Sector forestal

Misiones Productiva: “Sin crédito barato y con alta carga impositiva, es imposible competir”, afirmó Rafael Scherer

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En medio del debate por la reconversión productiva en Misiones, el empresario forestal Rafael Scherer, socio gerente de Pindó, puso el foco en un problema de fondo: la competitividad. Durante una jornada donde se discutieron alternativas para diversificar la producción, el dirigente planteó que sin crédito accesible ni una baja de la presión impositiva, el sector seguirá limitado. La pregunta que sobrevuela es directa: ¿puede Misiones cambiar su matriz productiva sin modificar las reglas nacionales, provinciales y municipales que hoy condicionan al productor?

Regulaciones, crédito caro y una estructura que no cierra

Scherer participó de un encuentro en el que se analizaron modelos productivos, especialmente de Brasil, con la intención de replicar esquemas que permitan mejorar la rentabilidad y frenar el éxodo rural. Sin embargo, advirtió que el principal obstáculo no es técnico ni productivo, sino estructural.

“El problema sigue siendo el mismo: no hay acceso al crédito y hay demasiadas regulaciones que se superponen”, resumió. En su diagnóstico, el exceso de trámites y registros no solo no aporta valor, sino que genera costos adicionales y errores operativos. “Terminamos haciendo más trabajo administrativo que productivo”, señaló.

El financiamiento aparece como otro cuello de botella. Según explicó, en Misiones el crédito “es más caro por la carga impositiva, especialmente por las alícuotas de Ingresos Brutos que también afectan a quienes otorgan préstamos”. Esa estructura se traslada directamente al productor. “Hay que pensar seriamente en bajar impuestos. No queda otra”, insistió.

Desregulación nacional: avances parciales y expectativas abiertas

Consultado sobre el impacto de las medidas del Gobierno nacional, Scherer reconoció mejoras puntuales, aunque lejos de un cambio estructural. En particular, destacó avances en comercio exterior: “Exportar, cobrar y pagar se facilitó mucho”.

Sin embargo, aclaró que ese alivio no se tradujo todavía en una mejora integral para el sector productivo. “Queremos estar más libres, pero todavía hay mucho lastre”, graficó. El resultado, para el empresario, hasta ahora es un esquema híbrido: mejoras puntuales en apertura externa, pero sin un cambio estructural en costos internos ni en presión impositiva.

En cuanto al crédito, señaló que en los últimos meses comenzaron a aparecer opciones con tasas “relativamente lógicas”, aunque vinculó esa mejora más a la disponibilidad de liquidez en el sistema que a cambios de fondo en la política económica.

Mercado interno débil y un contexto global adverso

El escenario se complejiza por fuera de las fronteras. Scherer describió una situación internacional inestable, con conflictos que impactan en la demanda y generan cancelaciones o cambios abruptos en los pedidos.

“Hay una crisis grave a nivel mundial que nos está afectando en forma directa”, afirmó. A diferencia de otros momentos, el sector forestal ya no encuentra en el mercado interno un respaldo para compensar la caída externa. “Antes era un refugio. Hoy está muy dispar: hay lugares donde no se vende nada”, explicó.

En ese contexto, el foco exportador se mantiene en Asia y Norteamérica, con Estados Unidos como principal referencia global para la madera. Europa, en cambio, no aparece como un destino relevante en el corto plazo.

Inversión en pausa y decisiones atadas a la política

Más allá de la coyuntura económica, Scherer introdujo un elemento político en el análisis: la falta de previsibilidad. “No se van a tomar grandes decisiones hasta que se consolide el rumbo”, advirtió.

Para el empresario, la incertidumbre no responde solo a variables económicas, sino a la falta de definiciones claras sobre el proyecto político. Esa combinación retrasa inversiones y obliga a las empresas a adoptar una lógica defensiva: reducir costos antes que expandirse.

“La reconversión va a ser una constante. Cuando las cosas no van bien, lo primero que hacés es ajustar gastos. Pero eso no alcanza si no podés vender más”, explicó.

Un reclamo que atraviesa niveles del Estado

El planteo de Scherer no se limita al ámbito nacional. También incluye a provincias y municipios, donde —según indicó— tampoco se observa una baja significativa de la presión fiscal.

“No hemos visto que ningún nivel del Estado haya reducido impuestos de forma importante”, sostuvo, y recordó que en otras etapas de crisis hubo reacciones más rápidas desde la política.

El reclamo es transversal: menos impuestos, menos burocracia y más acceso al financiamiento. Sin esas condiciones, advierte, cualquier intento de diversificación productiva queda condicionado.

Entre la necesidad de cambio y la falta de condiciones

El diagnóstico del sector forestal expone una tensión que atraviesa a toda la economía misionera: la necesidad de reconvertirse frente a un escenario cambiante, pero sin las herramientas necesarias para hacerlo.

La discusión ya no pasa solo por qué producir, sino bajo qué reglas. En ese equilibrio, el margen de acción del sector privado aparece cada vez más acotado. Mientras tanto, las decisiones de inversión siguen en pausa.

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Valdés confirmó inversión forestal de Central Puerto y presiona por cambios en el RIGI

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El gobernador Juan Pablo Valdés confirmó en Estados Unidos el desembarco de Central Puerto con una inversión de USD 40 millones para construir un mega aserradero en el Parque Industrial de Santa Rosa, y en paralelo abrió un frente político con el Gobierno nacional: pidió modificar el piso de acceso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La doble jugada —captar capital y cuestionar el diseño del régimen— instala una pregunta de fondo: ¿Corrientes busca consolidarse como polo forestal o tensionar las reglas del esquema de inversiones que impulsa la Casa Rosada?

El anuncio se dio tras la participación de la delegación correntina en foros internacionales y reuniones con el sector energético y el equipo económico nacional. El dato central no es solo el monto, sino el timing: la provincia busca acelerar obras durante este año bajo un marco legal que combina beneficios provinciales por 15 años y estabilidad fiscal nacional por 30 años.

El “modelo Corrientes” como plataforma institucional

La inversión se apoyará en la ley provincial 5470, que garantiza exenciones impositivas y seguridad jurídica. En términos políticos, Valdés intenta consolidar un esquema propio de atracción de inversiones, articulado con la adhesión al RIGI, pero con capacidad de negociación sobre sus condiciones.

El proyecto de Central Puerto no es aislado. La compañía ya controla más de 160.000 hectáreas en la región tras la adquisición de activos de Masisa y EVASA. La nueva planta buscará industrializar madera sólida con destino exportador y, en paralelo, generar energía a partir de biomasa. Esa integración productiva traduce un objetivo estratégico: agregar valor en origen y reducir la dependencia de exportaciones primarias.

El Parque Industrial de Santa Rosa aparece como nodo central de esa estrategia. Allí, la provincia despliega infraestructura dentro de un esquema más amplio que incluye 18 parques industriales, diseñados para captar inversiones con mayor componente tecnológico.

En ese marco, el planteo ante el ministro de Economía, Luis Caputo, introduce una dimensión política adicional. El pedido de bajar el umbral de USD 200 millones del RIGI apunta a que sectores como el forestal, el arrocero y el ganadero —con inversiones de menor escala relativa— puedan acceder a los beneficios del régimen.

Inversión, PyMEs y disputa por el alcance del RIGI

El desembarco de Central Puerto fortalece la narrativa oficial de Corrientes como destino competitivo para capitales productivos. La provincia gana volumen en un sector donde ya exhibe liderazgo en generación de energía por biomasa, con 100 MW instalados.

Sin embargo, la clave no está solo en la llegada de grandes jugadores. Desde el sector privado advierten que el impacto real dependerá de la integración con las PyMEs locales. La propuesta de crear un “Punto Verde” para gestionar exportaciones en origen refleja esa preocupación: reducir costos logísticos y evitar que el valor agregado se diluya fuera de la provincia.

En términos de correlación de fuerzas, el movimiento posiciona a Corrientes como interlocutor activo frente al Gobierno nacional en materia de política productiva. Mientras la Nación impulsa el RIGI como herramienta macro para atraer inversiones, la provincia plantea ajustes que contemplen las particularidades de las economías regionales.

El equilibrio es delicado. Acompañar el régimen, pero discutir su diseño. Captar inversiones, pero exigir reglas más flexibles.

Un tablero abierto entre desarrollo y regulación

La confirmación de la inversión abre un escenario de ejecución. El inicio de obras previsto para este año será el primer test de la capacidad provincial para transformar anuncios en actividad económica concreta.

Al mismo tiempo, la discusión sobre el RIGI recién comienza. Si el Gobierno nacional mantiene el piso de USD 200 millones, muchos proyectos regionales quedarán fuera del esquema. Si lo modifica, el régimen podría ampliarse, pero también cambiar su lógica original.

En ese cruce se jugará parte de la estrategia de desarrollo del interior productivo. Corrientes ya movió ficha: aseguró un desembarco relevante y planteó condiciones. Resta ver si el esquema nacional se adapta o si la tensión entre diseño macro y necesidades regionales se profundiza.

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PEFC impulsa “The Timber Truth” y busca posicionar la madera certificada en los mercados globales de la construcción sostenible

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En un escenario internacional donde la trazabilidad ambiental y la descarbonización se volvieron condiciones de acceso a mercados, el Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) acompañó la presentación de “The Timber Truth”, una publicación que apunta a desarmar 16 mitos sobre el uso de la madera en la construcción. La iniciativa no es meramente técnica: se inscribe en una estrategia más amplia para fortalecer la competitividad de la madera certificada frente a regulaciones ambientales cada vez más exigentes.

El mensaje es claro. La discusión sobre materiales de construcción ya no se limita a costos y prestaciones estructurales. Ahora incluye huella de carbono, trazabilidad y cumplimiento normativo internacional. En ese terreno, la certificación forestal se convierte en un activo económico.

Evidencia técnica para un mercado más exigente

“The Timber Truth” aborda percepciones extendidas en torno a la seguridad, durabilidad, disponibilidad y desempeño ambiental de la madera. A través de argumentos respaldados por datos y ejemplos concretos, la publicación busca ofrecer herramientas a arquitectos, desarrolladores, inversores y tomadores de decisión.

PEFC, como sistema de certificación de gestión forestal sostenible, respalda la iniciativa con un enfoque centrado en la madera de origen responsable. Según se destaca en la presentación, cuando proviene de bosques gestionados de manera sostenible y certificados, la madera es un material renovable con capacidad de almacenamiento de carbono, puede cumplir estándares técnicos exigentes, reduce la huella ambiental del sector y permite trazabilidad en cadenas internacionales.

El eje institucional es nítido: la certificación no solo valida prácticas forestales, sino que habilita cumplimiento regulatorio en mercados que exigen cadenas libres de deforestación y alineación con estándares ESG.

Construcción sostenible y acceso a mercados

La iniciativa se inserta en un contexto donde gobiernos e inversores incorporan criterios ambientales en políticas públicas y decisiones de financiamiento. La regulación internacional avanza hacia mayores controles sobre origen y sostenibilidad de insumos estratégicos, lo que redefine las condiciones de competencia.

En ese marco, la certificación forestal funciona como herramienta para facilitar acceso a mercados, reducir riesgos regulatorios y aportar transparencia en cadenas de valor globales. La madera certificada se presenta así no solo como alternativa técnica, sino como vehículo de inserción comercial.

El sector de la construcción tiene un rol clave en la transición hacia economías de bajas emisiones. Por eso, la discusión sobre materiales adquiere dimensión estratégica. Si la madera logra consolidarse como opción renovable y reutilizable con respaldo técnico y trazabilidad comprobable, el impacto trasciende al sector forestal e incide en desarrollos inmobiliarios, proyectos de infraestructura e inversiones institucionales.

Señal estratégica: sostenibilidad como competitividad

La presentación de “The Timber Truth” apunta a algo más que informar. Busca incidir en la toma de decisiones en un momento donde la descarbonización del sector edilicio ocupa un lugar prioritario en agendas públicas y privadas.

Al derribar mitos técnicos, PEFC intenta fortalecer la confianza en la madera certificada como parte de la solución climática global. La estrategia combina sostenibilidad ambiental y competitividad económica, dos variables que ya no se perciben como contrapuestas.

El desafío ahora pasa por la adopción efectiva de estos estándares en mercados concretos. A medida que la regulación internacional se vuelve más estricta y los compradores exigen mayor trazabilidad, la madera certificada podría ganar terreno. Pero esa transición dependerá de decisiones empresariales, políticas públicas y condiciones de mercado que aún están en evolución.

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Misiones refuerza la prevención de incendios forestales por riesgo extremo

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Ante un escenario climático adverso y la activación del nivel extremo en el Índice de Peligro de Incendios, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones convocó este viernes a la Mesa de Coordinación Preventiva de Incendios 2026, con el objetivo de anticiparse a un verano de alta complejidad operativa. La iniciativa busca fortalecer la articulación interinstitucional, mejorar la capacidad de respuesta y profundizar las acciones de prevención frente a un contexto de déficit hídrico, temperaturas elevadas y riesgo sostenido para la población, las infraestructuras críticas y el ambiente.

La convocatoria se produjo luego de que el pasado lunes 26 de enero la provincia alcanzara oficialmente el nivel extremo de peligrosidad, un indicador que, según los pronósticos, se mantendrá entre valores altos y extremos durante el resto del verano. El escenario plantea un desafío económico, ambiental e institucional, especialmente para un territorio con alta cobertura forestal, producción primaria intensiva y áreas naturales protegidas de alto valor estratégico.

Un verano con déficit hídrico y riesgo sostenido

Durante el encuentro se analizaron datos técnicos actualizados que confirman un panorama crítico. Para lo que resta de enero y febrero, los modelos climáticos anticipan déficit de precipitaciones y temperaturas elevadas, condiciones que favorecen la rápida propagación del fuego tanto en áreas rurales como forestales. Para el resto del verano, el índice de peligro se mantendría de manera sostenida entre niveles altos y extremos.

Los especialistas advirtieron además que la presencia de un evento “La Niña” débil, confirmado para febrero y marzo, funciona como un amplificador del riesgo. La atmósfera no logrará acumular la humedad suficiente para generar lluvias generalizadas, lo que incrementa la vulnerabilidad del monte nativo y del sector forestal frente al estrés hídrico. Incluso en caso de tormentas aisladas, el alivio sería transitorio: el índice podría descender momentáneamente a valores muy altos o altos, pero volvería a extremo en menos de 48 horas debido a la intensa radiación solar propia de la estación.

En ese marco, se identificaron zonas críticas en todo el territorio provincial. En el sur de Misiones, particularmente en áreas de pastizales de Posadas y Apóstoles, el riesgo es máximo por temperaturas que superan los 38 grados y una menor cobertura arbórea que dificulta la retención de humedad. En la zona centro, que incluye localidades como Oberá y Aristóbulo del Valle, el peligro se explica por la acumulación de material seco en áreas de producción forestal. En el norte, especialmente en Iguazú y San Pedro, el riesgo se mantiene entre alto y extremo, con monitoreo permanente ante la posibilidad de focos ígneos generados por tormentas secas y caída de rayos.

Coordinación institucional y refuerzo operativo

La Mesa de Coordinación fue encabezada por el ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Martín Recamán, junto al subsecretario de Ordenamiento Territorial, Lucas Russo, y el subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable, Facundo Ringa. Participaron además representantes de áreas estratégicas vinculadas al manejo del fuego, la protección civil y la seguridad, entre ellos autoridades provinciales, nacionales y municipales, fuerzas de seguridad, bomberos y organismos técnicos.

Durante la jornada se avanzó en la planificación de acciones conjuntas de prevención, monitoreo y respuesta, con énfasis en el fortalecimiento de patrullajes, la coordinación operativa entre jurisdicciones y la optimización de los sistemas de alerta temprana. También se abordó la necesidad de proteger infraestructuras críticas y minimizar el impacto económico y ambiental que los incendios generan sobre el sector forestal, las áreas productivas y los ecosistemas.

En este contexto, Recamán subrayó que la estrategia provincial se apoya tanto en la capacidad del Estado como en la conducta social. “La prevención es una tarea colectiva y requiere del involucramiento de todos”, enfatizó, al tiempo que remarcó la importancia de la concientización ciudadana para evitar prácticas de riesgo, especialmente en un escenario extremo como el actual.

Resultados previos y desafíos para febrero

Por su parte, el director de Alerta Temprana y Manejo del Fuego, Luis Chemes, advirtió que durante febrero se mantendrán condiciones de riesgo entre muy alto y extremo, lo que refuerza la necesidad de sostener estos espacios de articulación y planificación. No obstante, destacó el impacto de las políticas públicas de prevención implementadas en los últimos años: desde 2022, los incendios forestales y rurales en Misiones se redujeron en más del 50%, un dato que muestra la eficacia de la combinación entre controles, monitoreo y campañas de concientización.

“Misiones tiene un privilegio que la distingue del resto de las provincias: si en Misiones no se prende fuego, no habrá incendios forestales”, afirmó Chemes, al sintetizar el enfoque preventivo que guía la política provincial en la materia.

El escenario actual obliga a redoblar esfuerzos en un contexto donde el riesgo ambiental se cruza con impactos económicos directos sobre el sector forestal, el turismo y la infraestructura rural, además de los costos operativos que implica el combate del fuego. La activación temprana de la Mesa de Coordinación Preventiva apunta a reducir esos riesgos, anticipar escenarios y sostener una respuesta integrada entre el Estado y la comunidad.

El encuentro concluyó con un llamado a extremar los cuidados, evitar cualquier tipo de quema y denunciar de inmediato la presencia de focos de incendio. En un verano marcado por condiciones extremas, la prevención vuelve a posicionarse como la principal herramienta para proteger el ambiente, la producción y la seguridad de la población misionera.

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Gigante mundial de tableros de madera evalúa invertir en Paraguay

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El interés del Grupo Kronospan vuelve a poner a Paraguay en el radar de las grandes inversiones forestales y refuerza su posicionamiento como polo industrial del sector en Sudamérica, en un contexto de expansión exportadora y políticas públicas orientadas a la agregación de valor.

Según informó La Nación, el CEO del grupo, Peter Kaindl, fue recibido este lunes por el presidente Santiago Peña en Mburuvicha Róga. El encuentro puso en agenda el potencial del país para atraer inversiones forestales de gran escala, con eje en la industrialización de la madera y el desarrollo de cadenas de valor.

Durante la reunión, Kaindl destacó el marco de políticas públicas de apoyo al sector forestal, al que consideró clave para avanzar en proyectos industriales de mayor escala. Peña, por su parte, remarcó la necesidad de transformar los recursos naturales en empleo y desarrollo productivo. “Apostamos a la industrialización de nuestros recursos para crear más y mejores oportunidades para todos los paraguayos”, señaló el mandatario en redes sociales. El directivo estuvo acompañado por el agroindustrial Graciano Pereira.

Un proceso que se viene gestando desde 2025

El acercamiento entre Kronospan y Paraguay no es reciente. La posibilidad de una inversión comenzó a tomar forma tras la visita técnica realizada en febrero de 2025 a una planta de fabricación de tableros MDF, de la que participaron el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, y el viceministro de Comercio, Rodrigo Maluff. En aquella oportunidad, ambos funcionarios mantuvieron reuniones con Kaindl como parte de una estrategia oficial para captar inversiones industriales en el sector forestal.

El seguimiento de ese contacto evidencia una política sostenida del Gobierno paraguayo para posicionar al país como destino competitivo para capitales vinculados a la transformación industrial de la madera, más allá de la exportación de materia prima.

Kronospan, un jugador global

Fundado en 1897 en Austria, el Grupo Kronospan es hoy uno de los líderes mundiales en la fabricación y distribución de tableros de madera. Cuenta con 40 plantas productivas, más de 15.000 empleados y presencia comercial en 123 países. Su portafolio incluye tableros de partículas, MDF, suelos laminados, resinas para la industria maderera y tableros OSB, ampliamente utilizados en construcción y mobiliario.

La eventual radicación de una empresa de esta escala implicaría un salto cualitativo para la cadena forestal paraguaya, tanto por el volumen de inversión como por la transferencia tecnológica y la generación de empleo formal.

Un sector con base exportadora y margen de crecimiento

Entre enero y diciembre de 2025, Paraguay exportó 197.118 toneladas de productos forestales por un valor FOB de USD 101,3 millones, según datos oficiales del Instituto Forestal Nacional (Infona). El organismo estima además que el país dispone de más de ocho millones de hectáreas aptas para plantaciones forestales.

A ese potencial se suma un crecimiento del 66 % en las plantaciones forestales entre 2022 y 2024, un indicador que refuerza el atractivo del país para inversiones de largo plazo orientadas a la industrialización y a la expansión de exportaciones con mayor valor agregado.

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