La disputa por la posible interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se convirtió en una nueva prueba de fuerza para el Gobierno nacional en el Senado. A pocos días de una sesión que podría derivar en uno de los debates políticos más incómodos para la Casa Rosada desde el inicio de la gestión libertaria, La Libertad Avanza logró construir una estrategia parlamentaria que, al menos por ahora, le permitiría frenar el avance opositor y ganar tiempo frente a una investigación judicial sobre la evolución patrimonial del funcionario.

La negociación se cerró durante las últimas horas entre el oficialismo y los bloques dialoguistas. El acuerdo contempla modificar las condiciones de tratamiento de la interpelación para exigir una mayoría agravada de dos tercios de los presentes, un requisito que eleva considerablemente la vara para la oposición. A cambio, el Gobierno aceptó abrir el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales, una instancia que permitiría discutir los pedidos de citación a Adorni, aunque sin garantizar una resolución inmediata.

La maniobra fue impulsada por la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien solicitó formalmente una reunión de Labor Parlamentaria para modificar el acta acordada durante la sesión preparatoria de la semana pasada. El cambio no es menor: mientras el peronismo sostiene que una moción para convocar a Adorni requiere mayoría absoluta de 37 votos, el oficialismo y sus aliados buscan imponer el criterio de los dos tercios, es decir, 48 voluntades.

Detrás de la discusión reglamentaria se libra una disputa mucho más profunda. El Gobierno pretende evitar que Adorni enfrente una interpelación específica sobre su patrimonio en un momento políticamente sensible. La alternativa que promueve la Casa Rosada es que el funcionario concurra el próximo 2 de julio a brindar un informe de gestión general, reservándose la posibilidad de responder o no a las preguntas de los senadores.

Por eso la actividad política de este martes no estará concentrada únicamente en el Congreso. El propio Adorni convocó a los senadores oficialistas a reuniones escalonadas en la Casa Rosada para explicar personalmente su situación patrimonial y coordinar la estrategia parlamentaria de cara a la sesión del jueves.

La clave del operativo oficialista pasa por los números. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y ya tendría garantizado el acompañamiento de los representantes del Frente Renovador de la Concordia de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, además de la radical chaqueña Silvana Schneider. Con ese respaldo alcanzaría 24 votos y quedaría a apenas una adhesión de bloquear cualquier intento opositor de reunir los dos tercios necesarios.

En ese escenario, vuelven a adquirir centralidad los bloques provinciales y los legisladores que habitualmente actúan como árbitros de las votaciones más sensibles. Entre los nombres que aparecen cerca de la posición oficialista figuran el mendocino Rodolfo Suárez, la neuquina Julieta Corroza, la chubutense Edith Terenzi, el correntino Carlos “Camau” Espínola y la tucumana Beatriz Ávila.

Del otro lado, el interbloque peronista conducido por José Mayans busca consolidar una mayoría amplia que incluya a sectores provinciales, senadores santacruceños, representantes de Salta y Catamarca, además de legisladores de la UCR y el PRO que vienen mostrando distancia con algunas decisiones del Gobierno nacional.

La discusión expone, una vez más, una característica central del actual esquema político argentino: la capacidad del oficialismo para sostener gobernabilidad sin mayoría propia depende cada vez más de acuerdos circunstanciales con gobernadores y fuerzas provinciales. En ese tablero, los votos de Misiones vuelven a ocupar un lugar estratégico.

Si el oficialismo logra imponer el criterio de los dos tercios, la interpelación quedará virtualmente bloqueada y podría postergarse hasta agosto, una vez concluido el receso parlamentario de invierno. Si la oposición consigue quebrar ese cerco, el Senado avanzará hacia una instancia de alto impacto político para el Gobierno.

Más allá del resultado, la pulseada revela que la principal batalla ya no se libra únicamente en el terreno económico. Con la estabilización de algunas variables macroeconómicas, la Casa Rosada enfrenta ahora un desafío diferente: administrar los costos políticos derivados de una agenda institucional que comienza a ganar protagonismo en el Congreso.