República Islámica en el centro de la agenda internacional.

De acuerdo con Human Rights Activists News Agency (HRANA), la cifra de fallecidos se incrementó de manera abrupta hasta este miércoles, mientras persisten las dudas sobre el número real de víctimas ante las restricciones a las comunicaciones y la falta de datos oficiales. El gobierno iraní no difundió cifras propias y se limitó a reconocer que el saldo ha sido “considerable”.

Represión, apagón informativo y advertencias desde Washington

El aumento de muertes se produce en paralelo a un apagón nacional de internet que ya ingresó en su sexto día, según el grupo independiente NetBlocks, lo que dificulta documentar los hechos y verificar información desde el interior del país. La agencia semioficial Fars, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, informó que las restricciones podrían mantenerse “hasta que cesen las acciones de las células terroristas”, y dejó abierta la posibilidad de una revisión del acceso dentro de una o dos semanas.

Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump endureció su discurso. El martes instó a los disidentes iraníes a “continuar protestando” y a “tomar el control de sus instituciones si es posible”, y advirtió que “actuará en consecuencia” tras evaluar cuántos manifestantes han sido asesinados. Días antes, había publicado en Truth Social el mensaje “LA AYUDA VA EN CAMINO”, sin precisar su alcance, luego de que trascendiera que fue informado sobre opciones para atacar Irán.

En el plano económico, Trump anunció un arancel del 25% a los bienes provenientes de países que mantengan negocios con la República Islámica, una señal que agrega presión externa al conflicto interno. Al mismo tiempo, Arabia Saudita y Catar presionaron a Washington para evitar una acción militar contra Teherán, según informó The Wall Street Journal.

Origen de las protestas y acusaciones cruzadas

Las protestas estallaron a finales del año pasado, luego de que una caída de la moneda nacional a un mínimo histórico desencadenara manifestaciones entre comerciantes de Teherán. Con el correr de los días, la conflictividad derivó en un movimiento más amplio contra el régimen teocrático del líder supremo Alí Jamenei, con enfrentamientos mortales que activistas describen como la represión más letal contra la disidencia en décadas.

Las autoridades iraníes acusaron a Estados Unidos e Israel de armar a los manifestantes y de orquestar la agitación, en un contexto de alta tensión regional que incluye el antecedente de 12 días de ataques aéreos contra instalaciones nucleares iraníes ocurridos siete meses atrás.

Este miércoles, el fiscal general Mohammad Movahedi Azad advirtió que el Estado endurecerá la represión mediante la incautación de activos de “terroristas y alborotadores”. En la misma línea, el jefe del poder judicial, Gholam-Hossein Mohseni Ejei, afirmó que “quienes decapitaron personas en las calles o las quemaron vivas deben ser juzgados y castigados lo más rápido posible”.

Impacto económico, petróleo y balance de víctimas

La crisis también tuvo repercusiones en los mercados energéticos. Los precios del petróleo subieron ante el temor de que la agitación interrumpa el suministro iraní. El Brent recortó ganancias este miércoles hacia los US$65 por barril, tras registrar el mayor avance de cuatro días en más de seis meses.

En cuanto al balance humano, HRANA informó que 12 de las muertes correspondieron a menores de 18 años y que 147 fallecidos estaban afiliados al gobierno. Además, el grupo reportó más de 18.000 detenciones vinculadas a las protestas. Funcionarios advirtieron que los detenidos podrían ser acusados de “enemistad contra Dios”, una figura de la ley islámica castigada con pena de muerte.

El antecedente inmediato refuerza la gravedad del escenario: tras las protestas de 2022 por la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, de 22 años, las autoridades utilizaron cargos de seguridad similares para ejecutar al menos a nueve personas, según Amnistía Internacional, con sede en Londres.

La televisión estatal iraní anunció que este miércoles se realizará en Teherán un funeral público para más de 300 civiles y miembros de las fuerzas de seguridad fallecidos en días recientes, sin detallar un desglose de víctimas. En paralelo, el acceso a internet sigue siendo un factor crítico. SpaceX, de Elon Musk, ofreció acceso gratuito al servicio satelital Starlink para personas con receptores en Irán, según Ahmad Ahmadian, director ejecutivo del grupo estadounidense Holistic Resilience, que trabaja para garantizar conectividad en el país.

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Venezuela y el derecho a decidir su propio destino

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Hablar de Venezuela exige, antes que nada, un ejercicio de honestidad política y moral. Durante años, el debate internacional estuvo dominado por consignas simplificadoras, etiquetas funcionales y relatos construidos desde afuera, casi siempre al servicio de intereses geopolíticos ajenos a la vida real de millones de personas.

En ese ruido permanente, el pueblo venezolano fue sistemáticamente borrado: reducido a cifra estadística, convertido en excusa diplomática o señalado como amenaza. Rara vez reconocido como lo que es: un sujeto histórico que resiste.

Y, sin embargo, Venezuela sigue viva en su gente.

Vive en quienes cada día sostienen la vida en condiciones adversas. En trabajadores y trabajadoras que enfrentaron la inflación y la incertidumbre. En madres, abuelas y jóvenes que organizaron la existencia cotidiana con una mezcla de ingenio, solidaridad y dignidad. Vive en los barrios, en las comunidades, en la cultura popular que no se apaga, en la decisión de quedarse y también en la de migrar sin romper el lazo con la tierra propia, porque no todos los migrantes son los que vemos festejar en el Obelisco. Esa resistencia no es una consigna: es una práctica diaria.

Durante años, una de las herramientas más violentas para deshumanizar a Venezuela fue la construcción de una narrativa que presentó al país como un “Estado criminal”, dominado por un supuesto Cartel de los Soles. Esa etiqueta operó como un dispositivo político: justificó sanciones económicas, aislamiento internacional y castigos colectivos que nunca golpearon a los sectores acomodados, sino directamente al pueblo.

Por eso no es un dato menor que, recientemente, el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos haya dejado de sostener que el llamado Cartel de los Soles exista como una organización criminal real y estructurada, comparable a los grandes cárteles del narcotráfico de la región. Que hoy se reconozca —aunque sea de manera implícita— que se trató de una construcción sin sustento jurídico sólido expone algo más profundo: la fragilidad de un relato que durante años fue utilizado para legitimar el asedio a un país entero.

Este reconocimiento no niega los problemas reales de Venezuela. No absuelve errores, tensiones internas ni desafíos pendientes. Pero sí derrumba una coartada. Porque cuando se desmonta la ficción del “Estado narco”, queda al desnudo lo que realmente ocurrió: el uso del castigo económico y político como forma de disciplinamiento, con consecuencias devastadoras sobre la vida cotidiana de millones de personas.

Las sanciones no son abstractas. Tienen rostro. Son menos medicamentos, menos insumos, más dificultades para producir, para importar alimentos, para sostener servicios básicos. Son salarios pulverizados y proyectos truncos. Y, aun así, el pueblo venezolano resistió. No se quebró. No desapareció. No se resignó a la narrativa que otros escribieron para él.

Resistió porque existe una memoria histórica de luchas populares. Porque hay organización social, identidad colectiva y conciencia política. Porque, incluso bajo presión extrema, Venezuela siguió apostando a resolver sus conflictos sin tutela extranjera. Porque el pueblo entendió que ninguna sanción “humanitaria” puede justificar la carencia, ni ningún bloqueo puede presentarse como defensa de la democracia.

Hoy, cuando algunas de las narrativas más agresivas empiezan a resquebrajarse, es imprescindible decirlo con claridad: las sanciones contra Venezuela no fueron un error, fueron una decisión política consciente, y su objetivo nunca fue proteger derechos humanos, sino forzar un cambio de régimen a cualquier costo. El costo lo pagó el pueblo.

Por eso, no hay salida para Venezuela desde el castigo externo ni desde el intervencionismo encubierto. No hay futuro posible mientras se siga usando al pueblo como rehén de disputas geopolíticas. La autodeterminación no es un eslogan: es una condición básica para la dignidad de los pueblos.

Venezuela no es un expediente judicial, ni un laboratorio de sanciones, ni un titular armado en Washington. Venezuela es su pueblo. Y ese pueblo, pese a todo, sigue resistiendo, viviendo y defendiendo su derecho a decidir su propio destino.

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Trump mira el petróleo venezolano, pero la recuperación demandará años según analistas

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La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de avanzar sobre el control político y económico de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro reactivó un viejo objetivo estratégico de Washington: el acceso a las mayores reservas de petróleo del mundo. Sin embargo, aunque el mandatario dejó en claro su intención de que empresas estadounidenses lideren la recuperación de la industria petrolera venezolana, los analistas advierten que el costo económico, los riesgos políticos y los plazos de maduración convierten al plan en una apuesta de largo aliento, con impactos limitados en el mercado global en el corto y mediano plazo.

Trump afirmó que Estados Unidos “administrará” el país hasta que se concrete una transición “segura” y sostuvo que las petroleras estadounidenses invertirán miles de millones de dólares para reparar una infraestructura “muy dañada” y “empezar a generar dinero para el país”. El anuncio, de fuerte carga política e institucional, abre interrogantes sobre la viabilidad real de explotar un recurso hoy subutilizado y condicionado por sanciones, deterioro operativo y un escenario político incierto.

Reservas récord, producción mínima y una infraestructura colapsada

Venezuela cuenta con aproximadamente 303.000 millones de barriles de reservas probadas, la mayor cifra a nivel mundial. No obstante, la brecha entre ese potencial y la producción efectiva es significativa. Según el último informe de la Agencia Internacional de Energía, en noviembre el país produjo cerca de 860.000 barriles diarios, apenas un tercio de lo que generaba una década atrás y menos del 1% del consumo mundial de petróleo.

El declive productivo se profundizó desde comienzos de los años 2000, cuando los gobiernos de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro reforzaron el control estatal sobre PDVSA, lo que derivó en la salida de personal calificado, falta de inversiones y deterioro sostenido de las instalaciones. A ese proceso se sumaron las sanciones estadounidenses, aplicadas inicialmente en 2015 durante la presidencia de Barack Obama por presuntas violaciones a los derechos humanos, que restringieron el acceso a financiamiento, repuestos y tecnología clave.

El verdadero desafío que enfrentan es su infraestructura”, señaló Callum MacPherson, jefe de cotización de materias primas de Investec. Las refinerías, oleoductos y campos petroleros muestran un desgaste acumulado que, según los especialistas, no se resuelve con inversiones puntuales ni en plazos breves.

A esto se suma una característica técnica relevante: el crudo venezolano es mayormente pesado y agrio, más complejo y costoso de refinar que el petróleo “ligero y dulce” que produce Estados Unidos y que resulta más apto para la elaboración de naftas.

Riesgos políticos, sanciones y contratos en suspenso

Más allá del diagnóstico energético, los principales obstáculos para una reactivación a gran escala son de carácter legal y político. Homayoun Falakshahi, analista principal de Kpler, advirtió que las empresas interesadas en operar en Venezuela deberán alcanzar acuerdos con un nuevo gobierno, algo inviable mientras no se consolide un sucesor de Maduro con estabilidad institucional.

Aun si la situación política es estable, es un proceso que tomará meses”, sostuvo Falakshahi, quien remarcó que las compañías estarían arriesgando miles de millones de dólares en un contexto de alta incertidumbre. Antes de iniciar inversiones significativas, las petroleras necesitarían firmar contratos con el nuevo gobierno, definir marcos regulatorios y garantizar seguridad jurídica.

En paralelo, Estados Unidos incautó dos buques petroleros frente a las costas venezolanas e impuso un bloqueo a la entrada y salida de buques cisterna sancionados, lo que añade presión sobre los flujos de exportación y refuerza el carácter coercitivo de la estrategia.

Los analistas coinciden en que restablecer los niveles históricos de producción demandará decenas de miles de millones de dólares y podría llevar hasta una década, incluso bajo condiciones políticas favorables. Neil Shearing, analista jefe de Capital Economics, consideró que los planes de Trump tendrán un impacto limitado sobre el suministro global y, por lo tanto, sobre los precios internacionales del crudo.

“El plazo de tiempo de lo que va a suceder es muy largo”, señaló Shearing, quien estimó que en 2026 los precios del petróleo mostrarán muy pocos cambios asociados a Venezuela. Incluso si el país lograra recuperar una producción cercana a tres millones de barriles diarios, seguiría fuera del grupo de los diez principales productores del mundo.

El interés de las petroleras y una apuesta de largo plazo

En este escenario, Chevron es la única petrolera estadounidense que permanece activa en Venezuela, tras recibir una licencia de operación en 2022 durante la presidencia de Joe Biden, a pesar de las sanciones vigentes. La compañía es responsable de aproximadamente una quinta parte de la producción venezolana y afirmó que su prioridad es la seguridad de sus empleados y el cumplimiento de “todas las leyes y regulaciones relevantes”.

El resto de las grandes firmas mantiene silencio público, aunque los analistas señalan que internamente evalúan la oportunidad. “El apetito de ir a alguna parte está vinculado a dos factores principales: la situación política y los recursos sobre el terreno”, explicó Falakshahi, quien consideró que, pese a la incertidumbre, “la ganancia potencial podría ser demasiado grande para eludirla”.

En la misma línea, el ex director ejecutivo de BP, John Browne, definió la reactivación petrolera venezolana como un “proyecto a muy largo plazo”. “La gente subestima el tiempo que se demora hacer las cosas. Alinear recursos, materiales y personal lleva muchísimo tiempo”, afirmó, y advirtió que incluso podría darse una caída inicial de la producción mientras la industria se reorganiza.

Para Browne, sin embargo, el atractivo estratégico persiste: “Como oportunidad de negocio, si estás dirigiendo una compañía, vas a querer involucrarte muy rápidamente”. Aun así, el consenso entre los expertos es claro: el petróleo de Venezuela representa una promesa enorme, pero su explotación efectiva exigirá estabilidad política, inversiones masivas y una paciencia que excede ampliamente los tiempos de la coyuntura.

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Con precios en mínimos, la OPEP+ extiende el freno a la producción hasta marzo

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En un escenario global atravesado por conflictos políticos, caída de precios y señales de desaceleración económica, la OPEP+ resolvió mantener sin cambios los niveles de producción de petróleo al menos hasta fines de marzo, una decisión que busca contener la volatilidad del mercado energético y evitar un agravamiento del exceso de oferta. La definición se adoptó este fin de semana durante una breve videoconferencia celebrada el 4 de enero y ratifica una estrategia de cautela frente a un contexto internacional cada vez más incierto.

El cartel, que reúne a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y a sus aliados, sostiene así el esquema acordado en noviembre, cuando decidió pausar los aumentos de oferta que se venían aplicando desde abril de 2025. La extensión de esa pausa hasta los primeros tres meses de 2026 refuerza el mensaje de estabilidad en un mercado golpeado por la mayor caída anual de precios desde la pandemia.

Precios en retroceso y temor a un superávit récord

La reunión contó con la participación de ocho productores clave: Arabia Saudita, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Kazajstán, Kuwait, Irak, Argelia y Omán. En conjunto, estos países representan cerca de la mitad de la producción mundial de petróleo, por lo que cualquier ajuste en sus cuotas tiene impacto directo sobre el equilibrio global de oferta y demanda.

El contexto que rodea la decisión es particularmente adverso. Durante 2025, el precio del crudo acumuló una caída superior al 18%, la mayor en un solo año desde la crisis del COVID-19. Al inicio de esta semana, los futuros del Brent cotizaban en torno a los 60,52 dólares por barril, con una baja diaria del 0,4%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) operaba en 57,11 dólares, también con un retroceso del 0,4%.

Según analistas y agencias internacionales, el mercado enfrenta una combinación de factores negativos: amplios stocks a nivel mundial, crecimiento sostenido de la producción fuera de la OPEP+ y una demanda que muestra signos de moderación, especialmente en grandes consumidores como China. En ese marco, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) proyecta un posible superávit récord de petróleo en 2026 si se mantiene la actual dinámica de expansión de la oferta.

Venezuela, sanciones y un impacto acotado en los precios

Aunque la situación de Venezuela no fue abordada formalmente durante la videoconferencia, los acontecimientos recientes en ese país se mantienen como un factor de presión latente sobre el mercado. Venezuela, miembro de la OPEP, atraviesa una compleja coyuntura tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro, por fuerzas estadounidenses durante el fin de semana, y la posterior confirmación de que el embargo estadounidense sobre todo el petróleo venezolano sigue plenamente vigente.

El país sudamericano posee cerca del 17% de las reservas mundiales de petróleo, equivalentes a 303.000 millones de barriles, según el Instituto de Energía de Londres, por delante incluso de Arabia Saudita. Sin embargo, su producción actual dista mucho de ese potencial. De haber alcanzado picos de 3,5 millones de barriles diarios en la década de 1970 —más del 7% de la producción mundial—, cayó por debajo de los 2 millones en la década de 2010 y promedió unos 1,1 millones el año pasado. Actualmente, produce alrededor de 800.000 barriles diarios.

Analistas consultados por Reuters señalaron que, incluso si se produjera una interrupción temporal de las exportaciones venezolanas, el impacto inmediato sobre los precios sería limitado. Más del 80% del crudo venezolano se destina a China, que cuenta con amplias reservas estratégicas. “Incluso aunque las exportaciones venezolanas se interrumpan de forma temporal, más del 80% se destinan a China, que ha acumulado amplias reservas”, explicó Kazuhiko Fuji, consultor del Instituto de Investigación de Economía, Comercio e Industria de Japón.

En un mercado global con abundante oferta, los inversores continúan evaluando el escenario venezolano, aunque los valores de referencia se mantienen volátiles más por expectativas que por efectos concretos sobre los flujos de suministro.

Producción futura y presión estructural sobre el mercado

Las proyecciones a mediano y largo plazo refuerzan la cautela de la OPEP+. Un informe de JP Morgan, elaborado por la analista Natasha Kaneva, estimó que, bajo un escenario de transición política, Venezuela podría elevar su producción a entre 1,3 y 1,4 millones de barriles diarios en un plazo de dos años y alcanzar hasta 2,5 millones en la próxima década.

Sin embargo, los analistas de Goldman Sachs advirtieron que cualquier recuperación de la producción venezolana sería gradual y demandaría inversiones significativas. En una nota fechada el 4 de enero, el equipo liderado por Daan Struyven estimó que, si Venezuela lograra aumentar su producción hasta los 2 millones de barriles diarios, los precios del petróleo podrían caer unos 4 dólares por barril hacia 2030.

A corto plazo, Goldman sostuvo que las perspectivas dependen en gran medida de la evolución de la política de sanciones de Estados Unidos. “Vemos riesgos ambiguos, pero modestos, para los precios del petróleo a corto plazo procedentes de Venezuela”, indicaron. Para 2026, la entidad mantuvo sin cambios sus previsiones: un precio promedio del Brent de 56 dólares por barril y del WTI de 52 dólares, con una producción venezolana estable en torno a los 900.000 barriles diarios.

En este contexto, la decisión de la OPEP+ de sostener la producción por al menos tres meses más aparece como una señal de prudencia frente a un mercado frágil, atravesado por tensiones geopolíticas, cambios estructurales en la demanda y una creciente competencia de productores no miembros como Estados Unidos, Brasil, Canadá y Guyana. La próxima reunión del grupo, prevista para el 1 de febrero, será clave para evaluar si esta estrategia de contención se mantiene o si el cartel opta por ajustar sus cuotas ante un escenario que sigue siendo altamente volátil.

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