SANTA CRUZ

Aranguren rechazó una denuncia de Pino Solanas, en el debate sobre las represas de Santa Cruz

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El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, rechazó los términos de una denuncia penal contra el subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini, a quien el senador Fernando Solanas acusó de “negociaciones incompatibles con la función pública” en la evaluación del impacto ambiental de las represas Krichner y Cepernic que se proyecta construir sobre el río Santa Cruz.

Al exponer en la audiencia pública que se lleva a cabo en el Senado para evaluar el impacto de esas represas, Aranguren afirmó que el “estudio expeditivo” hecho en 2006 por la empresa Iatasa, en la que trabajó Marcolini, “no era un estudio ambiental, sino un catálogo de proyectos realizados entre los años ’60 y ’80”.

Aclaró: “no tuvimos la posibilidad” de ver la denuncia (de Solanas) “porque no la hemos recibido”, pero aclaró que Iatasa “no hizo ningún estudio de impacto ambiental” e insistió en que el relevamiento efectuado en 2006 “se hizo en 60 días y no se puede considerar un estudio”, como afirmó la denuncia de Solanas.

Resaltó que el estudio de impacto ambiental que se trata en esta audiencia “es el primero de esta magnitud que se realiza en el país” conforme a la normativa legal, y a partir de ahora “todo proyecto hidroeléctrico tiene la obligación de hacer este análisis”.
“El estudio insumió casi 40 mil horas de trabajo, ocupa 9 carpetas con más de 4 mil páginas, 65 planos específicos y estudios temáticos realizados por expertos en la materia”, destacó Aranguren, quien apuntó que el proyecto anterior tenía “características débiles desde los puntos de vista ejecutivo y ambiental”.

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Podrían emitir un bono para asistir desequilibrio fiscal de Santa Cruz

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El ministro de Finanzas, Luis Caputo, se reunió esta tarde en el Ministerio de Finanzas con la Gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, para abordar la situación financiera de la provincia y determinar los pasos a seguir. Este encuentro se desarrolló en el marco del diálogo que el Gobierno Nacional mantiene con dicha provincia.

Durante la reunión, junto a Pablo Quirno y Juan Donnini, acordaron financiamiento por 750 millones de pesos por parte del Banco Nación a la provincia de Santa Cruz. Asimismo, consideraron la eventual colocación de un bono nominado en pesos en el mercado local.
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Alicia Kirchner dijo que la protesta frente a su residencia fue “un ataque planificado

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La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, denunció un “ataque planificado” a la residencia oficial local por parte de un grupo de manifestantes, en momentos en que estaba en el lugar la expresidente Cristina de Kirchner y advirtió que “quieren mi cabeza” para la campaña electoral.

“Eramos cinco mujeres solas con una bebé de 18 meses” en la vivienda, incluida la exjefa de Estadoy su nieta, sostuvo la mandataria patagónica al relatar los hechos que se sucedieron durante una protesta que en la noche del pasado viernes se realizó frente a la residencia que ocupa en la ciudad de Río Gallegos.

En declaraciones a Radio 10, la exministra de Desarrollo Social rechazó que haya habido “represión” durante la manifestación que, según precisó, se desarrolló desde las 21 hasta las 3 de esta madrugada.

“Jamás voy a ejercer la represión. Lo que se ha hecho es un ataque y querían entrar a la vivienda. Hacer una marcha, cortar una calle, todo está bien, pero querer entrar a una casa es una barbaridad. Rompieron vidrios y puertas, el cordón de la vereda, rompieron el nicho de gas”, subrayó la referente del Frente para la Victoria, quien precisó que “hubo dos personas que fueron atendidas en el hospital”.

En ese sentido, insistió en que “querer entrar a la fuerza en una casa ya forma parte de un ataque planificado”. 

“Quizás recibieron instrucciones de (el consultor ecuatoriano Jaime) Durán Barba y quieren mi cabeza para la campaña electoral. Qué bueno sería para Durán Barba afirmar ´Alicia Kirchner se tuvo que ir de Santa Cruz´ para la campaña nacional” del oficialismo, planteó, al tiempo que se quejó por ser víctima de una presunta “persecución política”.

Consultada sobre la visión de la expresidenta ante los incidentes y la situación que atraviesa la provincia patagónica: “Cristina está absolutamente preocupada y se da cuenta muy bien de qué han querido hacer, querían mi cabeza, no tengan ninguna duda. Siempre están hostigando lo que fue el proyecto nacional”.

Asimismo, Alicia Kirchner reclamó al Gobierno nacional que le apruebe la posibilidad de emitir deuda por 350 millones de dólares y así sortear la situación provincial, a la que definió como “en estado crítico”.

“Tengo un déficit de 6.713 millones de pesos. Esta situación la conoce el Gobierno nacional. Yo necesito ayuda, es más estoy con el trámite de un bono que espero que pueda salir en 50 días. Vamos a salir, pero también necesito el apoyo de la Nación. Casi todas las provincias pudieron endeudarse, yo todavía no”, se quejó Alicia Kirchner.

Y finalizó: “Cómo no voy a estar desesperada o preocupada, porque realmente siento la necesidad de la gente, no es que no la siento. Me coloco al lado de mi pueblo”.

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Cuatro heridos en una manifestación que intentó ingresar a la residencia de Alicia Kirchner

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La policía de Santa Cruz reprimió una protesta espontánea que, pasada la medianoche, intentó ingresar a la residencia oficial de la gobernadora, en Río Gallegos, en reclamo del pago de haberes adeudados.

Al menos cuatro personas resultaron heridas cuando la policía de Santa Cruz reprimió una manifestación espontánea que, pasada la medianoche del viernes, intentó ingresar a la residencia oficial de la gobernadora Alicia Kirchner, en Río Gallegos, en reclamo del pago de haberes adeudados, luego de difundirse que la ex presidenta Cristina Kirchner había llegado al predio.

Tres heridos se registraron en el primer accionar de la Infantería, pasadas las 0,30, sobre el portón de la calle Piedra Buena, frente a la Jefatura policial, hacia donde se habían volcado los efectivos para dispersar a los manifestantes que lograron franquear la reja del otro ingreso hacia los jardines de la residencia oficial.

Un chofer de ambulancia terminó con varios perdigones de goma en su espalda, el fotógrafo Jorge Riquelme de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) – uno de los despedidos del periódico Prensa Libre, del empresario detenido Lázaro Báez- recibió una herida en la cabeza y un dirigente de izquierda resultó con una herida en la pierna.

Los primeros heridos fueron asistidos en el Hospital Regional Río Gallegos y la dirigencia de ATE informó que estaban fuera de peligro.

Un cuarto manifestante resultó herido en la cara, a la altura del ojo, avanzada la madrugada, durante otra acción de dispersión de las fuerzas policiales.

Otros manifestantes resultaron afectados por los gases lacrimógenos utilizados en reiteradas oportunidades por la Infantería, ante el accionar de un grupo reducido que, repudiado por el grueso de la protesta, arrojaban piedras hacia las ventanas de la residencia.

Los manifestantes esperaban cada oportunidad que se disiparan los gases para volver a apostarse frente a ambas puertas de la residencia, aunque, hacia las 2.30 de hoy, el número fue menguando.

La permanencia de la gobernadora y la ex presidenta en la residencia oficial no puedo ser confirmada, en tanto algunas fuentes especulaban que ambas se habían retirado del predio aprovechando la confusión durante los sucesivos tumultos.

El Ministerio de Seguridad, responsable de la seguridad de la ex presidenta Cristina Fernández, movilizó fuerzas de seguridad – Gendarmería y Policía Federal – desde el interior de Santa Cruz hacia la capital provincial, consignaron fuentes oficiales.

La protesta se inició pasadas las 21, cuando entre los sectores en conflicto por reclamos salariales y el pago de los haberes de marzo circuló en las redes sociales que la ex presidenta Cristina Fernández había ingresado a la residencia de la Gobernación.

Los manifestantes reclamaban el pago de salarios, tal como rezaban los carteles que pegaron en los portones de la residencia, al igual que los cánticos, al tiempo que hacían tronar ollas y palos, con lo que lograron sortear en el primer intento la reja sobre la calle Alcorta, además de encender fuego en las esquinas de Piedra Buena y Teófilo de Loqui.

Alrededor de las 23 comenzaron los momentos de tensión, cuando se hicieron presentes efectivos de Infantería y Bomberos y los manifestantes advirtieron las presencias del Ministro de Gobierno, Fernando Basanta y del Subsecretario del área, Lisandro de la Torre, adentro de la Jefatura de Policía, ubicada frente a la residencia oficial.

Dirigentes de la Asociación Docentes de Santa Cruz (Adosac) presentes en el lugar ingresaron al edificio de la Jefatura para dialogar con los funcionarios provinciales, a quienes pidieron que fuera retirada la Infantería, para evitar enfrentamientos con los manifestantes.

Ezequiel Alós, titular de la filial Río Gallegos, luego de un enérgico cruce que mantuvo con los funcionarios citados, junto con el secretario adjunto de la Adosac provincial, Diego Barrionuevo, lamentó en declaraciones a Télam “que la respuesta del ministro de Gobierno sea que acá estamos porque nos pone (Eduardo) Costa”, en referencia al diputado nacional y líder de la oposición de Cambiemos en Santa Cruz.

“Son observaciones muy por afuera del nivel que debería tener un funcionario público, sin ninguna actitud conciliadora”, agregó Alós.

“Es lamentable la postura de los funcionarios del gobierno que no pueden observar la realidad, que no pueden entender que si la gente está acá manifestándose es porque al día de hoy no ha cobrado el sueldo, lo que es sumamente grave y claramente estamos reclamando que den la cara”, subrayó el dirigente.

Una situación similar a la de hoy se produjo hace 18 días, cuando la gobernadora Kirchner logró salir de la Casa de Gobierno de madrugada, luego de que manifestantes bloquearan la puerta del edificio durante varias horas por el pago de los sueldos de febrero.

En aquella oportunidad, la gobernadora había explicado horas antes, en rueda de prensa, que la provincia está “quebrada” y que necesita una refinanciación de la deuda provincial por parte del gobierno nacional para hacer frente al pago de los sueldos.

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Santa Cruz: enjuiciarán a los integrantes de una banda que traficaba estupefacientes enviados desde Misiones

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A pedido del fiscal federal subrogante de Río Gallegos, Gonzalo Miranda, el Tribunal Oral Federal de dicha jurisdicción enjuiciará a 13 personas acusadas del delito de tráfico de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención de más tres personas en forma organizada. Los imputados son Marco Antonio Reales, Luis Humberto Reales, Marcelo Ariel Reales, Jorge Bruno Castro Rehbein, Lucas Maximiliano Bustamante los hermanos Juan Carlos e Irma del Carmen Rodríguez Cajal, Juan Alberto Ávila, Walter Sebastián Gordillo, Eric Alejandro Daniel Cari, Emiliano Agustín Morales, Nelson Ariel Hernández y Eva Alejandra Penayo Combregada.

Tras una serie de investigaciones previas, en la madrugada del 3 de octubre de 2015, en el kilómetro 2344 de la Ruta Nacional N°3, personal de la División Narcocriminalidad de la Zona Sur de la Policía de Santa Cruz detuvo un Chevrolet Astra conducido por Marcelo Ariel Reales, en momentos que se aprestaba a recibir un cargamento de 50 kilos de marihuana y 525 gramos de cocaína, que era trasladado en un Citroën C4, al mando de Luis Alberto y Marco Antonio Reales.

En virtud de ello, se dispusieron una serie de allanamientos en los domicilios de los imputados Reales, Castro Rehbein, Hernández, Bustamante, los hermanos Rodríguez Cajal, Ávila, Gordillo y Morales y Penayo Combregada, en los que se encontraron estupefacientes y distintos elementos para su fraccionamiento y comercialización. Por otra parte, el 27 de julio de 2016, Gendarmería Nacional aprehendió a Cari en las inmediaciones del campo de doma de la localidad de 28 de Noviembre: transportaba 11 envoltorios con cocaína.

Penayo Combregada –pareja de Castro Rehbein- y su hermano Damián –actualmente prófugo- enviaban droga en encomiendas, desde la provincia de Misiones.

División territorial

En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Miranda estableció la división territorial que la banda había efectuado para operar. Así Marco y Luis Reales comercializaban la droga en Caleta Olivia, Marcelo Rales, Castro Rehbein y Penayo Combreaga operaban en Comandante Luis Piedrabuena, mientras los hermanos Rodríguez Cajal, Hernández y Bustamante lo hacían en Río Gallegos.

Por su parte, Avilá distribuía estupefacientes en el Paraje Julia Dufour y en Río Turbio, al tiempo que 28 de Noviembre era el campo de acción de Gordillo, Cari y Morales.

Procesamientos 

El 30 de octubre de 2015, la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Andrea Askenazi Vera decretó los procesamientos con prisión preventiva de Marco Antonio, Luis Humberto y Marcelo Ariel Reales, Bustamante, Gordillo y los hermanos Irma y Juan Carlos Rodríguez Cajal en orden al delito de comercio de estupefacientes agravado por la participación de tres o más persona en forma organizada. También, se procesó, por el mismo delito en concurso real con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización a Castro, Ávila, Hernández, Morales y Cari.

La magistrada también procesó con prisión preventiva a Penayo Combregada, como participe necesaria del delito de tráfico de estupefacientes en orden a su distribución y comercialización, agravado por la participación de tres personas en forma organizada para cometerlo.

Por otra se sobreseyó a Ulises Nahuel Morales en cuanto a la imputación de integrar una organización destinada al tráfico de estupefacientes.

Tras varias idas y vueltas ante la Cámara Federal de Santa Cruz, respecto de la calificación de los delitos imputados, finalmente los trece acusados llegarán a juicio acusados de tráfico de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención de más de tres personas en forma organizada.

 
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