El Gobierno disuelve programas de promoción agropecuaria para ovinos, caprinos, búfalos y seda
La medida alcanza a iniciativas para la ganadería ovina, caprina, bubalina y producción de gusano de seda. Se disuelven fondos, consejos y registros creados en las últimas dos décadas.
En línea con su política de reducción del gasto público y desregulación del Estado, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 408/2025, que establece la disolución de ocho programas y regímenes vinculados al desarrollo de la producción rural en Argentina. La norma deroga cinco leyes sancionadas entre 2001 y 2015 que sostenían incentivos a actividades estratégicas para economías regionales, incluyendo la ganadería ovina y caprina, la producción de gusano de seda y el fomento del búfalo de agua.
Fin de una etapa en el agro: adiós a regímenes productivos con historia
Entre los programas eliminados por el nuevo decreto figuran:
- El Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas, creado por la Ley 25.422.
- El Programa de Promoción y Producción del Gusano de Seda y su Registro Nacional de Sericicultura, establecidos por la Ley 25.747.
- El Régimen para la Recuperación de la Actividad Caprina (Ley 26.141).
- El Régimen de Promoción de la Ganadería Bovina en Zonas Áridas y Semiáridas (Ley 27.066).
- El Programa de Fomento para la Producción de Bubalus Bubalis (búfalo de agua) y el Consejo Federal Bubalino, creados por la Ley 27.076.
El decreto también disuelve los consejos y comisiones asesoras técnicas asociadas a estos regímenes, que funcionaban en la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía.
En los fundamentos del Decreto 408/2025, el Ejecutivo afirma que estas estructuras fueron diseñadas en “un escenario productivo, institucional e histórico muy diferente al actual” y que su continuidad “resulta innecesaria” en el marco de la emergencia pública declarada por la Ley de Bases (Ley 27.742).
Además, se remarca que estas acciones se alinean con el Decreto 70/2023, que ordenó la desregulación de la economía y eliminó restricciones al comercio, los servicios y la industria, priorizando un esquema de libre iniciativa privada.
“La actividad administrativa tradicionalmente denominada como de ‘fomento’ o ‘ayudas públicas’ ya no forma parte del nuevo diseño de gestión estatal”, subraya el texto oficial.
Desaparecen instrumentos clave para las economías regionales
Las políticas eliminadas estaban orientadas a fortalecer cadenas productivas en zonas rurales alejadas y de bajos ingresos, mediante la entrega de aportes reintegrables y no reintegrables, capacitaciones, becas y asistencia técnica.
En muchos casos, su ejecución se apoyaba en escuelas agrotécnicas, cooperativas y gobiernos provinciales, con un fuerte anclaje territorial. El Régimen Ovino, por ejemplo, fue considerado durante años como una herramienta central para el arraigo rural y la diversificación productiva en la Patagonia.
Se extinguen fondos y estructuras
El Decreto establece que la derogación no exime al Estado de cumplir con compromisos asumidos anteriormente, pero no contempla continuidad institucional ni reemplazo de los programas, fondos ni marcos legales eliminados.
En consecuencia, quedan sin efecto los instrumentos de promoción para actividades consideradas estratégicas para la soberanía alimentaria, la diversificación agroindustrial y el arraigo rural.
La decisión genera interrogantes sobre el futuro de miles de pequeños productores que accedían a estas herramientas como principal vía de asistencia estatal.
