Soberanía nacional

Encuesta: 85% de los argentinos pide proteger los recursos estratégicos

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Una nueva encuesta nacional de Zuban Córdoba y Asociados revela un amplio consenso social alrededor de conceptos vinculados con la soberanía económica y política, pero con una particularidad: la mayoría de los argentinos no plantea como alternativa el aislamiento internacional.

Por el contrario, la posición predominante podría sintetizarse en una fórmula: abrirse al mundo, pero cuidando lo propio.

Ante la consulta sobre cuál debería ser el rumbo económico-internacional de la Argentina, 60,5% eligió “abrirse al mundo pero cuidando los recursos estratégicos”. Otro 24,5% sostuvo una posición todavía más restrictiva y consideró que “el país debe reservar exclusivamente para sí la explotación de todos sus recursos”. Apenas 14,2% optó por “abrir la economía al mundo, sin restricciones”.

La suma resulta contundente: 85% de los encuestados se identifica con alguna forma de protección de los recursos nacionales, aunque existen diferencias importantes acerca del grado que debería asumir esa protección.

Ese matiz es central para interpretar los resultados. La encuesta no muestra una sociedad mayoritariamente partidaria del aislamiento económico. El núcleo más numeroso -seis de cada diez argentinos- acepta la apertura internacional, pero demanda que esa inserción tenga límites cuando están en juego activos considerados estratégicos.

Litio, tierras y agua: 81,8% quiere mayoría argentina

El consenso se vuelve todavía más marcado cuando la encuesta abandona los conceptos generales y pregunta específicamente por los recursos naturales.

El 81,8% está de acuerdo con que los recursos estratégicos -entre los que el estudio menciona litio, tierras y agua- permanezcan mayoritariamente en manos de argentinos.

Solamente 16,5% está en desacuerdo y 1,7% no sabe qué responder.

La amplitud de la diferencia es significativa: hay prácticamente cinco personas favorables por cada una que rechaza esa posición.

El resultado adquiere relevancia en momentos en que recursos naturales y minerales críticos ganan protagonismo dentro de la economía mundial. La discusión sobre quién controla esos activos, cómo se explotan y cuánto valor queda dentro de las economías que los poseen comienza a formar parte de una nueva agenda internacional.

Y en Argentina, según la encuesta, existe una opinión ampliamente mayoritaria: la explotación puede admitir participación externa, pero el control mayoritario debería permanecer en manos nacionales.

Una segunda respuesta conecta directamente esa percepción con la política económica.

Ante la afirmación de que “es más importante proteger la producción y la industria nacional”, 74,1% manifestó estar de acuerdo, frente a 23% que expresó su desacuerdo y apenas 2,9% que no tomó posición.

El resultado incorpora una dimensión especialmente sensible para las provincias productivas.

La discusión sobre apertura comercial no aparece, al menos según este estudio, desligada de sus consecuencias sobre la estructura económica doméstica. Una amplia mayoría demanda algún grado de protección para las empresas y actividades que producen dentro del país.

El dato también permite entender mejor la respuesta anterior.

Cuando se pregunta genéricamente por una “economía abierta al mundo sin restricciones”, solamente 14,2% se identifica con esa alternativa. La opción dominante no es cerrar la economía: es abrirla bajo determinadas condiciones.

La misma lógica se reproduce en política exterior.

El 77,9% de los consultados considera que Argentina debería tomar sus decisiones de acuerdo con sus propios intereses, sin alinearse automáticamente con potencias extranjeras. El 19,6% está en desacuerdo y 2,5% no sabe.

La respuesta no identifica específicamente a ninguna potencia ni establece cuál debería ser la orientación diplomática argentina. Por eso, el resultado debe leerse con cautela: lo que registra es una demanda de autonomía, no necesariamente una preferencia geopolítica concreta.

Pero vuelve a aparecer un patrón común en prácticamente todo el estudio: la reivindicación de un margen propio de decisión para la Argentina reúne porcentajes superiores al 70%.

Un rechazo contundente a considerar “anticuada” la soberanía

El disparador de la encuesta fue una afirmación atribuida por el estudio al canciller Pablo Quirno, según la cual el concepto de soberanía nacional sería “anticuado”.

La reacción recogida por Zuban Córdoba fue ampliamente negativa.

El 66,7% manifestó estar “muy en desacuerdo” y otro 7,6% “algo en desacuerdo”. Sumadas ambas categorías, 74,3% rechaza la afirmación.

En sentido contrario, 12,9% dijo estar “algo de acuerdo” y 5,9% “muy de acuerdo”, lo que lleva el respaldo total a 18,8%. El restante 6,9% respondió que no sabe.

La intensidad de la respuesta también importa. No solamente existe una mayoría en desacuerdo: dos de cada tres argentinos eligieron la categoría más terminante disponible, “muy en desacuerdo”.

Entre el rechazo y la aceptación de la afirmación existe una distancia de 55,5 puntos porcentuales.

La última pregunta transforma esas opiniones generales en una hipótesis electoral.

Pensando en las próximas elecciones presidenciales, la consultora preguntó si el entrevistado consideraría priorizar su voto hacia “la propuesta más nacionalista/soberanista en temas de tierras y recursos naturales y relaciones internacionales”. El 65,3% respondió que sí.

Otro 24,3% contestó que no y 10,4% todavía no tiene una posición definida.

Es probablemente el dato políticamente más relevante del estudio.

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Organizaciones de Misiones redoblan la presión contra la reforma de la Ley de Tierras y piden a los senadores que voten en contra

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A poco más de dos semanas del tratamiento previsto en el Senado de la Nación, crece en Misiones la oposición al proyecto de ley denominado “De inviolabilidad de la propiedad privada”, una iniciativa que, según denuncian organizaciones agrarias, sindicales, ambientales, sociales y partidos políticos de la provincia, implicaría en los hechos la derogación de la Ley 26.737 de Protección del Dominio Nacional sobre Tierras Rurales y abriría una nueva etapa de extranjerización del territorio argentino.

La posición quedó plasmada en un documento conjunto titulado “No al proyecto de entrega de tierras en el Congreso Nacional”, donde decenas de organizaciones advierten que la propuesta facilitaría la adquisición de tierras rurales por parte de empresas, personas y Estados extranjeros, eliminando uno de los principales límites establecidos para preservar el control nacional sobre un recurso considerado estratégico.

Los firmantes sostienen que la discusión excede el plano jurídico y se vincula directamente con el futuro del desarrollo productivo argentino. En ese sentido, afirman que la eventual derogación de la Ley de Tierras favorecería una mayor concentración de la propiedad y otorgaría mayor discrecionalidad sobre el uso de recursos estratégicos como la tierra, el agua superficial y los acuíferos.

En el documento recuerdan que actualmente más de 12 millones de hectáreas del país ya se encuentran en manos extranjeras y aseguran que, en el caso de Misiones, el 14% de las mejores tierras productivas pertenece a propietarios extranjeros, una situación que, sostienen, podría profundizarse si prospera la iniciativa que será debatida el próximo 6 de agosto en la Cámara alta.

El pronunciamiento adquiere especial relevancia en un contexto que las organizaciones describen como de fuerte vulnerabilidad para el sector agropecuario provincial. Según expresan, la crisis que atraviesan miles de pequeños y medianos productores —agravada por la desregulación del mercado de la yerba mate— está acelerando procesos de concentración de la tierra y debilitando la capacidad de permanencia de cooperativas y emprendimientos familiares.

“En nuestra provincia, solo tres empresas concentran más del 20% de la tierra rural. Al mismo tiempo, la profunda crisis agraria está llevando a la ruina a miles de pequeños y medianos productores, favoreciendo aún más la concentración de la propiedad”, advierte el texto difundido por la multisectorial.

Como contrapunto al proyecto nacional, el documento recupera una de las frases más recordadas del fallecido obispo de Iguazú, monseñor Joaquín Piña, uno de los impulsores de la defensa del acceso a la tierra en Misiones: “Queremos que la tierra sea propiedad privada de muchos y no de unos pocos”.

Las organizaciones destacan que ese principio inspiró la Ley Provincial de Colonización sancionada en 2004, política pública que permitió el acceso a la tierra a más de 2.000 familias en el noroeste misionero, una región que consideran ejemplo de desarrollo basado en el arraigo y la producción familiar.

El documento concluye con un mensaje directo dirigido a los representantes misioneros en la Cámara alta. Los firmantes solicitan a los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut que rechacen de manera unánime la iniciativa cuando llegue al recinto, al considerar que está en juego “el patrimonio de la provincia y la soberanía nacional”.

La convocatoria reúne a un amplio espectro de actores del entramado social y productivo misionero. Entre ellos figuran la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), la Federación Nacional Campesina, el Movimiento Agrario de Misiones, Productores Independientes de Piray, la Red de Agricultura Orgánica Misiones, la Asociación Forestal y Ambiental de Misiones, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), organizaciones ambientales y de derechos humanos como el Servicio Paz y Justicia (SerPaJ) y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), además de centrales sindicales como la CTA Autónoma Misiones, ATE Misiones, la CGT Regional Misiones y la Unión de Docentes Universitarios de Misiones.

El respaldo también alcanza a espacios políticos como Unidad Popular, Partido Agrario y Social (PAyS), Libres del Sur, Patria Grande, Partido del Trabajo y del Pueblo, Frente Patriótico, Frente Patria Misiones y otras agrupaciones provinciales, que coinciden en advertir que el debate parlamentario trasciende una modificación normativa y plantea una discusión de fondo sobre el modelo de desarrollo, la distribución de la tierra y la preservación de recursos estratégicos para las futuras generaciones.

Con este nuevo pronunciamiento, la discusión sobre la reforma de la Ley de Tierras comienza a instalarse con fuerza en la agenda pública de Misiones, donde organizaciones de perfiles diversos buscan transformar el debate legislativo en una discusión sobre soberanía, producción y arraigo territorial.

No Al Proyecto de Entreg a de Tierras en El Congreso Nacional 2026 by CristianMilciades

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Rodríguez endurece discurso contra Trump y promete liberar a Maduro tras “ataque vil”

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, redobló este jueves sus críticas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al asegurar que su país “no se merecía esta agresión vil” tras el operativo militar estadounidense que culminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El pronunciamiento se produce en un contexto de alta tensión política, geopolítica y normativas internacionales, en el que Venezuela busca reafirmar su soberanía e institucionalidad interna luego de un acontecimiento sin precedentes que reconfigura la escena regional y global.

Fuerte rechazo oficial y narrativa de defensa nacional

Rodríguez formuló sus críticas durante un acto oficial celebrado en Caracas, donde calificó el ataque de “agresión vil, guerrerista” de una potencia nuclear, en referencia a Estados Unidos. Según su relato, Venezuela no estuvo pasiva durante el operativo que derivó en la captura de Maduro: “¡Aquí nadie se entregó! ¡Aquí hubo combate, hubo combate por esta Patria, por nuestros Libertadores!”, afirmó para enfatizar una idea de resistencia y dignidad nacional que permea el discurso oficialista.

En su alocución, la presidenta encargada también enfatizó que el gobierno no está “subyugado” a las decisiones del presidente estadounidense y reafirmó que el país continuará su curso de soberanía e independencia nacional pese a presión externa. Además, instruyó la creación de una comisión de familiares y víctimas del ataque militar, tras al menos 100 fallecidos reconocidos oficialmente en medio de enfrentamientos, según el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

Rodríguez sostuvo además que no descansará hasta que tanto Maduro como Flores regresen a Venezuela, subrayando la lealtad del oficialismo hacia el exmandatario detenido en Estados Unidos, y perfilando el episodio como una injusticia histórica que marcará las relaciones entre ambos países.

Contexto de la crisis y repercusiones políticas

El ataque estadounidense, ejecutado el 3 de enero de 2026, incluyó bombardeos en varias zonas de Caracas y terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, trasladados posteriormente a Nueva York, según informó el gobierno de Estados Unidos en un operativo descrito como de “gran escala” y justificado por acusaciones penales pendientes contra el exmandatario.

La detención de un líder en ejercicio —o recientemente en ejercicio— de la presidencia es un hecho extraordinario que ha generado reacciones internacionales contrapuestas y ha tensionado aún más la ya delicada situación regional. Organismos internacionales y gobiernos de distintos bloques han expresado preocupaciones sobre el uso de la fuerza, la soberanía estatal y el respeto al derecho internacional humanitario.

En este marco, el rechazo de Rodríguez se inscribe no solo en términos políticos internos —fortaleciendo un relato de resistencia y victimización frente a Estados Unidos— sino también como un elemento de confrontación diplomática y geopolítica que involucra reivindicaciones de soberanía, independencia y respeto al pluralismo internacional.

Repercusiones económicas y regionales

Más allá de la retórica política, la crisis tiene implicaciones económicas profundas. Venezuela, con una economía estructuralmente dependiente del petróleo, enfrenta un escenario de presión adicional sobre sus ingresos energéticos, sobre todo tras señales públicas de Washington acerca de posibles intereses estratégicos sobre activos petroleros venezolanos. Esto se da en paralelo a sanciones, bloqueos o embargos que han afectado la capacidad del Estado para financiar servicios públicos y mantener infraestructuras clave.

Los mercados regionales también observan con atención la situación, ya que la estabilidad de Venezuela —históricamente un gran exportador de crudo— impacta no solo las variables internas sino también las cadenas globales de energía y comercio. Las tensiones con Washington pueden influir en decisiones de inversión, patrones de comercio y estrategias de diversificación de suministro en el corto y mediano plazo.

Proyección política e institucional

El pronunciamiento de Delcy Rodríguez, en el contexto de una sucesión oficial que la colocó como presidenta encargada conforme al mecanismo constitucional venezolano tras la captura de Maduro, busca consolidar autoridad interna mientras se enfrenta a presiones externas sin precedente. Su discurso apunta a fortalecer la narrativa de soberanía nacional frente a una intervención militar extranjera y a movilizar apoyo popular ante un escenario de incertidumbre institucional.

A nivel regional, diversos gobiernos han llamado a la moderación y al respeto al marco multilateral para la resolución de crisis, subrayando el papel del diálogo y del derecho internacional como medios preferentes para enfrentar situaciones de alta complejidad política y humanitaria.

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Estados Unidos se retira de 66 organismos internacionales por orden de Trump

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum presidencial que ordena la retirada del país de 66 organizaciones internacionales, entre ellas 31 entidades vinculadas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al considerar que “ya no favorecen los intereses estadounidenses”. La decisión, anunciada por la Casa Blanca este miércoles 31, marca un giro significativo en la política exterior y multilateral de Washington, con implicancias políticas, económicas e институ­cionales a escala global.

Un repliegue del multilateralismo: alcance y fundamentos de la medida

Según informó la Casa Blanca a través de la red social X, el memorándum presidencial dispone el abandono formal de 66 organismos internacionales, de los cuales casi la mitad forman parte del sistema de Naciones Unidas. Entre las organizaciones más relevantes alcanzadas por la decisión se encuentran la Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático y la Alianza de Civilizaciones.

En un comunicado oficial, la Casa Blanca sostuvo que estas entidades promueven “causas radicales sobre el cambio climático, gobernanza global y programas ideológicos que chocan con la fortaleza económica y la soberanía de Estados Unidos”. El texto remarca que, desde la perspectiva de la actual administración, la participación en estos foros dejó de alinearse con los intereses estratégicos, económicos y políticos del país.

La mayor parte de los organismos abandonados son comisiones y paneles asesores enfocados en temáticas como cambio climático, migración, derechos laborales y otros asuntos que la Administración Trump considera asociados a agendas de diversidad e igualdad que, según su diagnóstico, se imponen “en perjuicio del mérito”.

Organismos alcanzados y redefinición de prioridades estratégicas

Además de estructuras del sistema de la ONU, el retiro estadounidense alcanza a espacios de cooperación y coordinación internacional en materia de seguridad y gobernanza. Entre ellos figuran el Foro Global Central contra el Terrorismo, el Partenariado para la Cooperación Atlántica y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.

Desde la Casa Blanca no se detallaron plazos operativos ni mecanismos específicos de salida, pero el memorándum presidencial establece la directriz política para concretar el retiro de manera progresiva. La medida se inscribe en una visión que prioriza la soberanía nacional y la autonomía de decisión frente a los compromisos multilaterales, un eje que ya había caracterizado la política exterior de Trump en etapas anteriores.

Impacto político e institucional a nivel global

La decisión de abandonar 66 organizaciones internacionales introduce un nuevo factor de tensión en el escenario internacional y plantea interrogantes sobre el rol futuro de Estados Unidos en los ámbitos de coordinación global. En particular, el retiro de organismos vinculados al cambio climático y a la gobernanza internacional puede alterar equilibrios en foros donde Washington históricamente tuvo un peso determinante.

En términos institucionales, la salida de Estados Unidos implica una reducción de aportes financieros, capacidad técnica y liderazgo político en múltiples instancias multilaterales. A la vez, abre espacio para que otros actores internacionales refuercen su influencia en esos organismos.

Desde el plano económico, la redefinición del vínculo con estructuras globales de cooperación podría tener efectos indirectos en áreas como comercio, financiamiento climático y estándares internacionales, en un contexto de reconfiguración de alianzas y prioridades geopolíticas.

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Rechazo al despliegue militar británico en el Atlántico Sur

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La República Argentina rechaza en los términos más contundentes el nuevo despliegue de armamento militar británico en las Islas Malvinas. Recientemente se conoció la instalación del sistema anti aéreo Sky Sabre en las Islas Malvinas, un sistema de defensa aérea, basado en tierra, de nueva generación que viene a reemplazar a los misiles de tipo Rapier y que triplican su alcance.

Se trata de una nueva e injustificada demostración de fuerza y un deliberado apartamiento de los llamamientos de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, que instan tanto a la Argentina como al Reino Unido a reanudar las negociaciones, a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía que involucra a ambos países en la Cuestión de las Islas Malvinas. 

La persistencia del Reino Unido en la ampliación de su armamento militar en el Atlántico Sur contraviene específicamente la resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas que insta a ambas partes (la Argentina y el Reino Unido) a que se abstengan de adoptar decisiones unilaterales que entrañen la introducción de modificaciones en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso de negociación por ella recomendado.

La presencia militar contradice también la resolución 41/11 de la Asamblea General (Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur) que, entre otras disposiciones, “exhorta a los Estados de todas las demás regiones, en especial a los Estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región”. 

En ese sentido, la alegada condición defensiva de la base militar británica en el Atlántico Sur no sólo es totalmente injustificada sino también representa una amenaza para toda la zona.

Frente a estos nuevos actos de hostilidad, la República Argentina sigue reafirmando su vocación pacífica y su permanente y constante voluntad de retomar las negociaciones con el Reino Unido con el fin de alcanzar una solución definitiva a la disputa de soberanía.

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