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Reforma laboral: Cordero defendió el proyecto y afirmó que “no quita ningún derecho esencial”

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En vísperas del debate legislativo, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, aseguró que el proyecto de reforma laboral enviado al Senado busca preservar derechos, reducir costos y facilitar la incorporación de más trabajadores al empleo formal, en un contexto de fuerte tensión política y sindical. La iniciativa —impulsada por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Capital Humano— redefine componentes centrales del régimen laboral argentino y deja planteado un nuevo escenario para gremios, empresas y trabajadores.

Un proyecto que apunta a “modernizar sin quitar derechos”: lineamientos, objetivos y puntos sensibles

Durante un reportaje concedido a Ámbito y La Nación, Cordero sostuvo que la reforma “no elimina derechos adquiridos” y que constituye una propuesta “pro trabajador, pro empresa y pro sindicato”. En sus palabras: “Lo que tiene de magnífica esta reforma es que no quita realmente ningún derecho esencial a los trabajadores y, por otro lado, da y otorga derechos apuntando a generar empleo”.

El proyecto modifica aspectos clave del sistema laboral, entre ellos:

  • Retención de aportes sindicales: las empresas ya no estarán obligadas a actuar como agentes de retención. El mecanismo será opcional “siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”. Según fuentes oficiales, los gremios deberán desarrollar sus propios sistemas de cobro, aprovechando “mecanismos digitales existentes”.
  • Fuero laboral: se refuerza el traspaso de competencias judiciales desde la órbita nacional hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • Indemnizaciones: el texto aclara que el aguinaldo no integra la base de cálculo por despido. Además, propone una fórmula explícita de actualización judicial: inflación del INDEC más 3%.
  • Costos laborales: la contribución que realizan las empresas a las obras sociales se reduce del 6% al 5%.
  • Ultraactividad: se habilita la modernización de convenios colectivos. Las cláusulas normativas se mantienen salvo acuerdo, mientras que las obligacionales deberán renegociarse.
  • Jornadas y banco de horas: se habilita la posibilidad de reorganizar horas laborales mediante sistemas de compensación acordados por convenio, sin eliminar las horas extra.
  • Vacaciones: se introduce un esquema de fraccionamiento con un mínimo de siete días continuos, atendiendo a nuevas dinámicas del uso del tiempo libre.

Cordero remarcó que la reforma busca corregir “distorsiones judiciales” y adaptar reglas laborales a un mercado donde emergen la inteligencia artificial, la robótica y modalidades autónomas de trabajo. Según explicó: “La relación de dependencia requiere dependencia jurídica, técnica y económica; si alguna falta, el vínculo es autónomo”.

Reacciones políticas y sindicales: entre el apoyo parcial y el conflicto abierto

A pesar del énfasis oficial en el carácter “proactivo” de la reforma, la CGT convocó a una movilización para el 18 de diciembre en rechazo al proyecto. Cordero relativizó el conflicto y argumentó que algunos gremios “toman posiciones de liderazgo en defensa de intereses propios”, aunque diferenció a un “sindicalismo sano” que reconoce la urgencia de incorporar trabajadores al empleo formal.

Sostuvo: “Muchas veces es difícil permanecer cómodo cuando hay muchas otras personas que están incómodas. Hay personas en la informalidad y a través de los años no se ha logrado corregir este problema”.

También afirmó que la iniciativa no es antisindical: “Es una ley en favor de, no una ley anti nada. Es pro trabajador, pro empresa y pro sindicato”.

En materia legislativa, Cordero se mostró confiado en que existen condiciones políticas para que el Congreso avance: “La ciudadanía está pidiendo desesperadamente que algo hagamos. Es una obligación moral”. No obstante, aclaró que los tiempos dependen exclusivamente del Parlamento.

Implicancias económicas y laborales: formalización, costos y previsibilidad jurídica

El Gobierno sostiene que la reforma permitirá: Reducir cargas sobre el empleo, especialmente para pymes. Ofrecer previsibilidad respecto de indemnizaciones y litigios. Habilitar nuevas modalidades de trabajo autónomo para jóvenes. Actualizar convenios colectivos antiguos que dificultan la expansión de la actividad. Formalizar trabajadores actualmente en la economía informal.

Para Cordero, el “primer derecho” es el acceso al trabajo: “No se da cuando hay un régimen jurídico conflictivo o complejo como el que vivimos hasta hoy”.

La inclusión del banco de horas, la posibilidad de fraccionar vacaciones y la reducción de contribuciones se orientan a flexibilizar costos y tiempos sin eliminar figuras tradicionales como la hora extra.

En materia de negociación colectiva, el final de la ultraactividad obligacional implica revisar aportes, capacitaciones y beneficios históricos que se acumularon “a través del tiempo”, lo que podría redefinir la estructura financiera de varios gremios.

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El Senado distinguió a referentes de la medicina en una ceremonia organizada por Carlos Arce

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En una emotiva ceremonia realizada en el Salón Azul del Congreso de la Nación, el Senado entregó el Diploma de Honor a los doctores Antonio Lorusso, Liliana Voto y a la misionera María Lourdes Bertoni, en reconocimiento a sus destacadas trayectorias profesionales, docentes y sociales en el ámbito de la medicina argentina.

El acto fue organizado por el senador nacional por Misiones, doctor Carlos Arce, del Frente Renovador de la Concordia, médico cirujano y especialista en tocoginecología y mastología, quien impulsó el homenaje como una forma de destacar la vocación de servicio y el compromiso humano de tres referentes de la salud y la docencia médica del país.

“Este reconocimiento no sólo distingue trayectorias académicas y científicas sobresalientes. Distingue, sobre todo, una forma de ejercer la medicina: con entrega, compromiso, con un profundo respeto por la vida humana y con la convicción de que cada paciente es, ante todo, una persona que merece ser acompañada y cuidada”, expresó el senador Arce durante su discurso.

La ceremonia contó con la presencia de los legisladores nacionales Sonia Rojas Decut, Carlos Fernández y Colo Vancsik, además de autoridades académicas y referentes del ámbito médico, quienes acompañaron con calidez el reconocimiento a los tres profesionales distinguidos.

Trayectorias ejemplares

La doctora María Lourdes Bertoni, oriunda de Eldorado, Misiones, fue distinguida por sus más de cincuenta años de labor en el Hospital Ramón Madariaga de Posadas, donde atendió miles de nacimientos y formó a generaciones de médicos, obstetras y enfermeras. Fue directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Misiones, miembro fundadora de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Misiones y creadora del servicio y residencia de obstetricia del Hospital Madariaga.

El doctor Antonio Lorusso, nacido en la Ciudad de Buenos Aires, es un referente nacional e internacional en ginecología y mastología. Presidió la Sociedad Argentina de Mastología, la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia y la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. Su trayectoria docente incluye una extensa labor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, donde fue profesor titular consulto. En el año 2024, la Universidad Nacional de Tucumán inauguró un Centro Integral de Atención de la Mujer que lleva su nombre.

Por su parte, la doctora Liliana Voto, médica ginecóloga y obstetra, fue la primera mujer en ocupar el cargo de jefa del Departamento Materno Infanto Juvenil del Hospital Fernández, donde impulsó políticas pioneras de atención integral. Es profesora titular de tocoginecología en la Universidad de Buenos Aires y fue reconocida por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia como “Mujer en Obstetricia y Ginecología del Año” en el año 2006.

Un homenaje a la vocación y al servicio

Al cierre del acto, el senador Carlos Arce agradeció la presencia de los homenajeados y destacó que cada una de estas trayectorias “representa una vida entera dedicada al cuidado de la salud, a la enseñanza y al compromiso con el bienestar de las comunidades”.

El Senado de la Nación, a través de este reconocimiento, reafirmó su compromiso con quienes, desde la medicina y la docencia, fortalecen el sistema sanitario y los valores humanos que lo sostienen.

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“Está en juego el futuro universitario argentino”

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Afirmó el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de La Pampa Oscar. “Es difícil para un docente dar clases de calidad cuando está preocupado porque no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes”. El Presidente del CIM pidió también el acompañamiento del Senado.

-Fuerte apoyo de los diputados nacionales en contra del veto y de la gente en defensa de la universidad pública. ¿Cómo se sigue?

“La lógica es el acompañamiento de los senadores y después que se instrumente esta ley porque si no va a quedar dando vuelta. Creo que ha sido un paso no es que sea una solución ya inmediata, pero si no se hubiera aprobado hubiera estado en juego el sistema universitario para el futuro. Es decir, por la positiva todavía faltan muchas cosas para hacer, para que eso se transforme directo a las universidades, hubo un espaldarazo a las universidades que son fundamentales para el sistema democrático”.

-¿Cree que el presidente Milei la va a reglamentar si se aprueba en el Senado tiene 120 días para reglamentarla o la judicializará?

“No lo sé, pero igual será largo y además ya entramos en el presupuesto 2026, con lo cual ambas cosas vamos a tener que ir analizando en cada en cada caso. Pero bueno, esto también es la base para el presupuesto 2026, o sea, queda claro también que en ese sentido si no tenemos esta base de lo que se aprobó, que tiene que ver con la base de presupuesto también es un paso importante. Es muchísimo para adelante, la verdad que digamos esto no es una solución mágica mucho menos, pero sí es lo que planteamos siempre, sentarnos al diálogo para que se entienda que la universidad, así como estamos no podemos continuar porque los fondos son más que insuficientes”

-¿Ha visto el presupuesto 2026 lo que se les asignó a las universidades?

“Es el mismo valor de que estamos cobrando mes a mes y llevado al año que viene, o sea, que no tiene absolutamente ningún aumento, ningún incremento. Hicimos el cálculo tomamos lo que las universidades en total están recibiendo el mes de agosto, lo analizamos y nos da más o menos 4,7 millones contra el 4,8, con lo cual la diferencia es mínima. Pero sí el cálculo que hicimos es que hay un 4% nada más por encima de lo que se está cobrando ahora y comparado con el 10% de inflación que se plantea significa que todavía el año que viene sobre la base de este estamos mal en un 40% el año que viene vamos a seguir perdiendo fondos sobre ese valor”

-¿Se perdió el año?

“El esfuerzo docente hace de que el año no esté perdido. Hay una esperanza de que esto se reglamente y avancemos y que se entienda de los fondos de esto. Si el resultado hubiera sido negativo, yo creo que se perdía el cuatrimestre 2025”

-¿Cómo se mantiene la calidad educativa cuando un docente que va a dar clase y piensa, “¿No llego a fin de mes, tengo deudas?

“No se puede mantener y vamos a tener hacer con un esfuerzo, tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo entre todos y viendo las distintas opciones que se van a ir planteando.

-Además del apoyo a la universidad público hubo un fuerte apoyo al hospital Garrahan…

“Hubo un mensaje claro de la sociedad que le llegó a los diputados y que le llegó hasta los gobernadores. Habría que ver los cambios que vinieron desde las provincias y ver que acá hay un mensaje claro y ojalá que el gobierno no siga en esta tesitura de que no hay fondos para nadie, solamente para mantener un dólar que se sigue escapando”

-¿Cuánto bajó la calidad educativa? Si vos cree si bajó la calidad educativa.

“La disminución se va a ir viendo a mediano y largo plazo. Sí, ya notamos en este año una disminución de la calidad educativa con las renuncias que se produjeron. Por otro lado, el desánimo existe en el docente”.

-La mayoría de los diputados nacionales que votaron a favor y los que sufragaron en contra son producto de la universidad pública…

“Los legisladores que votaron a favor pensaron nosotros no vamos a ser los responsables de la destrucción de la universidad pública. Se vio en los diputados y los gobernadores. Ese mensaje se dio y ojalá que el gobierno entienda el mensaje”

-¿Qué les diría a aquellos diputados que votaron en contra de la universidad pública?

“Que votaron en contra de la gente, yo soy rector de la universidad de La Pampa que días pasados cumplió 67 años, esta universidad no surgió de la nada, sino por un esfuerzo colectivo. Los que votaron en contra le dieron la espalda a la sociedad”.

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El Senado ratificó la Ley de Emergencia en Discapacidad y se cayó el veto de Milei

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El Congreso de la Nación volvió a ejercer una de sus potestades más fuertes en el sistema republicano: rechazar un veto presidencial. Este jueves, con 63 votos a favor, el Senado ratificó la Ley de Emergencia en Discapacidad, dejando sin efecto el veto total de Javier Milei. La decisión, que había sido anticipada en Diputados, marca un hito institucional: hacía 22 años que ambas cámaras no revertían una medida de este tipo.

El artículo 83 de la Constitución establece que, si ambas cámaras insisten con dos tercios de los votos, el Poder Ejecutivo queda obligado a promulgar la ley. El oficialismo de La Libertad Avanza quedó aislado: seis de sus siete senadores votaron contra la insistencia y la única ausente fue Vilma Bedia. El resto de los bloques confluyó en una amplia mayoría que volvió a poner límites a la estrategia de ajuste fiscal del Gobierno.

La votación no se produjo en un vacío político. El debate estuvo atravesado por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyo titular Diego Spagnuolo fue desplazado en medio de denuncias de corrupción en compras públicas y audios que comprometen incluso a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria General de la Presidencia.

Los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador de la Concordia, acompañaron con su voto positivo la iniciativa, reafirmando el compromiso de Misiones con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

La postura de los legisladores misioneros adquiere aún mayor relevancia tras los episodios ocurridos en la provincia en los últimos días, donde se realizaron auditorías irregulares en San Ignacio y 25 de Mayo, organizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) donde se detectaron graves irregularidades: falsificación de sellos médicos, citaciones a domicilios inexistentes, personal no identificado, locaciones improvisadas e incluso la utilización de certificados sin validez legal.
La postura de los legisladores coincide con la decisión del gobernador Hugo Passalacqua, quien instruyó al Fiscal de Estado a presentar un amparo judicial contra la Nación por la baja irregular de pensiones no contributivas en Misiones.
El mandatario provincial detalló que el expediente N° 2128/2025 reclama el restablecimiento inmediato de los pagos suspendidos, el pago de los retroactivos adeudados, la nulidad de las auditorías realizadas en la provincia y la implementación de mecanismos de control “transparentes, profesionales y accesibles”.

Discapacidad, ajuste y gobernabilidad

La ley declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026. Sus puntos centrales incluyen el financiamiento sostenible de pensiones no contributivas, actualización de aranceles de prestaciones, fortalecimiento de la ANDIS y apertura de nuevos ingresos al régimen de empleo protegido. En definitiva, responde a los reclamos de miles de familias afectadas por la suspensión de beneficios y la desactualización de coberturas.

Desde la oposición, el pampeano Daniel Bensusan (UP) sintetizó la crítica: “El famoso ahorro de Caputo y Sturzenegger es una mentira; no es eficiencia, es abandono”. La entrerriana Stefanía Cora habló de “ignorancia” en la gestión, y la santacruceña Natalia Gadano sostuvo que “no se puede vetar la dignidad”. Incluso voces ajenas al kirchnerismo, como el radical fueguino Pablo Blanco o la porteña Guadalupe Tagliaferri, advirtieron que la motosierra no puede aplicarse sobre los sectores más vulnerables.

En la vereda opuesta, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero defendió el veto presidencial, argumentando que ya existe un marco normativo y que lo que falta es gestión, no nuevas leyes. Pero su postura quedó reducida a una minoría que no logró revertir el clima adverso.

El trasfondo político es claro: el Congreso decidió ponerle un freno a la estrategia de ajuste del Ejecutivo cuando esta se proyecta sobre las personas con discapacidad, un colectivo de más de cinco millones de argentinos. El resultado exhibe la dificultad del oficialismo para construir consensos parlamentarios, y revela fisuras en su narrativa de austeridad frente a un caso de corrupción que golpea el corazón del gobierno.

La derrota deja a Milei frente a una paradoja: su primera gran batalla perdida en el Congreso no fue por un tema fiscal abstracto, sino por una cuestión social de alta sensibilidad pública. El desenlace interpela la capacidad de La Libertad Avanza para sostener gobernabilidad en un escenario donde el equilibrio de poder se inclina cada vez más hacia el Parlamento.

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Emergencia pediátrica: el Congreso sancionó la ley que refuerza al Hospital Garrahan y residencias médicas

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El Congreso convirtió en ley la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales con epicentro en el Hospital Garrahan. La norma, que regirá por un año, fue sancionada en el Senado con 62 votos a favor y 8 en contra, en una sesión cargada de tensiones dentro y fuera del recinto. La medida implica la asignación prioritaria de recursos, recomposición salarial para personal y residentes, y la exención del Impuesto a las Ganancias para quienes cumplen funciones críticas.

La sesión estuvo marcada por las protestas en inmediaciones del Congreso y por un fuerte debate político en el recinto. El Hospital Garrahan, considerado centro de referencia nacional en alta complejidad pediátrica, enfrenta desde hace meses reclamos de médicos y trabajadores por la falta de insumos, bajos salarios y condiciones laborales deterioradas.

La ley surge como respuesta a esta crisis, en un momento donde las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el sistema público de salud se intensificaron. La iniciativa fue aprobada en Diputados con amplio consenso semanas atrás, y en el Senado logró superar los dos tercios necesarios.

Los votos negativos provinieron en su mayoría del bloque de La Libertad Avanza —Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Bruno Olivera Lucero y Juan Carlos Pagotto— junto al formoseño Francisco Paoltroni y la cordobesa del PRO Carmen Álvarez Rivero. Entre las ausencias destacaron Alfredo De Angeli (PRO), Juan Carlos Romero (CF) y Claudia Abdala Ledesma (Frente Cívico por Santiago).

Contenido de la ley: asignación prioritaria de recursos y control legislativo

La norma establece que, por el plazo de un año, la salud pediátrica y las residencias nacionales en salud serán consideradas en emergencia sanitaria. Esto implica:

  • Asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos y equipamiento.
  • Recomposición salarial para el personal de salud y residentes, tomando como piso los niveles reales de noviembre de 2023.
  • Exención del Impuesto a las Ganancias para profesionales y trabajadores que realicen tareas críticas.
  • Garantía del funcionamiento pleno del Hospital Garrahan, con partidas presupuestarias adicionales reasignadas por el Poder Ejecutivo.
  • Creación de una comisión de seguimiento, integrada por el Ministerio de Salud, el Congreso, el COFESA y la Sociedad Argentina de Pediatría, con la obligación de emitir informes públicos trimestrales sobre la implementación de la ley.

El Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación, con facultades para reglamentar y reasignar partidas del ejercicio vigente. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo estimado de la medida asciende a 65.000 millones de pesos entre julio y diciembre de 2025, y anualizado representaría unos 133.000 millones de pesos.

Fundamentos y posiciones políticas: apoyo transversal y críticas cruzadas

En el debate, la senadora Lucía Corpacci (UxP), miembro informante, defendió la ley como una respuesta a la “desatención presupuestaria” del Ejecutivo y al maltrato que sufren los trabajadores de la salud. “No hay senador que no pueda defender el trabajo de los médicos, enfermeras y personal del Garrahan”, sostuvo.

Otros senadores, como Luis Juez (PRO), apelaron a un discurso emocional: “Lo que necesita el Garrahan, se lo merece. Necesitamos darle a esa gente los instrumentos que nos siguen generando esperanza”.

Desde la oposición, la radical Carolina Losada criticó al kirchnerismo por “haber dejado un agujero fiscal” pero aclaró que votaría a favor de la emergencia por ser “una medida acotada a un año y focalizada en un hospital clave”.

En contraste, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) ratificó su rechazo, aunque pidió disculpas por sus polémicas declaraciones previas sobre el hospital. Para ella, la norma refleja una superposición de funciones entre Nación, provincias y municipios que encarece la prestación de salud.

El senador Martín Lousteau (UCR) cuestionó duramente al oficialismo libertario por “revelar su visión real sobre el sistema de salud”, aludiendo a expresiones de voceros oficiales que deslegitimaron a residentes y médicos.

La aprobación de la emergencia sanitaria en el Garrahan tendrá efectos inmediatos sobre el sistema de salud pública:

  • Reforzará la atención pediátrica de alta complejidad, clave para derivaciones de todo el país: actualmente, unos 70.000 niños de distintas provincias se atienden en el hospital cada año.
  • Recomposición salarial para residentes, un sector que en los últimos meses protagonizó fuertes reclamos laborales por precarización.
  • Alivio fiscal para el personal de salud, al quedar exento del Impuesto a las Ganancias.
  • Mayor control legislativo y social sobre la gestión presupuestaria, gracias a la comisión de seguimiento y a la publicación de informes trimestrales.

Sin embargo, persisten interrogantes sobre la viabilidad fiscal de la norma en el actual contexto de ajuste y sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, con facultad de veto, rechace su aplicación total o parcial.

La sanción de la ley representa un test político relevante: mientras la administración Milei promueve un severo ajuste del gasto, el Congreso avanzó en una medida que implica destinar más recursos a un sector crítico. El Gobierno podría optar por vetar total o parcialmente la ley, lo que abriría un nuevo frente de conflicto con la oposición, los gremios de la salud y la sociedad civil.

La atención está puesta ahora en la reglamentación del Ministerio de Salud y en el primer informe trimestral de la comisión de seguimiento, que permitirá medir el cumplimiento efectivo de la emergencia.

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