Hay errores políticos que nacen de una mala decisión. Otros, de una mala lectura de la realidad. Y hay un tercer tipo, quizás el más peligroso: creer que un símbolo compartido por millones de personas puede administrarse como si fuera un problema de comunicación.
Eso fue, en definitiva, lo que ocurrió esta semana.
La historia no empezó con la bandera desplegada por la Selección Argentina después del partido frente a Inglaterra. Empezó unos días antes, cuando la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció que, tras reuniones con autoridades de la FIFA, organismos de seguridad estadounidenses, representantes británicos y argentinos, se había acordado impedir el ingreso a los estadios de banderas, camisetas u otros elementos que exhibieran el “mapita” de las Islas Malvinas, por considerarlos manifestaciones políticas.
La declaración cayó como una bomba.
No sólo porque se trataba del reclamo histórico de soberanía de la Argentina, sino porque la medida fue interpretada por amplios sectores como una aceptación anticipada de que un símbolo nacional debía quedar fuera de un partido precisamente contra Inglaterra.
La polémica ya estaba instalada.
Y entonces apareció la Selección.
Los jugadores desplegaron una bandera sencilla, hecha por un hincha. Sin consignas partidarias. Sin agravios. Sin llamados a la confrontación. Apenas una frase que cualquier argentino escuchó desde la escuela primaria:
“Las Malvinas son Argentinas”.
Hasta ese momento, el episodio podía haber quedado como una imagen emotiva de un partido cargado de historia.
Pero el Gobierno decidió jugar otro juego, precisamente.
El presidente Javier Milei sostuvo que “la política no debía apropiarse de la fiesta”, habló de una posible sanción de la FIFA, calificó de “miserables” a quienes pretendían convertir el gesto en un hecho político y luego aclaró que, por supuesto, las Malvinas son argentinas y que el reclamo debe mantenerse por la vía diplomática.
Sin embargo, la discusión ya no era esa.
Porque el problema nunca fue la posición histórica sobre Malvinas.
El problema fue el encuadre elegido por el Gobierno.
Mientras millones de argentinos veían una expresión de identidad nacional, la Casa Rosada discutía reglamentos deportivos, neutralidad política y eventuales multas.
Y ahí comenzó una derrota que no se jugó en la cancha.
Se jugó en la opinión pública.
No es una conclusión basada en intuiciones.
Es lo que reflejan los estudios de dos consultoras especializadas en análisis de conversación pública digital.
Ad Hoc, una empresa dedicada al monitoreo y análisis de millones de interacciones en redes sociales para medir tendencias, reputación e impacto de acontecimientos públicos, registró más de dos millones de menciones vinculadas a Malvinas en apenas cinco días.
Sólo durante la jornada del partido hubo 660 mil menciones, casi el doble de las registradas el último 2 de abril, fecha en la que cada año se conmemora el inicio de la Guerra de Malvinas.
Hay un dato todavía más revelador.
Mientras algunos sectores intentaban instalar la discusión sobre si correspondía o no exhibir aquella bandera, el término “Malvinas” apareció más de dos millones de veces en la conversación digital, mientras que “Falklands” apenas superó las 210 mil menciones.
Es decir: incluso en el territorio más fragmentado y caótico de nuestro tiempo —las redes sociales— el consenso argentino resultó abrumador.
El informe también detectó que las conversaciones que asociaban al Presidente con el episodio tenían un 66,7% de sentimiento negativo.
Por su parte, Monitor Digital, otra consultora especializada en inteligencia digital y monitoreo de agenda pública, llegó a una conclusión similar: la controversia desplazó otros temas de la agenda y produjo un deterioro en la reputación digital del Gobierno.
No se trata de que una consultora tenga razón porque sí.
Se trata de que dos equipos diferentes, utilizando metodologías distintas, describieron el mismo fenómeno.
Y después apareció un tercer dato.
La Política Online publicó un análisis según el cual dos de cada tres usuarios rechazaron la postura presidencial frente a la bandera de la Selección.
Cuando distintas mediciones coinciden en señalar la misma dirección, conviene prestar atención.
Porque ya no estamos hablando solamente de redes sociales.
Estamos hablando del modo en que una sociedad interpreta un hecho político.
Y ahí aparece la verdadera pregunta.
¿Quién politizó la bandera?
¿Los jugadores?
¿O quienes decidieron cuestionarla?
Porque conviene recordar algo elemental.
Las Malvinas no son una consigna de un partido.
Son una política de Estado sostenida por todos los gobiernos democráticos, incorporada a la Constitución Nacional que, en su Disposición Transitoria Primera, ratifica la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, además de estar respaldada por resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen la existencia de una disputa de soberanía e instan a ambos países a reanudar negociaciones.
Por eso resulta extraño presentar esa bandera como una apropiación política.
Si así fuera, habría que concluir que cada acto oficial del 2 de Abril, cada discurso presidencial sobre Malvinas y cada mapa que aparece en un aula argentina constituyen también una manifestación partidaria.
Hay paradojas que no necesitan explicación. Se explican solas.
Quizás el mayor error del Gobierno haya sido creer que una bandera podía leerse únicamente desde la lógica de la coyuntura.
Pero las banderas no pertenecen a la coyuntura.
Pertenecen a la memoria colectiva.
Y la memoria suele ser bastante más resistente que cualquier estrategia de comunicación.
Como si todo esto fuera poco, la semana terminó ofreciendo una ironía difícil de pasar por alto.
Mientras el país discutía una bandera que reivindicaba la soberanía sobre las Islas Malvinas, el Senado debía debatir un proyecto impulsado por el oficialismo para modificar el régimen de tierras rurales, una iniciativa que, según sus críticos, abre la puerta a una mayor extranjerización de un recurso estratégico.
La sesión finalmente se cayó y el tratamiento quedó postergado.
Puede tratarse de una coincidencia del calendario legislativo.
Pero la imagen es potente.
En pocos días, la palabra soberanía apareció en tres escenarios completamente distintos.
En una cancha de fútbol.
En millones de conversaciones digitales.
Y en el Congreso de la Nación.
Eso debería servir, al menos, para una reflexión.
Porque la soberanía no empieza ni termina en Malvinas.
También se expresa en quién controla los recursos estratégicos, quién decide sobre el territorio, quién define el rumbo económico y qué lugar ocupa el interés nacional frente a las presiones externas.
Quizás por eso una bandera de tela terminó diciendo mucho más que cuatro palabras.
Recordó que hay causas que sobreviven a los gobiernos.
Que existen símbolos que ningún consultor puede resignificar a voluntad.
Y que hay consensos que siguen vivos, incluso en una Argentina atravesada por divisiones profundas.
El Gobierno creyó que discutía una bandera.
Los argentinos, en cambio, discutían algo bastante más grande.
Discutían la soberanía.
Y esa, por suerte, todavía no salió de la cancha.
