SENADO

El Gobierno remitió más de 50 pliegos para cubrir cargos judiciales

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Con el ingreso de más 52 pliegos de candidatos por parte del Poder Ejecutivo, el Senado inició el proceso para cubrir más de 300 cargos vacantes de magistrados en distintas fiscalías, defensorías y juzgados de todo el país, uno de las metas que se fijó el Ministerio de Justicia bajo la conducción de Juan Bautista Mahiques.

Los pliegos irán ingresando a la Cámara alta en tandas, según había revelado el titular de la cartera judicial, y deberán pasar por la comisión de Acuerdos, que preside el riojano Juan Carlos Pagotto.

Los cargos vacantes son en los fueros penal, penal económico, civil, comercial, contencioso administrativo y seguridad social.

También se incluyeron los pliegos de candidatos para ocupar los cargos de presidente, vicepresidente y vocales del Directorio de ENARGAS, con la propuesta de renovar el mandato del actual interventor Néstor Laboglia y como vice a Vicente Serra. 

Juan Carlos Pagotto

La labor del Senado

La idea, es “apretar el acelerador” para apurar los plazos y cumplir con las expectativas del Gobierno de tener resuelto el asunto cuanto antes.

De todos modos, la convalidación de esta tanda de pliegos no ocurrirá esta semana acortada producto de los feriados de Semana Santa, ya que no dan los tiempos.

Se especula que en los próximos días ingresaría una decena de pliegos adicionales, para así completar la primera tanda de 62 candidaturas.

En la sesión del pasado 18 de marzo, el Senado convalidó una reforma de su reglamento interno para regular la publicidad de los pliegos enviados por el Gobierno para el nombramiento de jueces, conjueces de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Esta modificación prevé que los pliegos de los candidatos a cubrir estos cargos deberán publicarse durante dos días con una antelación no menor a quince días corridos previos a la audiencia pública.

La publicación de los pliegos deberá estar disponible tanto en el sitio web institucional, las redes sociales y el Boletín Oficial del Senado.

En tanto, si se tratara de cargos inherentes a jurisdicciones ajenas a la Ciudad de Buenos Aires, se deberá comunicar la información sobre los pliegos a los poderes legislativos provinciales, que a su ves deberán dar publicidad de los mismos.

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El Gobierno avanza con la “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que desregula el uso de la tierra

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El Gobierno nacional dio un paso político clave al enviar al Senado el proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, una de las reformas anunciadas por el presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo. La iniciativa, que propone eliminar restricciones a la compra de tierras por extranjeros, modificar el régimen de expropiaciones y desarmar aspectos centrales de la ley de Manejo del Fuego, se instala como la primera pieza legislativa del paquete reformista. El dato no es menor: el oficialismo elige nuevamente la Cámara alta, donde ya demostró capacidad de construir mayorías, para iniciar un debate que toca intereses sensibles.

La pregunta que sobrevuela es si este movimiento consolida el rumbo desregulador o si abre un nuevo foco de tensión política y territorial.

El corazón del proyecto: propiedad, tierras y desregulación

La iniciativa se estructura sobre varios ejes que buscan redefinir el alcance del derecho de propiedad en Argentina. En primer lugar, introduce un mecanismo “sumarísimo” para la restitución de inmuebles, basado en la acreditación del título, con control judicial en todas las etapas pero con plazos más acotados. La señal es clara: acelerar desalojos y reducir tiempos procesales.

En paralelo, el proyecto elimina las limitaciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, establecidas en 2011. El nuevo enfoque propone concentrar controles únicamente en casos donde intervengan Estados extranjeros o entidades vinculadas, desplazando el esquema general de restricciones vigente hasta ahora. En términos prácticos, se busca habilitar mayor flujo de inversión internacional en el sector agropecuario.

Otro punto central es la modificación de la ley de Manejo del Fuego. La propuesta elimina los artículos que impedían vender tierras afectadas por incendios durante 60 años en áreas protegidas y que prohibían cambiar el uso de suelos agrícolas por 30 años. El Gobierno argumenta que esos plazos resultan “irrazonables” y que, en la práctica, no lograron los objetivos de restauración ambiental.

El proyecto también incluye una revisión del régimen de regularización dominial y ajustes en el sistema expropiatorio, reforzando garantías constitucionales pero con una lógica orientada a agilizar procesos.

Senado como base de poder y señal al mercado

La elección del Senado como cámara de origen no es casual. El oficialismo ya logró allí mayorías cercanas a los 40 votos en iniciativas clave, lo que le permitió avanzar con leyes como Presupuesto, Inocencia Fiscal, Régimen Penal Juvenil, reforma laboral y la ley de Glaciares, además de la ratificación del acuerdo Mercosur–Unión Europea.

En ese contexto, el envío de este proyecto refuerza una estrategia política: consolidar en la Cámara alta un núcleo de gobernabilidad legislativa para reformas estructurales. Al mismo tiempo, la iniciativa funciona como señal hacia sectores productivos, especialmente el agro, al plantear una apertura en materia de inversión y un esquema más flexible sobre el uso de la tierra.

Sin embargo, el impacto no es lineal. La eliminación de restricciones en tierras y la modificación del régimen de fuego pueden activar resistencias políticas y territoriales, en particular por el alcance que tienen sobre recursos naturales y regulaciones ambientales.

Una agenda que avanza, pero abre interrogantes

La “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” aparece como un movimiento coherente con la hoja de ruta del Gobierno: menos regulación, mayor apertura y simplificación normativa. Pero también instala un nuevo eje de discusión en el Congreso, donde el oficialismo deberá sostener su capacidad de negociación.

Queda por ver si el proyecto logra avanzar sin modificaciones o si el proceso legislativo introduce límites que reconfiguren su alcance. También será clave observar cómo impacta en la dinámica política con provincias y sectores productivos, especialmente en temas sensibles como el uso del suelo y la inversión extranjera.

En las próximas semanas, el debate en el Senado marcará si esta iniciativa se convierte en un punto de inflexión dentro del paquete de reformas o si funciona como un primer test para medir hasta dónde puede llegar la agenda de desregulación.

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Milei designa a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia

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El presidente Javier Milei decidió reemplazar a Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia y nombrar en su lugar a Juan Bautista Mahiques, hasta ahora fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El anuncio se concretó con una foto en la Quinta de Olivos junto al funcionario saliente y terminó de materializar una salida que, según trascendió, estaba acordada desde octubre pasado y tenía como horizonte marzo de este año.

La decisión marca el fin de uno de los últimos integrantes del primer Gabinete de Milei y abre una nueva etapa en una cartera estratégica para la relación entre el Gobierno y el sistema judicial. ¿Se trata de un simple recambio por desgaste o de un movimiento más profundo para consolidar influencia institucional en un área sensible?

De fiscal porteño a ministro nacional

Mahiques llega al Ministerio tras ejercer desde finales de 2019 la titularidad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, es decir, como jefe de los fiscales porteños. También preside desde 2022 la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) y fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri.

Su perfil combina gestión técnica y pertenencia a lo que en el ámbito judicial se denomina “familia judicial”. Su padre, Carlos “Coco” Mahiques, integra la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. El Presidente envió recientemente su pliego a la comisión de Acuerdos del Senado para renovar su cargo antes de que cumpla 75 años en noviembre, un gesto interpretado como señal de cercanía política.

El entorno familiar también incluye a Ignacio Mahiques, fiscal porteño y adjunto en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner, y a Esteban Mahiques, actual director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería e integrante previo del Tribunal de Disciplina de la AFA.

El desplazamiento de Cúneo Libarona responde a un acuerdo previo con los hermanos Milei para permanecer en funciones hasta marzo. El propio ministro saliente admitía en privado el desgaste de la gestión y su intención de dejar el cargo.

Impacto político y equilibrio institucional

El Ministerio de Justicia no solo gestiona políticas públicas; actúa como bisagra entre el Poder Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura y el Congreso en materia de reformas judiciales. El ingreso de un fiscal con trayectoria en el ámbito porteño y vínculos consolidados dentro del sistema judicial puede redefinir esa interlocución.

En términos de poder, el movimiento fortalece el ala técnica con anclaje en tribunales y fiscalías. También envía una señal hacia el Senado, donde se tramitan pliegos y designaciones clave. La renovación del cargo de Carlos Mahiques en Casación y la llegada de su hijo al Ministerio configuran un esquema que consolida una red de relaciones institucionales.

Para el Gobierno, el recambio puede servir para ordenar una agenda judicial que incluye reformas pendientes y debates sensibles. Para la oposición, abre interrogantes sobre concentración de influencia y alineamientos dentro del Poder Judicial.

Un nuevo ciclo en Justicia

El cambio ocurre en un momento en que el Ejecutivo necesita estabilidad política y coordinación con el Congreso para avanzar en iniciativas estructurales. La figura del ministro de Justicia es central en ese engranaje.

Habrá que observar cómo Mahiques gestiona la transición, qué señales envía hacia magistrados y fiscales federales y cómo articula con el Parlamento en eventuales proyectos de reforma. También será relevante el tono que adopte la relación con el Consejo de la Magistratura.

La salida de uno de los últimos integrantes del Gabinete original de Milei cierra una etapa. El desembarco de Mahiques abre otra, con un perfil más anclado en la estructura judicial. El alcance real de ese movimiento dependerá de las decisiones que se tomen en las próximas semanas y de cómo se reconfigure el equilibrio entre el Gobierno y el sistema de justicia.

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Milei fijó el horario de su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso del 1° de marzo

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El presidente Javier Milei firmó el Decreto 107/2026, mediante el cual señaló las 21 del 1° de marzo próximo como horario de apertura de las Sesiones Ordinarias del Honorable Congreso de la Nación correspondientes al año 2026, según se publicó hoy en el Boletín Oficial.

La norma, de acuerdo con los considerandos de la norma, fue dictada en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 8 de la Constitución Nacional, que establece que el Poder Ejecutivo preside la apertura de las sesiones del Congreso reunido en Asamblea y hace relación en esa ocasión del estado de la Nación.

La disposición fue suscripta por el presidente Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y publicada en el boletín oficial con fecha de entrada en vigencia el mismo 25 de febrero de 2026.

La apertura de sesiones ordinarias del Congreso es un acto de trascendencia institucional previsto en la Constitución Nacional y se produce anualmente durante el primer día del mes de marzo. En esa ocasión, el Presidente de la Nación dirige un mensaje a la Asamblea Legislativa informando sobre el estado general del país y presentando el programa de gobierno para el período legislativo en curso.

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Dictamen exprés en el Senado y buscará aprobar la Reforma Laboral el próximo viernes

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La Libertad Avanza consiguió avanzar en forma exprés en el Senado hacia la aprobación de la Reforma Laboral luego de aceptar la eliminación del artículo 44 -vinculado a las licencias por enfermedad- durante su tratamiento previo en la Cámara de Diputados. Con ese gesto político, el oficialismo aseguró los respaldos necesarios para dictaminar y dejó el proyecto en condiciones de ser debatido en el recinto la próxima semana.

El plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda se reunió en el Salón Azul del Senado pocos minutos después de las 10 de la mañana para analizar el texto corregido. El debate planteaba dos alternativas: aceptar las modificaciones introducidas por Diputados o insistir con la versión original. Tras un acuerdo previo, el bloque oficialista confirmó que avanzaría con el texto reformado, apostando a la sanción definitiva en la sesión prevista para el viernes.

Objeciones por constitucionalidad y procedimiento

Desde la oposición, el tratamiento estuvo atravesado por cuestionamientos reglamentarios y advertencias sobre el impacto de la reforma. El senador Jorge Capitanich sostuvo que su bloque consideraba que existían “violaciones flagrantes” a disposiciones reglamentarias y al artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Además, remarcó que el proyecto afectaría derechos laborales y tendría consecuencias fiscales para provincias y municipios, sin garantizar un efecto positivo en la generación de empleo.

En la misma línea, Mariano Recalde criticó el carácter integral de la iniciativa, al señalar que “modifica 18 leyes y deroga 11 más”, y cuestionó que se haya debatido como un paquete único sin discusión pormenorizada. “Todavía no nos pudieron decir cuál de los 218 artículos le mejora la vida a los trabajadores”, afirmó durante el plenario.

Otros legisladores opositores denunciaron que los cambios fueron negociados “a libro cerrado” y advirtieron que las reducciones impositivas incluidas en el esquema beneficiarían principalmente a sectores de mayores ingresos.

Cambios en comisiones y estrategia oficial

El inicio del plenario estuvo marcado por modificaciones en la integración de las comisiones. Desde el PRO, Andrea Cristina reemplazó a Enrique Goerling Lara; en la Unión Cívica Radical, Mariana Juri ocupó el lugar de Rodolfo Suarez y Vilma Bedia sustituyó a Bruno Olivera Lucero. Con estos movimientos, el oficialismo aseguró contar con las firmas necesarias para emitir dictamen.

El senador formoseño Francisco Paoltroni defendió la rapidez del tratamiento y sostuvo que la reforma apunta a modernizar estructuras laborales que consideró “vetustas”. En el mismo sentido, el senador aliado Agustín Moteverde afirmó que el apuro responde a la necesidad de “volver a hacer próspera y grande la Argentina”.

Desde el bloque Convicción Federal, Fernando Salino advirtió que la celeridad podría derivar en futuras impugnaciones judiciales y cuestionó la eliminación del artículo 44, enmarcando el proceso en un contexto que definió como “lleno de irregularidades”.

Amenazas de judicialización y clima de tensión

Durante el debate, senadores de la oposición anticiparon que podrían recurrir a la Justicia por presuntos incumplimientos del reglamento. Juliana Di Tullio señaló que la citación a comisión no habría respetado los plazos establecidos y advirtió sobre eventuales vicios de inconstitucionalidad.

Carlos Linares cuestionó promesas incumplidas en sectores como el petrolero y llamó a la movilización ciudadana durante el tratamiento en el recinto. El clima se tensó aún más con cruces verbales entre legisladores oficialistas y opositores, reflejando la polarización que rodea a la iniciativa.

Al cierre del plenario, Patricia Bullrich defendió la legitimidad del procedimiento y sostuvo que la reforma propone avanzar hacia relaciones laborales más flexibles. “Tenemos una tasa de desempleo que va a la baja y va a ir mucho más cuando las relaciones entre empleados y empleadores sea más libre”, afirmó.

Con dictamen favorable y los votos encaminados, la sesión del próximo viernes será decisiva para definir el futuro de la Reforma Laboral, una de las principales apuestas legislativas del Gobierno.

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