La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) celebró la oficialización del nuevo protocolo destinado a realizar controles de identidad varietal en granos, una medida orientada a proteger la propiedad intelectual de las semillas en el ámbito agroindustrial local. No obstante, la entidad que nuclea a las principales compañías de mejoramiento genético vegetal aclaró que la disposición funciona como un paso inicial para brindar previsibilidad y reactivar inversiones, pero no constituye una solución definitiva al problema de fondo.
El director ejecutivo de la ASA, Alfredo Paseyro, precisó que la resolución firmada por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el titular del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Martín Famulari, no altera las prácticas operativas actuales de los productores, ya que le otorga un marco institucional formal a un esquema de validación que el sector privado ya implementa desde hace una década mediante contratos individuales.
La problemática de la falta de resguardo a la innovación afecta principalmente a las especies autógamas, como la soja y el trigo, cuyas semillas pueden ser reproducidas por el propio agricultor para campañas consecutivas sin necesidad de realizar nuevas compras. Esta situación provocó un marcado desincentivo a la inversión local en comparación con los mercados regionales: el año pasado, Brasil registró 330 variedades de soja frente a solo 23 variedades presentadas en la Argentina.
La nueva normativa, impulsada activamente por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, establece que las muestras de granos se tomarán en el primer punto de entrega dentro de los establecimientos registrados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). Los análisis de identidad varietal se realizarán a través de metodologías homologadas por el INASE —incluyendo escáneres e inteligencia artificial— en cámaras arbitrales o entidades privadas autorizadas.
Si el sistema detecta inconsistencias respecto de las variedades registradas, la norma prevé una instancia de negociación directa entre el titular de la genética y el productor, reservando la intervención del INASE únicamente para los casos donde no se alcance un acuerdo privado. El Poder Ejecutivo estima que este ordenamiento permitirá reducir la brecha tecnológica y proyecta un incremento potencial de las exportaciones agrícolas de al menos 4.000 millones de dólares anuales.
”Una hectárea de algodón en el Chaco rinde unos 600 kilogramos de fibra, mientras que en Brasil los rindes superan los 1.800 kilogramos”, argumentaron las autoridades nacionales al graficar el impacto del retraso genético por la falta de protección de derechos.
A pesar del avance administrativo, desde el sector semillero remarcaron que la medida no reemplaza la necesidad de reformar de manera integral la Ley de Semillas. El debate de fondo apunta a la adhesión a los estándares internacionales de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), asumida en un entendimiento comercial con los Estados Unidos. Esta normativa restringe el uso propio no retribuido de las variedades, un punto que genera un fuerte rechazo por parte de las entidades de la Mesa de Enlace y federaciones rurales ante el temor de un encarecimiento en los costos de producción.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que a través de la Resolución Conjunta N° 3/2026 , firmada con el Instituto Nacional de Semillas (INASE), se puso en marcha un nuevo protocolo para la identidad varietal de las semillas, a partir de muestras obtenidas en el primer punto de entrega del grano.
De la Resolución se desprende que el muestreo alcanzará a la totalidad de las entregas efectuadas por los agricultores de las especies que cuenten con un método de identificación varietal aprobado por el INASE.
Asimismo, el nuevo modelo plantea que en el primer punto de entrega del grano (un acopio, por ejemplo) se tomarán muestras que podrán ser utilizadas no solo para realizar análisis de condiciones típicas de calidad o humedad sino también para identificar la variedad utilizada.
Las muestras solo podrán ser analizadas por las Cámaras Arbitrales o entidades privadas que hayan suscrito convenios o estén habilitadas por el INASE para identificar la variedad vegetal.
El objetivo de este nuevo esquema es garantizar el correcto uso de las variedades protegidas, la transparencia en el mercado de semillas, proteger los derechos de los obtentores y sobre todo constituye un incentivo clave para fomentar la inversión en el desarrollo de nuevas variedades y el incremento de la productividad del sector agroindustrial.
Por último, cabe destacar que este protocolo se aplicará a los nuevos cultivares que resulten inscriptos en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares y en el Registro Nacional de Cultivares a partir de la publicación de la Resolución.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Instituto Nacional de Semillas (INASE) dieron un nuevo paso en el fortalecimiento de los mecanismos de protección de la propiedad intelectual vegetal al aprobar un protocolo que permitirá controlar la identidad varietal de los granos comercializados desde el primer punto de entrega. La medida, oficializada mediante la Resolución Conjunta 3/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial, busca reforzar la trazabilidad de las semillas protegidas y dotar de mayores herramientas de fiscalización a los obtentores de variedades registradas.
La decisión se inscribe en un debate histórico del agro argentino: la protección de los derechos de propiedad intelectual sobre las innovaciones genéticas en semillas y la necesidad de garantizar que quienes desarrollan nuevas variedades puedan recuperar las inversiones realizadas en investigación y mejoramiento vegetal.
El nuevo esquema establece que las muestras de granos tomadas en los centros de acopio, plantas de procesamiento o cualquier establecimiento que opere como primer punto de entrega deberán ser sometidas a análisis de identidad varietal mediante tecnologías reconocidas por el INASE. El objetivo es determinar con precisión qué variedad vegetal se encuentra presente en cada lote comercializado y verificar si corresponde a cultivares protegidos bajo el régimen de propiedad intelectual vigente.
La normativa se apoya en los avances tecnológicos que permiten identificar variedades vegetales en plazos cada vez más reducidos y con elevados niveles de precisión científica. Según los fundamentos de la resolución, estas herramientas ofrecen evidencia objetiva y técnicamente validada para detectar posibles infracciones a la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas.
Uno de los aspectos más relevantes del nuevo protocolo es la incorporación formal de actores privados al sistema de control. Las Cámaras Arbitrales y entidades especializadas que celebren convenios con el INASE podrán adquirir muestras, realizar análisis y remitir los resultados a los titulares de las variedades registradas. A su vez, los establecimientos donde se efectúe el muestreo estarán habilitados para firmar acuerdos con entidades vinculadas al comercio de granos con el fin de financiar y coordinar las tareas operativas.
El procedimiento prevé que, una vez identificado un cultivar protegido, el titular de los derechos pueda recibir de manera inmediata los resultados del análisis y, en caso de detectar presuntas irregularidades, presentar una denuncia ante el INASE dentro de los 60 días posteriores a la emisión del certificado correspondiente. En paralelo, conserva la posibilidad de iniciar acciones legales por la vía que considere pertinente.
La resolución también determina que las muestras analizadas y las de respaldo deberán conservarse durante un plazo mínimo de 60 días, permitiendo que la autoridad de aplicación disponga de material suficiente para eventuales investigaciones o actuaciones administrativas.
Desde el punto de vista productivo, la medida apunta a fortalecer un sistema que históricamente ha enfrentado dificultades para controlar el uso de semillas protegidas, especialmente en cultivos autógamos como soja y trigo, donde la reutilización de semilla por parte de los productores ha sido motivo de controversias recurrentes entre obtentores, semilleros y entidades rurales.
La articulación público-privada promovida por la resolución refleja una estrategia orientada a mejorar la trazabilidad del mercado de semillas sin incrementar la estructura estatal de fiscalización. Para el Gobierno, este esquema permitirá aumentar la transparencia del sistema y generar incentivos para la inversión en genética vegetal, un factor considerado clave para sostener la competitividad del agro argentino en los mercados internacionales.
La medida tendrá aplicación sobre los cultivares que se inscriban en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares a partir de la entrada en vigencia de la resolución. Asimismo, el incumplimiento de las disposiciones establecidas podrá ser sancionado conforme a las penalidades previstas en la Ley 20.247.
Detrás de la decisión subyace una apuesta estratégica: consolidar un marco regulatorio que otorgue mayor previsibilidad a las empresas dedicadas al mejoramiento genético y al desarrollo de nuevas variedades, en un contexto donde la innovación tecnológica se ha convertido en uno de los principales motores de productividad del sector agroindustrial argentino. Para una economía cuya competitividad externa depende crecientemente de la incorporación de conocimiento y biotecnología, el fortalecimiento de los mecanismos de protección intelectual aparece como una pieza central de la agenda agropecuaria.
En el marco de una nueva edición de Jonagro, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, marcó la hoja de ruta del Gobierno Nacional para el sector agropecuario. Con una definición tajante, el funcionario aseguró que avanzar hacia una nueva Ley de Semillas es una de las reformas estructurales e indispensables para impulsar la producción argentina.
Tras las palabras de apertura de Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sturzenegger repasó las medidas de desregulación de la administración de Javier Milei.
Pero centró su discurso en un tema histórico para el campo: el marco legal de la biotecnología. Uno de los anuncios más disruptivos de su exposición fue la transformación del Instituto Nacional de Semillas (INASE). Según explicó el ministro, el plan oficial consiste en retirar al organismo de la fiscalización directa.
“Lo que estamos haciendo con el Inase es transferir la potestad de la fiscalización al sector privado; el Inase va a quedar como un tribunal de alzada cuando hay conflicto”, detalló. Bajo este nuevo esquema, el organismo funcionaría únicamente como una instancia de apelación o “tribunal” ante controversias, dejando el control en manos de los privados.
Sturzenegger planteó que el Gobierno tiene una “mirada distinta” sobre un debate que lleva décadas dividiendo al sector. Para el ministro, proteger la propiedad intelectual no es un beneficio para las empresas, sino para el agricultor: “El derecho a la propiedad de la semilla es defender al productor, para que tenga la posibilidad de acceder a la mejor genética”.
Para ilustrar su punto, comparó la situación de Argentina con el mercado internacional, citando el caso del algodón en Brasil. El funcionario advirtió que mientras otros países avanzaron respetando patentes, la productividad argentina se estancó.
“La Argentina podría incluso duplicar la producción de algodón si lograra incorporar genética de mayor potencial. No tener derecho de propiedad nos ha afectado fundamentalmente la productividad”, sentenció.
Con la participación de 204 productores y representantes de organizaciones de agricultores, técnicos e instituciones de investigación de Argentina, Brasil, Bolivia y Colombia, finalizó en Puerto Iguazú el taller internacional del proyecto Raíces, un espacio orientado a la conservación, el rescate y el Mejoramiento Genético Participativo descentralizado de semillas criollas y nativas.
El encuentro reunió experiencias territoriales diversas, con presencia de agricultores y técnicos de Misiones y Jujuy, junto a delegaciones de Brasil y Bolivia, y la participación de Colombia como país invitado interesado en proyectar estas iniciativas en sus propios territorios. En total, participaron más de 25 organizaciones de agricultores y pueblos originarios de los tres países y otros productores guardianes de semilla que integran el proyecto, así como referentes de 10 instituciones académicas de Misiones.
El taller contó además con la participación de instituciones nacionales de investigación agropecuaria, técnicas de referencia en la región, como la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA) por Brasil, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) por Bolivia, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) por Argentina y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA) por Colombia, consolidando un espacio de articulación entre ciencia, territorio y agricultores.
El proyecto Raíces es financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), a partir de fondos suplementarios de la Unión Europea, ejecutado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), y tiene como meta trabajar con 1.200 familias agricultoras en Argentina, de las cuales 600 corresponden a Misiones y 600 a Jujuy.
Intercambio regional con foco en los agricultores
Durante las jornadas desarrolladas en Iguazú, el foco estuvo puesto en compartir y profundizar estrategias de conservación, producción, circulación y uso de variedades de semillas adaptadas a distintos contextos ambientales.
Las actividades incluyeron exposiciones técnicas y capacitaciones a cargo de especialistas regionales, entre ellos el investigador de EMBRAPA, Altair Machado, referente en Mejoramiento Genético Participativo descentralizado, quien abordó metodologías para el desarrollo de variedades adaptadas a condiciones locales a partir de la agrobiodiversidad local.
Asimismo, se generaron espacios de intercambio entre organizaciones de los distintos países, donde se compartieron experiencias vinculadas a la conservación de semillas, su distribución y, en algunos casos, su comercialización, así como los desafíos que plantea la normativa vigente para su registro y circulación.
En este marco, la investigadora de INTA Cerro Azul y responsable del proyecto en Argentina, Silvina Fariza, destacó que “el enfoque es acompañar a los agricultores en sus chacras, usando sus semillas y respondiendo a sus necesidades, para que puedan mejorar, conservar y comercializar semillas criollas bajo la normativa vigente”.
En ese sentido, agregó que “el aporte concreto es brindar herramientas, conocimientos y equipamiento para que los productores mejoren la calidad y el resguardo de sus semillas, reconociendo que ellos son los principales mejoradores”.
Desde Colombia, la productora y guardiana de semillas María Belma Echavarría destacó el valor de resignificar el mejoramiento desde la práctica: “Para nosotros es algo nuevo hablar de mejoramiento, porque nos hicieron creer que eso se hace en laboratorio y por científicos. Sin embargo, vemos que lo que nuestros antepasados hicieron desde hace miles de años también es mejoramiento”.
El territorio como espacio de aprendizaje
Uno de los momentos centrales del encuentro se desarrolló el miércoles 29 de abril en el paraje Santa Cruz del Monte, donde todos los participantes del taller, junto a la comunidad local, formaron parte de una jornada de trabajo en territorio.
En este espacio se recorrió el primer corredor de la agrobiodiversidad demostrativo implementado en Argentina en el marco del proyecto Raíces, conformado por 12 familias agricultoras. Allí se desarrollan sistemas productivos diversificados, en los que el cultivo de maíz se realiza en consorcio con girasol, crotalaria juncea, poroto sable y maní, promoviendo la agrobiodiversidad, la fertilidad del suelo y el manejo integral de plagas para la sustentabilidad del sistema agrícola.
Durante la jornada se llevó adelante de manera colectiva la cosecha de espigas de maíz previamente seleccionadas, en el marco del proceso de Mejoramiento Genético Participativo. Bajo la dirección técnica del investigador de EMBRAPA, Altair Machado, se realizó la selección, en base a criterios específicos, de los materiales genéticos más adecuados para su conservación y reproducción.
En esta instancia se trabajó sobre una variedad criolla conocida como “100 días”, que se cultiva desde hace más de 40 años en la zona por el productor y referente comunitario Valdir de Paula. Se trata de un material que presenta buen rendimiento, alta adaptación a condiciones climáticas variables —como sequías y tormentas— y una destacada resistencia a plagas y enfermedades.
En relación con este proceso, Valdir destacó el carácter intergeneracional y colectivo del trabajo con semillas: “Desde niño aprendí la selección de semillas y hoy veo a jóvenes interesados en continuar. En este corredor, lo importante es sumar otras semillas y trabajar juntos para seguir aprendiendo”.
La jornada también incluyó espacios de intercambio de conocimientos entre los participantes de los distintos países, donde se pudieron discutir en territorio muchos de los conceptos trabajados durante los días previos del taller.
Desde Brasil (Bahía), la productora y guardiana de semillas Cintia Reis, destacó que “este proceso necesita cada vez más la participación de mujeres y jóvenes. La idea de los corredores es algo muy importante para avanzar en nuestros territorios con las semillas y fortalecer la soberanía alimentaria”.
Desde Bolivia (Beni), Esmeralda Copareare, productora y guardiana de semillas, resaltó los aprendizajes técnicos generados en el intercambio: “Hay muchas diferencias con lo que tenemos en Beni, pero con este proyecto hemos aprendido mucho sobre estas técnicas. Me llamó especialmente la atención cómo marcan las mejores mazorcas en el campo”.
Además, se destacó el rol de las Casas de Semillas —existen más de 20 en Misiones—como espacios comunitarios destinado a la conservación, clasificación e intercambio de variedades locales, poniendo en valor el trabajo organizativo y técnico que llevan adelante los agricultores para resguardar este patrimonio.
El encuentro tuvo también un momento cultural, con la participación del coro de niños de la escuela del paraje, que aportó una dimensión comunitaria y simbólica a la jornada.
Desarrollo rural, inclusión y resiliencia
Desde el enfoque institucional, la oficial técnica del FIDA y responsable del proyecto Raíces, Doina Popusoi, subrayó que “estamos trabajando en el desarrollo rural y, a través de los proyectos, buscamos construir en el ámbito rural la autonomía del productor”.
En esa línea, explicó que “el enfoque es construir sistemas alimentarios fortalecidos y resilientes, que permitan avanzar en la sustentabilidad y enfrentar los desafíos climáticos”, al tiempo que remarcó que “también se busca promover la nutrición y inclusión social, especialmente de mujeres, jóvenes y pueblos originarios y tradicionales en los sistemas alimentarios, tanto en la producción como en la comercialización”.
Por su parte, Caio Lourenço, supervisor de proyectos del IICA Brasil, puso en valor el carácter colaborativo del proyecto: “Trabajamos junto a técnicos y productores, articulando el conocimiento científico con las prácticas locales. Estos espacios permiten intercambiar aprendizajes, generar resultados relevantes y difundirlos a nivel regional”.
Asimismo, destacó que el mejoramiento participativo impulsa procesos de innovación desde los territorios, fortaleciendo la resiliencia frente al clima y las plagas.
Saberes ancestrales y cierre del encuentro
El jueves, como parte de las actividades finales, el grupo visitó una aldea guaraní en la zona de Puerto Iguazú, donde se generaron espacios de intercambio en torno a los saberes tradicionales vinculados al uso, conservación y diversidad de semillas.
Estas instancias permitieron integrar una mirada cultural al abordaje técnico del taller, reconociendo el rol histórico de las comunidades en la preservación de la agrobiodiversidad agrícola.
De esta manera, el encuentro llegó a su cierre consolidando un espacio de cooperación regional y dejando como resultado el fortalecimiento de redes entre organizaciones, instituciones y países, en un proceso que marca un hito en el rescate, conservación y proyección de las semillas criollas y nativas en la región.
