SANTA FE

Economía anuló la subasta del predio Parque Federal en Santa Fe en pleno cierre del Pro.Cre.Ar

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La Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía resolvió anular la subasta pública del inmueble “Parque Federal”, ubicado en la ciudad de Santa Fe, que había sido autorizada en diciembre de 2025. La decisión se formalizó mediante la Resolución 5/2026 y responde a un cambio de prioridades en la administración de los bienes remanentes del Pro.Cre.Ar, en pleno proceso de liquidación del fondo fiduciario disuelto por decreto.

La medida fue adoptada el 13 de enero de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires y publicada en el Boletín Oficial el 14 de enero de 2026. Según el texto oficial, la anulación se dispuso antes de que se perfeccionara el procedimiento licitatorio o se consolidaran derechos subjetivos en favor de terceros, en ejercicio de la potestad discrecional de la Administración y por razones de oportunidad, mérito y conveniencia administrativa.

El trasfondo normativo: disolución del Pro.Cre.Ar y administración de los inmuebles

El origen de la medida se inscribe en la disolución del Fondo Fiduciario Público “Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar” (Pro.Cre.Ar), dispuesta por el Decreto N° 1018/2024, que dejó sin vigencia el esquema creado originalmente por el Decreto N° 902/2012.

El artículo 2° de ese decreto encomendó al Ministerio de Economía la realización de todos los actos necesarios para la liquidación del fondo fiduciario, conforme al Contrato de Fideicomiso del 18 de julio de 2012, complementado por el Decreto N° 695/2024 y la Resolución N° 796/2024 del propio ministerio. A su vez, el artículo 4° estableció que el Ministerio debía celebrar un contrato con el Banco Hipotecario S.A. para la administración, disposición y regularización dominial de los bienes muebles e inmuebles.

En cumplimiento de esa manda, el 4 de septiembre de 2025 se firmó un Contrato de Mandato para la Administración y Disposición de Inmuebles entre la Secretaría de Obras Públicas y el Banco Hipotecario S.A., en el que se fijó que el mandatario actuaría siguiendo instrucciones impartidas por el mandante, a través de la Dirección Nacional de Gestión de Obras.

Dentro de ese proceso de liquidación, el Ministerio debía analizar el estado de los desarrollos urbanísticos en ejecución al momento de la disolución del fondo, a fin de definir la continuidad o no de obras que, en muchos casos, permanecían suspendidas a la espera de una decisión administrativa.

La subasta del predio y la decisión de anular el procedimiento

En ese contexto, mediante la Resolución N° 396/2025, la Secretaría de Obras Públicas aprobó el procedimiento para las subastas públicas destinadas a vender inmuebles del Estado Nacional vinculados a contratos de obra del Pro.Cre.Ar. Luego, por la Resolución N° 499/2025, se autorizó la convocatoria a la Subasta Pública N° 504-0003-SPU25 para la venta del predio denominado “Parque Federal”, ubicado en Av. Belgrano 5000, entre Padilla y Agustín Delgado, en la ciudad de Santa Fe.

El inmueble está identificado catastralmente como Departamento 10, Distrito 11, Sección 4, Manzana 1443, Parcela 1, Matrícula 2.872.588, con una superficie total de 6.418,47 metros cuadrados, y había sido incluido en el esquema de venta conforme al artículo 24 del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1023/2001.

Sin embargo, tras evaluar “las circunstancias actuales y sobrevinientes” vinculadas a ese predio y a la redefinición de prioridades en la gestión y administración de los inmuebles alcanzados por la liquidación del fondo fiduciario, la Secretaría de Obras Públicas resolvió dejar sin efecto la subasta. El texto oficial remarca que la decisión se adoptó sin que el procedimiento se hubiera perfeccionado ni se hubieran generado derechos a favor de terceros, lo que habilitó la anulación conforme al inciso g) del artículo 11 del Decreto Delegado N° 1023/2001.

Impacto institucional y señales para el mercado inmobiliario público

La Resolución 5/2026 refleja un reordenamiento en la estrategia de disposición de activos inmobiliarios del Estado Nacional en el marco del cierre definitivo del Pro.Cre.Ar como fondo fiduciario. Desde el punto de vista institucional, refuerza la facultad de la Administración para revisar decisiones previas cuando cambian las condiciones de contexto o los objetivos de gestión.

En términos prácticos, la anulación de la subasta introduce una señal de cautela hacia el mercado respecto del cronograma y la modalidad de venta de inmuebles públicos vinculados a programas habitacionales discontinuados. Para los actores interesados en este tipo de activos, la medida confirma que el proceso de liquidación del Pro.Cre.Ar no seguirá un esquema lineal, sino que estará sujeto a evaluaciones caso por caso, en función del interés público comprometido y de las prioridades definidas por el Ministerio de Economía.

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Deuda: las provincias enfrentan vencimientos por USD 2.500 millones y crece la presión financiera en 2026

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Las provincias argentinas deberán afrontar durante 2026 vencimientos de deuda en moneda extranjera por casi USD 2.500 millones, un escenario que reabre la discusión con el Gobierno nacional por el respaldo financiero y enciende alertas sobre el impacto cambiario. El primer pago llegará la próxima semana, cuando Tierra del Fuego deba cancelar alrededor de USD 6 millones, en un calendario que concentra fuertes compromisos desde enero y se extiende a lo largo de todo el año.

Un calendario exigente y un ranking liderado por Buenos Aires

Según un relevamiento del sitio Politikon Chaco, el peso de los vencimientos se concentra en un grupo reducido de jurisdicciones. En el tope del ranking aparece la provincia de Buenos Aires, con compromisos por USD 784 millones, seguida por la Ciudad de Buenos Aires, que enfrenta USD 376 millones, aunque anticipó que refinanciará ese monto con el bono emitido a fines de 2025.

Completan los mayores vencimientos Santa Fe (USD 240 millones), Córdoba (USD 225 millones), Neuquén (USD 179 millones) y Chubut (USD 119 millones). En conjunto, estas provincias explican una porción significativa del total de USD 2.500 millones que deberán pagarse durante el año.

El cronograma comienza de manera inmediata. Además del pago inicial de Tierra del Fuego, enero acumula vencimientos por USD 107 millones, correspondientes a Chubut, Córdoba, Neuquén y la propia administración fueguina. En febrero, los compromisos sumarán otros USD 122,5 millones, con pagos a cargo de Córdoba y Neuquén, a los que se agregan Entre Ríos y Chaco.

Negociaciones con Nación y el impacto sobre el frente cambiario

Este escenario se desarrolla en paralelo a discusiones con el Gobierno nacional para que brinde algún tipo de respaldo frente a los vencimientos. En el Ejecutivo existe preocupación por el efecto que podría tener una demanda de dólares a gran escala por parte de las provincias, especialmente si los pagos se concentran en determinados meses.

En ese sentido, en el gobierno nacional advierten que la necesidad de divisas para cumplir con los compromisos externos podría generar presiones alcistas sobre el tipo de cambio, en un contexto de sensibilidad cambiaria y seguimiento estrecho del mercado.

La situación se tensó aún más luego de que La Rioja anticipara su declaración en default, una decisión que, según trascendió, cayó muy mal en el Gobierno nacional y endureció la postura frente a eventuales pedidos de asistencia.

Antecedentes recientes: emisiones en dólares y costos financieros

El peso de los vencimientos actuales se vincula con las colocaciones de deuda realizadas por las provincias en los últimos años. En junio pasado, Córdoba emitió USD 725 millones a una tasa del 9,75%, mientras que Santa Fe colocó USD 800 millones al 8,1%. Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires accedió a financiamiento por USD 600 millones con una tasa del 7,8%.

Estas emisiones permitieron en su momento cubrir necesidades financieras y refinanciar pasivos, pero ahora se traducen en un calendario exigente de pagos en moneda extranjera. El desafío para los gobernadores será administrar esos vencimientos en un contexto de negociación política con la Nación y con la mirada puesta en evitar impactos macroeconómicos no deseados.

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Puertos prorrogó hasta fin de año la bonificación del peaje en la Vía Navegable Troncal Santa Fe–Confluencia

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La Administración General de Puertos S.A.U. (en liquidación) prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2025 la bonificación tarifaria aplicada al peaje del tramo Puerto de Santa Fe–Confluencia (Sección II) de la Vía Navegable Troncal. La medida, formalizada mediante la Resolución 145/2025, mantiene la tarifa para el transporte internacional en USD 1,25 por tonelada de registro neto (TRN) y se inscribe en un esquema de gradualidad mientras persiste el proceso de transición institucional y no se completan los estudios técnicos sobre la razonabilidad del cuadro tarifario.

Un peaje en revisión y un esquema de gradualidad prolongado

La decisión se apoya en una extensa secuencia normativa iniciada con la Resolución 625/2022 del entonces Ministerio de Transporte, que había fijado el peaje del tramo Santa Fe–Confluencia en USD 1,47 por TRN para el transporte internacional y $1,47 por TRN para el cabotaje, condicionado a la instancia de participación ciudadana. Sin embargo, tras esa etapa se presentaron acciones judiciales y reclamos de entidades representativas de los usuarios, lo que derivó en la suspensión de la aplicación plena de la tarifa.

En ese contexto, la entonces Administración General de Puertos dispuso en septiembre de 2024 la creación de la Mesa de Trabajo de la VNT – Sección Santa Fe al Norte, en el ámbito del Comité Ejecutivo de la Vía Navegable Troncal, y estableció un esquema de bonificaciones temporales. Ese régimen comenzó con tarifas reducidas de USD 0,80 por TRN para el período comprendido entre el 15 de febrero de 2023 y el 31 de agosto de 2024, y luego de USD 1,20 por TRN entre el 1° de septiembre de 2024 y el 28 de febrero de 2025.

Transición institucional y prórrogas sucesivas

La entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 3/2025, que creó la Agencia Nacional de Puertos y Navegación como continuadora jurídica de la AGP S.A.U. y dispuso la disolución y liquidación de esta última, modificó el escenario institucional. Según los considerandos de la Resolución 145/2025, la transición absorbió buena parte de los recursos técnicos y de gestión, lo que impidió la constitución efectiva de la Mesa de Trabajo y la realización de los estudios necesarios para definir el valor tarifario definitivo.

Ante esa situación, la bonificación fue prorrogándose de manera sucesiva mediante las Resoluciones 8/2025, 32/2025, 54/2025, 77/2025, 103/2025 y 127/2025, con ajustes graduales. En particular, desde septiembre de 2025 se fijó una tarifa de USD 1,25 por TRN para el transporte internacional, bajo el argumento de avanzar en una convergencia progresiva hacia el valor pleno sin eliminar abruptamente el beneficio.

La nueva prórroga, vigente del 1° al 31 de diciembre de 2025, mantiene exactamente ese esquema, ratificando el criterio de razonabilidad y gradualidad explicitado por la autoridad portuaria.

Impacto económico y expectativas de los usuarios

La continuidad de la bonificación tiene impacto directo sobre los costos logísticos del transporte fluvial internacional, especialmente para los usuarios del tramo Santa Fe–Confluencia, un segmento clave para las economías regionales vinculadas a la Hidrovía. La decisión evita un salto tarifario inmediato en un contexto de incertidumbre institucional y regulatoria, aunque también prolonga la indefinición sobre el cuadro tarifario definitivo.

Desde el punto de vista institucional, la resolución vuelve a poner en primer plano la necesidad de normalizar la gobernanza del sistema de la Vía Navegable Troncal y avanzar en los estudios técnicos pendientes. Hasta tanto eso ocurra, el esquema de prórrogas mensuales aparece como la herramienta elegida para equilibrar la sostenibilidad del servicio con las demandas de los usuarios.

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El Gobierno aprobó una mega inversión logística en Timbúes bajo el régimen RIGI

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Economía aprobó la adhesión al régimen RIGI del proyecto portuario de Terminal Timbúes por USD 276,9 millones

El Ministerio de Economía oficializó la incorporación de Terminal Timbúes S.A. al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), habilitando un proyecto de USD 276.900.000 para construir una terminal portuaria multipropósito sobre la Vía Navegable Troncal. La medida, publicada el 19 de noviembre de 2025, busca acelerar inversiones estratégicas en infraestructura logística y profundizar la competitividad exportadora.

Un proyecto estratégico en la Vía Navegable Troncal

La Resolución 1842/2025 del Ministerio de Economía aprobó la solicitud de adhesión al RIGI presentada por Terminal Timbúes S.A. (TTSA), en el marco de un Proyecto Único denominado “Proyecto Terminal Multipropósito Timbúes”.

La obra se desarrollará en 186 hectáreas ubicadas en la Comuna de Timbúes, provincia de Santa Fe, sobre el Río Coronda, a la altura de los kilómetros 467,350/468,250 de la Vía Navegable Troncal.

Según la empresa, la inversión total en activos computables asciende a USD 276.900.000, cifra que supera los requisitos mínimos previstos por los artículos 172 y 173 de la Ley 27.742.
Solo la adquisición del terreno —computable al 15%— alcanzó USD 6.200.000, cumpliendo con el límite normativo.

La resolución precisa que la fecha formal de adhesión al RIGI es el 23 de octubre de 2025.

Entre los hitos declarados por la compañía:

  • USD 91.702.446,49 de inversión en el primer año.
  • USD 74.200.000 en el segundo.
  • Total en los dos primeros años: USD 165.902.446,49, superando el 40% mínimo exigido para mantener los beneficios del régimen.

El cronograma de obras fue presentado el 24 de junio de 2025, y la fecha límite para alcanzar la inversión mínima total quedó fijada para el 1° de abril de 2027.

Además, según el plan de desarrollo de proveedores, el 87% del monto destinado a bienes, servicios e infraestructura será cubierto por proveedores locales, muy por encima del piso del 20% que exige la normativa.

Avales institucionales y control regulatorio: CNDC, BCRA y Puertos dieron luz verde

El procedimiento de evaluación del RIGI, regulado por la Ley 27.742 y el Decreto 749/2024, activó múltiples instancias técnicas.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación analizó el proyecto, solicitó información aclaratoria y pidió la intervención de organismos claves.

Competencia y oferta de servicios portuarios

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) dictaminó que: “la adhesión al RIGI de Terminal Timbúes S.A (…) resultaría en una ampliación de la oferta de servicios portuarios a terceros” y que “una mayor oferta (…) podría redundar en menores costos operativos y así generar una disminución en los precios de los servicios portuarios”.

Por ello, la CNDC no presentó objeciones a la adhesión del proyecto.

Aspectos cambiarios y financiamiento

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) también informó que no posee observaciones, dado que TTSA:

  • No solicitará el beneficio de libre disponibilidad de divisas del artículo 198 de la Ley 27.742.
  • Prevé cubrir la demanda de divisas mediante un préstamo de una empresa vinculada del exterior.

Cláusula arbitral y seguridad jurídica

La Procuración del Tesoro de la Nación confirmó que la cláusula arbitral propuesta por TTSA se ajusta al artículo 221 de la Ley 27.742 y al Decreto 749/2024, consolidando así el marco jurídico de resolución de controversias.

El proyecto fue finalmente elevado al Comité Evaluador de Proyectos RIGI, que en su Acta 12 del 4 de noviembre de 2025 recomendó la aprobación.

Más inversión logística en el corredor agroexportador

El proyecto se enmarca en el sector “Infraestructura” del RIGI y contempla la construcción de tres unidades de gestión logístico-portuaria destinadas a optimizar operaciones de carga, descarga, almacenamiento y despacho.

Se trata de un eslabón estratégico para la logística del corredor agroexportador y para la eficiencia del comercio exterior, al ubicarse en uno de los puntos de mayor flujo de la Hidrovía Paraná–Paraguay.

El Ministerio de Economía remarcó que el régimen apunta a: “favorecer la creación de empleo y generar de inmediato las condiciones de previsibilidad y estabilidad para las grandes inversiones”.

Con la aprobación de la adhesión, el proyecto accede a los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios de la Ley 27.742, y queda bajo control de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, encargada de fiscalizar su cumplimiento.

Finalmente, se instruyó a la Unidad de Coordinación RIGI a inscribir a TTSA en el Registro de Vehículos de Proyecto Único y se dispuso la comunicación de la medida a ARCA y al BCRA para aplicar los incentivos específicos del régimen.

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El Gobierno aprobó un puerto en Santa Fe para expandir el corredor fluvial del Paraná

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El Gobierno aprobó la construcción de un nuevo puerto sobre el Paraná, inversión de US$ 277 millones bajo el RIGI

El proyecto se ubicará en Timbúes, Santa Fe, y contempla instalaciones para fertilizantes, combustibles y productos siderúrgicos. Con esta obra, el total de inversiones aprobadas bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones asciende, según Economía, a casi US$ 25.000 millones.

Un nuevo polo logístico sobre el Paraná

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, aprobó la construcción de un nuevo puerto en Timbúes, provincia de Santa Fe, sobre la ribera del río Paraná, una de las principales vías fluviales del comercio exterior argentino.
El proyecto, que se enmarca en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), implica una inversión de US$ 277 millones y prevé infraestructura para almacenar y despachar fertilizantes, minerales de hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles, lo que ampliará la capacidad logística de la región núcleo exportadora.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales, quien informó que con esta nueva aprobación, el monto total de inversiones validadas bajo el RIGI alcanza los US$ 24.800 millones.
Sin embargo, las cifras oficiales disponibles hasta el momento muestran un acumulado aproximado de US$ 16.000 millones, mientras que existen otros 20 proyectos presentados por cerca de US$ 34.000 millones que aún aguardan evaluación del Comité.

La construcción de este nuevo complejo portuario refuerza el papel estratégico de Timbúes, localidad que ya alberga terminales de agroexportación de gran escala y que, con este proyecto, consolidará su posición como nodo logístico clave del corredor agroindustrial del Paraná.

El RIGI: un régimen clave para atraer capitales y dinamizar sectores estratégicos

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) fue sancionado en julio de 2024 y cuenta con vigencia por dos años —hasta 2026—, prorrogable por un año más, hasta julio de 2027.

El programa ofrece un paquete integral de beneficios fiscales, aduaneros y legales durante 30 años, destinado a proyectos nacionales o extranjeros con una inversión mínima de US$ 200 millones.

Entre los incentivos más relevantes, el RIGI garantiza estabilidad normativa, reducción de derechos de importación para bienes de capital y exenciones impositivas para promover proyectos de infraestructura, energía, minería, foresto-industria, siderurgia, turismo y tecnología.

El objetivo del régimen es fomentar la llegada de capitales de largo plazo, mejorar la competitividad del país en sectores estratégicos y generar empleo, divisas y desarrollo regional.

Fuentes del sector logístico señalaron que este nuevo puerto en Timbúes podría mejorar sustancialmente la eficiencia de las cadenas de suministro y reducir costos operativos vinculados al transporte de commodities, en un contexto de creciente demanda de infraestructura exportadora.

Hacia un nuevo mapa logístico nacional

El anuncio se enmarca en un proceso de reconfiguración de la infraestructura portuaria nacional, impulsado por el Gobierno en alianza con capitales privados bajo el paraguas del RIGI.

La construcción del puerto en Timbúes —uno de los enclaves fluviales más activos del país— permitirá descongestionar terminales existentes, optimizar la salida de productos industriales y agropecuarios, y fortalecer la integración logística del corredor Paraná-Paraguay.

La obra también podría generar empleo directo e indirecto durante su etapa de construcción y mayor dinamismo económico en la región centro-norte de Santa Fe, que depende fuertemente de la actividad exportadora.

Aunque desde el Ministerio de Economía se destaca que “el nuevo puerto representa un hito en la reactivación de las grandes inversiones bajo el RIGI”, analistas señalan que el desafío será mantener la estabilidad macroeconómica y regulatoria que demanda este tipo de proyectos a largo plazo.

De concretarse en los plazos previstos, el puerto de Timbúes se sumará a la red de infraestructura estratégica nacional promovida por el Gobierno para posicionar a Argentina como un hub logístico competitivo en el Mercosur.

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