Noviembre cerró con superávit financiero y consolida el ancla fiscal del Gobierno
El Sector Público Nacional (SPN) cerró noviembre con un superávit financiero de $599.954 millones, incluso luego de afrontar pagos de intereses de deuda por $1.528.056 millones, consolidando el sendero de orden fiscal del programa económico. El resultado se explicó por un superávit primario de $2.128.009 millones y permitió sostener, en el acumulado del año, un balance positivo equivalente a 0,6% del PIB en términos financieros y 1,7% del PIB en resultado primario.
Con este desempeño, el Gobierno ratificó la consistencia del ancla fiscal como eje central de la política económica, en un contexto de desaceleración inflacionaria y reordenamiento de las cuentas públicas, donde el control del gasto y la recomposición de ingresos juegan un rol clave.
Ingresos en alza: impuestos, comercio exterior y seguridad social
Durante noviembre, los ingresos totales del SPN alcanzaron los $11.402.650 millones, lo que implicó un crecimiento interanual del 18,7%. Dentro de ese total, los recursos tributarios exhibieron una suba del 16,3% interanual, impulsados por varios componentes de peso.
El mayor dinamismo se observó en los Derechos de Importación, que crecieron 41,9% interanual, reflejando el mayor volumen de comercio exterior y la normalización de flujos. A esto se sumaron los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, con un aumento del 30,6%, el IVA neto de reintegros (+26,5%), el impuesto a los Débitos y Créditos (+22,6%) y Ganancias (+21,3%).
Desde el Palacio de Hacienda destacaron que la comparación interanual se ve condicionada por la reducción de impuestos aplicada a lo largo de 2025, lo que implica que el crecimiento de la recaudación se produce sobre una base tributaria modificada, reforzando la lectura de una mejora real en los ingresos.
Gasto primario contenido y reconfiguración de transferencias
En paralelo, los gastos primarios del Sector Público Nacional totalizaron $9.274.641 millones, con un incremento interanual del 12,7%, por debajo del crecimiento de los ingresos, lo que explica el resultado primario positivo.
Las prestaciones sociales concentraron la mayor parte del gasto, con $6.497.181 millones, lo que representó un aumento del 17,5% interanual, en línea con la actualización de haberes. Las remuneraciones del sector público, en tanto, ascendieron a $1.247.830 millones, con una suba del 10,1% interanual.
Uno de los datos más relevantes del mes fue la fuerte caída en las transferencias corrientes, que sumaron $2.502.952 millones, con una disminución del 17,4% interanual. Las transferencias al sector privado retrocedieron $162.347 millones (-6,5%), mientras que las transferencias corrientes al sector público se redujeron drásticamente a $171.061 millones, con una baja del 67,4% interanual, reflejando un ajuste significativo en los envíos discrecionales.
Subsidios económicos: energía en alza y transporte estable
En cuanto a los subsidios económicos, en noviembre se ubicaron en $700.226 millones, con un aumento del 24,8% interanual. El crecimiento estuvo explicado principalmente por los subsidios energéticos, que se incrementaron 41,0% interanual, mientras que los destinados al transporte mostraron una suba mucho más moderada, del 1,4% interanual.
Este comportamiento confirma una recomposición selectiva del gasto, donde el Gobierno prioriza el sostenimiento del sistema energético en un contexto de transición tarifaria, al tiempo que mantiene contenido el resto de los subsidios.
Señal al mercado y consistencia del programa
Con un superávit financiero mensual cercano a los $600.000 millones y un acumulado anual positivo equivalente a 0,6% del PIB, el resultado de noviembre refuerza la señal de disciplina fiscal hacia el mercado y los organismos internacionales. La combinación de ingresos en recuperación, gasto primario controlado y reducción de transferencias consolida el marco macroeconómico sobre el que el Gobierno apoya su estrategia de estabilización.
El desempeño fiscal del penúltimo mes del año se convierte así en un dato central para evaluar la sostenibilidad del programa económico, con impacto directo en las expectativas financieras, el costo del financiamiento y la credibilidad del rumbo fiscal.
