“La economía se está reactivando. Por ejemplo, yo tengo un compañero de trabajo, de cuando yo tenía 20 años, cuando trabajamos juntos en un call center. Es arquitecto, y me dice: “Che, estoy manejando un UBER, no me alcanza para pagar la tarjeta y manejo un UBER. Porque bajó el sector en este momento, y no me alcanza para pagar la tarjeta. Es votante nuestro, como la mayoría de la gente que maneja UBER. Es un cambio de paradigma. Falta en muchos sectores, pero en algunos empezó a reactivarse”. Lilia Adela Bolukalo Lemoine, diputada nacional, de la Libertad Avanza.
“No hubo recorte de salarios a docentes, solamente se actualizaron los salarios por debajo de la inflación“. Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias del Gobierno nacional.
Rara forma de describir la economía de la Argentina. La anécdota de Bolukalo Lemoine bien puede ajustarse a la realidad vivida en la segunda mitad de la década de los 90, cuando comenzaron a exhibirse las consecuencias del “modelo” que traía como mérito haber derrumbado la inflación. Carlos Menem fue reelecto con una apabullante contundencia, mientras los ingenieros, médicos o abogados y tantos otros que perdieron su trabajo, se ponían al volante de un taxi para salir del paso. La historia se repite, primero como tragedia y después como farsa. Los 90 son reivindicados por este Gobierno.
Los despidos, las privatizaciones, la deuda. Elementos en común. Ramal que para, ramal que cierra. El presidente Javier Milei decidió comenzar su plan de privatizaciones con el tren Belgrano Cargas, uno de los ramales más extensos y que cerró el año con superávit. El próximo paso será Aerolíneas, tal como la entrega en la última década del siglo pasado.
Pero no todo es tan parecido. En 1996 el entonces presidente Carlos Menem creó la Administración Federal de Ingresos Públicos con la fusión de la Dirección General Impositiva y la Administración General de Aduanas, dentro de un “contexto de mayor control y racionalización de los costos”. Ahora, con el mismo argumento pero en la dirección opuesta, Milei sorprendió con la disolución de la AFIP”.
La Afip será reemplazada por una Agencia de Recaudación y Control Aduanero, con dos brazos, un organismo impositivo y otro encargado de Aduanas.
Bajo la premisa de bajar gastos habrá un plan de ajuste salarial de los directores para generar un ahorro de unos 6.400 millones al año.
La titular de la ex AFIP dejará de cobrar 32.000.000 mensuales y pasará a cobrar como un ministro de la Nación. Los gerentes dejarán de cobrar 17 millones y cobrarán como un secretario de la Nación. También se despedirá a 3.155 agentes de la AFIP, “que ingresaron en el último gobierno kirchnerista”, no importa su rol ni su puesto.
Sin embargo, la planta de personal no varió tanto durante el paso de Alberto Fernández: había 21.934 empleados en 2019 y dejó 22.114. Incluso, en 2022 hubo un mínimo de 20.858 trabajadores. El promedio de las últimas dos décadas es de 21.940 empleos. A agosto de este año, eran 21.410, según el informe mensual del Instituto Nacional de Estadística y Censos. El número no está muy por encima de otros países con economías similares.
Tampoco es seguro que una reducción de empleados resulte en una mejor gestión fiscal. Como en otras áreas sensibles, la motosierra puede terminar agravando los problemas o creando mayores. La evasión fiscal, de la que se benefician ricos y poderosos que pueden pagar los mejores estudios contables, no se controlará con menos técnicos. Entonces, no habrá ni eficiencia ni mejor recaudación. Más ruido que nueces.
El cambio de nombre tampoco corrige un problema de fondo: por cuarto mes consecutivo los recursos tributarios apenas ascendieron a $12,8 billones, y con un aumento nominal de 198,5% volvieron a quedar más de 38 puntos porcentuales por debajo de la inflación. Por cuarto mes consecutivo la recaudación cayó en valores reales, en este caso en poco más de 11 por ciento.
Tampoco habrá una reducción de impuestos, como prometió el Presidente en campaña. Ahora Milei promueve una suba enfocada en los medios de comunicación, que en algunos casos, con exenciones, tributaban un IVA de 5 o 12,5% y pasarán a pagar el 21%, entre ellos los diarios de papel y otros sistemas electrónicos. Esta medida “aumentará” la recaudación en 264.000 millones de pesos.
No es la única “promesa vacía” del Gobierno. El ministro desregulador, Federico Sturzennegger, les advirtió a los empresarios reunidos en el coloquio de IDEA que no habrá rebajas de impuestos. “No nos pidan bajar impuestos, sino bajar el gasto”, dijo el ideólogo del ajuste permanente. La baja del gasto, sin embargo, no redunda en una mejora de la economía. La actividad económica cayó 3,8% interanual en agosto, aunque subió 0,2% en comparación con julio de este año en la medición desestacionalizada según las cifras que reveló este miércoles el Indec.
Pero la sentencia de Sturzenegger deja en evidencia la futilidad de otros discursos. En Misiones la oposición se desgatiña pidiendo baja de impuestos para los sectores económicos más elevados de la pirámide, como si eso garantizara una mejor distribución o generación de riqueza. El mejor ejemplo, nuevamente, son los 90, cuando en Misiones la industria no pagaba Ingresos Brutos. La década terminó con la provincia hiperendeudada y con la pobreza y el desempleo por las nubes, con indicadores sociales vergonzantes. Los radicales y el puertismo residual mimetizado en el PRO militan permanentemente esa rémora. Sturzenegger los deja sin discurso. “No me vengan a pedir baja de impuestos porque rebotan como una pelotita de ping-pong, es como si no me lo hubieran escrito. Pero todo lo regulatorio, sí”, remarcó el funcionario estrella de la administración libertaria y responsable directo del desguace del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que trajo aparejado un inmediato derrumbe de los precios de la materia prima, acompañado por una caída del consumo interno.
Con una política fiscal sólida, Misiones pudo salir del círculo de la deuda y volcar recursos a las postergadas áreas sociales. Hoy el Presupuesto tiene tres áreas prioritarias: Educación, Salud y desarrollo económico y social, que en conjunto suman el 70 por ciento de los recursos. Es una de las pocas provincias con una mínima exposición de deuda pública y cuentas en equilibrio.
El gobernador Hugo Passalacqua reflexionó sobre el debate fiscal en un encuentro con jóvenes militantes. “Me entusiasma mucho verlos hoy y ver en general a la gente que se preocupa mucho por los demás. Eso es ser un verdadero militante para mí. Hoy hablo desde el Frente Renovador pero podría decir esto mismo en cualquier otro espacio político, ser militante es reconocer que uno está ´pichado´ con la realidad, es decir que a uno le molesta, le perturba la realidad y la quiere cambiar porque es inequitativa, injusta, porque hay gente que está muy vulnerable y uno espera que haya igualdad de oportunidades”, expresó Passalacqua.
“Hay realidades que inquietan, como el hecho de que hoy en Argentina hay un 52% de pobreza, pero si están acá hoy, reunidos y compartiendo este espacio es porque esa realidad la quieren modificar y yo les quiero agradecer eso. Vine para escucharlos y aprender de todos ustedes”, aseguró.
“Desde la Renovación, un espacio modesto, pequeño y austero aspiramos a que Misiones pueda tener su propio pensamiento. Cuando iniciamos esto con Carlos Rovira, la idea original siempre fue romper los vínculos con el poder central, no porque nos consideremos mejores, sino porque el poder central solo pensaba y piensa en sí mismo y para sí mismo. Nosotros trabajamos con la agenda con la que nuestra sociedad nos invita a pensar y por la que nos pide trabajar”, aclaró.
Por otro lado, el primer mandatario provincial se refirió al déficit fiscal, uno de los temas que propusieron debatir los jóvenes. “Ahora que está de moda hablar de reducir la carga fiscal y criticar el pago de impuestos y la creación de obras públicas, les recuerdo que para sostener proyectos que mejoren la vida de las personas se necesita dinero. La Renovación es un esquema que tiene rigor fiscal, porque somos serios con los manejos del dinero público y siempre escuchamos a la gente. Por eso siempre vamos a defender el pago de los impuestos”, sostuvo. “Hoy en día, los recursos son escasos y las necesidades son muchas, pero cada peso invertido va destinado a cubrir las necesidades de nuestra gente siempre”, afirmó.
Esa solvencia económica también permite que la Provincia encare soluciones para el problema yerbatero que amenaza con convertirse en revival de los 90, producto de la desregulación que celebra Sturzenegger. “Lamentablemente, muchos quedarán en el camino”, aseguró Orlando Stvass, productor yerbatero y tesorero de Coninagro, entidad que puso a la yerba mate en “rojo intenso” en su último informe sobre las economías regionales.
La crisis no es sólo de precios, sino de una sobreoferta, que ahora se confirma. Este año terminará, por primera vez en la historia, con una cosecha de mil millones de kilos, 30 por ciento más que la del año pasado. Con más materia prima, será difícil negociar valores hacia arriba. Evitar esa sobreoferta era una de las premisas de la resolución 170, dictada por el INYM bajo la presidencia del ahora diputado renovador Juan José Szychowski. La medida fue atacada por el sector industrial y la oposición misionera, más enrolada en los intereses de Corrientes que en los misioneros hasta que finalmente quedó abstracta con el DNU desregulador. Lo que se teme es que el mayor volumen de plantaciones de yerba mate, produzca una concentración del negocio yerbatero en un puñado de industrias y deje fuera a miles de pequeños productores. Como en los 90.
Para Sturzenegger, sin embargo, hay que celebrar que la yerba haya bajado unos puntitos en las góndolas. Media verdad, con un impacto desolador para miles de productores.
De todos modos, si algo queda claro es que la oposición misionera no necesita siquiera de medias verdades para hacer política. Las pruebas quedaron a la vista hasta en Comodoro Py, a dónde recurrieron para denunciar supuestas irregularidades. El juez Ariel Lijo, el candidato de Milei a la Corte Suprema, desnudó la estrategia de campaña de la alianza opositora. Miguel Núñez, diputado del PRO, había denunciado en los estrados federales supuestas irregularidades en la decisión del Gobierno provincial de utilizar bioinsumos y desterrar el glifosato. Lijo advirtió que “la puesta en marcha de una investigación penal en un Estado de Derecho, demanda la existencia de una sospecha suficiente, indicativa de la comisión de un delito determinado”. La ausencia de ello sugiere lo que la doctrina denomina “excursión de pesca”. Y la consecuente asignación de recursos que demandaría la realización de una búsqueda sin pruebas ni hechos concretos para investigar.
“La ausencia de precisiones que se plantea en el caso, se presenta como un obstáculo a la hora de circunscribir una plataforma fáctica que posibilite sugerir y ordenar medidas de prueba con cierta probabilidad de éxito o encauzar el legajo respecto de una hipótesis delictiva concreta, en contraposición con la búsqueda general y sin sustento que se propiciaría con el impulso de la investigación en estas condiciones”, remarcó.
Este jueves Núñez recibió un apercibimiento de la Cámara de Diputados por “accionar malicioso, ilegítimo, mentiroso”. Núñez había apuntado como “sospechoso” al diputado Rafael Pereyra Pigerl por “saludar” al presidente de la empresa Agro Sustentable y al propio ex gobernador Oscar Herrera Ahuad por haber “instruido a los ministros de Salud, Agro y Ecología, a que emitan actos administrativos a fin de evaluar y de corresponder, aprobar lo solicitado por la empresa Agro Sustentable”, para distribuir los bioinsumos en las chacras misioneras. La sanción al diputado tuvo 26 votos a favor.
La actitud de Núñez se refleja en otros episodios de la misma alianza: el puertismo enredado en un escándalo de pedofilia y tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, con el ex diputado Germán Kiczka como protagonista, y el radicalismo llamativamente más preocupado por la suerte de sediciosos policías antes que por los hechos violentos que organizaban por grupos de whatsapp. Las prioridades de la UCR son expuestas por Ariel Pianesi, que ante cualquier oportunidad, reclama la banca de Kiczka para su partido, con un énfasis que nunca mostró cuando estalló el escándalo de pedofilia de su compañero de bloque.
