SEMILLAS

Se realizó el segundo encuentro de semillas originarias y saberes indígenas

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Reunió a las autoridades de unas 30 comunidades Mbya Guaraní de la provincia, entre ellos Mburuvicha (caciques), Opiguá (jefes religiosos) y Kuña Karaí (mujeres sabias); además de funcionarios del Poder Ejecutivo, diputados provinciales y referentes del ámbito académico.

El objetivo de la iniciativa es propiciar un espacio, en el ámbito de la Legislatura provincial, para visibilizar y poner en valor los saberes ancestrales, y las diversas prácticas de recuperación, conservación y distribución e intercambio de semillas originarias.

Fue pensada para dar lugar a una serie de exposiciones, debate y consensos con la expectativa de generar políticas públicas desde la cosmovisión de los Pueblos Originarios para el resguardo y defensa jurídica de la semilla como un bien público de las tekoa (aldeas) guaraníes de Misiones.

La apertura estuvo a cargo del diputado provincial Juan Pablo Ramírez; la ministra de Agricultura Familiar, Marta Ferreira; el cacique de la comunidad Andresito de San Ignacio, Arturo Duarte; el vicegobernador electo, Carlos Arce; y el subsecretario de Desarrollo Territorial, Osmar González. La magister antropóloga Ana María Gorosito moderó los conversatorios interculturales.

Los oradores coincidieron en que la semilla originaria, para los guaraníes, representa la materialidad del producto, y es a su vez fundamento de la cultura y la sociedad ligada al ámbito sagrado; lugar donde se forjan e incorporan los valores y normas identitarias, construidas y revitalizadas a través de la historia.

Por lo tanto, el control sobre las semillas originarias, es decir el conjunto de su patrimonio genético y el conocimiento asociado a ellas, aseguraron, es parte fundamental e insustituible para los guaraníes, porque posibilita un equilibrio de la base material de subsistencia y además estructura los ciclos dentro de su cosmovisión.

Durante el encuentro también se proyectó el corto documental “Semillas originarias y saberes indígenas”, producción audiovisual comunitaria.

Organizó esta actividad la Subsecretaría de Desarrollo Territorial dependiente de la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar, en colaboración con la Cámara de Representantes y comunidades guaraníes de San Pedro, Pozo Azul, Campo Grande, Colonia Aurora, San Ignacio, Aristóbulo del Valle, Comandante Andresito, Puerto Leoni, El Alcázar, Colonia Fracrán, Santiago de Liniers, Ruíz de Montoya, Mado, Capioví, San Vicente, Iguazú, Hipólito Irigoyen, Oro Verde y El Soberbio.

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Semillas: un decreto apurado por Macri y la discusión de fondo sobre las patentes

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El gobierno nacional intentó en varias oportunidades aprobar la ley de Semillas. Hasta ahora no contó con la oposición y ante el nuevo escenario político, será más difícil aún encontrar consensos. Pero, el pasado jueves el presidente Mauricio Macri intentó sacar la ley por decreto. 

“El Gobierno trata de sacar la ley para negociar con un sector agrario. La discusión pasaría a ser de política a económica, si saliera el decreto”, interpreta Sebastián Oriozabala subsecretario de Planificación Rural del ministerio del Agro de Misiones. Y al parecer, fue parte de una negociación política, ya que el decreto fue desactivado apenas un día después del anuncio. 

En diciembre de este año, la ley pierde estado parlamentario y eso aliviaría la discusión. 

Pero ¿de qué se trata esta ley y cómo afectaría a los colonos misioneros? 

Se trata de reformar una ley de 1973. Hay varios proyectos en danza, pero Cambiemos impulsó uno que inclina la balanza hacia los grandes laboratorios de agrobiotecnología

“Hasta ahora la discusión la dan en la Pampa húmeda, los productores de oleaginosas. Pero esta ley afecta sobre todo a las economías regionales. Afecta todas las semillas, desde las de zapallo hasta las de eucalipto”, señala Oriozabala. 

“Es una ley muy conflictiva. A Misiones y a las economías regionales no nos beneficia en nada”, insiste el joven funcionario

“El desarrollo de la agrobiotecnologia, la investigación genética lleva que necesitemos una nueva ley. El punto de discusión, es qué intereses representa. Debemos lograr una ley que responda a la mayoría de los sectores. 

En principio el gran tema, es que la mayoría de las economías regionales están fuera de la discusión”, planteó el funcionario misionero. 

La discusión se está dando entre los grandes productores de soja y maíz. Cooperativas, asociaciones, pymes y los laboratorios como Bayer, Shell y otros. “Por ahora es una ley que representa intereses de los laboratorios”. 

Dos cuestiones atentan contra los productores: “Dejarán de tener disponibilidad de las semillas que salen de su producción. Luego de cada cosecha, el productor guarda semillas, eso no podrá hacerlo con esta nueva ley”, señaló el subsecretario. El problema es para la semillas híbridas, y no para las transgénicas ya que estas últimas implican un paquete tecnológico que no tiene discusión: pertenecen a determinado laboratorio y se compra con insumos. 

“No podes sacar tu propia semilla, no podes volver a plantar. Lo que dice la ley es que no podes usar esa semilla de tu producción, tenes que pagar un canon”, pero la ley todavía no salió y esta cuestión es una de las claves de por qué genera conflicto. 

Pero a los misioneros, esta cuestión viene en segundo lugar. Lo más perjudicial de esa ley sería el planteo de “propiedad intelectual”. 

“Argentina no tiene reglamentado ningún sistema de patentes. Entonces el problema sería con las semillas, nativas o criollas”, indica Oriozabala. 

“Si viene Monsanto a Misiones y estudia un maíz que le parece tiene buena adaptación, la patenta y de ahí en más le pertenece. Aunque la vengan usando hace siglos los aborígenes o los productores”, explicó.  

La semilla pasa a ser propiedad de una empresa, aunque haya sido usada por generaciones o sea natural de un lugar. De ahí en más, el productor debería comprar esa semilla a la empresa, cada vez que quiera plantar. Y ahí se vuelve sobre el primer conflicto: tampoco se podría usar la semilla de una cosecha propia. 

“El problema es que una cooperativa en Misiones, o una asociación de productores no tiene recursos para instalar un laboratorio genético, estudiar y patentar una semilla”. No puede competir con Bayern, Shell o Monsanto. 

En Misiones, el sector que más riesgos corre con esta ley es el forestal. Pero en realidad todas las producciones corren el riesgo, puesto que todo nace de una semilla. 

Con esta ley “podés utilizar cualquier semilla en tanto y en cuanto una empresa no la registre. Si la empresa la patenta, aunque sea natural de un lugar, hay que pagarle un canon a esa compañía”.

Repetimos, la ley no se aprobó. Pero está buscando salir de alguna manera. La pelea la están dando los cerealeros del centro del país. Pero el problema es para todos. 

“Es una cuestión de quién tiene el derecho a disponer o no de algo que viene de la naturaleza”. Oriozabala insistió con un ejemplo: la cooperativa de San Ignacio produce una variedad de maíces, si en algún momento Monsanto prueba que la variedad ‘mato groso’ se adapta a ciertas condiciones, la patenta y ya nadie puede producir con esa semilla sin pagarle a esa corporación; ni siquiera la cooperativa que la viene reproduciendo hace años. “El dueño es el laboratorio, no la comunidad que la venía usando”.

“Lo que se negocia es eso: se discute quién es el dueño de la semilla”, sentencia.

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Proponen Ley de Semillas: Proteger la soberanía alimentaria ante el avance de transgénicos

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El presidente del Bloque del Partido Agrario y Social, Martín Sereno, presentó el Proyecto de Ley de Semillas que garantiza un amplio espectro de derechos de todas las personas que habitan Misiones. Por ejemplo el derecho a definir e implementar libremente sus estrategias y modos de obtención, producción, investigación, almacenamiento, intercambio, comercialización, distribución y consumo de semillas, para el logro de la seguridad y soberanía alimentaria, sanitaria, tecnológica y el desarrollo agroalimentario sustentable.

La norma se enmarca en el cumplimiento de la Ley XVI-Nº 47 (antes Ley 3337) sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y sus componentes, y se declaren de interés público, y libre de todo derecho de propiedad intelectual las semillas nativas y criollas, elaboradas, generadas o mejoradas con recursos públicos, así como los conocimientos tradicionales asociados a ellas.

Una visión compartida

El legislador del PAyS, destacó que el espíritu del Proyecto de Ley obedece a una visión colectiva con organizaciones de la agricultura familiar, campesinas, indígenas, de pequeños productores, instituciones académicas y sociales, organizaciones ambientalistas, culturales y comunitarias, que promuevan la Soberanía Alimentaria,y una agricultura de tipo tradicional y agroecológica.
“Nos da orgullo haber elaborado este proyecto que protege la soberanía alimentaria ante los avances de los transgénicos, y los derechos intelectuales y patentes de las grandes corporaciones.

Siempre mantuvimos el convencimiento que es necesaria una norma que fomente la soberanía alimentaria, y no hay soberanía sin la capacidad para producir nuestras propias semillas y resguardarlas”, afirmó el autor del proyecto que presentó junto a sus pares de bloque.

Sostener la producción de semillas

El diputado Sereno recordó que el PAyS hace mucho tiempo que trabaja en esta idea, y espera contar con el apoyo de los otros bloques en la Cámara de Representantes, para aprobar la norma, “a pesar de que sabemos que hay presiones de grandes intereses económicos en esto”.

Consideró que Misiones tiene capacidad de producción tanto en los pueblos originarios, como en los agricultores que fueron maltratados por el Gobierno nacional, “por eso creemos que parte del proceso para lograr la soberanía es proteger nuestras semillas nativas, fomentar y sostener su producción ante la embestida de las corporaciones”, indicó.

“Garantizar la biodiversidad de nuestros territorios”

El proyecto plantea en el marco de derechos de la Soberanía Alimentaria la necesidad de proteger las semillas, en particular las nativas y criollas, las generadas y mejoradas con recursos públicos, para la producción de alimentos sanos frente a los intentos de apropiación privada de las semillas.

“Buscamos garantizar el presente y futuro de la alimentación y la salud, la biodiversidad y la conservación de nuestra cultura y territorios, y conocimientos tradicionales del pueblo misionero”, expresó Sereno.

El bloque del PAyS entiende que el Estado tiene obligaciones intransferibles para garantizar el cumplimiento de esta ley: diseñar las políticas públicas en materia de semillas, garantizar el derecho a la reserva y uso propio gratuito sin restricciones, conservar y proteger las semillas nativas y criollas, fomentar la producción de la agricultura familiar, campesina e indígena.

Así como incentivar la producción comunitaria y pública de semillas con recursos públicos, promover la investigación participativa y corresponsable, la formación, el acompañamiento técnico y la innovación para la producción de semillas y mejorarlas a través de la investigación e innovación productiva y tecnológica.

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El debate por el maíz transgénico: ambientalistas advierten que el proyecto limitará el acceso y manejo de las semillas

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Luego que los representantes de Agricultura Familiar de Nación defendieran el proyecto de producir maíz transgénico en pequeñas chacras misioneras, el Frente Ciudadano Ambiental Kaapuera planteó su oposición por como sería el manejo de las semillas
Sobre las manifestaciones en defensa del programa de maíz transgénico que realizaron los funcionarios Walter Kunz y Jerónimo Lagier, Director Nacional y coordinador de la Secretaria de Agricultura Familiar del Gobierno de la Nación, el Frente Ciudadano Ambiental Kaapuera emitió el siguiente comunicado:
Es falso que desde la Nación se propicie la “libertad” de elección a los agricultores, cuando lo que justamente se hace es un programa de estimulo (como ellos mismos) admiten, a la producción de maíz transgénico.
Justamente el uso de semillas homogeneizadas, cercena a los AGRICULTORES la libertad sobre los modos de obtención, producción, investigación, innovación, almacenamiento, conservación, intercambio, comercialización, distribución y consumo de semillas.
Que el Estado promueva el uso de este tipo de semillas transgénicas es un ACTO ilegal, por cuanto el acto jurídico que habilita deviene en inconstitucional, al contradecir los preceptos de la Convención Sobre la Diversidad Biológica, a la que la Argentina adhirió mediante la sanción de la ley 24.375, y que declara “…de interés público y libres de todo derecho de propiedad intelectual las semillas nativas y criollas, las semillas elaboradas, generadas y/o mejoradas con recursos públicos, así como los conocimientos tradicionales asociadas a ellas”.
Es inconstitucional, además, por cuanto siendo la provincia de Misiones un territorio comprendido en los términos del Convenio N° 169, de la OIT, de rango Constitucional en la Argentina desde año 2011, se debió, previo a la implementación y ejecución de este proyecto, someter al consentimiento previo, libre e informado de nuestras comunidades indígenas.
Por lo que sí se debió hacer un estudio de impacto ambiental, a los fines de determinar los efectos de este sobre las comunidades indígenas.
Con esto queda en evidencia, que estos funcionarios no tienen la más mínima formación y preparación técnica para el cargo que ocupan, o bien dolosamente están trasgrediendo nuestras normas constitucionales, y avasallando las libertades de los pequeños productores y de los pueblos indígenas. Las consideraciones de los funcionarios ponen en duda además el daño que éstos cultivos generan en el suelo, agua, monte y salud, daños sobradamente comprobados donde se utilizaron transgénicos, y le restan importancia a las capueras, espacios de regeneración de la Selva, de biodiversidad.
Finalmente, si es cierto que el maíz tendrá como destino ser alimento de los “chanchos” brasileros, gran productor mundial de porcinos (de hecho es el 4to. Productor mundial), eso quiere decir que por medio de este maíz se sacarán las nutrientes de nuestros suelos para alimentar el alimento que le da proteínas a los países industrializados; mientras nos quedamos con un suelo “desnutrido”. Martín Ferroni, abogado, Frente Ciudadano Ambiental Kaapuera

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La modificación a la Ley de Semillas es inconstitucional y perjudica a los productores, advierte Kaãpuera

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El Frente Ciudadano Ambiental Kaãpuera advierte que es inconstitucional la modificación de la Ley de “Semillas y Cultivares” N° 20.247 que se trataría el próximo 21 de noviembre en el Congreso de la Nación, y rechaza el proyecto en cuestión por perjudicar a los pequeños y medianos agricultores y a las comunidades originarias, ambas con fuerte presencia en la provincia de Misiones.
El abogado MartínFerroni, integrante de Kaãpuera, recordó que la modificación a la actual Ley de Semillas “es inconstitucional por no cumplir con el Convenio N 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) porque al afectar a comunidades indígenas debería haber consulta previa, libre e informada, acto que no ocurrió” .
Dicho Convenio, ratificado por la Ley 24.071 en el año 1991 y con rango constitucional a partir del año 2011 en nuestro país; “debe ser aplicado toda vez que una acción pueda afectar los derechos colectivos de las comunidades indígenas; es su derecho a la consulta”, profundizó Ferroni, al tiempo que recordó que “es responsabilidad de los gobiernos convocar a estas consultas previas”.
La modificación a la Ley de Semillas, ahora en manos de los legisladores, “beneficia exclusivamente a las semilleras, que son corporaciones como Bayer – Monsanto, Syngenta, Dupont, KWS AG, entre otras”, dijo el abogado, al tiempo que recordó que “es rechazada aún por los grandes productores agropecuarios, que junto a los pequeños y medianos se ven afectados por las mayores regalías que tendrán que pagar”.
Con la modificación -señaló- “sólo se beneficia a las semilleras y hay un perjuicio para todos los productores, sin importar el tamaño, porque los obliga a pagar regalías por el uso propio de las semillas, semillas que son producto de su plantación”.
Ferroni además hizo notar que la modificación a la Ley de Semillas “afecta el derecho a la soberanía alimentaria, por cuanto implica una privatización de las semillas. Y de aprobarse, en los términos del proyecto aprobado en comisiones se constituirá la primera norma que en la Argentina pone marca de patente a seres vivos, como lo son las semillas”. Tal como está planteada, agregó, “este proyecto, buscar terminar con la producción independiente de alimentos, la agricultura campesina e indígena, expropiarnos la soberanía alimentaria y el territorio”.

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