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Plan climático: la política ambiental puede ser un motor económico para Misiones

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El cambio climático se ha consolidado como uno de los principales desafíos  estructurales del siglo XXI, con impactos crecientes sobre los sistemas naturales,  económicos y sociales. En este contexto, la acción climática dejó de ser una agenda  exclusivamente internacional o nacional para convertirse en una responsabilidad  compartida por todos los niveles de gobierno. Las jurisdicciones subnacionales — provincias y municipios— ocupan un lugar estratégico, ya que es en el territorio  donde se manifiestan los impactos climáticos y donde se implementan de manera  concreta las políticas públicas. 

El Plan de Respuesta al Cambio Climático (PRCC) surge como una herramienta  central de planificación, orientada a ordenar, priorizar y coordinar las acciones de  mitigación y adaptación al cambio climático. A partir del caso del Plan de Respuesta  al Cambio Climático de la Provincia de Misiones, este documento desarrolla: (i) qué  es un Plan de Respuesta al Cambio Climático, (ii) por qué las jurisdicciones deben  implementarlos, y (iii) qué beneficios y oportunidades vinculadas al desarrollo  sostenible y climático aportan estos planes a los territorios. 

1. ¿Qué es un Plan de Respuesta al Cambio Climático? 

Un Plan de Respuesta al Cambio Climático es un instrumento de política pública de  carácter estratégico que define el conjunto de lineamientos, objetivos, medidas y  mecanismos institucionales que una jurisdicción adopta para enfrentar el cambio  climático de manera integral. Su finalidad principal es orientar la acción climática en  el territorio, abordando tanto la reducción de las emisiones de gases de efecto  invernadero (mitigación) como la disminución de la vulnerabilidad frente a los  impactos climáticos presentes y futuros (adaptación). 

Desde el punto de vista conceptual, el PRCC se apoya en el reconocimiento científico  de que el cambio climático es un fenómeno de origen predominantemente  antropogénico, asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero  provenientes de la quema de combustibles fósiles, los cambios en el uso del suelo,  la agricultura, los procesos industriales y la gestión de residuos. Frente a este 

diagnóstico, los planes de respuesta traducen los compromisos internacionales y  nacionales en acciones concretas a escala subnacional. 

En el caso argentino, los Planes de Respuesta al Cambio Climático se enmarcan en  la Ley Nacional N.º 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al  Cambio Climático Global, que establece la obligación de las jurisdicciones de  planificar e implementar políticas climáticas coherentes con las Contribuciones  Determinadas a Nivel Nacional (NDC) asumidas por el país en el marco del Acuerdo  de París. 

Un PRCC presenta, habitualmente, los siguientes componentes: 

Diagnóstico climático y territorial, que identifica las principales fuentes de  emisiones, los sumideros de carbono, las amenazas climáticas y las  vulnerabilidades sectoriales. 

Componente de mitigación, con objetivos y medidas orientadas a reducir  emisiones y/o aumentar capturas de carbono, priorizando sectores  estratégicos como energía, transporte, residuos y uso del suelo. 

Componente de adaptación, enfocado en reducir riesgos, fortalecer la  resiliencia de los sistemas productivos, sociales y ecosistémicos, y proteger a  las poblaciones más vulnerables. 

Gobernanza climática, que define la arquitectura institucional, los  mecanismos de coordinación intersectorial y la participación ciudadana. • Sistema de monitoreo y evaluación, que permite medir avances, garantizar  transparencia y ajustar las políticas en el tiempo. 

Estrategia de financiamiento climático, que identifica fuentes de recursos y  mecanismos para viabilizar la implementación del plan. 

En síntesis, el Plan de Respuesta al Cambio Climático no es un documento  declarativo, sino una hoja de ruta operativa que integra la variable climática en la  planificación del desarrollo territorial. 

2. ¿Por qué las jurisdicciones deben implementar Planes de  Respuesta al Cambio Climático? 

La implementación de Planes de Respuesta al Cambio Climático por parte de las  jurisdicciones responde a razones normativas, técnicas, territoriales y políticas. 

2.1 Razones normativas e institucionales 

Desde el punto de vista jurídico, las jurisdicciones subnacionales tienen  competencias directas sobre áreas clave para la acción climática, como el  ordenamiento territorial, el transporte, la energía, la gestión de residuos, la  producción agropecuaria y la protección de los ecosistemas. En el marco federal  argentino, la Ley 27.520 establece presupuestos mínimos, pero delega en provincias 

y municipios la responsabilidad de diseñar e implementar políticas acordes a sus  realidades territoriales. 

Asimismo, los Planes de Respuesta permiten asegurar la coherencia vertical entre  los compromisos internacionales (Acuerdo de París), las NDC nacionales y las  políticas locales, evitando superposiciones, vacíos normativos o contradicciones  entre niveles de gobierno. 

2.2 Razones técnicas y territoriales 

El cambio climático no impacta de manera homogénea en todo el territorio. Las  amenazas, vulnerabilidades y capacidades de respuesta varían significativamente  entre regiones, lo que hace indispensable una planificación climática situada. Las  jurisdicciones cuentan con un conocimiento más preciso de sus dinámicas  productivas, sociales y ambientales, lo que les permite diseñar medidas más  eficaces y contextualizadas. 

En el caso de Misiones, por ejemplo, la elevada cobertura boscosa y la importancia  del sector forestal determinan un perfil climático particular, caracterizado por una  alta capacidad de captura de carbono. Un Plan de Respuesta permite poner en valor  estas características, proteger los sumideros naturales y orientar el desarrollo hacia  un modelo bajo en emisiones. 

2.3 Razones políticas y de gestión pública 

Los Planes de Respuesta al Cambio Climático fortalecen la capacidad de gestión  pública al proporcionar un marco estratégico que ordena prioridades, asigna  responsabilidades y facilita la coordinación intersectorial. Además, constituyen una  señal política clara de compromiso climático, tanto hacia la ciudadanía como hacia  actores nacionales e internacionales. 

La existencia de un plan aprobado y en implementación mejora la elegibilidad de las  jurisdicciones para acceder a financiamiento climático, cooperación técnica y  programas de fortalecimiento institucional, al demostrar planificación, coherencia y  capacidad de ejecución. 

3. Beneficios y oportunidades de los Planes de Respuesta al Cambio  Climático para los territorios 

La implementación de Planes de Respuesta al Cambio Climático genera múltiples  beneficios y oportunidades, que trascienden la dimensión ambiental y se articulan  con el desarrollo sostenible. 

3.1 Beneficios ambientales y climáticos 

En primer lugar, los PRCC contribuyen directamente a la reducción de emisiones de  gases de efecto invernadero y a la conservación de los sumideros de carbono, lo que 

fortalece la contribución de las jurisdicciones a los objetivos climáticos nacionales e  internacionales. Asimismo, las medidas de adaptación reducen la vulnerabilidad  frente a eventos extremos, disminuyendo pérdidas económicas, daños a la  infraestructura y riesgos para la salud. 

La protección de ecosistemas, la gestión sostenible del suelo y la restauración de  áreas degradadas generan beneficios adicionales en términos de biodiversidad,  servicios ecosistémicos y calidad ambiental. 

3.2 Oportunidades para el desarrollo productivo sostenible 

Los Planes de Respuesta abren oportunidades para diversificar y modernizar las  economías locales mediante la promoción de sectores estratégicos como las  energías renovables, la eficiencia energética, la economía circular, la gestión  sostenible de residuos y la producción agroforestal. 

Estas acciones impulsan la generación de empleo verde, fomentan la innovación  tecnológica y fortalecen cadenas de valor locales, contribuyendo a un desarrollo  económico más resiliente y competitivo. 

3.3 Beneficios sociales y territoriales 

Desde una perspectiva social, los PRCC permiten incorporar criterios de equidad y  justicia climática, priorizando a las poblaciones y territorios más vulnerables. La  planificación climática mejora la calidad de vida al reducir riesgos sanitarios,  fortalecer la seguridad hídrica y promover entornos urbanos más saludables. 

Además, los procesos participativos asociados a la elaboración e implementación de  los planes fortalecen la gobernanza democrática, el acceso a la información y la  corresponsabilidad social en la acción climática. 

3.4 Acceso a financiamiento e inserción internacional 

Contar con un Plan de Respuesta al Cambio Climático posiciona a las jurisdicciones  para acceder a financiamiento climático nacional e internacional, incluyendo fondos  multilaterales, cooperación bilateral y mecanismos innovadores como los mercados  de carbono previstos en el Artículo 6 del Acuerdo de París. 

En territorios con ventajas comparativas, como aquellos con alta capacidad de  captura de carbono, estos instrumentos pueden convertirse en una fuente relevante  de recursos para financiar políticas públicas, siempre que se garantice la integridad  ambiental y los beneficios sociales locales.

Conclusiones 

El Plan de Respuesta al Cambio Climático constituye una herramienta clave para que  las jurisdicciones enfrenten de manera estratégica e integrada los desafíos del  cambio climático. Más allá de su función ambiental, estos planes ordenan la acción  pública, fortalecen la gobernanza, generan oportunidades de desarrollo sostenible y  mejoran la resiliencia de los territorios. 

El caso del Plan de Respuesta al Cambio Climático de la Provincia de Misiones  muestra cómo la planificación climática subnacional puede articular mitigación,  adaptación y desarrollo, poniendo en valor las capacidades territoriales y  alineándose con los compromisos nacionales e internacionales.  

En este sentido, la implementación efectiva de estos planes no solo es una  obligación normativa, sino también una oportunidad estratégica para construir  territorios más sostenibles, resilientes e inclusivos.

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Misiones logra el primer Plan Integral Comunitario aprobado del país para conservar la selva

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Familias rurales de los parajes Santa Cruz del Monte y Bella Vista, junto a la Fundación Vida Silvestre Argentina, alcanzaron un hito nacional con la aprobación del primer Plan Integral Comunitario (PIC) bajo la modalidad de Plan de Manejo Sostenible, denominado “Familias Cultivando Agua y Biodiversidad en Misiones”.

El plan fue aprobado por la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y la FAO, y ratificado por el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones. Se enmarca en el Proyecto Pago por Resultados de REDD+ de Argentina. “Desde Vida Silvestre estamos convencidos que la conservación y restauración de los bosques solo es viable con la participación activa de las comunidades locales y por ello es que buscamos e implementamos diversas estrategias en este sentido”, destacó Wilma Amarilla, analista de bosques de Fundación Vida Silvestre Argentina.

“A nivel nacional, existen 95 panes en formulación en 17 provincias, pero este es el primero en obtener aprobación oficial, marcando un precedente para iniciativas comunitarias de conservación en el país”, señaló Amarilla.

El PIC establece un Plan de Manejo a 10 años con 10 componentes estratégicos: manejo forestal, ganadero y apícola; artesanías y turismo; manejo de fauna y de productos forestales no maderables; servicios y accesos básicos; y prevención de incendios forestales. El plan abarca 792,4 hectáreas, de las cuales 448,10 corresponden a bosque nativo, con el objetivo de conservar y ampliar su cobertura, fortalecer la conectividad ecológica y promover sistemas productivos sostenibles.

Próximos pasos

Con la aprobación formal, se inicia el Plan Operativo Anual (POA1). La Autoridad Nacional de Aplicación avanzará con licitaciones para equipamiento productivo, obras de acceso a agua segura y acciones iniciales en los componentes forestal, apícola y ganadero. Paralelamente, se conformará un Comité de Seguimiento integrado por autoridades nacionales, provinciales, la Fundación Vida Silvestre Argentina y las familias beneficiarias para monitorear la ejecución del plan.

Este primer PIC aprobado consolida un modelo de gestión participativa que articula conservación, producción y calidad de vida, y posiciona a Misiones como referencia en políticas comunitarias para la protección de la selva.

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Misiones alcanzó el nivel más bajo de deforestación de su historia, pero la mitad ocurrió en el Corredor Verde

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La deforestación en Misiones volvió a retroceder en 2025 y alcanzó su mínimo histórico, consolidando una tendencia descendente que ya suma tres años consecutivos. De acuerdo con el informe Estado de la Deforestación en Misiones, elaborado por el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, durante el último año se registraron 4.118 hectáreas de bosque nativo deforestadas, lo que representa una reducción del 18% respecto del promedio histórico, estimado en torno a las 5.000 hectáreas anuales.

El dato cobra mayor dimensión al observarse en perspectiva: en 2023 la deforestación había alcanzado las 4.790 hectáreas, en 2024 descendió a 4.277 hectáreas y en 2025 volvió a caer, profundizando una curva descendente que posiciona a Misiones por debajo de sus propios registros históricos. En términos relativos, la pérdida de bosque registrada durante el último año equivale apenas al 0,27% de la superficie boscosa provincial, que supera las 1.500.000 hectáreas, una proporción que refuerza el perfil conservacionista del territorio misionero.

El informe oficial atribuye de manera directa esta mejora a un cambio estructural en el modelo de control forestal, basado en una mayor planificación, profesionalización de los equipos y uso intensivo de tecnología. Durante 2025 se desplegó un esquema de incremento sostenido de los operativos de fiscalización, con más de 150 operativos realizados en distintos puntos de la provincia, superando el enfoque histórico de controles esporádicos.

Como resultado de estas intervenciones, se labraron 111 actas de infracción y se aplicaron 43 multas, cifras que reflejan una presencia territorial más activa del Estado y un fortalecimiento del cumplimiento normativo. El enfoque del Ministerio de Ecología apunta a sostener un piso de al menos 120 operativos anuales de control e inspección en lotes, lo que permite reducir los tiempos de respuesta y cerrar con mayor eficacia el circuito de extracción y transporte ilegal de madera.

Uno de los indicadores más relevantes del informe es la marcada reducción en los Planes de Cambio de Uso del Suelo (PCUS). Durante 2025, la cantidad de estos planes disminuyó un 46% en comparación con 2024, lo que evidencia un endurecimiento en los criterios de aprobación y una política más restrictiva respecto de la transformación del bosque nativo.

En términos más amplios, el total de planes aprobados -incluyendo Planes de Manejo Sustentable- mostró una caída interanual del 39%, consolidando una tendencia a la baja en las autorizaciones que implican presión directa sobre el recurso forestal. Para las autoridades, este descenso no sólo responde a mayores exigencias técnicas, sino también a un efecto disuasorio generado por el refuerzo de los controles en territorio.

El “desmonte hormiga”, una problemática persistente

A pesar de la mejora global, el informe de la cartera que conduce Martín Recamán, admite que la deforestación en Misiones mantiene características estructurales que requieren políticas diferenciadas. El fenómeno continúa siendo mayoritariamente atomizado, con una fuerte prevalencia del denominado “desmonte hormiga”.

Los datos son elocuentes: el 81% de los eventos detectados corresponde a desmontes menores a una hectárea, que en conjunto explican el 29% de la superficie total deforestada. En contraste, las intervenciones de entre 1 y 5 hectáreas representan apenas el 17% de los casos, pero concentran el 44% de la pérdida total de bosque nativo, lo que las convierte en un segmento crítico desde el punto de vista del impacto ambiental.

En cuanto a la tenencia de la tierra, el 77% de la deforestación se produce en parcelas menores a 50 hectáreas, mientras que el 34% ocurre en tierras fiscales, muchas veces asociadas a ocupaciones espontáneas. Estos datos refuerzan la necesidad de articular control ambiental con políticas de ordenamiento territorial y acompañamiento productivo, especialmente en contextos de agricultura de subsistencia.

Categorías de conservación y presión sobre áreas sensibles

El análisis por categorías del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos muestra que la mayor presión se sigue registrando en zonas donde el desmonte está restringido. En 2025, el 56% de la deforestación ocurrió en áreas de Categoría Amarilla, donde el uso del bosque debe ser sostenible y sin desmontes, mientras que el 44% se concentró en áreas de Categoría Verde, donde el cambio de uso del suelo está permitido bajo criterios técnicos estrictos.

Uno de los datos más sensibles del informe es que el 48% de la deforestación se registró dentro del Corredor Verde, un territorio clave para la conectividad biológica de la Selva Paranaense y la conservación de la biodiversidad. Desde el punto de vista geográfico, las zonas de mayor presión se concentran en el noreste y centro de la provincia, con municipios como Pozo Azul, San Vicente, San Pedro y Bernardo de Irigoyen, que en conjunto concentran el 43% de la pérdida total de bosques registrada en 2025.

Más inversión, tecnología y trazabilidad

Durante el último período, el Gobierno concretó una fuerte inversión en recursos operativos, orientada a mejorar la capacidad de control y monitoreo ambiental. Entre las principales incorporaciones se destacan camionetas 4×4, nuevos profesionales con perfiles técnicos especializados, drones, equipamiento de seguridad y una casilla rodante para controles móviles, que amplía la capacidad de fiscalización en zonas rurales y de difícil acceso.

A esto se sumó la implementación de vuelos mensuales de monitoreo territorial y un esquema de capacitación técnica permanente del personal, orientado a optimizar la eficacia de las intervenciones en territorio..

En paralelo, se avanzó en políticas integrales de restauración y concientización. Durante 2025 se plantaron 100 mil árboles, se lanzó la campaña “Respiremos Bosques” y se puso en marcha el Programa Transformación Esencial, mediante el cual se entregaron más de 500 muebles fabricados con madera decomisada a escuelas, clubes y parques provinciales.

Con vistas a 2026, la provincia proyecta profundizar su política forestal con un conjunto de herramientas orientadas a modernización, transparencia y prevención. Entre las principales medidas se destaca la creación del Registro Provincial de Infractores Forestales, que impedirá aprobar planes de manejo a personas o empresas con sanciones activas, permitirá sancionar con mayor precisión a reincidentes y facilitará las consultas de municipios, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad.

También se implementará un Sistema Digital de Trámites y Planes de Manejo, que digitaliza la totalidad de los procedimientos forestales, incorpora notificaciones automáticas y establece canales de comunicación directa con los municipios. El sistema contará además con conectividad satelital Starlink en delegaciones remotas, garantizando la continuidad operativa.

A esto se sumará la ampliación de puestos de control en ruta, con cámaras lectoras de patentes integradas en tiempo real al Registro de Infractores, y el lanzamiento de Eco Contacto, un sistema unificado de consultas y denuncias ambientales que fortalece la participación ciudadana y la trazabilidad de cada intervención.

En conjunto, los documentos oficiales describen la consolidación de un modelo de gestión forestal más moderno, confiable y preciso, con menor margen para irregularidades y una reducción sostenida de la deforestación, que posiciona a Misiones como una de las provincias con políticas ambientales más consistentes del país.

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En la selva de Andresito construyen un enorme recinto para reintroducir una especie extinta en Argentina

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El Maracaná lomo rojo (Primolius maracana) era un guacamayo abundante en Misiones. Hoy está virtualmente extinto en Argentina, ya que desde hace 20 años no se registran individuos en nuestro país. Tampoco hay precisiones sobre las causas de su extinción, pero se cree que la pérdida de grandes árboles para su nidificación, el mascotismo y la persecución, llevaron a esta especie a la desaparición.

Desde el año 2023, el equipo del Proyecto Maracaná de Aves Argentinas trabaja arduamente en la Reserva El Puente Verde, al norte de Misiones, para recuperar este monumento natural. El día a día del equipo incluye el enriquecimiento ambiental, el entrenamiento de las habilidades de cada individuo, la alimentación con frutos y flores nativas del Bosque Atlántico y, ahora, el entrenamiento de vuelo; todo esto para asegurar que estén preparados para sobrevivir en libertad.

Vuelve un monumento natural

La inauguración de una nueva y ampliada área de entrenamiento de vuelo es crucial para preparar a los maracanás para su liberación y su regreso a los cielos misioneros.

Para ello, herreros especializados y el equipo de Aves Argentinas, diseñaron y construyeron un gran y moderno jaulón que se encuentra inmerso en el corazón de la reserva. 

Con una longitud de 20 metros y más de 6 metros de altura, esta estructura está especialmente preparada para que las aves desarrollen la musculatura y las habilidades de vuelo esenciales para sobrevivir en la selva.

Además, tiene una zona de manejo extra de 5 metros, diseñada para la manipulación y chequeos de los ejemplares de la manera más segura y con el menor contacto humano posible, crucial para una reintroducción exitosa, con foco en la independencia y su comportamiento natural, aspectos vitales para su supervivencia una vez liberados.

“Este proyecto representa un esfuerzo colectivo clave en la conservación y recuperación del patrimonio natural de Argentina. Cada paso que damos es pensando en el bienestar del plantel. Estamos cada vez más cerca de verlos volver” expresó Sofía Zalazar, responsable del proyecto en Aves Argentinas.

El Proyecto Maracaná se enmarca en las acciones de Aves Argentinas que, con el Proyecto Bosque Atlántico, trabaja en ejes estratégicos como la creación y fortalecimiento de áreas naturales protegidas, la restauración de ambientes, el estudio y manejo de especies amenazadas, la producción sostenible y el turismo de naturaleza.

Con todo este trabajo, la reintroducción del Maracaná lomo rojo en Misiones está cada vez más cerca de concretarse.

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Loi Suites invierte USD 10 millones en la ampliación de su hotel en Iguazú

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Puerto Iguazú vuelve a marcar el rumbo como uno de los principales polos de inversión turística del norte argentino. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, junto al ministro de Turismo, José María Arrúa, recibieron a Pedro Loitegui, propietario de la cadena Loi Suites, quien anunció una inversión de 10 millones de dólares destinada a ampliar el complejo Loi Suites Iguazú y desarrollar un nuevo centro de atracciones con experiencias inmersivas, orientadas a “vivir la selva desde adentro” sin alterar el entorno natural.

“La incorporación de este nuevo atractivo no solo jerarquiza la oferta turística de Iguazú, sino que también genera más trabajo para nuestra gente”, destacó Passalacqua tras el encuentro, subrayando el impacto directo del proyecto en el empleo y la economía local.

Arquitectura integrada a la selva

El proyecto se desarrollará dentro de la reserva Selva de Iryapú, prolongación natural del Parque Nacional Iguazú, en un predio lindero de 10 hectáreas sobre el curso inferior del río Iguazú, aguas abajo del actual hotel. Se trata de un terreno cubierto por selva nativa, con fuertes desniveles y una pronunciada barranca hacia el río, cuyas características definieron el enfoque arquitectónico del emprendimiento.

La propuesta mantiene la identidad conceptual del actual Loi Suites Iguazú y se apoya en un minucioso estudio planialtimétrico y de relevamiento de especies de gran porte, con un factor de ocupación del suelo muy bajo y una altura edilicia que no supera el techo natural de la selva. Lejos de un edificio único, el diseño segmenta el proyecto en módulos articulados por circulaciones peatonales, generando recorridos inmersivos en permanente contacto con la naturaleza.

Los materiales elegidos –madera, vidrio, planos de piedra y revestimientos texturados en tonos tierra– buscan integrar la arquitectura al paisaje, mientras que las construcciones se apoyan en bases aisladas, sin alterar el perfil rocoso del terreno

Con una superficie total de 4.919,52 metros cuadrados, el proyecto amplía de manera significativa la capacidad y los servicios del complejo. En la cota del lobby, con continuidad del acceso vehicular, se desarrollarán un salón de eventos con restaurante parrilla y una pileta semicubierta, ambos de aproximadamente 1.000 metros cuadrados.

En la cota de las habitaciones, conectados por senderos peatonales, se construirán tres módulos de suites en dos niveles, con recepción y áreas de estar independientes, que suman unos 2.800 metros cuadrados y permitirán incorporar 24 nuevas suites al hotel.

El nuevo centro de atracciones con experiencias inmersivas se plantea como un complemento estratégico: una propuesta de valor diferencial que combina tecnología, interpretación ambiental y turismo de naturaleza, alineada con la creciente demanda de experiencias auténticas y sostenibles.

La ampliación del Loi Suites se inscribe en un ciclo de inversiones privadas de alto impacto en Puerto Iguazú, que en los últimos años sumó proyectos clave para el turismo de reuniones y eventos. Entre ellos se destaca el Centro de Convenciones Yriapú, impulsado por CT Hoteles, que fortaleció la capacidad de la ciudad para captar congresos, encuentros corporativos y eventos de escala regional e internacional.

Este entramado de inversiones consolida a Iguazú no solo como destino de naturaleza, sino también como plataforma de turismo premium, corporativo y de experiencias, con fuerte anclaje en la sustentabilidad ambiental y la generación de empleo local.

En ese camino, la nueva apuesta de Loi Suites refuerza una tendencia clara: crecer sin romper el equilibrio con la selva, transformando el entorno natural en el principal activo económico y simbólico del destino.

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