Secretaría de Energía

Energía actualizó el valor del biodiesel y fijó plazos de pago de hasta siete días

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El Gobierno actualizó el precio del biodiesel, $1.590.832 por tonelada para mezcla obligatoria con gasoil.

La Secretaría de Energía fijó un nuevo valor de referencia para las operaciones de biodiesel, en el marco de la Ley 27.640. El ajuste responde a la evolución de costos del sector y busca garantizar la rentabilidad de los productores.

Nuevo precio de referencia para el biodiesel

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, estableció mediante la Resolución 422/2025 un nuevo precio de adquisición del biodiesel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil, fijado en $1.590.832 por tonelada, con vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y hasta que un nuevo valor lo reemplace.

La medida se enmarca en lo dispuesto por la Ley N.º 27.640, que regula la producción, comercialización y mezcla de biocombustibles en la Argentina. Según el texto oficial, el nuevo valor “se determina conforme al procedimiento establecido por la Resolución 963/2023”, que fija la metodología de cálculo de precios del biodiesel considerando costos de elaboración, transporte y rentabilidad razonable para los productores.

Asimismo, la norma dispone que el plazo máximo de pago por las operaciones no podrá exceder los siete días corridos desde la fecha de la factura, una disposición que busca asegurar liquidez y previsibilidad a las empresas elaboradoras.

La actualización llega menos de un mes después de la Resolución 385/2025, que había fijado el precio para octubre. Sin embargo, el contexto de volatilidad de costos y precios internacionales del aceite de soja —principal insumo para el biodiesel— impulsó la revisión de los valores locales.

Un marco regulatorio con foco en previsibilidad y sostenibilidad

El marco regulatorio de biocombustibles, establecido por la Ley 27.640, asigna a la Secretaría de Energía la función de determinar y publicar periódicamente los precios de comercialización de los biocombustibles destinados a mezcla obligatoria con combustibles fósiles.

Los artículos 13 y 14 de dicha norma establecen que el precio debe garantizar una rentabilidad adecuada al sector, considerando los costos de producción y el transporte, así como el valor final del producto puesto en planta. De este modo, la política de precios busca preservar la sustentabilidad económica de las pymes productoras que abastecen el mercado nacional de biodiesel.

La Secretaría, encabezada por María Carmen Tettamanti, fundamentó la medida en la necesidad de “adecuar el precio del biodiesel a las actuales condiciones del mercado”, manteniendo la metodología de cálculo basada en criterios objetivos y verificables.

El procedimiento para la determinación de precios fue aprobado en 2023 a través de la Resolución 963/23, que introdujo un esquema técnico de ajuste con fórmulas de actualización periódica, contemplando variables como el precio del aceite de soja, el tipo de cambio oficial y los costos industriales.

Implicancias para el mercado energético y la cadena productiva

La fijación del nuevo valor impacta de manera directa sobre las mezclas obligatorias con gasoil, que según la normativa vigente mantienen un porcentaje mínimo del 7,5% de biodiesel en el combustible final. Este componente es abastecido principalmente por pymes radicadas en provincias como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, que forman parte del entramado industrial del sector oleaginoso.

Con el nuevo precio de $1.590.832 por tonelada, el Gobierno busca dar previsibilidad al abastecimiento interno, en un contexto de tensión entre los costos industriales y los valores internacionales de exportación. La medida también refuerza la política de transición energética impulsada desde la Secretaría, que considera a los biocombustibles un instrumento clave para la descarbonización del transporte y la reducción de emisiones.

La Ley 27.640, sancionada en 2021, sustituyó los regímenes previos (Leyes 26.093 y 26.334) y estableció un esquema integral de regulación que abarca la elaboración, almacenamiento, comercialización y mezcla de biocombustibles, con el objetivo de promover la diversificación energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Desde el punto de vista económico, la actualización de precios del biodiesel tiene un impacto transversal: afecta a las refinerías que realizan las mezclas, a las pymes productoras, y al mismo tiempo, incide en los costos logísticos del transporte y la agroindustria.

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Corrientes extendió por un año la emergencia energética ante el aumento de la demanda y las restricciones de insumos

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El Gobierno de Corrientes acumula 11 años bajo emergencia energética: el Gobierno prorrogó por un año más el régimen de excepción

El Poder Ejecutivo de Corrientes prorrogó por 360 días la emergencia energética provincial, vigente de manera ininterrumpida desde 2014. La medida, dictada a través del Decreto N° 1.050/2024, otorga facultades extraordinarias para realizar contrataciones directas y priorizar obras ante un sistema eléctrico tensionado por el crecimiento de la demanda, las altas temperaturas y las restricciones de insumos importados.

Emergencia prorrogada: facultades extraordinarias y continuidad operativa

El Gobierno de Corrientes resolvió extender por 360 días la emergencia energética en todo el territorio provincial, que fue declarada inicialmente en 2014 y desde entonces se renueva de manera consecutiva. La decisión se formalizó mediante el Decreto N° 1.050 de fecha 17 de mayo de 2024, y alcanza al período 2025-2026, con el objetivo de “favorecer la concreción de trabajos y obras para atender situaciones de emergencia debido al aumento de la demanda y las perspectivas climáticas extremas”.

El régimen de excepción faculta a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) a ejecutar contrataciones directas, acelerar obras prioritarias y realizar mantenimientos urgentes. Según se detalla en los fundamentos, la medida permite “mantener la calidad del suministro eléctrico y acompañar el aumento continuo del consumo derivado del crecimiento demográfico y económico de la región”.

La DPEC sostiene que, bajo el marco de la emergencia, se ejecutan tareas de reposición de servicio, mantenimiento correctivo y preventivo, y ampliación de redes, en un contexto de limitaciones en el mercado eléctrico nacional y dificultades de acceso a insumos importados esenciales para el mantenimiento y finalización de obras.

Restricciones de insumos y desafíos del sistema eléctrico

El decreto provincial reconoce que, pese a los avances sostenidos en obras y mantenimiento, las restricciones a las importaciones y las limitaciones del mercado financiero afectan la disponibilidad de materiales y componentes eléctricos básicos.
Estas dificultades impactan directamente en la ejecución de obras indispensables, lo que “indudablemente repercute en la calidad y estabilidad del servicio eléctrico”.

En paralelo, desde la Dirección de Desarrollo en Energías Renovables, dependiente de la Secretaría de Energía de la Provincia, se subraya que la vigencia de la emergencia ha permitido respuestas rápidas ante contingencias y contrataciones ágiles para obras consideradas fundamentales, en particular en zonas rurales o aisladas.
Entre las obras destacadas se mencionan intervenciones en Isla Apipé Chico, San Luis del Palmar, Herlitzka y Sauce, donde se desarrollan tareas de extensión de redes, mejoras de distribución y proyectos de energización de comunidades rurales.

De acuerdo con fuentes técnicas, los mecanismos de excepción también facilitaron la continuidad de proyectos de acceso universal a la energía eléctrica, una política provincial que busca reducir brechas territoriales y mejorar la calidad de vida en áreas de baja densidad poblacional.

Once años bajo emergencia: contexto y proyección

Corrientes se encuentra bajo emergencia energética de manera ininterrumpida desde 2014, lo que la convierte en una de las provincias con mayor permanencia en régimen de excepción en materia eléctrica.
El esquema ha permitido sostener un flujo constante de obras menores y medianas, aunque también refleja la persistencia de un déficit estructural en infraestructura energética, en especial en zonas rurales y del interior provincial.

El decreto prorrogado enfatiza la necesidad de garantizar la seguridad del suministro ante la creciente demanda estacional y los picos de consumo, asociados a temperaturas extremas y riesgo de incendios durante el verano.

Con esta nueva extensión, el Gobierno provincial busca mantener un margen de flexibilidad operativa para ejecutar obras esenciales y gestionar contratos sin los plazos administrativos ordinarios, en un contexto nacional donde el abastecimiento energético y la importación de equipos se encuentran condicionados por restricciones financieras y logísticas.

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El Gobierno actualizó los precios del biodiésel y bioetanol para octubre de 2025

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La Secretaría de Energía actualizó los precios de biodiésel y bioetanol para octubre. El Gobierno fijó nuevos valores mínimos para los biocombustibles utilizados en la mezcla con naftas y gasoil. Las resoluciones buscan corregir desfasajes de costos en el marco de la Ley 27.640.

A través de las Resoluciones 385/2025 y 386/2025, publicadas este lunes 6 de octubre en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía estableció los precios mínimos de adquisición del biodiésel y del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar y maíz, que regirán durante el mes de octubre.

Según la Resolución 385/2025, el precio del biodiésel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil se fijó en $1.508.704 por tonelada, con un plazo máximo de pago de siete días corridos desde la fecha de la factura correspondienteaviso_332427.

En tanto, la Resolución 386/2025 estableció en $891,286 por litro el precio mínimo del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar, y en $816,887 por litro el del bioetanol elaborado a base de maíz, ambos con plazo de pago de 30 días corridosaviso_332428. Los nuevos valores se aplicarán a las operaciones de octubre y se mantendrán hasta la publicación de una nueva actualización.

Contexto normativo y marco legal

Las medidas se dictan en el marco de la Ley N.º 27.640, que regula la elaboración, comercialización y mezcla de biocombustibles, y designa a la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación. Esta norma reemplazó a las leyes 23.287, 26.093 y 26.334, estableciendo un nuevo esquema de determinación de precios y control del sector.

En sus considerandos, ambas resoluciones mencionan la vigencia del Decreto 70/2023, que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta diciembre de 2025, y la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que amplió la emergencia a los ámbitos administrativo, económico, financiero y energético.

En ese contexto, la cartera energética señaló la necesidad de revisar posibles distorsiones en los precios de los biocombustibles, tanto por desfasajes con los costos reales de producción como por su impacto en los precios finales de los combustibles fósiles.

Impacto en el sector energético y productivo

La actualización de precios responde a los procedimientos vigentes establecidos por las resoluciones previas (N° 963/23 para el biodiésel y N° 373/23 para el bioetanol, ambas modificadas en 2023). Estos mecanismos permiten realizar ajustes cuando se detectan variaciones en los costos o efectos distorsivos en el mercado.

El Gobierno busca así mantener el equilibrio entre productores y refinadoras, garantizando la continuidad del programa de mezcla obligatoria y evitando impactos abruptos en los surtidores.

La decisión tiene relevancia económica para las provincias productoras de caña de azúcar y maíz, como Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe y Córdoba, donde los biocombustibles representan una fuente clave de empleo e inversión industrial.

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Aprobaron asistencia para distribuidoras de gas en garrafas por $ 247,3 millones

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La Secretaría de Energía dispuso la transferencia de $ 247,3 millones a un conjunto de distribuidoras que forman parte de la cadena del Gas Licuado de Petróleo (GLP), con el propósito de asegurar el suministro de garrafas en hogares de bajos recursos en el marco del Programa Hogar.

La medida fue dispuesta a través de la resolución 256/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial, que especifica el reparto de 109 asistencias correspondientes al período comprendido entre julio y diciembre de 2022, por un total de $ 247.297.915,73.

El Programa Hogar fue creado mediante el decreto 470/2015, y su financiamiento se estableció a través del fondo fiduciario para atender las necesidades de GLP de sectores de bajos recursos y para la expansión de redes de gas natural.

La iniciativa fue relanzada el 24 de abril de este año por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta.

El beneficio consiste en un monto mensual de $ 1.581 fijado por la Secretaría de Energía, que cubre parte del precio de la garrafa de 10 kilos, el cual se deposita a través de la Anses, y varía según tamaño de grupo familiar, ubicación de la vivienda y estación del año, pues puede sumarse un adicional en los meses de invierno en diversas provincias.

El 19 de abril de 2022, Energía había extendido hasta fines de año la “asistencia económica transitoria” que se otorga a las empresas de la cadena de gas en garrafas, a través de la resolución 271/2022.

Esa asistencia, dirigida a las empresas registradas en el Registro Nacional de la Industria del Gas Licuado de Petróleo y dispuesta en agosto del año pasado, tiene como objetivo solventar los precios máximos de referencia del Programa que no poseen modificaciones desde julio de 2022, y la “variación experimentada en los valores y costos asociados en la cadena de comercialización del GLP”.

Asimismo, cuando el destino sea otro del de venta a distribuidores de envases de hasta 45 kilos, pasará a ser un porcentaje en vez de una suma fija; por lo cual la asistencia económica transitoria seguirá siendo el equivalente al 20% de la facturación en concepto de venta de GLP (neto de impuestos) que facturen mensualmente las empresas.

En cuanto al aporte, cuando el destino fuese otro del de venta a distribuidores en envases de hasta 45 kilos, la modificación establece que “las empresas fraccionadoras podrán solicitar un reconocimiento del 20% del precio máximo de referencia vigente de venta de fraccionadores a distribuidores por cada tonelada facturada”.

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Petroleras y el Gobierno acordaron un aumento de la nafta y el gasoil del 4% mensual hasta agosto

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Tras una reunión que mantuvieron con el ministro de Economía, Sergio Massa y la secretaria de Energía y de Comercio, las compañías YPF, PAE, Raízen y Trafigura, se comprometieron a continuar con el programa Precios Justos. Estacioneros a la expectativa.

A partir de las indicaciones del ministro de Economía, Sergio Massa, las secretarías de Energía y de Comercio renovaron el acuerdo de Precios Justos con el sector petrolero para estabilizar los precios de los combustibles durante los próximos 4 meses.

Este acuerdo, presentado por la secretaria de Energía, Flavia Royon, y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, establece una pauta del 4 por ciento mensual en los precios de la nafta y el gasoil desde el 15 de abril hasta el 15 de agosto. Con esta medida se busca proteger a los consumidores y fomentar la estabilidad en el mercado.

Rubricaron el acuerdo las empresas YPF, PAE, Raízen y Trafigura.

Estuvieron presentes en el anuncio Alejandro Cerviño (Gerente de Relaciones Externas y Gubernamentales de Raízen Argentina S.A), Agustín Agraz (Vicepresidente de Relaciones Institucionales de Operaciones Downstream de Pan American Energy), Alejandro Fernández (Vicepresidente comercial de YPF) y Martín Urdapilleta (Gerente General de Trafigura).

Al respecto, la secretaria de Energía Flavia Royon sostuvo: “Entendemos que esto requiere esfuerzo de las empresas, el Estado ya está haciendo un esfuerzo de manera de contener los precios y anclar la expectativa inflacionaria para que esto no tenga un efecto en los precios y en el bolsillo de la gente”.

Por su parte, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, afirmó que “la firma de este acuerdo nos permite dar una señal de previsibilidad a consumidores, usuarios y empresas y, además, acompaña la hoja de ruta establecida por el ministro Massa que nos impulsa a sostener el equilibrio fiscal y cuidar las reservas”.

Estacioneros debatirán los alcances del acuerdo

Durante el día de hoy, la Comisión Directiva de CECHA se reunirá en la sede de la entidad para debatir, entre otros temas, el impacto del acuerdo en la rentabilidad del sector.

Vale remarcar que los estacioneros convinieron un aumento al personal muy por encima de ese porcentaje, por lo que se descuenta que expresarán su disconformidad al tiempo que buscarán alternativas para no continuar resignando ingresos.

Fuente: Redacción Surtidores

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