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Empresarios advierten que el sistema de transporte público del interior puede paralizarse

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La Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros advirtió que “millones de ciudadanos del interior del país serán perjudicados por la desidia e inequidad”. 

La entidad empresaria sostiene que “en momentos en que gran parte de la ciudadanía afronta serias dificultades económicas, se cierne sobre su franja más vulnerable el severo y cierto riesgo de quedarse sin el servicio de transporte urbano de pasajeros que, en el interior del país, es la única opción de transportación pública para millones de argentinos”.

La Fatap apuntó a la “ausencia de medidas concretas” que doten al sistema de transporte de pasajeros del Interior del País de mínimas condiciones de previsibilidad y sustentabilidad, lo que “torna prácticamente imposible proyectar la continuidad de los servicios y, menos aún, la realización de las inversiones que ello requiere”.

Los empresarios señalan que transcurriendo ya los primeros días de 2024 y con una curva de incrementos en los insumos de la prestación ascendiendo sin límite a la vista, el transporte del Interior no conoce cuál es el presupuesto que el Estado nacional le destinará, mientras realiza ingentes desembolsos al AMBA, región que mantiene tarifas en niveles dramáticamente inferiores a los que abonan los argentinos que se transportan por colectivos en las provincias, lo que da cuenta de que el tratamiento desigual e inequitativo en perjuicio del Transporte del Interior se mantiene, “transformándose así en una lamentable política de Estado que trasciende los diferentes Gobiernos nacionales”.

“En ese marco, los poderes concedentes, que han diseñado los servicios y las fórmulas de actualización tarifaria, mantienen su dañosa conducta de incumplir los contratos al no establecer el precio del servicio con criterios económicos y técnicos, dejando de lado los políticos y coyunturales que solo degradan las economías de las empresas y jaquean su continuidad y la de las prestaciones. Todo ello ante la pasividad de muchos Gobiernos Provinciales que, a su vez, incumplen con los compromisos que asumieran en torno a garantizar la sustentabilidad económico financiera de los sistemas de transporte de sus provincias”, cuestionan.

Finalmente, la FATAP exhortó vehementemente a las autoridades competentes de jurisdicción nacional, provincial y municipal, a asumir sus responsabilidades ante las empresas, usuarios y trabajadores, coordinando y poniendo en ejecución muy urgentes medidas que generen las mínimas condiciones de continuidad de la actividad, en defecto de lo cual serán directamente responsables de la pérdida de un servicio público esencial, la quiebra de las prestadoras y la destrucción de más decenas de miles de puestos de trabajo a lo largo y ancho de la República Argentina.

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Concesionaria de transporte urbano de Corrientes anunció la continuidad de sus operaciones

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La empresa concesionaria del transporte público urbano de la ciudad de Corrientes que el 8 de diciembre había anunciado el retiro de sus servicios y operaciones en la Capital provincial y el despido de casi mil trabajadores, anunció hoy que continuará con la prestación tras un acuerdo con autoridades provinciales y municipales.

Se trata del Grupo ERSA, prestataria de servicios en la ciudad hace 60 años, que hizo pública hoy la decisión a través de una solicitada en la que refiere que se llegó a un entendimiento a nivel local, tras una reunión convocada por autoridades gubernamentales de la provincia y el municipio en torno a “las condiciones financieras y económicas que se desarrolla el sistema de transporte de pasajeros de la ciudad de Corrientes”.

“Confiamos en que el Gobierno provincial y de la Municipalidad generen las políticas y aportes necesarios para dotar a la actividad de las imprescindibles condiciones de sustentabilidad”, expresó el escrito en uno de sus párrafos.

La concesionaria de transporte destacó además “el esfuerzo que implica el sostenimiento del sistema en épocas de enormes dificultades económicas y de profunda crisis” y comunicó que ha resuelto continuar prestando el servicio y sostener los casi mil puestos de trabajo que genera en la ciudad de Corrientes.

Por otra parte, la empresa hizo mención a la situación nacional con el nuevo escenario económico y remarcó que “plantea desafíos significativos, ya que aún no se avizora una solución estructural para el sistema de transporte” que en la Capital provincial “emplea a más de 1.000 correntinos y presta servicio a más de 120.000 usuarios”.

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Shock eléctrico: las tarifas podrían subir 200 por ciento

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El plan motosierra en el sector eléctrico esconde una enorme disparidad: la eliminación de los subsidios afectará a todo el país, pero en la práctica, el peso de lo que aporta el Estado nacional se concentra en el AMBA y no en las provincias. Sin embargo, el tarifazo que se viene para todos, superará el 200 por ciento. 

En el AMBA, el Nivel 1, de Mayores Ingresos, paga 8.383 por una factura promedio. Sin subsidios, la factura debería estar en 14.030 pesos, una diferencia de 67 por ciento.

En el grupo N2, de Menores Ingresos, la tarifa en el AMBA es de apenas 2.471 pesos, cuando sin subsidios debería estar 12.536 pesos. 

En el N3, de ingresos medios, la tarifa en el amba es de 2.734 pesos, contra 10.917 pesos de la tarifa sin subsidios. 

La tarifas que pagan en las provincias están, por lejos, muy por encima de lo que paga el AMBA. Y ahora, sin subsidios, el incremento que se avecina es del 200 por ciento, señalaron fuentes oficiales.

En esa línea, Energía de Misiones recomienda a los usuarios utilizar con racionalidad la energía eléctrica, ya que no podrá hacer frente a la quita de subsidios. 

La quita de subsidios tiene un doble impacto en Misiones. En noviembre el ex gobernador Oscar Herrera Ahuad había conseguido con Sergio Massa un aporte extra, que significaba un ahorro del 9 por ciento en la tarifa para la temporada de verano. Ese beneficio regía desde noviembre, pero ahora será eliminado.

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El Gobierno decretó la emergencia energética: habrá aumentos tarifarios e intervendrán el ENRE y ENARGAS

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La Secretaría de Energía establecerá mecanismos para la “sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso”.

A través del Decreto 55/2023 publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei declarará emergencia energética y dispondrá la intervención de los entes reguladores de electricidad y gas.

La Secretaría de Energía establecerá mecanismos para la “sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios de todas las categorías”.

Revisión tarifaria: cómo se implementará y a quiénes afecta

Por otro lado, la emergencia determinará una revisión tarifaria, establecida por el artículo 43 de la Ley N° 24.065 y al artículo 42 de la Ley N° 24.076. Además establece que los cuadros tarifarios entrantes no podrán exceder el 31 de diciembre del 2024.

Mientras dure este proceso, podrán aprobarse “adecuaciones transitorias de tarifas ajustes periódicos“. Según señalaron, buscarán asegurar la continuidad y normal prestación de los servicios, según disponga el resultado de la revisión de tarifas.

Intervención del ENRE y de ENARGAS

Uno de los puntos fundamentales que señala el DNU es la intervención del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), a partir del 1 de enero de 2024 hasta la designación de los integrantes del Directorio, que serán elegidos según lo previsto por el artículo 8 del mismo decreto.

El Decreto:

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Declárase la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural. La declaración de emergencia en el Sector Energético Nacional y las acciones que de ella deriven, según lo indicado en el artículo 2° del presente, tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024.

ARTÍCULO 2°.- Instrúyese a la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA para que elabore, ponga en vigencia e implemente un programa de acciones necesarias e indispensables con relación a los segmentos comprendidos en la emergencia declarada en el artículo 1°, con el fin de establecer los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios de todas las categorías.

ARTÍCULO 3°.- Determínase el inicio de la revisión tarifaria conforme al artículo 43 de la Ley N° 24.065 y al artículo 42 de la Ley N° 24.076 correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural, y establécese que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024.

ARTÍCULO 4°.- Dispónese la intervención del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), organismos descentralizados actuantes en el ámbito de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a partir del 1° de enero de 2024 y hasta la designación de los miembros del Directorio que resulten del proceso de selección previsto en el artículo 8° del presente decreto.

ARTÍCULO 5°.- Facúltase a la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA a designar, en el marco de lo dispuesto en el artículo 4°, a los Interventores del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) .

ARTÍCULO 6°.- En el ejercicio de su cargo, los Interventores designados tendrán las facultades de gobierno y administración de los respectivos Entes, establecidas en las Leyes Nros. 24.065 y 24.076, según corresponda, y las asignadas en el presente decreto, que se enuncian a continuación y deberán concretarse dentro de los plazos de la intervención:

a. Informar sobre el cumplimiento de los procesos de renegociación dispuestos por la Ley N° 27.541 y por el Decreto N° 1020 del 16 de diciembre de 2020 y de toda otra circunstancia que considere relevante relacionada con dichos procesos; aportando la totalidad de la información de base y/o documentos respectivos y proponiendo las acciones y las medidas que en cada caso estime que corresponda adoptar.

b. Realizar los procesos de revisión tarifaria señalados en el artículo 3° de este decreto. Hasta tanto culmine el proceso de revisión tarifaria podrán aprobarse adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos, propendiendo a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados, a cuenta de lo que resulte de la revisión tarifaria dispuesta en el citado artículo 3°.

c. Considerar las observaciones y adoptar, en caso de que corresponda, las recomendaciones efectuadas por los órganos de control sobre los procesos de renegociación contractual y revisiones tarifarias llevados a cabo en cumplimiento de la Ley N° 25.561 y sus normas modificatorias y complementarias.

d. Evaluar e informar sobre la gestión de Compras y Contrataciones del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), según corresponda.

e. Evaluar e informar sobre la ejecución del Presupuesto de Gastos y Recursos de los respectivos Entes, según corresponda, desde el 10 de diciembre de 2019 hasta la fecha y, adicionalmente, sobre la ejecución de las metas físicas programadas para el mismo período.

El detalle efectuado en los incisos precedentes no limita las facultades y competencias de los Interventores, propias del ejercicio de los deberes y atribuciones establecidos en las Leyes Nros. 24.065 y 24.076, es solo enunciativo y no limita en modo alguno las funciones de cada Interventor que puedan vincularse a otros aspectos regulatorios, a acciones de auditoría y sanciones, a aspectos económico-financieros y a la protección de los derechos de los usuarios.

En caso de detectarse alguna anomalía, los Interventores deberán informar con precisión su significatividad económica y el impacto que ocasiona o ha ocasionado sobre la gestión, aportándose la totalidad de la información de base o documentos de trabajo respectivos y asesorando sobre las acciones y medidas que corresponda adoptar.

ARTÍCULO 7°.- Determínase la aplicación de mecanismos que posibiliten la participación ciudadana en el proceso de adecuación tarifaria transitoria, la que se llevará a cabo contemplando las previsiones del “Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional” aprobado por el Decreto N° 1172 del 3 de diciembre de 2003 y sus modificatorios o bien el régimen propio de participación que el Ente Regulador disponga conforme a su normativa vigente.

ARTÍCULO 8°.- La SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA deberá, en un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, iniciar el proceso de selección de los miembros del Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) de acuerdo con los términos previstos en el artículo 54 y siguientes de la Ley N° 24.076. Asimismo deberá, en un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, revisar y/o reconducir y/o confirmar y/o anular, según corresponda, el proceso de selección de los miembros del Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), actualmente en trámite en el marco de lo dispuesto en la Resolución de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMIA N° 607/23, de acuerdo con los términos previstos en el artículo 58 y siguientes de la Ley N° 24.065.

ARTÍCULO 9°.- Invítase a las provincias a coordinar con la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA las acciones de emergencia necesarias para asegurar la prestación de los servicios de distribución de electricidad que correspondan a su jurisdicción.

ARTÍCULO 10.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 11.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 12.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

MILEI – Nicolás Posse – Guillermo Francos – Diana Mondino – Luis Petri – Luis Andres Caputo – Patricia Bullrich – Mario Antonio Russo – Mariano Cúneo Libarona – Guillermo José Ferraro – Sandra Pettovello

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Transporte: tras 60 años, el grupo ERSA decidió dejar sus servicios en la ciudad de Corrientes

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Un día de notables contrastes se vivió ayer en el transporte urbano de pasajeros de la capital de Corrientes. Es que desde el primer servicio, los colectiveros se plegaron a una huelga que paralizó la prestación. A la tarde, la medida de fuerza se levantó y por la noche se conoció la decisión de la principal prestataria de dejar sus operaciones en la ciudad, publicó hoy el diario Época.

El paro fue convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Corrientes. La medida se implementó en reclamo del aumento previsto para los trabajadores del volante y fue la continuación de la crisis del mes pasado en que los choferes interrumpieron el servicio por seis días.

Es que la mejora salarial para los choferes debería ir de la mano de los aportes de los estados, nacional, provincial y municipal, tal lo refrendado en los acuerdos suscriptos en el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, los fondos no llegaron para abonar el aumento y las empresas pagaron los sueldos sin el incremento. Ello derivó en un nuevo paro en el servicio de transporte urbano de pasajeros de Capital.

Según el último acuerdo, los salarios de los choferes tendrían una suba del 12%, 10% y 8% en los meses de octubre, noviembre y diciembre. El pasado mes, las empresas correntinas abonaron el salario más la mitad del incremento previsto. Por ese saldo, los choferes fueron al paro que se concretó por tiempo indeterminado. Finalmente, la Provincia y el Municipio capitalino hicieron los aportes que les correspondían, se abonó la totalidad del aumento y se levantó la medida de fuerza.

Ayer por la mañana, en medio del nuevo paro y con miles de usuarios sin poder acceder al principal medio de movilidad urbana, la Secretaría de Trabajo de la Provincia llamó a Conciliación Obligatoria y convocó a las partes. Pero los choferes no levantaron la medida (ya habían adelantado en una presentación ante el organismo, el martes pasado, que no acatarían). Las conversaciones no prosperaron y finalmente el grupo ERSA resolvió abonar con fondos propios el incremento que debería ser aportado por los subsidios comprometidos. De esa manera, pasadas las 16, de a poco el servicio se normalizó con la salida de los micros de los galpones.

Por la noche, el grupo ERSA emitió un comunicado de prensa en el que informó que después de 60 años decidió dejar sus operaciones en la ciudad de Corrientes.

“El incumplimiento de los contratos de concesión del servicio público de transporte por automotor de pasajeros urbanos y suburbanos de la Ciudad de Corrientes, que determinan los ingresos de las operadoras del servicio, ha tornado materialmente imposible la ejecución de los mismos”, comenzó el texto.

Luego agregó que “en efecto, las tarifas fijadas desde el inicio de la concesión no han respondido a las claras normas del contrato porque no se han establecido en función de los costos reales de la operación. Ello generó permanentes déficits que dieron lugar a numerosas presentaciones, en ese sentido, al poder concedente”.

Párrafo después, en el texto se analizó que “dicha situación no fue atendida de modo suficiente y oportuno por el Estado Provincial, a pesar de los convenios que se suscribieran con el Ministerio de Transporte de la Nación, en el marco del Fondo Compensador del Transporte Urbano y Suburbano del Interior del País”.

“Estas condiciones serán más desfavorables en 2024. Ello surge de la lectura de la Ley de Presupuesto de la Provincia de Corrientes, que establece que se destinarán al Transporte Público unos $2.000 millones de pesos. Esto significa solo el 0,18% del presupuesto total provincial, porcentaje que en los últimos años se redujo considerablemente frente a los ingresos corrientes de la Provincia”, aseveró luego.

Más adelante, el comunicado del principal grupo empresario de la provincia evaluó que “es evidente que el servicio público de transporte en Corrientes dejó de ser una prioridad. Los beneficios que conllevan tener un transporte de pasajeros digno, regular, económico y eficiente no se encuentran dentro de las políticas públicas actuales. La falta de un servicio acorde a las necesidades de los correntinos se reflejará en lamentables índices de siniestralidad y sus consecuencias, que serán aún más costosas para el propio Estado”.

“Desde hace tiempo, no está garantizada la sustentabilidad de un sistema que requiere previsibilidad e ingresos suficientes para mantener la regularidad y continuidad de los servicios”, señaló el comunicado.

A continuación expresó: “Por lo expuesto, nos resulta materialmente imposible continuar con la prestación del servicio público concesionado en los términos del Contrato”.

Y concluyó: “Por las razones expresadas, el GRUPO ERSA, fundado el 26 de octubre de 1963, luego de prestar ininterrumpidamente sus servicios a nuestros conciudadanos durante 60 años, decidió finalizar sus operaciones en la ciudad de Corrientes. Esto significará el cese de casi 1.000 puestos de trabajo de los 5.500 que genera con sus actividades en todo el país, para lo cual formalizará las presentaciones del caso ante las autoridades competentes”.

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