SISTEMA FINANCIERO

Las pymes apuestan a reformas laborales, impositivas y financieras para volver a crecer

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Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) miran a 2026 como un punto de inflexión. Para los dirigentes nucleados en la Confederación Económica de Misiones (CEM), el próximo año concentra expectativas concretas de que las reformas estructurales que ya comenzaron a discutirse a nivel nacional —y que el sector reclama desde hace décadas— tengan finalmente el contenido y el impacto necesarios para devolver competitividad, reactivar el consumo y generar empleo sin temor. En un contexto de ajuste fiscal y objetivo de Déficit Cero, las pymes plantean una agenda clara: reducir costos, ordenar el sistema laboral, aliviar la presión impositiva y reconstruir un esquema financiero compatible con la rentabilidad real de las empresas.

El desafío no es menor. Tras un ciclo económico que dejó a muchas firmas sin espalda financiera, el sector entiende que sin actividad económica sostenida ninguna reforma será viable en el tiempo. Por eso, el foco está puesto tanto en las decisiones nacionales como en su necesario correlato provincial y municipal.

Reforma laboral e impositiva: bajar el costo, no el salario

Desde la CEM, que agrupa a más de 30 cámaras empresarias de Misiones, la prioridad está puesta en influir en el debate legislativo. “Cerramos el 2025 e iniciamos el 2026 con el foco de la actividad dirigencial pyme puesto en fortalecer el diálogo y la información brindada a legisladores nacionales, de manera tal de ponerlos al tanto de la situación del sector”, señaló Guillermo Fachinello, presidente de la entidad.

En materia de Reforma Laboral, la posición es tajante: el problema no es el salario, sino el costo laboral. Las pymes dependen del consumo y, por lo tanto, bajar ingresos no es una opción. El reclamo apunta a reducir cargas e introducir cambios que permitan contratar sin el riesgo de una litigiosidad desmedida, que —según advierten— termina fundiendo empresas y no siempre redunda en beneficios directos para los trabajadores.

El planteo se vuelve aún más complejo si se considera el marco macroeconómico actual. El Gobierno Nacional sostiene el objetivo de Déficit Cero, lo que obliga a pensar reformas que alivien al sector privado sin desbalancear las cuentas públicas. En paralelo, las pymes reclaman una Reforma Impositiva propia, con instrumentos pensados específicamente para su escala y estructura de costos, que les permita seguir traccionando la economía real.

Financiamiento, consumo y confianza: las claves para volver a invertir

Otro eje central de la agenda pyme es el financiero. La expectativa es que una Reforma Financiera sea inminente y contemple un esquema crediticio acorde a la rentabilidad de las empresas, especialmente en un contexto de baja inflación. En esa línea, Gerardo Díaz Beltrán, secretario de la CEM y secretario del Interior en CAME, insiste en la necesidad de tasas que reflejen la nueva realidad macroeconómica.

El diagnóstico es compartido: pese a la baja del riesgo país y de las tasas de referencia, ese alivio no se trasladó plenamente al crédito productivo. Además, el sector señala que el valor del dinero en el ámbito internacional es sensiblemente mayor al que se toma como referencia para financiar a las pymes locales, lo que profundiza la brecha de competitividad. Tras la eliminación de las Leliq, se espera un gesto concreto del sistema financiero hacia la producción, con mayor flexibilidad y eficiencia.

La reactivación del consumo, en tanto, aparece como una condición necesaria. “Está claro que sin actividad económica, ninguna de las reformas de las cuales estamos hablando tiene sentido”, coinciden los dirigentes empresarios. Sin demanda interna, la baja de costos y el crédito accesible pierden efectividad.

Presión fiscal provincial y tasas municipales

El debate no se agota en la Nación. Las pymes misioneras plantean que las reformas deben generar ecos a nivel provincial y municipal. Reclaman un reacomodamiento del esquema impositivo provincial, una revisión de las tasas municipales y mayor eficiencia en el gasto tanto en empresas públicas como en los distintos niveles del Estado.

No es un reclamo menor: la carga tributaria encabeza desde hace al menos tres años el listado de problemáticas provinciales que más afectan la actividad diaria de las pymes en todos los sectores —industria, comercio, producción y servicios—. A eso se suman regímenes municipales abusivos en varios municipios, que generan impactos negativos directos sobre la actividad y plantean, según el sector, un riesgo institucional para la producción.

En la coyuntura poselectoral, el clima tampoco ayuda. Luis Steffen, director de la Comisión de Comercio y Servicios de la CEM, advierte que “se dio cierto nivel de descreimiento desde el sector pyme hacia el crecimiento tanto para Argentina como para Misiones”. En ese marco, subraya que el país necesita confianza y una tasa de interés razonable para que las inversiones vuelvan y se puedan generar nuevas fuentes de trabajo.

El diagnóstico final es autocrítico. El sector reconoce que atraviesa un fin de ciclo poco beneficioso: “El consumo y la actividad engañosa nos llevó a no tener espalda para soportar el ajuste y avanzar en las transformaciones que hacen falta”, admiten. Por eso, 2026 aparece como una oportunidad clave. No como una promesa abstracta, sino como el año en el que las reformas deberán traducirse en condiciones reales para producir, invertir y volver a crecer.

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El uso de tarjetas de crédito marca récord y redefine el consumo en Argentina

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La financiación con tarjetas de crédito alcanzó niveles récord hacia el cierre del año, impulsada por presupuestos familiares más ajustados, inflación persistente y una mayor digitalización de los pagos. Así lo reflejan los últimos datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que muestran un cambio estructural en los hábitos de consumo y un impacto directo sobre el blanqueo de la economía, la intermediación financiera y el sistema de pagos.

El fenómeno se profundizó durante las Fiestas de fin de año, cuando las familias optaron masivamente por el “dinero plástico” para afrontar gastos corrientes, viajes y vacaciones, tanto en pesos como en dólares. Para el Gobierno, este proceso representa una señal positiva en términos de formalización de transacciones y trazabilidad del consumo.

Tarjetas de crédito en alza: cifras récord y cambio de perfil de pagos

Según el informe sobre pagos del BCRA, el uso de tarjetas de crédito creció 7,4% en cantidades y 1,8% en montos reales, alcanzando 188,9 millones de pagos por un total de $10 billones. El dato confirma que ya en octubre las tarjetas de crédito superaron a las de débito, consolidando un giro relevante en el comportamiento de los consumidores.

El contexto macroeconómico explica buena parte del fenómeno. Con una inflación del 2,5% en noviembre y gastos que continúan ajustándose al alza, los hogares recurrieron al financiamiento para sostener el consumo. La preferencia por la tarjeta también se vinculó al aumento de pagos asociados a viajes y turismo, rubro donde se combinan operaciones en moneda local y extranjera.

En cuanto a los canales de pago, el informe oficial detalla que POS y QR concentraron el 40% de las operaciones con tarjeta de crédito, seguidos por e-commerce (37%) y débito automático (14,2%). Dentro de este esquema, el QR interoperable explicó el 4,7% del total de pagos con crédito, evidenciando el avance de las billeteras virtuales y los medios electrónicos.

Respecto de la modalidad de financiación, el pago en un solo tramo representó el 90,7% de las operaciones en cantidades y el 73,8% en montos, lo que sugiere que, más allá del financiamiento, la tarjeta funciona como instrumento de pago formal y digitalizado.

Débito en retroceso y auge de pagos digitales

El avance del crédito contrasta con el desempeño de las tarjetas de débito. El BCRA informó que en octubre se realizaron 177 millones de transacciones con débito por $4,7 billones, registrándose una caída interanual del 13,3% en cantidades. Este descenso refleja una menor utilización del dinero disponible y refuerza la idea de un consumo cada vez más apalancado en el financiamiento.

En paralelo, continúa creciendo el uso de medios digitales y billeteras virtuales, que ganan terreno tanto en operaciones presenciales como online. La interoperabilidad del QR y la expansión del comercio electrónico consolidan un ecosistema de pagos más formalizado, con mayor registro de operaciones y menor circulación de efectivo.

Pagos en dólares: un nicho en expansión

Otro dato relevante del informe del Banco Central es la evolución de los pagos en moneda extranjera. Durante octubre, se realizaron 10.300 transacciones en dólares por US$6,4 millones, de las cuales el 99% se canalizó vía e-commerce.

Desde la habilitación de los pagos en dólares con tarjeta de débito en febrero de 2025, se cursaron 44.810 operaciones, que totalizaron US$31,4 millones. Si bien el volumen aún es acotado frente al total del sistema, el crecimiento marca una tendencia vinculada al turismo, las compras online y la mayor flexibilidad en los medios de pago.

Impacto económico e institucional

El avance del uso de tarjetas y billeteras virtuales tiene implicancias más amplias. En términos institucionales, contribuye al blanqueo de la economía, mejora la trazabilidad de las operaciones y fortalece la recaudación indirecta. Para el sistema financiero, implica mayor actividad transaccional y un rol creciente de los bancos y fintech en la intermediación cotidiana.

Al mismo tiempo, el aumento del financiamiento vía tarjetas expone la fragilidad del ingreso disponible de los hogares y plantea desafíos en materia de endeudamiento y sostenibilidad del consumo, especialmente si la desaceleración inflacionaria no se traduce en una mejora real del poder adquisitivo.

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Más de USD 260.000 millones fuera del sistema: el desafío del Gobierno para movilizar los dólares de los argentinos

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Los argentinos acumulan más de USD 260.000 millones fuera del sistema financiero formal —el llamado “debajo del colchón”—, una magnitud que condiciona la política económica y explica buena parte de las restricciones estructurales de la economía. Según datos oficiales, estos ahorros crecieron en más de USD 100.000 millones en la última década y avanzan a un ritmo cercano a USD 5.000 millones por trimestre. Frente a este escenario, el Gobierno busca tentar a los ahorristas para que vuelquen esos recursos a la inversión productiva y a las reservas, a través de un nuevo régimen de regularización denominado “Inocencia Fiscal”, actualmente en análisis en el Congreso.

El volumen de fondos fuera del alcance del Fisco no solo refleja desconfianza histórica, sino también un potencial latente para recomponer el crédito, financiar proyectos y aliviar la escasez de divisas. La discusión vuelve al centro de la agenda económica e institucional en un contexto de reservas ajustadas y necesidad de dinamizar la inversión.

La magnitud del ahorro fuera del sistema y su evolución

Los datos oficiales muestran que los ahorros externos y no bancarizados en manos de argentinos o empresas argentinas pasaron de USD 153.309 millones en 2015 a USD 260.443 millones en el tercer trimestre del año en curso. El crecimiento acumulado supera los USD 100.000 millones en diez años y mantiene una tendencia sostenida, con incrementos trimestrales cercanos a USD 5.000 millones.

Se trata de dinero que permanece en el país o en el exterior, en forma de dólares billete, depósitos no declarados, cajas de seguridad u otros instrumentos, y que quedó sistemáticamente fuera del circuito formal. A comienzos de 2016, estos activos ya totalizaban USD 154.682 millones; al inicio del gobierno de Alberto Fernández ascendían a USD 226.569 millones; y alcanzaron USD 261.368 millones hacia fines de 2023, consolidando una trayectoria ascendente que atraviesa distintos ciclos políticos y económicos.

Activos externos: un stock que supera los USD 480.000 millones

Si al efectivo se le suman las inversiones en bonos y títulos externos, propiedades en el exterior y otros instrumentos financieros —declarados o no—, el total de activos externos en manos argentinas alcanzó USD 483.278 millones al cierre del tercer trimestre. La cifra contrasta con los USD 271.766 millones registrados una década atrás, lo que da cuenta de una fuerte acumulación patrimonial fuera del sistema local.

En ese período, crecieron con fuerza las participaciones en fondos de inversión, que pasaron de USD 26.851 millones a USD 69.968 millones, y los títulos de deuda, que aumentaron de USD 14.322 millones a USD 42.448 millones. Este proceso evidencia una preferencia por activos financieros externos como resguardo de valor, en detrimento de la intermediación doméstica.

La estrategia oficial: blanqueo, inversión y reservas

Ante este cuadro, el Gobierno impulsa un nuevo intento de regularización mediante una ley de blanqueo denominada “Inocencia Fiscal”, que se encuentra bajo análisis parlamentario. La pretensión del ministro de Economía, Luis Caputo, es que una parte de esos fondos no declarados se canalice hacia inversiones y, en paralelo, contribuya a fortalecer las reservas del Banco Central, hoy limitadas.

El objetivo oficial es doble: ampliar la base de capital disponible para el desarrollo productivo y reducir la presión cambiaria mediante una mayor oferta de divisas. Sin embargo, el desafío es de naturaleza institucional y política: convencer a los ahorristas de que ingresen sus dólares al sistema requiere previsibilidad, reglas claras y credibilidad sostenida.

En términos macroeconómicos, la magnitud del ahorro fuera del sistema explica por qué la economía argentina convive con un alto nivel de activos privados en dólares y, al mismo tiempo, con restricciones severas de financiamiento y divisas en el sector público. La capacidad de transformar ese stock en inversión real será determinante para el rumbo económico de los próximos años.

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Entidades financieras se oponen a que las billeteras paguen sueldos y jubilaciones

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Los bancos rechazan que billeteras virtuales paguen sueldos y jubilaciones y alertan por “riesgos para trabajadores y jubilados”

Las principales entidades financieras del país cuestionaron la propuesta incluida en la reforma laboral que habilita a las billeteras virtuales a pagar salarios, jubilaciones y prestaciones sociales. Aseguran que el sistema bancario es el único con estándares regulatorios suficientes para garantizar seguridad, trazabilidad y protección de los haberes.

Un rechazo institucional: los bancos advierten sobre los riesgos de “bajar el nivel de formalidad” en el sistema de pagos

Las cámaras que nuclean a los bancos públicos, privados y extranjeros —ADEBA, ABA y ABAPPRA— emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron “de plano” la posibilidad de que las billeteras virtuales se conviertan en plataformas habilitadas para el pago de salarios, jubilaciones y prestaciones, tal como contempla la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Las entidades señalaron que el actual esquema de acreditación de haberes “ha sido una de las pocas políticas de Estado exitosas que tuvo la Argentina”, y destacaron que su implementación en las últimas décadas consolidó un sistema “formal, seguro y gratuito para trabajadores y jubilados”.

En su mensaje, los bancos recordaron que el sistema financiero argentino “demostró su fortaleza incluso en las crisis de las últimas tres décadas”, subrayando que esa resiliencia se sustenta en exigencias regulatorias, supervisión permanente y garantías que las billeteras virtuales —en su rol actual— no están obligadas a cumplir.

“El nivel de servicios para los usuarios es excelente, además de gratuito”, remarcaron, en referencia al alcance, estabilidad y cobertura del sistema bancario en materia de pagos previsionales y laborales.

Argumentos técnicos y regulatorios: sin beneficios claros, con “costos y riesgos” potenciales

En otro tramo del comunicado, ADEBA, ABA y ABAPPRA enfatizaron que, “en línea con la legislación vigente y las mejores prácticas internacionales”, los haberes deben mantenerse dentro del sistema bancario formal, que opera bajo un marco normativo más rígido que el que aplica para las fintech y billeteras virtuales.

Las entidades alertaron que “no se observan beneficios —pero sí costos y riesgos— de bajar el nivel de formalidad y exigencias para las entidades que tienen la responsabilidad de velar por el pago y la seguridad de sueldos y jubilaciones”.

El punto central del planteo bancario es la seguridad de los fondos: “Quienes promueven relajar las condiciones para el pago de salarios y jubilaciones deben ser conscientes de que dicha decisión expone a los trabajadores y jubilados al riesgo de perder sus haberes, en casos de que la billetera en la que cobren tenga dificultades o desmanejos económicos”, advirtieron.

Con esta afirmación, las cámaras buscan subrayar que el sistema bancario no solo opera con garantías legales y regulatorias más estrictas, sino que además está obligado a implementar sistemas de respaldo financiero, encajes y controles externos que las billeteras digitales no tienen.

Tensión entre bancos y fintech en medio de la reforma laboral

La discusión se inscribe en un contexto de fuerte competencia entre el sistema financiero tradicional y los nuevos actores del ecosistema digital. La reforma laboral propone ampliar el abanico de entidades donde pueden acreditarse haberes, un movimiento que beneficiaría directamente a las billeteras virtuales que buscan consolidarse como proveedores integrales de servicios financieros.

Para los bancos, esta flexibilización abre un escenario donde: se fragmenta el sistema de pagos, se reduce la trazabilidad, se amplifican riesgos operativos, y se debilita un ecosistema que consideran clave para la formalidad laboral.

Desde el lado fintech, si bien no se pronuncian en este texto, la expectativa suele estar enfocada en ganar participación en el mercado de pagos, profundizar la competencia y reducir costos de intermediación.

El debate promete escalar tanto en el Congreso como en el sistema financiero: mientras el Gobierno impulsa políticas de desregulación y competencia, los bancos buscan preservar el marco regulatorio vigente para el pago de salarios y jubilaciones, uno de los segmentos más sensibles del sistema.

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Préstamos personales y tarjetas impulsan la mayor suba de morosidad en 15 años

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Morosidad récord, el endeudamiento de las familias llegó al nivel más alto desde 2010. Esto según el último informe sobre bancos del BCRA.

La morosidad de los hogares alcanzó en septiembre un 7,3%, el valor más alto desde el inicio de los registros del Banco Central en enero de 2010, según el Informe sobre Bancos – Septiembre 2025. Se trata del undécimo incremento consecutivo en el ratio de irregularidad, impulsado principalmente por el deterioro en préstamos personales y de tarjetas de crédito, en un contexto de gasto creciente y mayores tensiones financieras en las familias.

Escalada en la morosidad: once meses consecutivos en alza y máximos históricos

El último informe del Banco Central confirmó que la morosidad de los créditos a las familias volvió a subir, al pasar del 6,6% al 7,3%, el nivel más elevado desde que comenzaron las series oficiales en 2010. El aumento se concentra en dos segmentos críticos: Préstamos personales: suba del 8,2% al 9,1%. Tarjetas de crédito: avance del 6,7% al 7,4%.

A su vez, los préstamos prendarios mostraron un incremento moderado, mientras que los créditos hipotecarios permanecieron estables en 0,9%.

En el caso del sector empresarial, también se registró un incremento de la irregularidad, aunque más acotado: pasó del 1,4% al 1,7%, con un mayor deterioro en los créditos con garantía prendaria.

Los datos del BCRA muestran que, al sumar familias y empresas, la irregularidad total del sistema financiero avanzó del 3,7% al 4,2%, su valor más alto desde comienzos de 2022. La entidad subraya que, en septiembre, las previsiones equivalieron al 102% del total de créditos irregulares y al 4,2% del saldo total al sector privado. InfBanc0925

Contexto económico y señales mixtas: más financiamiento, mayor demanda y presiones sobre el crédito

El deterioro de la cartera ocurre en un escenario de fuerte dinamismo del crédito, especialmente en los segmentos hipotecarios y prendarios.

En septiembre: El saldo real del crédito al sector privado en pesos creció 0,5% mensual y 47% interanual. Se sumaron más de 4.700 nuevos deudores hipotecarios, superando los 41.200 en los últimos 12 meses. El crédito total al sector privado —pesos y moneda extranjera— aumentó 1,3% en el mes. El financiamiento a empresas mostró impulso en sectores como industria y producción primaria. InfBanc0925

A la par, los depósitos del sector privado también crecieron: 2,4% real en pesos. 5,2% en moneda extranjera. Los depósitos a la vista remunerados subieron 6,4% real, mientras que los plazos fijos avanzaron 3,7% real.

Sin embargo, el avance simultáneo del consumo, el crédito y la irregularidad refleja una presión creciente sobre la capacidad de pago de las familias, en especial frente al uso intensivo de tarjetas y préstamos no garantizados.

Impacto en las familias, presión sobre el sistema financiero y expectativas para noviembre-enero

El incremento sostenido en la morosidad ya genera señales de alerta en bancos y analistas. La suba consecutiva durante 11 meses muestra que los hogares enfrentan crecientes dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.

Entre las repercusiones inmediatas: Tensiones en el consumo: el aumento de atrasos en tarjetas indica límites crecientes en la capacidad de absorción del gasto. Más análisis de riesgo por parte de los bancos: la irregularidad en préstamos personales y prendarios obliga a las entidades a fortalecer previsiones y ajustar criterios de otorgamiento. Impacto acotado en empresas: aunque la morosidad también subió, sigue en niveles bajos en comparación con los hogares.

Pese al mal desempeño de septiembre, las expectativas para noviembre-enero, según la información relevada, muestran un giro hacia el optimismo. No obstante, la sostenibilidad del crédito dependerá de cuánto logre estabilizarse la capacidad de pago de las familias en los próximos meses.

Informe Bancos 09 2025 BCRA by CristianMilciades

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