mié. Jun 24th, 2026

Sturzenegger

Sin votos, el Gobierno retiró del Senado el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada

By Economis Redacción 3 semanas ago
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El oficialismo solicitó aplazar el tratamiento del proyecto del Poder Ejecutivo de inviolabilidad de la propiedad privada, que defendió en su momento en comisión el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El tema figuraba en primer lugar para el debate de este jueves, pero pasó para después de resolverse la cuestión de los pliegos judiciales. A la hora en que debía abrirse el debate, pidió la palabra el senador Agustín Coto, presidente de Asuntos Constitucionales, quien mocionó aplazar el tratamiento del tema, sin dar razones. El pedido fue aprobado por el pleno a mano alzada.

Fuentes oficialistas consultadas aclararon que el proyecto sería tratado en la sesión de la semana que viene. Para la oposición, la decisión de bajar el tema este jueves fue “porque no tenían los votos”. Así lo señaló en redes sociales la santacruceña Ana Marks, quien sostuvo que en LLA “no consiguieron los votos, pero el modelo económico de saqueo que llevan adelante nos obliga a estar atentos, seguir informando y concientizando”.

Marks fue más lejos al señalar que “por eso debemos redoblar los esfuerzos para informar, concientizar y construir una amplia mayoría social que defienda el derecho a la tierra, a la vivienda y a nuestros bienes naturales comunes frente a la especulación, la concentración y la extranjerización”, y concluyó: “No vamos a permitir que Milei y este gobierno de cipayos nos entreguen al capital global”.

Qué dice el proyecto

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tuvo correcciones en la reunión en la que se le dio dictamen, el miércoles 20 de mayo. Entre ellos se concedió la eliminación del Capítulo III que derogaba artículos de la Ley 27.453 (Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana) y dejaba abierta la posibilidad de desalojos inmediatos.

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Asimismo hubo una serie de modificaciones al Capítulo IV que propone 8 artículos con cambios y derogaciones a la Ley sobre el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (26.737).

Entre las modificaciones a la Ley de Expropiaciones (N° 21.499), se incorpora expresamente la exigencia de que la declaración de utilidad pública, que será de interpretación restrictiva, cumpla con los estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

También se establecen criterios objetivos para la determinación del valor del bien, tomando como referencia la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto estatal que pueda influir en su cotización. “De este modo, se evitará que la propia actuación estatal distorsione el valor del bien en perjuicio del expropiado, con lo cual se garantiza un justiprecio real”, sostuvo el PEN.

Asimismo, se regula con mayor precisión el alcance de la indemnización, con inclusión del lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación y se encuentre debidamente acreditado.

Se incorpora, además, un mecanismo de actualización del monto indemnizatorio que contempla la evolución de los precios y una tasa de interés comercialmente razonable, con el objeto de preservar su valor real hasta el momento del efectivo pago. “Esta previsión resulta indispensable en contextos inflacionarios, a fin de evitar que la indemnización se torne ilusoria”, señaló el Gobierno en los considerandos.

Finalmente, se refuerza el rol del control judicial, se asegura la valoración fundada de la prueba técnica y se garantiza el debido proceso.

Por otra parte, el proyecto de ley redefine el régimen de ocupación temporánea y establece límites claros que preserven su carácter excepcional; y se modifica la figura de la expropiación irregular, mediante la incorporación de supuestos en los que el Estado, sin transferir formalmente el dominio, priva sustancialmente al titular de las facultades esenciales del derecho de propiedad.

El PEN manifestó que en esta propuesta “se pone el foco en que la protección del derecho de propiedad demanda la existencia de mecanismos procesales eficaces. La demora en la restitución de un inmueble frente a una ocupación ilegítima implica, en los hechos, una privación del derecho sin indemnización, lo cual resulta incompatible con la garantía de inviolabilidad dispuesta por nuestra Ley Suprema”.

En este sentido, el proyecto introduce reformas al Código Procesal Civil y Comercial y al Código Civil y Comercial de la Nación, a fin de establecer la tramitación por vía sumarísima del proceso de desalojo e incorporar mecanismos de restitución anticipada del inmueble en supuestos de verosimilitud del derecho, bajo caución juratoria y con control judicial suficiente.

Asimismo, se modernizan los sistemas de notificación, por medio de la incorporación del domicilio electrónico, y se fortalecen las facultades del juez para identificar ocupantes y asegurar la eficacia de las decisiones.

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Correo interno demostraría que adjudicación a la esposa de Sturzenegger estuvo “direccionada”

By Redacción Economis 2 meses ago
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Un intercambio de correos electrónicos entre funcionarios de Cancillería revelaría que la adjudicación de una licitación a una empresa perteneciente a María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue producto de una tramitación armada para que exista una sola firma ofertante.

Según una investigación del programa “Telenueve Denuncia” la adjudicación de un contrato por $114.044.133 a la empresa dirigida por Rouillet, para impartir cursos de inglés a personal de la Cancillería Argentina, estaba definida en favor de la esposa de Sturzenegger meses antes de ser publicada.

Así lo demostraría una comunicación interna del Palacio San Martín a través del sistema GDE, en la que con carácter imperativo un funcionario de mayor rango se dirige a una subordinada instruyéndola para que avance en esa dirección.

El coordinador de la dirección de Compras y Contrataciones de Cancillería, Mariano Méndez, instruye a su subordinada, Luciana Cagnolisu, también del área de Compras, para que avance en el proceso: “Lu, favor tramitar la convocatoria, conforme la que preparamos al inicio del año”, indica la comunicación.

Esta instrucción señalaría que, para el momento en que se lanzó el proceso formal en el portal COMPR.AR, el 4 de diciembre de 2025, los requerimientos y las condiciones para poder presentarse a la licitación estaban diseñados a medida de la empresa de Rouillet, y esta tenía en su poder los detalles del pliego que el Ministerio iba a difundir semanas más tarde.

La contratación se tramitó mediante una ‘Adjudicación Simple por Especialidad’ y, debido a ese vínculo familiar, el expediente activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Según consta en los documentos oficiales, la propuesta fue presentada por la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, (la empresa de Rouillet) al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

El contrato, que al tipo de cambio de ese momento representaba unos 78.000 dólares, tiene una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un plazo igual.

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Federico Sturzenegger: “Los colegios inmobiliarios son un problema” 

By Economis Redacción 2 meses ago
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“Que un Colegio Profesional ponga un precio mínimo es una aberración social”, sentenció Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación . Con esta frase contundente puso el foco en uno de los temas más sensibles del mercado inmobiliario: el rol de los colegios profesionales.

Durante su presentación ante desarrolladores e inmobiliarios en el evento “Real estate 2026: expectativas y realidad”, organizado por Reporte Inmobiliario, el funcionario dejó en claro que la desregulación de los colegios profesionales y del sector es una prioridad en la agenda oficial del Gobierno.

“El problema no es la existencia de los colegios en sí, sino cuando usan el poder del Estado para fijar condiciones que no responden al mercado”, planteó. En esa línea, cuestionó la imposición de honorarios mínimos, la obligatoriedad de matriculación y la existencia de barreras de entrada que limitan la competencia.

Para Sturzenegger, ese esquema termina afectando al usuario final. “Cuando una norma fija precios o restringe quién puede ofrecer un servicio, en realidad está transfiriendo ingresos de la sociedad hacia un grupo específico”, sostuvo.

Con críticas directas a lo que definió como “privilegios creados por ley”, afirmó que enviarán un paquete legislativo con temas de desregulación en los próximos meses para “buscar eliminar los privilegios que hoy encarecen la construcción y la intermediación comercial”. La intención oficial es avanzar hacia un mercado “más libre, dinámico y competitivo”, donde “los servicios se valoren por su calidad y no por imposiciones legales”, remarcó.

“La idea es que la gente pueda innovar y crear sin tener que ser parte de un club para tener un privilegio”, sentenció.

La idea, insistió, es eliminar lo que denominó “costos de intermediación innecesarios”, en un contexto donde el Gobierno busca reducir el peso regulatorio sobre la actividad económica.

Este fue uno de los ejes que abordó el Ministro, pero no el único. En una exposición denominada “Desafíos del mercado inmobiliario en Argentina”, dividió la charla en tres focos importantes: la importancia del activo inmobiliario en la Argentina que se viene; el boom hipotecario en los próximos 10 años; y lo que necesita el sector para reconfigurarse.

Otro de los capítulos que defendió Sturzenegger fue la eliminación de la ley de alquileres a través del DNU 70/2023 a pocos días de haber asumido la presidencia Javier Milei. Para Sturzenegger, la decisión de desregular completamente el mercado no solo era necesaria, sino que ya muestra resultados concretos.

“El marco actual está totalmente desregulado y eso permitió que el mercado vuelva a funcionar”, sostuvo. Según explicó, durante años las restricciones (como los plazos mínimos obligatorios o los esquemas rígidos de actualización) habían reducido la oferta y distorsionado los precios.

El cambio de reglas, en cambio, habilitó una mayor flexibilidad contractual: acuerdos más cortos, condiciones adaptadas a cada caso e incluso formatos híbridos, como alquileres atados a una eventual venta del inmueble.

Según datos que él mismo mencionó, la oferta de propiedades en alquiler aumentó un 300%, mientras que los precios reales registraron una caída cercana al 30%.

“El nuevo esquema habilitó contratos más flexibles, plazos más cortos y acuerdos adaptados a cada caso, incluyendo alquileres temporarios o cláusulas vinculadas a la venta del inmueble”, aseguró.

Otro de los títulos fuertes del día fue la esperada explosión del crédito hipotecario. El funcionario proyectó una expansión significativa del financiamiento hipotecario en los próximos 10 años.

Según explicó Sturzenegger, hoy los bancos operan con el dinero transaccional que representan apenas entre el 12% y el 15% del PBI, muy lejos de países como Chile, donde superan el 80%. Esa diferencia, explicó, responde a un problema de incentivos “porque las personas no depositan sus ahorros en el sistema financiero”.

Pero no solo eso, sino que “colocaron ese dinero de fondos de corto plazo en instrumentos con tasas altas, impulsadas por la inflación”. Ese modelo, advirtió, deja de ser viable en un contexto de estabilidad.

“Con la baja de la inflación, los bancos van a tener que cambiar su negocio. Van a salir a buscar el ahorro de los argentinos”, planteó.

Ahí es donde aparece un dato clave: los argentinos tienen más de US$200.000 millones fuera del sistema financiero local. Si una parte de esos fondos regresa, el impacto sobre el crédito podría ser significativo ya que más depósitos de largo plazo permiten más préstamos de largo plazo.

En ese esquema, los créditos ajustados por UVA seguirán siendo el instrumento central, con tasas reales que podrían ubicarse en niveles internacionales. “El día que los bancos ofrezcan rendimientos atractivos para el ahorro, va a haber mucho más fondeo. Y eso se va a transformar en crédito hipotecario”, resumió.

Hoy, el stock de hipotecas en la Argentina ronda los US$5000 millones. En su proyección, “ese número podría multiplicarse por 10 en los próximos años si las personas traen sus dólares” y aseguró que el punto de partida de interés de los préstamos será de UVA + 8%.

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Haciendo números

By Juan Carlos Argüello 3 meses ago
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Envejeció muy rápido y muy mal el tuiter de Federico Sturzenegger jactándose de los 400 mil empleos creados durante la presidencia de Javier Milei. En realidad, está sucediendo lo contrario. Hay 156.000 desocupados más que en el último trimestre de 2024 y 271 mil más que en el último periodo del gobierno de Alberto Fernández. La desocupación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, trepó a 7,5% en el cuarto trimestre del año pasado, la tasa más alta para el último cuarto de un año desde 2020, en plena pandemia, superando en un punto porcentual el registro del cuarto trimestre de 2024 (6,4%) y en casi dos puntos la desocupación del cuarto trimestre de 2023 (5,7%). Son casi 1.700.000 desocupados, 420.000 más que en 2023 y 7.190.000 personas demandantes de empleo, 960.000 más que en 2023.

Sufrirá la misma suerte la justificación del ministro de Economía, Luis Caputo, quien atribuyó el fracaso en la contención de la inflación al “daño psicológico” profundo que la sociedad arrastra desde gestiones anteriores. Según Caputo, la economía se encuentra “tremendamente en orden” y el problema radica en el obstinado  escepticismo de la sociedad. 

Lo cierto es que la confianza en el rumbo se derrumba al mismo tiempo que crece descontento por la criptoestafa $Libra y los vuelos VIP de Manuel Adorni, el vocero que no puede explicar sus gastos exorbitantes. 

La consultora Zuban Córdoba y Asociados había cifrado en su último trabajo la desaprobación de Milei en 58,7% -en alza- contra un aval de 35,4% -en baja-. Tres Punto Cero, dirigida por Shila Vilker señala que “el gobierno tiene 37, 38 puntos de aprobación, contra 59 y 60 de rechazo, después de dos años y medio de ajuste”. El 59 por ciento dice haber llegado al límite de la paciencia ante el deterioro de ingresos y constante aumento de los precios que contrasta con la promocionada economía “tremendamente en orden”.

El modelo únicamente es celebrado por aplaudidores sin anclaje territorial, como el diputado nacional Diego Hartfield. Los libertarios convencidos optan por mirar para otro lado mientras las consecuencias de las políticas económicas se evidencian en las economías regionales y el bolsillo cada vez más agobiado de buena parte de la sociedad. 

El deterioro económico se expande a todo el territorio. Así el vino como la yerba mate o el sector forestal que atraviesa una de sus crisis más agudas: un aserradero en Gobernador Virasoro comenzó a pagar sueldos en vales. La situación del aserradero Asecor, que pertenece a Mercedes Omeñuka, presidenta de la Federación Argentina Industria Maderera y Afines, es un síntoma de la economía real. Las pymes padecen por el aumento de los costos, ventas mínimas y nula rentabilidad. 

La yerba mate atraviesa un escenario similar. Las exportaciones son récord, pero la industria apenas celebra esos datos y cruje por escasos márgenes de ganancia. 

Misiones cerró el primer bimestre del año con exportaciones por USD 72,6 millones, siendo así el mejor primer bimestre desde que se mide este indicador mensualmente, en 2002. De ese modo, superó el récord anterior, que correspondía a 2011, con USD 71,2 millones exportados. Además, respecto de 2025, las ventas al exterior misioneras crecieron 4,6%.

La provincia llegó a este resultado tras un muy buen enero, con exportaciones por USD 34,6 millones y un crecimiento interanual de 16,3%; y un febrero que, si bien mostró una caída contra igual mes de 2024 de 4,1%, igualmente registró un buen volumen con USD 38,0 millones.

El 54% de las exportaciones misioneras del primer bimestre del año, medidas en dólares, correspondieron a Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), por un total de USD 38,9 millones, con un retroceso de 1,9% interanual. A su vez, el 37% de las ventas al exterior fueron de Manufacturas de Origen Industrial (MOI), que totalizaron USD 27,1 millones, con un alza de 9,1%. El 9% restante correspondió a Productos Primarios (PP), por USD 6,6 millones, con una suba interanual de 34,1%.

La cosecha gruesa de la yerba mate comenzará con precios más bajos que hace dos años para la materia prima. La Cooperativa Flor de Jardín, de Jardín América, puso sobre la mesa una grilla de precios que refleja la dispersión actual del mercado: ofrece $240 por kilo de hoja verde con pago a 120 días, una alternativa mixta de $230 (con $100 al contado y el saldo diferido a 120 días) y un valor de $210 totalmente al contado. La propuesta, además, contempla descuentos adicionales -como costos de cosecha y eventuales penalizaciones por falta de certificaciones-, lo que en la práctica reduce aún más el ingreso efectivo del productor y profundiza las dificultades para alcanzar un precio de equilibrio en la cadena.

Esos valores no logran conformar a nadie. “Esos 240 pesos nos quedan caros a la industria para pagar y al productor tampoco le sirve. Es malo para toda la cadena”, sintetizó el dueño de una de las principales yerbateras. 

El contraste con años recientes evidencia un deterioro progresivo. En abril de 2024, en el primer ciclo sin precio sostén del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), tras la desregulación que impuso Milei, el mercado operó con referencias de entre $290 y $370 por kilo, aunque con fuerte tensión frente a productores que reclamaban cifras mucho más altas. En 2025, los valores se estabilizaron en torno a los $300, muy lejos de las expectativas del sector primario. En comparación con 2024, los valores ofrecidos ahora son 35 por ciento más bajos, mientras que la inflación fue de 270 por ciento desde que asumió Milei.

Ahora, en 2026, no solo hay una baja nominal de precios -que en términos reales es aún más profunda- sino también una novedad más preocupante: parte de la industria directamente decide no comprar. Consecuencia directa de la desregulación del mercado que no encuentra punto de equilibrio y tiene efectos en toda la cadena, con menos dinero circulante y recursos en los pueblos. 

Solo el Gobierno provincial y algunas entidades productivas elevan la voz de alarma. En la oposición, los aliados del Gobierno nacional hacen silencio o describen la situación en redes sociales (donde, se sabe, se hallan todas las soluciones), como el radical Ariel Pianesi, quien ayer nomás militaba la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, uno de los que prometía desregulación para el mercado yerbatero. 

La pérdida de rentabilidad y la caída de los recursos impactan en la realidad cotidiana de Misiones. La Provincia está obligada a hacer malabares con la falta de recursos e intensifica el plan de ajuste y reordenamiento del Estado. 

El gobernador Hugo Passalacqua anunció esta semana un acuerdo con el Banco Macro para refinanciar las deudas de los estatales y jubilados, agobiados por tasas financieras y deudas que consumen buena parte de los ingresos. La refinanciación se hará con un promedio de siete puntos por debajo de la tasa habitual de préstamos. Hoy sería una tasa bonificada al 50 por ciento anual , aunque dependerá del día de la operación. El dato es que el Estado no pone recursos, sino que sumó ingeniería financiera en conjunto con el Banco Macro. 

Misiones tiene relativo margen de maniobra por las cuentas en orden y un plan de contención de gastos que se seguirá profundizando. Políticas anticíclicas como el Ahora Pan, lanzado en 2018, están más vigentes que nunca, con precios congelados y planes similares lanzados en otras provincias, como hizo ahora el gobernador vecino, Juan Pablo Valdés, con el programa bautizado “Sostiene Corrientes”. Se trata de una asistencia financiera de hasta $130.000 millones, financiada por el Banco de Corrientes, que busca aliviar las deudas de 89 mil familias y empresas locales ante el complejo contexto económico nacional. La elección del nombre describe el estado de situación. Se sostiene lo que está a punto de caerse. 

Los datos muestran que Misiones, a diferencia de lo que vociferan algunos sectores políticos internos, tiene mayor solidez que los vecinos. La economía misionera se expandió 5,9% entre 2018 y 2024, un crecimiento que fue superior al mostrado por el país en igual período (+0,1%), según los datos del Instituto Provincial de Estadística y Censos, que actualizó el cálculo de Producto Bruto Geográfico (PBG) de Misiones. En 2024, Misiones participó del 2,07% del PIB nacional, un valor por encima del año 2018 cuando representaba el 1,95%, dando cuenta así de su crecimiento en el período. De acuerdo a esos datos, Misiones se posiciona como la octava economía de mayor peso en la Argentina.  

La evolución del producto provincial fue dispar, alternando altas y bajas que no siempre fueron en línea con el ciclo económico nacional: en 2019 el PBG Misiones creció 0,8% mientras que el PIB nacional caía 2,0%; en 2020, la economía misionera sufrió los impactos de la pandemia y marcó una caída del 13%, superior a la baja registrada en el país (-9,9%). Sin embargo, la recuperación misionera fue muy contundente en 2021: creció 17% cuando el país lo hizo al 10,4%. Algo similar se observó para 2022: la expansión misionera continuó con un alza del 10% de su producto cuando la Nación creció al 6%. Ya en 2023 y 2024, los efectos de la recesión y de políticas económicas nacionales pegaron más duro: en 2023 Misiones cayó 3,6% cuando el país lo hizo en -1,9% y para 2024, la provincia vio una merma de 2,6% y -1,3% para el caso nacional.

Si se compara 2024 vs. 2018, todos los sectores económicos de la provincia crecieron, aunque a diferente velocidad. El comercio fue el gran protagonista del crecimiento, con una expansión del 14,7% en el período, casi triplicando el alza general provincial. 

Los servicios financieros se ubicaron en segundo lugar con un alza del 12,5% y el Suministro de Electricidad le siguió con +9,1%. 

Otros sectores que crecieron por encima del resultado general provincial fueron los Servicios de Salud y Sociales (+8,9%), Alojamiento y comidas (8,3%), Actividades Administrativas (7,9%), Construcción (7,8%), Transporte y Almacenamiento (7,0%), Servicios Inmobiliarios (7,0%) y Agricultura y Ganadería (6,0%).

A precios corrientes, el crecimiento del PBG provincial muestra una expansión sostenida, pasando de 287.524 millones en 2018 a más de 12 billones en 2024, acompañando el proceso inflacionario y el incremento nominal de la economía. En este esquema, la participación de Misiones dentro del PIB nacional se mantiene relativamente estable, en torno al 2%, con leves variaciones anuales que oscilan entre el 1,92% y el 2,15%. Este dato refleja que, más allá de las fluctuaciones reales, la provincia conserva su peso relativo dentro del entramado productivo nacional, sin cambios estructurales significativos en su participación.

El desempeño del Producto Bruto Geográfico de Misiones en el período 2018-2024 muestra una clara divergencia respecto a otras economías del NEA, particularmente Chaco y Corrientes. Mientras Misiones logró un crecimiento acumulado de 5,9%, consolidándose como la provincia de mejor desempeño relativo en la región, Chaco registró una contracción significativa del -6,4% y Corrientes apenas logró expandirse un 0,9%. Esta diferencia evidencia no sólo una mayor capacidad de recuperación de la economía misionera tras el shock de 2020, sino también una estructura productiva más dinámica en términos relativos.

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Cancillería: adjudicaron contrato por $114.044.133 a la asociación que dirige la esposa de Sturzenegger

By Redacción Economis 4 meses ago
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El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adjudicó un contrato por $114.044.133 (IVA incluido), cerca de USD 78.000 al tipo de cambio actual, para la capacitación en idioma inglés de su personal a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI).

Esta entidad tiene como directora ejecutiva a María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Rouillet se desempeña como Directora Ejecutiva de la AACI desde al menos septiembre de 2020. 

La contratación se tramitó mediante una Adjudicación Simple por Especialidad y, debido a ese vínculo familiar, el expediente activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Según consta en los documentos oficiales, la propuesta presentada por la AACI al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, fue preparada por la esposa de Sturzenegger, Josefina Rouillet.

La adjudicación quedó formalizada a través de la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE, en el marco del expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE y del procedimiento 26-0033-CDI25, publicado en el sistema COMPR.AR. El contrato tiene una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un plazo igual.

El vínculo declarado y la intervención de los organismos de control

En los considerandos de la disposición, Cancillería dejó constancia de que, al analizar la Declaración Jurada de Intereses exigida por el Decreto 202/2017, surgió un “vínculo positivo” entre una autoridad de la entidad adjudicataria y un ministro nacional. La Oficina Anticorrupción incorporó un dictamen en el expediente que encuadró el vínculo como “familiar (matrimonio)” entre Sturzenegger y Rouillet.

En función de ese resultado, el área de Compras y Contrataciones del Ministerio informó la situación tanto a la OA como a la SIGEN y recomendó la adopción de un “mecanismo adicional de transparencia”, que en este caso fue la suscripción de un Pacto de Integridad entre el Estado y la entidad contratada. Según consta en el expediente, la OA solicitó que, una vez firmado el instrumento, se le remitiera copia; posteriormente, Cancillería dejó asentado que el pacto fue efectivamente incorporado y comunicado a ese organismo.

El Pacto de Integridad es un acuerdo formal y obligatorio entre la entidad estatal contratante y la entidad contratada, diseñado para garantizar transparencia y prevenir corrupción, sobornos y conflictos de interés en procesos de contratación pública. Compromete a las partes a no ofrecer ni aceptar beneficios indebidos.

La contratación: modalidad, monto y fundamento

El servicio fue requerido por la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025–2027. En el expediente se argumentó que la AACI resultaba el “único prestador” capaz de garantizar la continuidad del programa por su trayectoria y antecedentes en capacitaciones similares dentro del Ministerio.

La contratación se encuadró como Adjudicación Simple por Especialidad, figura prevista en el régimen de contrataciones del Estado para servicios considerados específicos. Al momento de la apertura, se registró una única oferta, presentada por la AACI, por el monto total luego adjudicado.

Antecedente 2024: otro contrato con AACI sin Pacto de Integridad publicado

Además del expediente 2025/2026, el portal COMPR.AR registra una contratación previa de Cancillería con la AACI. Se trata de una orden de compra de 2024 que, según la ficha pública, fue autorizada y perfeccionada el 20 de marzo de 2024, con vigencia desde el 20 de marzo de 2024 hasta el 20 de diciembre de 2024.

El objeto consignado es un “curso de capacitación”, por un total de $55.388.180, bajo modalidad de servicio. A diferencia del trámite adjudicado en 2026, en esa contratación no figura publicado un Pacto de Integridad en la documentación disponible. Además, al momento de la consulta, la orden de compra completa y las cláusulas particulares (pliego específico) no estaban disponibles para descarga, pese a que el resumen indica que el contrato se rige por esas condiciones.

Alcance del servicio: cuántos agentes y qué cursos por $114.044.133 

El pliego aprobado detalla un cupo total de 132 agentes a capacitar durante 2026. El esquema incluye:

  • Cinco cursos regulares (Senior 3, Senior 4, Senior 5, Senior 6 y First Certificate), con 110 participantes en total.
  • Talleres para personal diplomático del ISEN, en niveles B2 y C1, con 22 participantes.
  • Hasta 80 tests de nivelación para la asignación de cursos.

La modalidad prevista es presencial, con dictado en la sede de la AACI en Suipacha 1333 (Retiro, CABA). Los cursos se desarrollarán entre marzo y noviembre, con clases de dos horas y media semanales, totalizando 10 horas mensuales por curso, en franjas horarias comprendidas entre las 13 y las 17. Los talleres especializados tendrán una carga de ocho horas mensuales.

El servicio incluye, además, plataforma virtual de apoyo, seguimiento de asistencia, informes de progreso y certificación conforme a estándares internacionales, así como la provisión de bibliografía 2026, con materiales de editoriales como Oxford y Cambridge.

Forma de pago y condiciones contractuales

El contrato prevé un esquema de pagos escalonado. El pliego habilita a la entidad adjudicataria a solicitar un adelanto de hasta el 40% del monto total, una vez perfeccionado el contrato, contra factura y contragarantía. El 60% restante se abonará en dos tramos del 30%, uno contra la presentación de resultados de exámenes intermedios y el último contra las calificaciones finales y el listado de aprobados al cierre del ciclo.

Para el renglón de bibliografía, el pago está previsto contra entrega de los libros, al inicio del ciclo lectivo 2026.

Quiénes intervinieron y quiénes firmaron

En la tramitación del expediente intervinieron la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, la Dirección del ISEN, la Dirección de Compras y Contrataciones, la Dirección General de Administración y la Dirección General de Asuntos Jurídicos. La disposición de adjudicación fue emitida por la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior.

El acto administrativo autorizó expresamente a la Dirección de Compras y Contrataciones a suscribir la orden de compra correspondiente y le delegó la facultad de aplicar eventuales penalidades por incumplimientos contractuales.

Con la incorporación del Pacto de Integridad y la comunicación a la Oficina Anticorrupción, Cancillería dio por cumplido el procedimiento previsto para los casos en los que se detectan vínculos personales relevantes entre funcionarios y proveedores del Estado. La adjudicación quedó firme y el contrato, habilitado para su ejecución por el plazo establecido.

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