El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones dispuso una modificación excepcional y transitoria del régimen de notificaciones electrónicas para facilitar la operatoria de los profesionales del derecho que aún no cuentan con firma digital habilitada.
A través de la Acordada N.º 84, el máximo tribunal provincial aceptó un pedido formulado por el Colegio de Abogados de Misiones y autorizó que, durante un plazo de 90 días, las cédulas electrónicas puedan emitirse sin la firma digital del letrado emisor, siempre que se adjunte obligatoriamente la resolución judicial correspondiente, firmada digitalmente por el órgano jurisdiccional.
La medida comenzará a regir el 1 de septiembre de 2026 y tendrá carácter excepcional, con el objetivo de evitar demoras en la tramitación de los expedientes mientras avanza la implementación plena del sistema de firma digital entre los matriculados.
Una respuesta a una dificultad operativa
En los fundamentos de la acordada, el STJ señala que el Colegio de Abogados informó que, pese a las gestiones realizadas durante los últimos años, todavía no todos los profesionales cuentan con token y firma digital habilitada, situación que dificulta el uso integral del sistema de notificaciones electrónicas previsto por la Acordada 79/2020.
Tras evaluar informes técnicos de la Secretaría de Tecnología Informática y dictámenes jurídicos sobre la viabilidad de la propuesta, el tribunal concluyó que la modificación puede implementarse sin afectar la seguridad jurídica del proceso, ya que la autenticidad seguirá garantizada por la firma digital de la resolución judicial.
Cómo funcionará el nuevo esquema
La modificación alcanza principalmente a los puntos II y IV de la Acordada 79/2020.
A partir de septiembre:
Las cédulas electrónicas podrán ser emitidas por los abogados sin necesidad de incorporar su firma digital.
Será obligatorio adjuntar la resolución judicial firmada digitalmente por el juzgado o tribunal.
El sistema SIGED verificará automáticamente la existencia de esa firma digital y bloqueará el envío si el documento judicial no cumple ese requisito.
También las cédulas emitidas directamente por los órganos judiciales dejarán de requerir la firma digital del secretario, manteniéndose como condición indispensable que la resolución adjunta esté firmada digitalmente por el juez u órgano competente.
De este modo, la garantía de autenticidad y validez jurídica se traslada desde la cédula al documento judicial que se comunica.
Plazos y efectos de la notificación
La acordada mantiene sin cambios las reglas sobre cuándo se considera perfeccionada una notificación electrónica.
La comunicación se tendrá por realizada cuando la cédula quede disponible en la cuenta del usuario dentro del sistema SIGED. Si el envío se produce en un día inhábil o después de las 20 horas de un día hábil, la notificación se considerará efectuada el siguiente día hábil.
Para los plazos procesales computados por horas, en esos casos la notificación se tendrá por realizada a las 7 de la mañana del día hábil siguiente.
El Colegio deberá impulsar la firma digital
Aunque habilita esta excepción, el Superior Tribunal dejó en claro que se trata de una solución temporaria.
Por ello encomendó expresamente al Colegio de Abogados de Misiones que intensifique las acciones para que todos los matriculados obtengan y habiliten su token y firma digital durante el período de vigencia de la medida.
La decisión busca evitar que la flexibilización excepcional se transforme en un mecanismo permanente y acelerar la digitalización completa del servicio de justicia en la provincia.
El gobernador Hugo Passalacqua participó del acto de juramento del doctor Andrés Poujade, quien asumió como ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones. Con esta ceremonia quedó formalmente incorporado al máximo tribunal provincial, integrado por nueve ministros. El flamante funcionario reemplaza a Ramona Beatriz Velázquez, quien se jubiló tras una trayectoria de dos décadas en el Poder Judicial.
Durante la ceremonia, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, tomó juramento al nuevo integrante de la institución. La magistrada resaltó que con la llegada de Poujade el tribunal queda nuevamente completo, y subrayó que el nuevo ministro se incorpora en una etapa de trabajo enfocada en el fortalecimiento institucional del Poder Judicial. “Que jure un nuevo ministro del Superior Tribunal de Justicia no es un dato menor. Cada juramento implica que estamos haciendo realidad ese Estado de derecho del que tanto hablamos”, afirmó.
Asimismo, sostuvo que el Poder Judicial atraviesa un proceso de transformación. “El ministro es bienvenido a este nuevo paradigma, a esta nueva sensación de que estamos construyendo futuro, y con ese futuro credibilidad. Mucho interior hay para recorrer, mucho camino hay para realizar. Y seguramente habremos de lograr buenos resultados, porque lo único que de verdad se persigue es que el pueblo de la provincia de Misiones vuelva a creer en la justicia que hoy representamos”, manifestó.
El encargado de la lectura del decreto de designación de Poujade fue el secretario general administrativo y de superintendencia del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Hugo Marinoni.
Poujade llegó al máximo tribunal luego de obtener el acuerdo unánime de la Cámara de Representantes durante la sexta sesión ordinaria del período legislativo Nº 54, celebrada el pasado 11 de junio. El pliego había sido remitido por el gobernador Hugo Passalacqua y contó con el respaldo del pleno legislativo, tras la presentación de sus antecedentes por parte de la diputada Anazul Centeno, integrante de la Comisión de Poderes y Acuerdos y representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Magistratura.
El nuevo ministro reemplaza a Ramona Beatriz Velázquez, quien culminó una trayectoria de dos décadas dentro del Superior Tribunal de Justicia, dando paso a una renovación que coincide con uno de los procesos de modernización judicial más importantes de los últimos años.
Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, Poujade posee una sólida formación académica complementada con estudios de posgrado en Argentina y Francia, donde obtuvo un Máster en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías. A lo largo de su carrera desarrolló una intensa actividad en materia de derecho penal, derechos humanos, gestión judicial y docencia universitaria, perfil que fue especialmente valorado durante el tratamiento legislativo de su designación.
Tras prestar juramento, el flamante integrante del STJ sostuvo que su prioridad será fortalecer la prestación del servicio de justicia mediante resoluciones oportunas y ajustadas al derecho vigente.
“Mi compromiso es brindar un servicio de justicia eficaz y eficiente, respaldando a la institución judicial. Eso significa tomar decisiones en tiempo oportuno, de acuerdo con las constancias de cada causa y el derecho vigente”, expresó.
Con una extensa trayectoria en el fuero penal, Poujade reconoció que la transición hacia el nuevo modelo procesal será uno de los principales desafíos que enfrentará el Poder Judicial.
“Estamos frente al proyecto de reforma del Código Procesal Penal y otras leyes que comenzarán a implementarse. El desafío será resolver cada conflicto conforme a la normativa y a los principios generales del derecho”, afirmó.
El magistrado explicó que la transformación más significativa será el paso del actual sistema mixto de corte inquisitivo hacia un modelo acusatorio, en el cual los fiscales asumirán un rol central en la investigación penal mientras los jueces concentrarán su tarea en el control de legalidad y la garantía de los derechos constitucionales.
“La investigación quedará principalmente en cabeza de los fiscales, mientras que la actividad jurisdiccional estará enfocada en resolver las cuestiones propias del juez”, sintetizó.
La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rossana Pía Venchiarutti Sartori, calificó la incorporación de Poujade como un paso institucional de relevancia y destacó que el máximo tribunal vuelve a funcionar con su integración completa.
“Cada vez que alguien jura por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial estamos haciendo realidad el Estado de Derecho y la división de poderes. Hoy la Corte vuelve a estar absolutamente completa”, señaló.
La titular del STJ consideró que la reforma procesal constituye un cambio histórico para la provincia, recordando que Misiones era una de las tres jurisdicciones del país que aún no había adoptado el sistema acusatorio.
“Misiones tomó una decisión que considero profundamente acertada para este momento histórico, político, social y cultural”, afirmó.
Venchiarutti explicó que el nuevo esquema modifica por completo la distribución de funciones dentro del proceso penal. Mientras la investigación y la producción de prueba quedarán bajo responsabilidad del Ministerio Público Fiscal, los jueces asumirán un rol de control sobre la legalidad de las actuaciones y la protección de las garantías constitucionales.
En ese contexto, sostuvo que el nuevo paradigma exige una redefinición del perfil profesional de quienes integran el Poder Judicial.
“Hoy no alcanza solamente con conocer el derecho. Los jueces deben incorporar herramientas de gestión, conocimientos de medicina forense, psicología social y administración judicial para responder a las exigencias del nuevo sistema”, remarcó.
La presidenta también señaló que otra de las prioridades institucionales será la implementación del nuevo régimen penal juvenil. En ese sentido, indicó que el objetivo del Poder Judicial será avanzar hacia un modelo de justicia restaurativa que priorice la reinserción por sobre las respuestas exclusivamente punitivas.
“Lo que buscamos es que esos niños no sean simplemente detenidos. El desafío es construir una justicia restaurativa que permita resolver los conflictos con una mirada integral”, sostuvo.
La incorporación de Poujade se produce en una etapa de renovación institucional del Poder Judicial misionero, atravesada por reformas procesales, actualización normativa y nuevos desafíos de gestión. Con la implementación del sistema acusatorio, el funcionamiento de fiscales, jueces y defensores experimentará una transformación estructural que demandará capacitación permanente, nuevas herramientas tecnológicas y una reorganización de los procedimientos para responder con mayor rapidez, transparencia y eficacia a las demandas de la sociedad.
En el acto también estuvieron presentes los ministros del máximo cuerpo colegiado de Misiones, Roberto Rubén Uset, Cristian Marcelo Benítez, Froilán Zarza, María Laura Niveyro, Juan Manuel Díaz, Cristina Irene Leiva y Valeria Fiore Cáceres. También estuvo presente el procurador general, Carlos Jorge Giménez, y el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macías. Además, la ceremonia contó con la participación de magistrados y funcionarios de la Justicia Federal y Provincial, ministros y representantes del Poder Ejecutivo, intendentes de distintos municipios, senadores y diputados nacionales, legisladores provinciales e integrantes del Consejo de la Magistratura, entre otros representantes del Poder Judicial.
Una trayectoria vinculada al ámbito judicial y académico
Andrés Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con formación de posgrado en Argentina y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura un Máster en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías, obtenido en Francia. A lo largo de su carrera participó en instancias de capacitación en derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial.
El letrado también ejerció la docencia universitaria, actividad desde la cual contribuyó a la formación de profesionales del derecho. Hasta su designación, Poujade se desempeñaba como fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de la provincia. Su pliego fue aprobado por la Cámara de Representantes durante la VI Sesión Ordinaria del Período Legislativo N.º 54, realizada el 11 de junio, lo que permitió avanzar con su incorporación al Superior Tribunal de Justicia.
La Cámara de Representantes de Misiones aprobó este jueves el pliego de Andrés Poujade para incorporarse al Superior Tribunal de Justicia (STJ), en una de las decisiones institucionales más relevantes del año para el sistema judicial provincial.
La propuesta enviada por el gobernador Hugo Passalacqua obtuvo 40 votos afirmativos, reflejando un amplio consenso político dentro del recinto. La defensa del dictamen estuvo a cargo de la diputada Anazul Centeno, integrante de Encuentro Misionero, quien destacó la trayectoria profesional, académica e institucional del candidato.
El acompañamiento al pliego trascendió las fronteras partidarias. Votaron a favor legisladores de la Renovación, de sectores libertarios y de bloques opositores. Entre ellos, Martín Arjol, Pablo Steckler, Adrián Núñez, Juan Ahumada y Ramón Amarilla, quienes respaldaron la incorporación de Poujade al máximo tribunal provincial.
La designación permitirá completar nuevamente la integración de nueve miembros del Superior Tribunal de Justicia, luego de la jubilación de Ramona Velázquez. Con este nombramiento, además, se modifica la composición de género del cuerpo, que vuelve a quedar conformado por cinco hombres y cuatro mujeres.
La incorporación de Poujade tiene relevancia institucional por el rol que desempeña el STJ dentro de la estructura estatal. Además de constituir la última instancia judicial provincial, el tribunal ejerce la superintendencia administrativa del Poder Judicial y fija criterios jurisprudenciales que impactan sobre la totalidad del sistema.
La sesión también avanzó con una amplia renovación de cargos judiciales en distintas jurisdicciones de la provincia. Fueron aprobados los acuerdos para Carla Alejandra Freitag como jueza de Instrucción del Juzgado N.º 1 de Posadas; Diego Agustín Lafata para el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Oberá; y César Humberto Lirussi para el Juzgado de Instrucción N.º 2 de Eldorado.
Asimismo, la Legislatura prestó acuerdo para la designación de Camila Arruti como fiscal de Primera Instancia en Puerto Rico y de Martín Ignacio Balor como agente fiscal en lo Correccional y de Menores de la Primera Circunscripción Judicial.
La nómina se completó con las designaciones de Luis Sebastián Martínez como juez de Paz Letrado de Primera Categoría de Posadas y de Rosa Raquel Dionisia Mazal como jueza de Paz Letrada de Primera Categoría de Puerto Iguazú.
La cobertura simultánea de vacantes en el Superior Tribunal, juzgados de instrucción, fiscalías y juzgados de paz constituye una de las renovaciones judiciales más amplias de los últimos años en Misiones. El objetivo es fortalecer la estructura permanente del Poder Judicial, reducir la dependencia de subrogancias y mejorar la capacidad de respuesta institucional en todo el territorio provincial.
Desde el punto de vista constitucional, el proceso también ratifica el mecanismo de control cruzado previsto por el sistema republicano provincial: el Poder Ejecutivo propone y la Legislatura evalúa antecedentes, analiza idoneidad y otorga el acuerdo para la designación definitiva de magistrados y funcionarios judiciales.
Con la aprobación de estos pliegos, Misiones consolida una nueva etapa en la integración de su estructura judicial, con funcionarios que tendrán incidencia directa en la administración de justicia durante los próximos años.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, propuso formalmente al abogado Andrés Poujade para integrar el Superior Tribunal de Justicia (STJ), en el marco de la cobertura de una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia. La postulación abre ahora el proceso institucional previsto, que incluye la evaluación de antecedentes y el posterior tratamiento legislativo para su eventual designación. Poujade cubriría la vacante dejada por Ramona Velázquez, quien se acaba de jubilar.
Oriundo de Posadas, Poujade es egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una formación académica que combina el derecho local con una marcada proyección internacional. Entre sus estudios de posgrado se destaca una especialización en Francia, donde obtuvo un máster en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías, un perfil que incorpora herramientas vinculadas a la regulación económica y los desafíos jurídicos de la era digital.
En el plano profesional, se desempeña actualmente como fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió mediante concurso público con acuerdo legislativo. Se trata de una posición clave dentro del Ministerio Público, con intervención en instancias superiores del proceso penal y en causas de significativa complejidad.
En paralelo, integra el Tribunal Electoral de la provincia como vocal titular, rol desde el cual participa en la organización, control y validación de los procesos electorales, una función que refuerza su perfil institucional dentro del sistema republicano provincial.
Su trayectoria incluye además participación en espacios de formación continua en derecho penal, derechos humanos, gestión judicial y políticas públicas, así como actividad en el ámbito de la docencia universitaria, lo que configura un perfil técnico con anclaje académico.
La propuesta del Ejecutivo se inscribe en un momento de recambio dentro del STJ, un tribunal que no solo actúa como última instancia judicial en la provincia, sino que también define criterios interpretativos con impacto directo en la seguridad jurídica, el clima de inversiones y la relación entre los poderes del Estado.
De avanzar el proceso legislativo, Poujade podría incorporarse a un cuerpo que concentra decisiones estratégicas para el funcionamiento institucional de Misiones. Su eventual llegada aportaría un perfil con fuerte base penal, formación internacional y experiencia en organismos clave del sistema judicial.
La actual presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Rossana Venchiarutti Sartori, fue ratificada por sus pares para seguir al frente del cuerpo en 2026-2027 y anticipa una agenda centrada en modernización, gestión y defensa salarial
En un discurso institucional fuerte, destacó los hitos tecnológicos y organizativos logrados en la última década -como la implementación del sistema SIGED, la oralidad civil y el modelo forense provincial- y advirtió que, en el actual contexto económico, la prioridad será sostener la calidad del servicio judicial y encarar “la madre de todas las batallas”: la recomposición salarial.
Un reconocimiento interno en un Poder Judicial que apuesta a la continuidad institucional
“Recibo con agradecimiento y humildad el honor de presidir el Superior Tribunal de Justicia de mi querida provincia y representar al Poder Judicial”, expresó Venchiarutti Sartori tras ser elegida por sus pares para encabezar el STJ durante el bienio 2026-2027.
La elección se produce en un momento clave para el sistema judicial misionero, que atraviesa un proceso de consolidación tecnológica y de reorganización administrativa impulsado desde hace más de una década. La magistrada remarcó que “el Poder Judicial es razonable y profundamente humano. Está en su ADN y en su esencia. Las almas que lo integran necesitan fuerza y protección y allí estaremos”.
El apoyo interno a su designación apunta a garantizar la continuidad de un modelo de gestión basado en planificación, innovación y profesionalización, especialmente en un escenario económico nacional complejo, que presiona sobre los presupuestos provinciales y los salarios del sector público.
Venchiarutti Sartori estructuró su mensaje alrededor de los avances tecnológicos y procedimentales que redefinieron el funcionamiento del Poder Judicial desde 2014, cuando se implementó el SIGED, un sistema íntegramente desarrollado dentro del Poder Judicial misionero.
SIGED: una herramienta propia, sin costo externo
El sistema, enfatizó, fue creado “por nosotros mismos y no arroja ningún costo”, y su desarrollo sostenido permitió su uso en toda la provincia. La digitalización fue clave para enfrentar el período crítico de la pandemia. “En mayo de 2020 fuimos uno de los primeros poderes judiciales del país en abrir todas las puertas —que jamás fueron cerradas—, atendiendo prioridades y en forma remota”, recordó.
El avance técnico permitió implementar la notificación electrónica, un mecanismo que acortó tiempos institucionales a mínimos históricos, con impacto directo en la duración de los procesos.
Oralidad civil: fallos en tiempos récord
Otro de los hitos fue la implementación de la oralidad en los procesos civiles, que permitió reducir tiempos procesales de manera significativa. “Un proceso de daños tiene sentencia de Primera Instancia en dos años, y a veces en plazos menores, salvo que sea objeto de recursos interminables”.
Sistema médico forense de vanguardia
También destacó la puesta en marcha de un sistema médico forense “modelo en la región, con tecnología de avanzada y profesionales que trabajan sábados y domingos en las autopsias”.
Coordinación con el fuero federal
“Para el ciudadano de a pie, la justicia no tiene fueros”, afirmó, al explicar que el Poder Judicial provincial mantiene una conexión operativa directa con el fuero federal. Colaborando con equipos técnicos “solicitando tan sólo que se nos ayude con la adquisición de insumos por su alto costo”.
Relevos generacionales y desafíos económicos
La presidenta electa describió además un proceso sostenido de recambio generacional. “El Consejo de la Magistratura ha realizado en los últimos 20 años más de 300 concursos. Hoy tanto jueces como el Ministerio Público tienen una edad promedio de 40 años”, apuntó.
En contraste con ese dinamismo institucional, advirtió que el contexto macroeconómico nacional plantea un desafío central: “Resta mucho por hacer. Ante la situación económica y social que vive el país y afecta a las economías regionales, sostener lo logrado y mantener el servicio será una prioridad”.
Y remarcó el eje crítico de la nueva etapa: “La madre de todas las batallas: la mejora salarial”.
Su mensaje apuntó a sostener la motivación y estabilidad del personal judicial, factor clave para evitar demoras, desgaste y pérdida de cuadros técnicos.
