SENADO

Emiten dictamen al proyecto de alivio fiscal y el Senado buscará convertirlo en ley el 30 de junio

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El proyecto de Ley de Alivio Fiscal para beneficiar a trabajadores monotributistas y autónomos, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, obtuvo hoy dictamen unánime al finalizar una reunión de la Comisión de Presupuesto del Senado en la que se resolvió que el tema sea llevado al recinto el 30 de junio.

La iniciativa, que en Diputados fue respaldada por los bloques del oficialismo y de la oposición, pretende mejorar la situación de alrededor de 4,5 millones de monotributistas y de más de 140.000 autónomos.

“Queremos darle respuesta lo más rápido posible a este tema”, afirmó el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, durante la reunión de la comisión en la que anticipó que “el próximo 30 de junio le daremos tratamiento en el recinto”.

De ese modo, el titular de la bancada oficialista aseguró que el proyecto, que cuenta con el respaldo de Juntos por el Cambio, aunque en disidencia parcial, sea convertido en ley antes del 1 de julio para poder contemplar los nuevos parámetros de facturación en la recategorización semestral.

Para ello, deberá compararse la facturación total del período comprendido entre julio de 2021 y junio de 2022 respecto de estos nuevos parámetros para resolver si es necesario cambiar de categoría.

La iniciativa, presentada originalmente por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, busca por un lado actualizar la facturación de los monotributistas para evitar que tengan que cambiar de categoría y pagar mayores cuotas y, por otro, aumentar las deducciones de ganancias que pagan los empleados que revisten en la categoría de autónomos.

Los cambios suman nuevos beneficios para los sectores de menor facturación e incrementan en un 60% el monto tope de las primeras cuatro categorías del Monotributo, mientras que en las dos primeras -A y B- se eliminó el pago del componente impositivo.

Las reformas implementadas al proyecto original contemplan que las categorías más bajas del monotributo -A y B- no paguen el componente impositivo, por lo que la cuota mensual será de $288 y $555 por mes, respectivamente.

Para darle progresividad a la medida, este beneficio será para los monotributistas “puros”, es decir para quienes no tienen otros ingresos ya sea por jubilaciones, relación de dependencia, rentas financieras o alquiler de inmuebles.

De acuerdo con el dictamen original, la facturación que podrá alcanzar cada categoría del monotributo será la siguiente: Categoría A $ 748.382; Categoría B $1.112.459; Categoría $1.557.443; Categoría D $1.934.273; Categoría E $ 2.277.684,56; Categoría F $ 2.847.105,70; Categoría G $ 3.416.526,83; Categoría H $ 4.229.985,60; Categoría I $ 4.734.330,03; Categoría J $ 5.425.770,00; y Categoría K $ 6.019.594,89.

De esta manera, según se precisó, no incluirá aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado.

Los cambios impactarán positivamente en la situación económica de 4.498.419 monotributistas, de los cuales el 39% residente en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y el 61% restante en el resto del país.

Con respecto a los autónomos, el proyecto prevé de 2 a 2,5 veces la deducción especial para autónomos y en triplicar la de nuevos profesionales.

En la reunión de hoy, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el oficialista riojano Ricardo Guerra, aseveró que el proyecto servirá para resolver la “desactualización que se sufre por el proceso inflacionario y que no implique al monotributista pagar más impuestos, tener que saltar de escala o quedar fuera del régimen”.

Mayans agregó que el Frente de Todos “apoyará el despacho tal como vino” porque “se necesita celeridad en el tema para aliviar la situación de estos sectores”.

A su turno, el vicepresidente de la comisión, el radical chaqueño Víctor Zimmermann, consideró que el proyecto “es un parche mal hecho”, y enfatizó que Juntos por el Cambio pedirá algunos cambios en el recinto, aunque insistió en que la oposición “votará en general a favor de la iniciativa”.

Finalmente, la cordobesa de PRO, Carmen Álvarez Rivero, dijo que “este proyecto tiene un costo mayoritariamente sobre la seguridad social”, al tiempo que sentenció que “lo que hay que resolver es la inflación”.

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Senado: nueva reunión sobre proyecto para pagar la deuda con fondos fugados

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Una nueva reunión de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado se realizará hoy para debatir los proyectos que buscan pagar la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con fondos de argentinos que fueron fugados al exterior.

El encuentro está previsto para las 14 y fuentes parlamentarias indicaron que podría haber dictamen si se producen algunos cambios, según analizaron ayer tras una reunión con especialistas.

Los expositores fueron aportados por el oficialismo y por la oposición y motivaron que los autores del proyecto, impulsado por el Frente de Todos (FdT), admitan la posibilidad de incluir modificaciones.

Así lo afirmaron la senadora por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio, y su compañero de bancada, el neuquino Oscar Parrilli.

La senadora bonaerense reveló que la intención del proyecto, que apunta a cobrar una tasa sobre los bienes fugados al exterior, es que “no sea una excusa para el blanqueo de dinero por la comisión de delitos aberrantes”.

En el mismo sentido se expresó Parrilli, quien enumeró una serie de cambios al texto que podría ser dictaminado hoy.

“Vamos a aclarar en el texto expresamente que la única actividad ilícita que exime la ley es en la cuestión penal tributaria y de evasión fiscal. Siguen afuera (sin eximición) el lavado de dinero, el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, el terrorismo y demás”, enumeró.

Añadió que el colaborador debe “dar información que sea veraz, confiable, contundente y sincera” y que no irá a la AFIP a hacer la denuncia, sino al Ministerio de Justicia, que creará una oficina especial.

Advirtió que la información falsa brindada por un colaborador será considerada delito; que el monto mínimo a denunciar es de 500.000 dólares y que se exime de ser denunciantes a abogados, escribanos y contadores.

La participación de los legisladores del Frente de Todos se produjo cuando expuso Jimena de la Torre, abogada especialista en impuestos y política fiscal, exasesora en el Ministerio de Hacienda en la redacción de la Ley de Sinceramiento Fiscal y recientemente elegida para integrar el Consejo de la Magistratura.

“Esto es un impuesto porque tiene una base imponible, un sujeto pasivo y un sujeto activo. No tiene importancia el nombre que le pongan”, explicó De la Torre.

En rechazo a parte del proyecto expresó que “lo más preocupante es que estamos convirtiendo al Estado Nacional en un vehículo para el lavado de activos. El origen de los fondos es fundamental. Este proyecto dice que no lo vamos a revisar”, destacó De la Torre.

Previamente, el doctor en Ciencias Sociales de la UBA Pablo Manzanelli cuestionó duramente el endeudamiento durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri al recordar que fue “el monto más elevado desde 1976”.

“El Gobierno actual hizo una reestructuración que debió haber sido más agresiva porque en el mejor de los casos pospusimos el pago de la deuda para mediados de los años 20”, indicó.

Además, Manzanelli mencionó que “si uno no quiere hacer un ajuste, es necesario desplegar iniciativas que busquen resolver este gran problema”.

“Este proyecto podría contribuir en ese sentido. No necesariamente lo resolverá”, destacó.

Por su parte, el contador público y especialista en finanzas Andrés Edelstein afirmó que “esto es un blanqueo” y disconforme con el proyecto agregó que “no es oportuno porque en los últimos trece años existieron cuatro regímenes de estas características”.

“Estos regímenes se implementan cuando se incrementa la percepción de riesgo por parte del contribuyente. Por ejemplo cuando está por ingresar un acuerdo de intercambio de información entre países. O cuando se dan circunstancias convenientes cuando se dan inversiones”, describió.

El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, subrayó que “la Constitución establece que corresponde al Congreso arreglar la deuda exterior e interior de la Nación”.

“Enfrentar el tema de la fuga de capitales en orden a atender al arreglo de la deuda externa es una norma que las provincias deben valorar porque liberan la carga del conjunto de las riquezas que no gozan de ningún beneficio y están expuestas como garantía del repago de la deuda”, aseveró.

Y respaldó la figura del sujeto colaborador que brindaría al Estado información sobre dónde está el dinero fugado al exterior.

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El Frente de Todos se convertirá en un interbloque en el Senado para frenar a Cambiemos por el Consejo de la Magistratura

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La bancada de senadores nacionales del Frente de Todos se transformará en un interbloque con dos espacios, uno integrado por 21 senadores y otro con 14 miembros, de acuerdo a fuentes oficiales.

El interbloque del oficialismo continuará llamándose Frente de Todos y estará conformado por dos espacios, Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana.

La decisión de conformar un interbloque similar al que constituye Juntos por el Cambio con la UCR y el PRO fue adoptada anoche en conjunto por las autoridades del FdT, el senador por Formosa José Mayans y la vicepresidenta del espacio, Anabel Fernández Sagasti. De esta manera le quitan al PRO del Senado la condición de segunda minoría dejando al cordobés Luis Juez sin la poltrona a la que aspiraba. Es posible que algo similar ocurra en Diputados.

La conformación fue comunicada a través de sendas notas enviadas a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner.

De acuerdo a la primera de las notas firmada por Mayans, el primer bloque con una mayoría de 21 senadores pasará a llamarse Frente Nacional y Popular y estará presidido por el propio senador formoseño.

El segundo de los bloques del oficialismo, de 14 integrantes, se denominará Unidad Ciudadana, según sostiene el texto con el anuncio firmado por la senadora por Buenos Aires Juliana Di Tulio.

El bloque de Mayans quedará compuesto por los senadores Guillermo Andrada, Daniel Bensusán, Eugenia Catalfamo, Maurice Closs, Lucía Corpacci, Carlos Espinola, María Teresa González, Ricardo Guerra, Edgardo Kueider, Claudia Ledesma, Marcelo Lewandowski, Cristina López Valverde, Sandra Mendoza, Gerardo Montenegro, José Neider, María Pilatti, Antonio Rodas, Adolfo Rodríguez Saá, José Uñac y Pablo Yedlin.

El segundo de los espacios del oficialismo será integrado por Sagasti, Di Tulio, Oscar Parrilli, Carlos Linares, Mariano Recalde, Guillermo Snopek, Silvia Sapag, Martín Doñate, Silvina García Larraburu, Nora Giménez, Ana Ianni, Matías Rodríguez, Eugenia Duré y Sergio Leavy.

Durante todo el martes los representantes de Juntos por el Cambio insistieron con la imperiosa necesidad de designar a los representantes que faltan del Congreso para el Consejo de la Magistratura, según marca la vieja constitución del organismo con 20 miembros. Los opositores llegaron a amenazar al titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner con denunciarlos penalmente si no nombraban a los dos representantes legislativos. Para los opositores esos deben ser Roxana Reyes de la UCR por Diputados y Luis Juez del PRO por senadores.

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La Presidencia del Senado informó a la Justicia que los daños por la pedrada superan $ 6 millones

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La Presidencia del Senado de la Nación, a cargo de Cristina Fernández de Kirchner, informó hoy a la Justicia federal que los daños patrimoniales producidos durante la pedrada del 10 de marzo pasado, cuando se debatía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), superan los seis millones de pesos, según un cálculo provisorio que aún no incluye aquellos elementos considerados “históricos” que deberán reconstruirse con trabajo artesanal.

“La evaluación económica reviste carácter provisional y su estimación es aproximada dadas las características del Monumento Nacional del Palacio Legislativo y varios de los componentes dañados”, señaló la directora General de Asuntos Jurídicos de la Presidencia del Senado, Graciana Peñafort, en la presentación a la que accedió Télam.

En el mismo escrito, la abogada señaló que “la agresión se encontró selectivamente direccionada sobre el margen correspondiente a la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, específicamente donde se encuentran las oficinas de la H. Presidencia del Senado de la Nación, las que quedaron claramente señaladas por pintura y especialmente dañadas en sus paneles exteriores”.

En el informe, que había sido solicitado por la jueza María Eugenia Capuchetti, se detalló además que otras áreas del Senado, linderas a aquella que ocupa la vicepresidenta Fernández de Kirchner, también fueron dañadas.

Entre los despachos dañados se encuentra también los de los senadores Claudia Abdala, José Mayans y Ricardo Guerra, según informaron fuentes judiciales.

Entre los gastos eventuales que sí pudieron ser calculados están los de reposición y colocación de unos 200 paños de vidrio (2 millones de pesos), retapizado e intervención en textiles (1,5 millones de pesos) y solados, carpintería y revestimientos de madera (2,7 millones de pesos); lo que en suma supera los 6 millones de pesos.

El cálculo fue realizado a pedido de la justicia, pero en el escrito Peñafort puso de relieve que el ataque al Congreso con elementos contundentes llegó a “afectar no sólo el patrimonio legislativo sino la seguridad de quienes allí se encontraban, incluyéndose autoridades y representantes legislativos”.

La Presidencia del Senado interviene en el expediente como querellante.

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Senado de Estados Unidos inicia histórico proceso para confirmar a la primera mujer negra en la Corte Suprema

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El Senado de Estados Unidos comenzó hoy a abordar la histórica postulación a la Corte Suprema de la jueza Ketanji Brown Jackson, la primera magistrada negra propuesta para integrar el tribunal, en un proceso que contempla cuatro días de audiencias.

“Les pido a los miembros de este comité que, al comenzar este histórico proceso de confirmación, consideren cómo la historia juzgará a cada senador”, expresó el presidente del Comité Judicial del Senado, Dick Durbin, durante la apertura, informó la agencia de noticias AFP.

Durante cuatro días el comité realizará audiencias de confirmación para esta jurista de 51 años, nominada por el presidente Joe Biden, quien justo antes del inicio destacó en un tuit su mente “brillante” y su “gran carácter e integridad”.

“Ella merece ser confirmada como la próxima jueza de la Corte Suprema”, aseguró el mandatario.

En los últimos años, estas audiencias del Senado para los postulados a la Corte Suprema se convirtieron en un campo de batalla partidista, entre republicanos y demócratas.

Jackson reemplazaría a otro juez liberal, Stephen Breyer, quien se retira a sus 83 años.

De acuerdo con Larry Sabato, director del Centro de Política de la Universidad de Virginia, su confirmación no cambiará el equilibrio de fuerzas de la corte, dominada por una mayoría conservadora de 6-3. “Solo eso disminuye los riesgos y debería contribuir a una confirmación más fácil”, dijo.

Los demócratas, con una ligera ventaja, tienen los votos para confirmar a Jackson, una jurista graduada por la prestigiosa Universidad de Harvard, quien ejerció de abogada de oficio federal para clientes indigentes.

El Senado, conformado por 100 miembros, está dividido en un 50-50 entre demócratas y republicanos. La vicepresidenta demócrata Kamala Harris tiene el voto de quiebre.

“Inevitablemente, unos cuantos senadores republicanos atacarán a Jackson” pero sus credenciales parecen abrirle el paso pese a las querellas partidistas, consideró Sabato.

Si bien varios senadores republicanos moderados votaron hace un año para confirmar su postulación para la Corte de Apelaciones, otros criticaron a Biden por haber elegido a una mujer negra para la corte.

“Las mujeres negras son, ¿qué, seis por ciento de la población de Estados Unidos?”, dijo el senador Ted Cruz. “Le está diciendo al 94 por ciento de los estadounidenses ‘no me interesan'”, agregó.

Jackson, sin embargo, tiene impecables credenciales, por lo que otra senadora republicana, Susan Collins de Maine, advirtió a sus colegas que se anduvieran con cuidado.

“Dado que los demócratas, lamentablemente, han tenido cierto éxito tratando de pintar a los republicanos como antinegros, puede hacer más difícil rechazar a una jurista negra”, consideró Collins.

Si se confirma su postulación, Jackson será la tercera afroestadounidense en la Corte Suprema, pero la primera mujer.

Thurgood Marshall integró la corte entre 1967 y 1991 y fue sucedido por Clarence Thomas, de 73 años, quien permanece en el puesto, aunque actualmente está hospitalizado por una infección.

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