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Empresarios mayoristas respaldaron la reforma laboral y pidieron eliminar aportes obligatorios que encarecen el empleo

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Empresarios del sector de autoservicios mayoristas expresaron su apoyo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y que se discute en el Senado de la Nación. La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) consideró que la iniciativa constituye un paso clave para incentivar la creación de empleo formal y mejorar la competitividad de las pymes, en un contexto de altos costos laborales y márgenes ajustados para el comercio. Durante un encuentro con equipos técnicos del Senado, la entidad detalló cuatro ejes centrales del proyecto que, a su entender, modernizan las relaciones laborales y corrigen distorsiones que hoy desalientan la contratación.

La posición de CADAM se inscribe en un debate más amplio sobre la estructura de costos del empleo en la Argentina y el rol de los aportes obligatorios a cámaras empresarias y entidades vinculadas a los convenios colectivos. Para el sector mayorista, la reforma laboral abre una ventana para revisar prácticas que consideran anacrónicas y poco transparentes, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Los cuatro puntos de la reforma laboral que apoyan los mayoristas

La comitiva de CADAM estuvo encabezada por su vicepresidente, Armando Farina, quien expuso ante los equipos técnicos del Senado los principales aspectos del proyecto que la entidad considera positivos. En primer lugar, destacaron la implementación del banco de horas como un mecanismo de flexibilidad laboral acordado entre las partes, que permitiría adaptar la jornada a los picos de actividad sin incrementar de manera automática los costos.

En segundo término, respaldaron la posibilidad de celebrar convenios laborales adaptados a la realidad de las pymes, con esquemas más acordes a la escala y dinámica de los pequeños comercios. El tercer punto señalado fue la habilitación de las billeteras virtuales como medio para acreditar salarios, una medida que apunta a modernizar los mecanismos de pago y reducir fricciones operativas. Por último, CADAM valoró el carácter voluntario de los aportes a cámaras empresariales y solicitó que ese criterio se extienda también a los aportes sindicales.

A estos ejes se sumó un reclamo puntual: la eliminación de aportes solidarios y contribuciones que, según los empresarios, “encarecen innecesariamente el costo laboral”. Entre ellos mencionaron el aporte solidario por Covid-19 a la obra social Osecac, que se aplica esté o no afiliado el trabajador, y el seguro de retiro La Estrella.

Aportes obligatorios y conflicto de intereses en las paritarias

Uno de los tramos más críticos de la postura de CADAM estuvo centrado en el esquema de aportes obligatorios a cámaras empresarias dentro del sector comercio. “Las paritarias se han transformado en una mesa de amigos”, afirmó Farina, al cuestionar el rol de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que participan de las negociaciones salariales y, al mismo tiempo, son beneficiarias directas de esos aportes. Para los mayoristas, esta situación configura un “evidente conflicto de intereses”.

CADAM puso como ejemplo el aporte obligatorio que cada empleado de comercio realiza al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP). Según la entidad, esos fondos “se redistribuyen en gran parte entre la CAC y la CAME bajo el argumento de capacitación y fortalecimiento institucional”. El planteo apunta a que, con cada aumento salarial acordado en paritarias, estas entidades incrementan automáticamente su recaudación, pese a ser actores centrales de la negociación. “Esto implica que con cada aumento salarial paritario, estas entidades se ‘autobenefician’ con una mayor recaudación”, sostuvieron.

El reclamo no es aislado. De acuerdo con CADAM, desde el año pasado numerosas entidades empresarias expusieron sus quejas ante el Congreso de la Nación, entre ellas la Confederación Federal PyME de la República Argentina, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, el Centro Comercial de Victoria (Entre Ríos), la Federación Económica de Mendoza y la Cámara de Perfumerías de Argentina. El denominador común es la crítica a los mecanismos compulsivos de financiamiento que, en la práctica, se trasladan a mayores costos laborales.

Impacto en pymes y expectativas sobre el debate legislativo

Desde la óptica del sector mayorista, la reforma laboral tiene un impacto directo sobre la estructura de costos de las pymes, que concentran buena parte del empleo formal en la Argentina. “La libertad de asociación, la transparencia y la representatividad genuina son pilares indispensables”, sostuvo Farina, al tiempo que remarcó que el proyecto “termina con mecanismos compulsivos que solo encarecen el empleo y desalientan la inversión”.

El respaldo de CADAM suma presión al debate legislativo en el Senado, donde la reforma laboral se analiza como una herramienta para dinamizar el mercado de trabajo. Si bien el texto final aún está en discusión, el posicionamiento de los empresarios del comercio mayorista anticipa un alineamiento del sector con aquellas medidas que reduzcan costos, introduzcan flexibilidad y limiten los aportes obligatorios. El resultado de ese debate será clave para definir el impacto real de la reforma sobre la competitividad de las pymes y la creación de empleo formal en los próximos años.

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El Gobierno negocia la reforma laboral, pero se niega a cambiar Ganancias

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El Gobierno nacional mantiene una posición firme frente a la reducción del Impuesto a las Ganancias, pese al reclamo de los gobernadores, mientras habilita una revisión parcial del articulado de la reforma laboral, una de las prioridades legislativas del presidente Javier Milei. La discusión se intensificó durante un intercambio de mesa chica realizado el jueves pasado, convocado el miércoles a última hora en las oficinas del Ministerio del Interior, aunque hasta el momento no hay definiciones cerradas.

La estrategia oficial combina resistencia fiscal y flexibilidad política selectiva. Mientras la baja de Ganancias para sociedades —con impacto directo en la recaudación provincial— aparece como una línea roja, el Ejecutivo evalúa ceder en algunos puntos de la Reforma Laboral para asegurar los votos necesarios en el Congreso, en la antesala de su tratamiento legislativo.

Ganancias, gobernadores y una línea roja fiscal

Según trascendió del encuentro, la posición predominante dentro del círculo reducido que rodea al Presidente es no retroceder en la reducción del Impuesto a las Ganancias, pese a las advertencias de los mandatarios provinciales por el efecto sobre los recursos locales. “Los gobernadores están en contra de la baja de impuestos. Es un delirio, pero todavía no definimos”, admitió uno de los participantes del intercambio, que tuvo lugar en la planta baja del Ministerio del Interior.

La decisión de no ceder en Ganancias para sociedades se consolida como el eje de mayor tensión en la negociación política. En el oficialismo reconocen, sin embargo, la necesidad de conformar a los gobernadores para sostener el andamiaje legislativo del proyecto general, en un escenario de equilibrios frágiles y respaldos condicionados.

En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, quedó a cargo de receptar los reclamos provinciales y ofrecer soluciones limitadas, con el objetivo de sumar adhesiones que permitan al oficialismo anotarse un nuevo triunfo parlamentario.

Reforma Laboral: disposición a revisar el articulado

A diferencia del capítulo fiscal, la Reforma Laboral muestra mayor margen de negociación. La mesa política se muestra dispuesta a revisar parte del articulado, aunque el debate interno gira en torno a qué puntos ceder sin desnaturalizar el espíritu del proyecto, diseñado por los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Transformación y Desregulación del Estado).

En la articulación legislativa también intervienen la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes mantienen contactos con legisladores aliados que expresaron reparos públicos sobre algunos aspectos del texto.

Mientras tanto, los interlocutores del Ejecutivo intensifican la militancia política del proyecto, no solo en reuniones con gobernadores, senadores y diputados, sino también a través de actividades destinadas a despejar dudas de los sectores involucrados. En ese contexto, LLA impulsó un conversatorio el jueves pasado para responder inquietudes de actores que manifiestan resquemores, en particular del sector empresarial.

Agenda legislativa y próximos pasos

De cara al calendario parlamentario, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a una nueva reunión de la mesa política para el próximo miércoles, una vez iniciado el período de sesiones extraordinarias, que comenzará el lunes. El encuentro se realizará en la previa al tratamiento de la ley previsto para el miércoles 11 de febrero.

Así, el Gobierno encara una semana clave con una hoja de ruta definida: defender el núcleo fiscal del proyecto, negociar ajustes puntuales en la Reforma Laboral y sostener un delicado equilibrio político para avanzar con una de las iniciativas centrales de la agenda presidencial.

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Reforma laboral: la CGT activa reuniones con gobernadores y manda a sus abogados al Senado

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Por Santiago Pérez Chiconi / NA – La CGT reactivará su estrategia para morigerar el contenido del proyecto de reforma laboral que el Gobierno busca aprobar el mes que viene en el Congreso, por lo que en los próximos días visitará a gobernadores para convencerlos de no acompañar la iniciativa a través de sus legisladores, o bien impulsar cambios en los artículos que más rechaza el sindicalismo.

En paralelo, la central obrera resolvió enviar sólo a los abogados laboralistas de su equipo de asesores a las reuniones que se iniciarán el viernes próximo en el Senado para analizar algunos cambios a la iniciativa antes de que la Cámara alta comience a tratarla formalmente los primeros días de febrero.  

“Esta semana no, solo nuestros equipos técnicos en Senado. La semana que viene, se retoman reuniones con bloques y quizás vayan algunos dirigentes”, detalló un representante de la central obrera en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

Desde este viernes funcionará una comisión técnica en la Cámara Alta que analizará los planteos del sindicalismo y del sector empresarial, con la intención de introducir cambios que luego se llevarán al recinto el 10 de febrero.

Cómo viene la negociación

Esta instancia se abrió por iniciativa de la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien en diciembre había postergado la idea inicial de debatir la reforma debido la dura resistencia de la CGT, que ese mes hizo una movilización masiva a Plaza de Mayo.

En tanto,  referentes de la central visitarán varias provincias en los próximos días para reunirse con gobernadores y que escuchen de primera mano sus críticas a la iniciativa que la gestión de Javier Milei considera medular para la segunda mitad de su mandato.

“La idea es ir a cada provincia”, dijeron las mismas fuentes a la Agencia Noticias Argentinas, aunque no está claro que vayan a tener tiempo de verse con todos los mandatarios provinciales antes de que el debate comience en el Senado.

Se trata de un movimiento similar a la ronda de encuentros que viene llevando adelante el ministro del Interior, Diego Santilli, pero con sentido contrario, ya que el funcionario busca sumar consensos y futuros apoyos a la “modernización laboral”.

La lista de rechazos

La CGT apunta a diluir el impacto de algunos puntos, como la ampliación de las actividades consideradas ‘esenciales’, lo que lleva a garantizar servicios mínimos durante los paros.

Tampoco aceptan que quede tal como está el apartado de la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, que derivaría en acuerdos por empresa, dejando de lado los acuerdos sectoriales y licuando así el poder de las conducciones de los sindicatos.

También resisten los cambios en la llamada cuota solidaria que aportan los trabajadores no afiliados al gremio, algo fijado por convenio, y el Fondo de Asignación Laboral (FAL) en reemplazo del actual sistema de indemnizaciones.

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Santilli avanza con la reforma laboral y consigue el aval político de Chaco

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En una señal política clave para la agenda legislativa del Gobierno, el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió este lunes en Chaco con el gobernador Leandro Zdero, quien expresó su apoyo explícito a la reforma laboral que impulsa La Libertad Avanza (LLA) y que comenzará a tratarse en el Senado a principios de febrero. El encuentro se inscribe en la estrategia oficial para asegurar votos provinciales y avanzar con un proyecto que el Ejecutivo considera central para bajar el Riesgo País, sostener el equilibrio fiscal y modernizar el mercado de trabajo.

Si miramos la reforma laboral y hacia dónde quiere ir el país, que es bajar el Riesgo País y equilibrio fiscal, sinceramente estamos en sintonía”, afirmó Zdero tras la reunión, al tiempo que remarcó que “aportar a una nueva ley laboral es importante porque las recetas del pasado nos llevan a los mismos resultados de siempre”.

Reforma laboral y alineamientos políticos: el respaldo chaqueño

La reunión se desarrolló en la sede del Ejecutivo provincial y forma parte de la ronda de encuentros federales que Santilli activó para consolidar respaldos entre los gobernadores, con el objetivo de que los legisladores que les responden acompañen el proyecto en el Congreso. La iniciativa, definida por el oficialismo como de “modernización laboral”, enfrenta resistencias del sindicalismo y del peronismo, pero suma adhesiones entre mandatarios provinciales aliados.

Desde el entorno oficial se informó que ambos funcionarios “conversaron sobre la importancia de que se apruebe la Ley de Reforma Laboral para modernizar el mercado de trabajo, fomentar la creación de empleo y acompañar el desarrollo productivo del país y las provincias”. En esa línea, Santilli sostuvo que “no creo que ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en la Argentina” y subrayó que el cambio normativo “va a dinamizar sectores claves” como energía, minería, agro e industria del conocimiento, con impacto directo en la generación de empleo.

Zdero, por su parte, definió a la reforma como una herramienta central para recuperar competitividad y generar empleo formal, al considerar que permitirá adecuar normas pensadas para otra realidad productiva. “Necesitamos reglas que acompañen a quienes quieren invertir, incorporando flexibilidad, capacitación y modernización”, completó.

Estrategia legislativa y agenda federal del Gobierno

El desembarco de Santilli en Chaco fue la segunda parada del rally federal que el ministro del Interior inició tras la aprobación del Presupuesto 2026, con la intención de replicar el método de negociación política que le permitió al Gobierno reunir los votos necesarios en el plano legislativo. La semana pasada, la gira había comenzado en Chubut, con una visita al gobernador Ignacio Torres.

La agenda oficial continuará esta semana con nuevas escalas: el miércoles, Santilli volverá a Chubut para monitorear la lucha contra los incendios forestales; el jueves, viajará a Mendoza para reunirse con Alfredo Cornejo. Además, este martes recibirá en la Casa Rosada al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, un mandatario de perfil opositor que mantiene diálogo con la administración nacional.

En el plano chaqueño, el respaldo de Zdero tiene un valor político adicional. El gobernador radical selló un acuerdo electoral con LLA, con el que lograron imponerse tanto en comicios nacionales como provinciales. En ese contexto, el oficialismo espera contar con el acompañamiento de los senadores Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider, representantes de Chaco en la Cámara alta.

Durante la reunión también participaron el secretario de Interior, Gustavo Coria; la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño; el secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez; el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Julio Ferro; y el diputado nacional Guillermo Agüero.

Repercusiones económicas y reclamos provinciales

Además del debate laboral, Zdero aprovechó el encuentro para poner sobre la mesa reclamos estructurales de la provincia. Habló de un “cambio de matriz para dinamizar la economía de Chaco”, pidió la reprogramación de la deuda heredada para encaminar un trabajo conjunto con Nación y agradeció la obra del acueducto del norte, financiada por el Gobierno nacional por $80.000 millones. También planteó la situación de las rutas y la necesidad de avanzar en un segundo puente Resistencia–Corrientes.

Desde la Casa Rosada, Santilli enfatizó las “profundas coincidencias” con Zdero para promover empleo privado genuino, al que definió como un factor clave para ordenar las cuentas públicas, y aseguró que la reforma laboral y el nuevo esquema productivo forman parte de una misma estrategia.

En paralelo, el próximo encuentro con Sergio Ziliotto tendrá un eje distinto. En La Pampa aclararon que no prestarán respaldo a la reforma laboral, al considerarla “una reforma impositiva encubierta” que impacta sobre el Impuesto a las Ganancias y podría restarle a la provincia entre $20.000 millones y $35.000 millones anuales. El diálogo con Nación, en ese caso, se concentra en la deuda previsional, estimada en $62.500 millones en el acuerdo inicial —con un primer pago de $2.500 millones y 12 cuotas mensuales de $5.000 millones desde enero de 2026—, mediado por la Corte Suprema.

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El Ejecutivo demora la reforma laboral ante la falta de apoyos y la presión sindical

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El Gobierno nacional decidió postergar el debate de la reforma laboral y trasladarlo para febrero de 2026, en una jugada política orientada a asegurar respaldos legislativos y evitar que la iniciativa se convierta en una nueva herramienta de presión de los gobernadores en plena negociación presupuestaria, según la consultora Ecolatina. La decisión se tomó luego de las complicaciones surgidas durante la discusión del Presupuesto, que dejaron en evidencia dudas sobre el acompañamiento de aliados clave, especialmente en el Senado, y un escenario de alta fragilidad política para avanzar con cambios estructurales en el mercado de trabajo.

La postergación busca descomprimir el frente legislativo y ganar tiempo en un contexto donde no existe una voluntad firme de acompañamiento por parte de los aliados circunstanciales, lo que llevó a La Libertad Avanza (LLA) en el Senado a recalibrar su estrategia y evitar una derrota o un costo político innecesario.

Presupuesto, gobernadores y reforma laboral: un delicado equilibrio político

La discusión del Presupuesto actuó como detonante de la decisión oficial. Según el análisis interno del Ejecutivo, avanzar en paralelo con la reforma laboral hubiera expuesto al Gobierno a una doble negociación con los gobernadores, que podrían haber utilizado su apoyo —o su rechazo— a la iniciativa laboral como moneda de cambio adicional en la puja por recursos y partidas presupuestarias.

En ese marco, el Gobierno evaluó que el debate laboral podía quedar rehén de las tensiones fiscales y políticas, debilitando su capacidad de ordenar mayorías estables. La ausencia de señales claras de acompañamiento por parte de los gobernadores aliados terminó de inclinar la balanza hacia la postergación.

Con este movimiento, el oficialismo busca recomponer condiciones políticas, reducir el margen de presión externa y encarar la discusión laboral en un momento de mayor previsibilidad parlamentaria.

CGT en la calle y disputa por el contenido de la reforma

La decisión del Ejecutivo coincidió temporalmente con una movilización de la CGT a la Plaza de Mayo, organizada como una demostración de fuerza para forzar una negociación sobre los contenidos de la reforma laboral. La central sindical activó una estrategia múltiple para intentar frenar o moderar los cambios: protesta en la calle, diálogo con bloques aliados en el Congreso y la advertencia de recurrir a la Justicia en caso de que la reforma sea sancionada.

Desde la CGT descuentan que no es viable frenar la totalidad de la ley, pero apuntan a bloquear o atenuar los artículos que consideran más perjudiciales para los trabajadores. La postergación del debate amplía el margen de maniobra sindical y fortalece el trabajo de lobby sobre los sectores dialoguistas.

El Congreso como campo de disputa: aliados, rechazos y bloques clave

Con el nuevo calendario, el escenario legislativo aparece más definido. El oficialismo y sus aliados más afines a la reforma, en particular el PRO, mantienen su respaldo al proyecto. En el extremo opuesto, el peronismo opositor ratifica su rechazo.

La verdadera disputa, tanto para el Gobierno como para la CGT, se concentra ahora en los bloques dialoguistas y en los gobernadores, que se consolidan como los árbitros del debate. Allí se jugará la posibilidad de sancionar la reforma, modificarla sustancialmente o bloquear sus puntos más sensibles.

La postergación, lejos de clausurar el conflicto, lo traslada en el tiempo y lo intensifica en términos de negociación política, en un año donde la agenda legislativa seguirá atravesada por tensiones fiscales, reformas estructurales y disputas de poder entre Nación, provincias y actores sociales.

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