Secretaría de Transporte

Nación oficializó nuevas compensaciones millonarias para colectivos del Conurbano

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El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, publicó en el Boletín Oficial las Resoluciones 58/2025 y 59/2025, que disponen la asignación de fondos de compensación tarifaria para empresas de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El paquete de transferencias alcanza cifras millonarias y se enmarca en el Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del servicio en un contexto de presión inflacionaria y reclamos del sector.

Según el Anexo I de la Resolución 58/2025 (IF-2025-63973077-APN-DST#MTR), la Secretaría de Transporte detalló los desembolsos efectuados entre febrero y agosto de 2024 en concepto de estímulos, subsidios y anticipos a las empresas del AMBA.

Los montos son significativos. En total, se asignaron más de $122.065 millones en subsidios y compensaciones durante el período. Solo en la partida del 15 de marzo de 2024, se giraron $37.651 millones destinados al pago de estímulos y al sostenimiento de la oferta de servicios. En febrero, se registraron transferencias por $60.818 millones, mientras que en agosto se liquidaron $3.316 millones.

A su vez, el Anexo II (Res. 59/2025) desglosa la liquidación pendiente a empresas de la provincia de Buenos Aires, incluyendo a grandes operadores del conurbano como La Perlita, Almafuerte, Transporte Ideal San Justo, Micro Ómnibus Quilmes, Autobuses Buenos Aires SRL y Nuevo Ideal S.A., entre otras.
Los registros muestran compensaciones que en algunos casos superan los $1.000 millones por compañía, como el caso de Nuevo Ideal S.A. ($1.054 millones a compensar, con $1.051 millones ya abonados y apenas $3,1 millones pendientes).

Las medidas se dictaron en el marco de la Ley 27.467 de Presupuesto Nacional y el Decreto 1122/2017, que regulan el SISTAU y el esquema de subsidios al transporte automotor de pasajeros.
El documento oficial destaca que las compensaciones buscan “garantizar la cobertura de costos operativos, preservar la integridad del sistema de transporte público y asegurar la accesibilidad del boleto para los usuarios”.

En los considerandos, se recuerda además que la política de subsidios tiene carácter transitorio, pero resulta esencial en un contexto en el que las tarifas cubren menos del 20% del costo real del pasaje en el AMBA. De allí la necesidad de sostener las transferencias mientras se avanza en un esquema de revisión integral del sistema.

La decisión tiene repercusiones en varios frentes: Para las empresas de transporte, implica oxígeno financiero en medio de una crisis de costos impulsada por el aumento del combustible, los insumos importados y la paritaria de la UTA. Para el Gobierno nacional, supone una erogación multimillonaria que tensiona las cuentas fiscales, pero que evita un conflicto social mayor derivado de posibles paros o reducción de servicios. En el plano político, la medida busca contener la conflictividad en el Conurbano bonaerense, donde la movilidad diaria de millones de personas depende de estos subsidios.

En paralelo, los gobiernos provinciales y municipales presionan por un esquema de distribución más equitativo entre el AMBA y el interior del país, donde los subsidios per cápita son notablemente menores. Este punto podría convertirse en uno de los principales ejes de debate en el Congreso durante la discusión del próximo Presupuesto.

El Ministerio de Economía dejó abierta la posibilidad de nuevas asignaciones durante el último trimestre de 2025, en la medida en que la recaudación lo permita. Mientras tanto, se espera que las cámaras empresarias del sector (AAETA, CEAP y CETUBA) reclamen una revisión tarifaria para complementar las compensaciones y reducir la dependencia de las transferencias estatales.

En conclusión, las Resoluciones 58/2025 y 59/2025 ratifican la continuidad de una política que, aunque cuestionada, resulta estructural para la movilidad del AMBA y se proyecta como un tema central de la agenda política y económica de los próximos meses.

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El “costo argentino” en logística golpea al agro, el transporte por camión encarece hasta un 28% el precio final

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Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario revela que los costos logísticos del agro argentino superan ampliamente a los de sus competidores internacionales. El transporte de granos por camión encarece hasta un 28% el precio del maíz y la soja en zonas alejadas de los puertos, afectando la rentabilidad exportadora.

El estudio difundido por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) sobre la ejecución logística del segundo trimestre de 2025 confirma una preocupación histórica del agro argentino: el costo del transporte por camión. Según el relevamiento, los fletes nacionales resultaron 32% más caros que en Brasil y 28% más caros que en Estados Unidos para distancias de 320 kilómetros.

En números concretos, el costo por tonelada/kilómetro fue de 9,4 centavos de dólar en Argentina, contra 7,1 centavos en Brasil y 7,4 centavos en EE.UU.. Así, el traslado de granos a esa distancia supera los USD 30 por tonelada en el país, mientras que en sus competidores ronda los USD 23,3 a USD 23,6.

El impacto sobre el precio final es significativo: transportar maíz desde Salta al Gran Rosario (1.150 km) insume el 28% del valor del cereal, mientras que en soja representa el 19% del precio de mercado. En contraste, los productores de la Zona Núcleo, con apenas 180 km hasta los puertos del Up-River, afrontan un costo mucho menor: 11% del valor en maíz y 7% en soja.

Factores explicativos y cambios regulatorios

El informe señala que una de las causas de la pérdida de competitividad fue la apreciación del peso argentino frente al dólar entre abril y junio, que encareció en términos relativos los fletes locales expresados en moneda estadounidense.

En trayectos largos (más de 1.000 km), la diferencia con Brasil se redujo al 4%, aunque sigue siendo desfavorable para Argentina. El costo por tonelada/kilómetro fue de USD 0,045 frente a USD 0,043 en el país vecino. En Estados Unidos, en tanto, la mayor parte del transporte de granos a largas distancias se realiza en trenes o barcazas, lo que explica su mayor competitividad.

El contexto regulatorio también atraviesa un cambio decisivo. La Secretaría de Transporte eliminó las tarifas de referencia para el transporte automotor de cargas de cereales, oleaginosas y productos relacionados. Desde ahora, los valores serán fruto de la libre negociación entre dadores de carga y transportistas, sin obligación de consignar precios orientativos en la Carta de Porte.

El sistema desmantelado había sido creado en 2016 mediante la “Mesa de Negociación Participativa”, que integraba a cámaras empresariales, entidades agropecuarias y organismos estatales, estableciendo periódicamente tarifas orientativas basadas en informes de costos. La desregulación se enmarca en el proceso de “simplificación y desburocratización del Estado” promovido por el Gobierno nacional.

La disparidad de costos logísticos impacta directamente en la competitividad de las exportaciones argentinas de granos, en un contexto de fuerte disputa internacional por mercados. Para productores alejados de los puertos, el encarecimiento del flete puede marcar la diferencia entre sostener la rentabilidad o perder capacidad exportadora.

Mientras tanto, la eliminación de tarifas de referencia abre un escenario de incertidumbre: por un lado, podría estimular la competencia entre transportistas; por otro, aumenta el riesgo de concentración y disparidad de precios en un sector clave para el agro.

La presión de los costos logísticos vuelve a poner en la agenda la necesidad de inversiones en infraestructura ferroviaria y fluvial, donde Argentina arrastra décadas de atraso respecto de sus competidores. Sin mejoras estructurales, la competitividad seguirá atada al “costo argentino”, una variable que erosiona la rentabilidad del campo y condiciona el ingreso de divisas al país.

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Ferrosur Roca: el Gobierno prorroga la concesión y prepara nuevo contrato ferroviario

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El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, dispuso extender hasta el 10 de septiembre de 2026 la concesión de la Línea General Roca operada por Ferrosur Roca S.A., al tiempo que habilitó el inicio de un nuevo proceso de análisis y diseño contractual para redefinir la relación entre el Estado Nacional y el sector privado en la explotación ferroviaria. La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial bajo la Resolución 52/2025, busca garantizar la continuidad del servicio de cargas mientras se estructura un modelo que responda a las necesidades estratégicas de la matriz logística nacional.

El Contrato de Concesión de Ferrosur Roca fue aprobado en 1992 por el decreto 2681, con una vigencia inicial de 30 años más una prórroga posible de 10 años. Tras sucesivas renegociaciones, entre ellas el Acta Acuerdo de 2008 y las extensiones precarias dictadas por resoluciones ministeriales en 2021, 2022 y 2024, la concesión debía expirar definitivamente este 10 de septiembre de 2025.

En paralelo, la Ley 27.132 (2015) declaró de interés público la reactivación ferroviaria y habilitó al Estado a reasumir la administración de la infraestructura. El esquema de “acceso abierto” previsto por esa norma buscó fomentar la competencia y la integración logística.

Más recientemente, el DNU 525/2024 declaró la emergencia pública ferroviaria por 24 meses, en un contexto de deterioro de la infraestructura, caída de la inversión y la necesidad de articular al sistema con los nuevos polos productivos, particularmente Vaca Muerta.

Prórroga transitoria y rediseño contractual

La Resolución 52/2025, firmada por el secretario de Transporte Luis Octavio Pierrini, establece dos definiciones centrales:

  • Extensión del contrato vigente: Ferrosur Roca continuará operando la Línea General Roca (con exclusión del corredor Altamirano-Miramar y sus tramos urbanos) hasta septiembre de 2026 o hasta que se perfeccione un nuevo esquema de contratación.
  • Inicio de un proceso de rediseño contractual: el Estado evaluará, junto con la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE), un modelo que garantice mayor concurrencia de inversores privados, inversiones significativas en la red y apertura progresiva al acceso abierto.

La medida ordena notificar a Ferrosur Roca S.A., a Belgrano Cargas y Logística, y a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para su aplicación inmediata.

La puja entre continuidad y apertura

La decisión refleja una estrategia de transición: asegurar la prestación en un corredor clave mientras se prepara un esquema que articule inversión privada, modernización operativa y control estatal.

El corredor bajo concesión es estratégico para el transporte de arena, equipos e insumos vinculados al desarrollo de Vaca Muerta, además de su rol en las cadenas logísticas regionales. Tanto ADIF como FASE subrayaron en sus dictámenes la “envergadura de las inversiones comprometidas” y la necesidad de un contrato que trascienda la lógica de prórrogas precarias.

En el plano político, la medida se inscribe en el proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. dispuesto por la Ley 27.742 y el Decreto 67/2025, lo que obliga a coordinar reglas de juego homogéneas para las distintas líneas ferroviarias.

Un modelo ferroviario en redefinición

La extensión por un año funciona como “puente” institucional: el Gobierno gana tiempo para diseñar un esquema contractual que defina el rol del sector privado en la infraestructura ferroviaria nacional.

En este contexto, se abren varios interrogantes:

  • ¿Cuál será el alcance de las nuevas inversiones privadas exigidas?
  • ¿Cómo se articulará el modelo de acceso abierto con la rentabilidad de los operadores?
  • ¿Qué grado de control y financiamiento asumirá el Estado en corredores estratégicos como el de Vaca Muerta?

Lo cierto es que el ferrocarril de cargas vuelve al centro de la discusión económica e institucional, en un momento donde la logística eficiente es condición para mejorar la competitividad de las exportaciones y reducir costos internos.

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Nueva movilidad: Cuánto cuesta moverse seguro en bici en la ciudad

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En plena pandemia del COVID-19 las bicicletas fueron uno de los medios de transporte con mayor crecimiento en el país y a nivel mundial, por su seguridad en cuanto a la distanciamiento social, su bajo costo y el beneficio de estar haciendo actividad física mientras uno se traslada.

En el contexto de la pandemia y respecto al año anterior, los viajes en bici se incrementaron 27% solo en CABA, según cifras de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires: pasaron de 320 mil diarios en 2019 a 405 mil viajes diarios en 2020, incluyendo bicis particulares y el sistema Ecobici.

La bicicleta mostró ser un modo de transporte muy resiliente y fiable en tiempos de crisis, y los vendedores anunciaron incrementos en las ventas de un 50% en promedio en 2020.

Los cambios representan oportunidades, con la movilidad urbana como el próximo boom del ciclismo, pero con otros aspectos como las experiencias a ofrecer a los clientes, con algunas empresas ofreciendo reparar bicicletas en el domicilio del consumidor, turismo específico para este nicho, aspectos de preparación o nutrición, o incluso seguros específicos para bicicletas.

Cómo se asegura una bici y cuánto cuesta moverse seguro 

Desde Galicia Seguros, informan que creció en un 92% la venta de seguros para bicicletas durante los últimos dos años y que ha sido la cobertura para robo que más se contrató en este período. De igual modo afirman que las consultas por este tipo de producto no han parado de aumentar.

Este seguro cubre en el caso de que al cliente le roben la bicicleta, o bien si esta sufre daño total por incendio o accidente brindándole una indemnización para que pueda reponerla. Todas las bicicletas pueden asegurarse, ya sean nuevas o usadas, nacionales o importadas, lo que se garantiza es el valor de la misma.


“Es muy importante que la suma asegurada que se elija al momento de la contratación sea la más cercana al valor real del bien. Si se contrata el seguro por un monto más alto de lo que realmente vale, al momento del siniestro se le pagará al cliente por lo que efectivamente valía su bici. Y si, al contrario, se contrata una suma más baja, no va a ser suficiente para reponerla”, explica Andrea Miorelli, Product Owner del Squad de Value Proposition.

“Otros beneficios adicionales que se incluyen en la prestación son el traslado en taxi hasta a el domicilio del usuario o si sufrió alguna lesión, al centro médico más cercano; soporte en la recuperación de documentos perdidos durante el robo y también se cubre el cambio de la combinación de la cerradura en caso de robo de llaves. Además, los clientes de Banco Galicia que contraten este seguro pueden acceder a servicios de mantenimiento, asistencias por rotura de neumáticos y descuentos en bicicleterías” agrega la ejecutiva de Galicia Seguros.

Los importes de este tipo de seguro actualmente van desde los $346 mensuales hasta los $1154 mensuales.

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