sistema financiero argentino

El BCRA lanza el Cobro con Transferencia y redefine el pago de cuotas de préstamos

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El Banco Central de la República Argentina habilitó un nuevo instrumento para el sistema financiero: el Cobro con Transferencia (CCT), una modalidad que permitirá debitar cuotas de préstamos mediante transferencias inmediatas. El esquema deberá estar operativo a partir del 31 de agosto de 2026 y, en una segunda etapa, incluirá el cobro de servicios públicos.

El dato central no es solo tecnológico. El CCT fija reglas estrictas: las cuotas deberán ser fijas e iguales durante todo el contrato y no podrán superar el 30% del ingreso del deudor al momento de originarse el crédito. Además, el prestamista asumirá la responsabilidad ante eventuales fraudes.

La decisión combina impulso al crédito con límites prudenciales. La pregunta es si el nuevo mecanismo ampliará el acceso al financiamiento sin incrementar riesgos de sobreendeudamiento en un mercado todavía sensible.

Un diseño con reglas cerradas y foco en prevención de fraude

El CCT se apoya en el sistema de transferencias inmediatas y adopta mecanismos similares a experiencias internacionales como Pix automático en Brasil, AutoPay en India y PayTo en Australia. El BCRA tomó en cuenta propuestas presentadas por el ecosistema de pagos durante 2025.

El instrumento admite únicamente cuotas fijas e iguales. En la originación del crédito, la relación cuota/ingreso no podrá superar el 30%. La norma también establece un límite operativo: un intento inicial de cobro y hasta dos reintentos, a las 48 y 96 horas. Busca evitar prácticas reiterativas o abusivas.

El consentimiento del cliente será explícito y por única vez antes de cualquier débito. El prestamista deberá notificar electrónicamente el día hábil previo a cada impacto en cuenta. El usuario podrá revocar el consentimiento de manera inmediata tanto ante el prestamista como ante el proveedor de la cuenta.

La herramienta queda restringida a entidades financieras y proveedores no financieros de crédito habilitados por el BCRA. El esquema de remuneración fija un arancel mínimo del 0,6% a cargo del prestamista, con distribución proporcional entre participantes.

Un elemento central es la asignación de responsabilidad ante fraude al prestamista. La autoridad monetaria alinea incentivos: quien otorga el crédito asume el riesgo del mecanismo de cobro.

Entre sus principales características, el CCT:

  • – Admite solamente el cobro de cuotas que sean fijas e iguales durante la extensión del contrato.
  • – Limita la relación cuota/ingreso al 30% en la originación del crédito, para prevenir el sobreendeudamiento.
  • – Establece topes en los intentos de cobro de cada cuota: un intento inicial y hasta dos reintentos (a las 48 y 96 horas), evitando prácticas abusivas.
  • – Garantiza el consentimiento explícito y por única vez del cliente para debitar su cuenta previamente a la realización de los débitos de las cuotas.
  • – Exige que los prestamistas notifiquen por medios electrónicos a sus clientes el día hábil previo a que el débito impacte en la cuenta.
  • – Asegura la posibilidad de baja inmediata del consentimiento de las personas, tanto en el prestamista como en el proveedor de la cuenta a ser debitada.
  • – Restringe el uso a entidades financieras y proveedores no financieros de crédito (PNFC) habilitados por el BCRA.
  • – Define un esquema de remuneración con un arancel mínimo del 0,6% a pagar por los prestamistas y distribución proporcional entre los participantes, incentivando la competencia y la oferta del servicio.
  • – Asigna la responsabilidad ante fraude al prestamista, alineando incentivos para un uso responsable del nuevo mecanismo de cobro.

Nueva figura institucional y competencia en pagos

El sistema incorpora la figura del “aceptador de CCT”, único autorizado para ofrecer este mecanismo. El diseño apunta a fomentar competencia e interoperabilidad dentro de las transferencias inmediatas.

Desde una lectura institucional, el BCRA avanza en la arquitectura de finanzas abiertas y digitalización de medios de pago. La iniciativa refuerza su rol regulador en un terreno donde conviven bancos tradicionales y proveedores no financieros.

En términos económicos, el instrumento podría reducir costos operativos y morosidad, al asegurar un canal directo y transparente de cobro. También puede ordenar la oferta crediticia, al imponer condiciones uniformes sobre relación cuota-ingreso y modalidad de débito.

Cómo funciona el cobro de cuotas por transferencia inmediata

El sistema establece una serie de condiciones para proteger al usuario: La cuota no podrá superar el 30% de los ingresos del cliente. Se podrán realizar hasta tres intentos de cobro por cada vencimiento. El consentimiento será único y podrá revocarse en cualquier momento. El cliente deberá recibir notificación previa antes de cada débito.

De esta manera, el BCRA busca reducir la morosidad y brindar mayor transparencia en el proceso de pago de créditos personales. El Banco Central estableció que la herramienta deberá estar disponible a partir del 31 de agosto de 2026.

Se espera que, además del cobro de préstamos, el mecanismo pueda ampliarse en el futuro a otros pagos recurrentes, como servicios o facturas.

Impacto en el sistema financiero y el crédito

El lanzamiento del CCT fortalece a los actores que operan con transferencias inmediatas y empuja a los prestamistas a ajustar procesos internos. La responsabilidad ante fraude y los límites de reintentos obligan a robustecer controles.

Al mismo tiempo, el tope del 30% en la relación cuota/ingreso introduce un estándar prudencial explícito en la originación. Esa regla puede moderar prácticas agresivas de otorgamiento de crédito.

El arancel mínimo del 0,6% genera un esquema de incentivos económicos para que los participantes adopten el sistema. Si la competencia se activa, el costo financiero podría redistribuirse en mejores condiciones para usuarios.

Expansión del crédito bajo nuevas reglas

El CCT se presenta como herramienta para expandir el crédito y modernizar cobros. Su efectividad dependerá de la adopción por parte de entidades financieras y proveedores no financieros, así como de la respuesta de los usuarios.

En los próximos meses será clave observar el nivel de adhesión antes del 31 de agosto y la incorporación posterior de servicios públicos al esquema. También cómo interactúa el instrumento con la evolución del crédito al consumo.

El BCRA movió una pieza relevante en el tablero financiero. El marco normativo ya está definido. Lo que resta es medir si el sistema lo convierte en una palanca de inclusión y eficiencia o si se mantiene como un canal más dentro de un mercado en transformación.

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Cadena de pagos: los cheques sin fondos se dispararon y cerraron diciembre en 119.285 rechazos

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La señal de estrés volvió a encenderse en la cadena de pagos. De acuerdo con el informe de Pagos Minoristas del Banco Central, en diciembre de 2025 los cheques rechazados por “sin fondos suficientes” treparon a 119.285, sobre un total de 160.823 rechazos. La cifra implicó un salto del 19% mensual y una suba interanual del 205%, en un año que mostró una trayectoria claramente ascendente en la cantidad de cheques sin respaldo.

En términos de montos, los cheques rechazados por falta de fondos alcanzaron $ 347.638 millones. Esto representó un incremento del 8% mensual nominal (y 5% real, deflactado por inflación), mientras que en la comparación interanual el alza fue de 311% nominal y 213% real. Según el BCRA, el motivo “sin fondos suficientes” explicó 2,2% de los rechazos medidos en cantidades y 1,6% en montos.

Durante diciembre se compensaron 5,4 millones de cheques (físicos y electrónicos, en pesos) por un total de $ 22,4 billones. En ese universo, el echeq representó el 60% en cantidades (unos 3,2 millones de cheques electrónicos) y el 82,2% en montos ($ 18,4 billones), confirmando que la digitalización ya domina el flujo principal del instrumento.

Además, a partir de la implementación del echeq en dólares, en diciembre se compensaron 19 cheques por un monto total de u$s 0,8 millones, detalló el Banco Central.

Tarjetas: el crédito se impuso al débito

El informe también remarcó que el uso de tarjetas de crédito superó al de débito. En débito, se registraron 174 millones de transacciones por $ 4,7 billones en noviembre (último dato disponible), con caídas de 12% en cantidades y de 14,2% en montos reales.

En ese mismo mes se contabilizaron 10.200 transacciones en moneda extranjera por u$s 6 millones, y el 99,2% se canalizó vía comercio electrónico.

Cheques rechazados sin fondos (BCRA)

Cantidad de cheques rechazados sin fondos

Fuente: BCRA (Pagos Minoristas). Serie mensual.

Dato destacado: dic-25 = 119.285 cheques.

En crédito, en tanto, se observaron variaciones interanuales de 4,2% en cantidades y una baja del 3,5% en montos reales, con 184,7 millones de pagos por $ 10,4 billones. Los canales más utilizados fueron comercio electrónico (39,2%), POS y QR (37,9%) y débito automático (13,4%).

En diciembre, los envíos de dinero en pesos (transferencias inmediatas “push”) crecieron 24,8% en cantidades: se contabilizaron 753 millones de transacciones por $ 88,7 billones, con subas interanuales de 24,8% (cantidades) y 24,4% (montos reales). El 75% de las operaciones tuvo como origen o destino una CVU.

En moneda extranjera, se registraron 2,1 millones de operaciones (suba de 9%) por u$s 3.638,6 millones, con un incremento de 13,9% en moneda de origen.

Por su parte, los ingresos de dinero en pesos (transferencias inmediatas “pull”) totalizaron 47,7 millones de operaciones por $ 4,6 billones, con subas interanuales de 2,8% en cantidades y 10,3% en montos reales. Los pagos con transferencia interoperables mediante QR sumaron 95 millones de operaciones en pesos.

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La UIF congela activos por financiamiento de armas de destrucción masiva

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En una decisión sin precedentes a nivel nacional y regional, la Unidad de Información Financiera (UIF) ordenó el primer congelamiento administrativo de activos en la Argentina por presunto financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La medida, dispuesta a partir de información de inteligencia financiera proveniente del exterior y ampliada con una investigación local, marca un punto de inflexión en el sistema de prevención de delitos financieros graves y refuerza el alineamiento del país con los estándares internacionales en materia de seguridad y control financiero.

Una medida inédita basada en inteligencia financiera internacional

La resolución fue firmada por el titular de la UIF, Paul Starc, y alcanza a personas residentes en la Argentina bajo sospecha de estar vinculadas al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Según se informó oficialmente, el organismo actuó tras recibir información de inteligencia financiera de organismos del exterior, la cual fue posteriormente analizada y complementada mediante tareas de investigación propias.

Con esos elementos, la UIF resolvió aplicar de manera preventiva el congelamiento administrativo de activos, mientras continúa la investigación sobre posibles vínculos con organizaciones delictivas internacionales. Se trata de una decisión excepcional dentro del marco normativo argentino y constituye un hecho sin antecedentes en América Latina, de acuerdo con fuentes oficiales.

El respaldo legal: Ley 27.739 y compromisos internacionales

Es la primera vez que la UIF aplica una medida de estas características desde la sanción de la Ley 27.739, aprobada en marzo de 2024, que incorporó al Código Penal argentino el delito de Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP). Esta norma amplió de manera sustancial las herramientas del Estado para prevenir y sancionar conductas consideradas una amenaza directa a la seguridad internacional.

La legislación se inscribe en los compromisos asumidos por la Argentina ante las Naciones Unidas, que facultan al Consejo de Seguridad a imponer sanciones obligatorias cuando se identifican amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Entre esas sanciones, se incluyen medidas financieras restrictivas, como el congelamiento de activos y la prohibición de acceso a recursos económicos.

En paralelo, los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establecen que los países deben contar con sanciones financieras específicas, inmediatas y eficaces para impedir que personas o entidades vinculadas al FP utilicen el sistema financiero formal. La medida adoptada por la UIF se ajusta estrictamente a esos lineamientos.

Impacto institucional y señales al sistema financiero

Con esta decisión, la UIF fortaleció el sistema nacional de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ampliándolo a uno de los delitos más sensibles a nivel global. El congelamiento administrativo de activos, aplicado de manera preventiva, envía una señal clara al sistema financiero, a los sujetos obligados y a la comunidad internacional sobre el endurecimiento de los controles y la tolerancia cero frente a delitos transnacionales de alto riesgo.

Desde el plano institucional, la Argentina pasa a integrar el reducido grupo de jurisdicciones que ya aplicaron medidas concretas contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, un fenómeno que el propio GAFI incorporó como prioridad estratégica en los últimos años.

En términos económicos y regulatorios, la decisión también refuerza la credibilidad del sistema financiero argentino, al demostrar capacidad de respuesta frente a amenazas complejas y alineamiento con los estándares internacionales, un aspecto clave en evaluaciones externas y procesos de cooperación financiera global.

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La UIF crea un régimen específico para frenar el financiamiento de armas de destrucción masiva

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La Unidad de Información Financiera (UIF) aprobó la Resolución 3/2026, que crea un régimen específico y obligatorio de reporte y congelamiento administrativo de bienes vinculados al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La norma, publicada el 8 de enero de 2026 en el Boletín Oficial y vigente desde esa fecha, alinea el sistema argentino con las exigencias del GAFI y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ampliando las obligaciones de bancos, empresas y demás sujetos obligados bajo la Ley 25.246.

Un nuevo régimen para el financiamiento de la proliferación

La Resolución UIF 3/2026 introduce formalmente el Reporte de Operación Sospechosa de Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), un mecanismo que hasta ahora no contaba con un procedimiento específico dentro del marco regulatorio argentino.

El alcance de la medida se apoya en la Ley 25.246 y sus modificatorias, la Ley 26.734 y el Código Penal, particularmente el artículo 306 inciso f), que tipifica el delito de financiamiento de la proliferación. Además, la norma incorpora de manera expresa las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU —entre ellas las 1718 (2006) y 1737 (2006) y sus sucesivas—, que establecen sanciones financieras dirigidas contra personas y entidades vinculadas a programas nucleares y de armas de destrucción masiva.

En línea con la Recomendación 7 del GAFI, la UIF obliga a los sujetos enumerados en el artículo 20 de la Ley 25.246 a reportar sin demora, y con un plazo máximo de 24 horas, toda operación realizada o tentada que involucre bienes o activos de personas o entidades designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o que puedan estar vinculadas con el financiamiento de la proliferación.

Congelamiento administrativo inmediato y sin notificación previa

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es la incorporación del congelamiento administrativo inmediato de bienes y otros activos. Ante la detección de una operación sospechosa FPADM, los sujetos obligados deberán inmovilizar los fondos “sin demora e inaudita parte”, es decir, sin notificación previa a los involucrados.

La UIF queda facultada a disponer el congelamiento mediante resolución fundada, que será notificada de inmediato al sujeto obligado y al Ministerio Público Fiscal o al juez federal competente. La autoridad judicial deberá ratificar, rectificar o revocar la medida en un plazo máximo de 24 horas, aunque los bienes permanecerán congelados hasta que exista una decisión judicial expresa.

La resolución define con amplitud el concepto de bienes u otros activos, incluyendo bienes tangibles e intangibles, instrumentos financieros, documentos electrónicos y cualquier activo que pueda ser utilizado para obtener fondos o servicios, siempre que estén bajo control directo o indirecto de personas o entidades designadas.

Asimismo, la UIF deberá comunicar la aplicación de estas medidas al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto dentro de las 24 horas, para su notificación al Consejo de Seguridad de la ONU por las vías diplomáticas correspondientes.

Impacto sobre bancos, empresas y el sistema antilavado

El nuevo esquema refuerza de manera sustancial las responsabilidades de los sujetos obligados, que deberán verificar periódicamente las listas internacionales de sanciones, cotejar sus bases de clientes y abstenerse de informar a terceros sobre la existencia de medidas de congelamiento, salvo en los términos estrictos previstos por la ley.

El incumplimiento de estas obligaciones habilita la aplicación de las sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley 25.246, que incluyen multas y otras penalidades administrativas.

Desde una perspectiva institucional, la Resolución 3/2026 busca subsanar observaciones formuladas en la última evaluación mutua del GAFI y del GAFILAT, fortaleciendo la capacidad del Estado argentino para prevenir, detectar y sancionar operaciones vinculadas al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Para el sistema financiero y los sectores regulados, la medida implica un aumento en los costos de cumplimiento y en la exigencia de controles internos, pero también una señal clara de alineamiento con los estándares internacionales en materia de seguridad financiera y cooperación global.

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La banca cooperativa cierra el año con solidez patrimonial y apuesta a Misiones como territorio estratégico

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En un año de fuerte retracción económica y balances deteriorados en gran parte del sistema financiero, el Banco Credicoop destaca una posición patrimonial sólida, elevada liquidez y un modelo de gestión cooperativa que amortiguó el impacto de la coyuntura, afirmó Maximiliano López, gerente zonal de la Zona 5 de la entidad. A la vez, advirtió sobre los efectos del proyecto de reforma laboral que habilita a las fintech a pagar salarios por fuera del sistema bancario, una medida cuestionada por asociaciones del sector por tratarse de una “competencia desigual”.

Un cierre de año complejo pero con resiliencia cooperativa

López reconoció que “la realidad de los bancos es similar en todas” y que Credicoop también registró balances alineados a la tendencia negativa del último trimestre. Sin embargo, subrayó que la entidad cuenta con una ventaja estructural derivada de su naturaleza jurídica. “Al ser una cooperativa no tenemos accionistas que vienen a retirar las rentabilidades. Nosotros trabajamos con un concepto que es la rentabilidad mínima necesaria y los excedentes van a capitalizar el banco”.

Según explicó, durante los últimos tres a cuatro años “toda la banca —incluido Credicoop— ganó muchísimo dinero”, por lo cual sabían que en algún momento “íbamos a tener que devolver parte de lo que habían ganado”. La diferencia, señaló, radica en que la entidad no enfrenta la presión de distribución de utilidades, lo que permitió sostener un “colchoncito” para transitar el contexto actual.

En términos de volumen y estructura, López remarcó. “Lo midas como lo midas, estamos dentro de los seis, siete principales bancos del sistema privado, con una solidez patrimonial extraordinaria y una liquidez que duplica o triplica la de otros bancos”.

Críticas a la reforma laboral: alerta por la habilitación a las fintech para pagar salarios

El gerente también se refirió al comunicado difundido por asociaciones del sistema financiero respecto de la reforma laboral, que habilita a que los salarios sean pagados por fuera del sistema bancario. López aclaró: “Nosotros formamos parte de Abapra, que también se pronunció en ese sentido”.

El cuestionamiento central, señaló, no radica en la digitalización del sistema sino en las asimetrías normativas. “Lo que criticamos es que las fintech no tienen la misma regulación ni el mismo control que tienen los bancos. Entonces es una competencia desigual”.

El argumento principal del sector financiero es que el Banco Central exige a los bancos un conjunto de garantías y requisitos que las fintech no afrontan. La preocupación es que la reforma habilite una competencia sin equivalencias regulatorias, alterando las condiciones del mercado laboral y financiero.

La región y el impacto económico: Misiones como territorio estratégico

López explicó que su Zona 5 se extiende desde el norte de Santa Fe hasta Misiones, pasando por Chaco y Corrientes, con una red de sucursales que tiene origen en las históricas cajas de crédito.

En ese marco, destacó el rol específico de Misiones. “La provincia de Misiones es una provincia con una fuerte tradición cooperativista, y nosotros queremos estar presentes acompañando a la economía provincial y sobre todo al sector cooperativo”.

Reconoció, no obstante, que la coyuntura golpea a sectores clave. “Ustedes conocen lo que está pasando en la yerba, en la madera. Queremos creer que esto es transitorio”.

A nivel nacional, evaluó que las políticas económicas benefician solo a un segmento acotado del agro y del extractivismo, mientras que “el resto de los sectores la están pasando mal”.

La expectativa, sostuvo, es un cambio de orientación. “Lo mejor que nos vendría es un Estado presente acompañando a los sectores de la economía que dinamizan el comercio, la industria y el empleo”.

Maximiliano López, gerente Zonal Credicoop

El rol social del banco y el concepto de “cooperativismo transformador”

En un mensaje institucional dirigido a comunicadores, López remarcó que Credicoop no solo busca ser “una cooperativa exitosa”, sino que aspira a un rol más amplio. “Utilizamos el término cooperativismo transformador. Consiste en aportar desde nuestro espacio para que esta sociedad sea más justa, más igualitaria y más inclusiva”.

El directivo destacó la estructura democrática del banco, el funcionamiento de sus comisiones de asociados, el papel de la Asamblea General de Delegados y la presencia de más de 4.400 dirigentes involucrados en la gestión integral.
A lo largo del video institucional presentado, se enumeraron datos centrales del modelo:

  • 276 filiales y centros de atención.
  • Aproximadamente 4.600 empleados y empleadas.
  • Más de dos millones cien mil usuarios, un millón de ellos asociados.
  • 215 mil empresas operando con la entidad.
  • Más de 1.500.000 tarjetas de crédito administradas.
  • Más del 70% del financiamiento destinado a pymes, reafirmando su identidad como “el banco de la pequeña y mediana empresa argentina”.

López concluyó: “Para nosotros es fundamental dar a conocer lo que hacemos. Agradecemos mucho el vínculo con ustedes”.

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