Hay acuerdo para que los trabajadores suspendidos cobren un 25% menos, sin embargo los empresarios consideran razonable el pago de hasta el 75% del salario a quienes cumplen aislamiento pero piden al Gobierno más medidas de auxilio financiero y fiscal
Ayer se llegó a esa conclusión en el encuentro que el Gobierno mantuvo con representantes de la CGT y la UIA en el marco de la crisis económica y el impacto de la cuarentena en el sector productivo. Afectará a aquellos trabajadores que no trabajaron por la cuarentena; la reducción salarial se verá impactada en los sueldos de mayo y junio.
La CGT y la Unión Industrial (UIA) acordaron, con aval del Gobierno, un mecanismo de suspensiones para trabajadores de empresas en crisis por la cuarentena que dispondrá un piso salarial equivalente al 75% del neto a cambio de una garantía de estabilidad que regirá al menos hasta fin de mayo.
Si bien no resuelve la crítica situación por la que atraviesa el 90% de la actividad económica local, en el mundo empresario la reducción del 75% del salario de trabajadores suspendidos por la pandemia del coronavirus divide las opiniones entre quienes la consideran razonable y los que la califican de insuficiente.
En el primer grupo están los hombres de negocios que participaron de las reuniones negociaciones entre la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT).
Aseguran que no fue fácil convencer a los gremios sobre la necesidad de tocar los ingresos de los trabajadores en este contexto de profunda crisis derivada de las restricciones impuestas por el Gobierno para combatir el avance del virus.
Pero el consenso llegó al tenerse en cuenta los serios problemas en materia de sostenibilidad financiera que enfrentan los empleadores, principalmente los vinculados a actividades económicas no exceptuadas de las medidas de aislamiento y los que pese a estar comprendidos en el concepto de esenciales registran un nivel de actividad inferior a su promedio normal de ventas.
Con este marco, el porcentaje acordado no fue el porcentaje con el que se iniciaron las conversaciones, ya que desde la industria se proponía una quita mayor, cercana al 50% que fue desechado luego de que el Gobierno se comprometió, por decreto, a pagar la mitad de los sueldos de los trabajadores que están sin tareas en empresas en crisis por no poder cumplir actividades.
Si bien el restante 50% debe ser cancelado por las empresas, desde la UIA calificaron de injusto el hecho de que quienes estén sin tareas cobren lo mismo que el personal que viene cumpliendo con sus tareas de manera habitual por pertenecer a sectores eximidos del cepo sanitario.
A partir de ese momento, empresarios y gremialistas aceleraron las charlas que se extendieron durante toda la semana pasada bajo la venia de la Casa Rosada hasta que se llegó a consensuar el porcentaje final.
El borrador que el Gobierno debe homologar y convertir en una medida oficial fue firmado por Héctor Daer; Carlos Acuña; Andrés Rodríguez y Antonio Caló, por parte de la CGT. Mientras que la UIA está representada por Miguel Acevedo y Daniel Funes de Rioja.
Su objetivo es el de atender la situación derivada de la emergencia sanitaria en el entramado productivo nacional y el mundo del trabajo con nuevas medidas de auxilio que permitan despejar dudas sobre las condiciones de los trabajadores que no prestan servicios por la situación de aislamiento.
También, teniendo en cuenta que la irrupción del Covid-19 se dio con una economía recesiva desde hace varios años y que el impacto del aislamiento obligatorio con el objetivo proteger la salud pública generó como impacto, una mayor retracción de la actividad económica.
Empresarios aliviados, pero con la lupa en la letra chica
Como sostiene el analista económico Damián Di Pace, se trata de sectores que arrastran una situación complicada, con nula actividad y con graves problemas para afrontar el pago tanto de salarios como de otros compromisos.
Por eso el titular de la consultora Focus Market estima que el pago de un porcentaje de los salarios ayuda a evitar el cierre masivo en especial de pequeñas empresas que no pueden despedir y que tampoco pueden afrontar los sueldos del personal suspendido. “Este recorte ayuda a preservar las fuentes de trabajo, aunque es igualmente difícil para una pyme afrontar estos pagos si no puede a la vez acceder a las ayudas anunciadas por el Gobierno”, detalla Di Pace.
Ahora, el acuerdo está a la firma de los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni, y será refrendado por el Gobierno bajo una resolución que será publicada en las próximas horas.
Entre los empresarios que lo consideran razonable se encuentra José Urtubey, principal accionista de Celulosa Argentina y miembro del comité de dirección de la UIA. Para el empresario salteño es entendible en el marco de la dramática situación que atraviesa el país, “más que nada para quienes están sin actividad”. Si bien cree que no resuelve los problemas de fondo, la medida ayuda y permite en los próximos dos meses colaborar con las necesidades de los trabajadores, los empleadores y el propio Gobierno.
Del mismo modo, Julián De Diego, abogado laboralista y asesor de una gran cantidad de empresas, considera que se trata de una medida “muy adecuada, ya que hubiese sido imposible que cada empresa procese acuerdos y logre a tiempo las homologaciones”.
Sin embargo, el analista destaca ciertos riesgos en la concreción del acuerdo. Aclara que se trata de un convenio muy ventajoso para los gremios, ya que al tomarse el pago del 75% del salario neto se le está asegurando al personal suspendido una remuneración igual a la que debe percibir cuando está en funciones, ya que incluye premios o los cargos por presentismo, horas extras y cargas sociales habituales.
Por eso, advierte que si las empresas no reciben las ayudas anunciadas por el Gobierno para hacerse cargo del 50% de los salarios y las reducciones a los aportes patronales estarán imposibilitadas de cumplir con el acuerdo.
“Se le está pagando al trabajador inoperativo o que no cumple funciones en los grupos protegidos, como si estuviese cumpliendo sus tareas de manera habitual y no como se acuerda bajo el artículo 223 Bis de la ley de trabajo”.
De una manera similar opina José Rozados, para quien se trata de un acuerdo “insuficiente”. El empresario del sector inmobiliario considera que una rebaja del 50% “hubiese sido la adecuada, con el criterio del esfuerzo compartido”.
Igual rescata que podrá servir para reducir el costo del capital por endeudamiento al que se están enfrentando la mayoría de las empresas y también a reducir el costo del quebranto futuro que muchas otras deberán asumir a futuro.
Ola de suspensiones en la cuarentena
Desde que comenzó la crisis del coronavirus, el Ministerio de Trabajo homologó alrededor de 150 acuerdos entre empresas y sindicatos para suspender al personal con el pago de salarios menores a la totalidad pero con la promesa de preservar las fuentes laborales.
Es que si bien rige la imposibilidad de despedir o suspender personal por el Decreto 329 promulgado por el Poder Ejecutivo el 31 de marzo pasado, la misma norma permite dejar sin tareas temporales al personal a cambio de reducciones salariales si hay falta o disminución de trabajo.
Bajo esta modalidad, varios sindicatos concertaron suspensiones como los petroleros, mecánicos, de las autopistas de AUSA, calzado, comida rápida y textiles, entre otros, con rebajas de sueldos que van de entre el 20% al 40%.
Pero a partir de la sanción oficial del acuerdo entre la UIA y la CGT, todos estos convenios quedarán sin efecto y empresas y gremios deberán regirse por la nueva normativa.
Regirá también para casi 14.000 trabajadores que fueron suspendidos desde que se inició la lucha contra la expansión del coronavirus y se implementó la cuarentena obligatoria el 20 de marzo pasado.
De acuerdo con un informe del Observatorio de Despidos, en el mismo período, el promedio de reducción salarial en las empresas que implementan ese mecanismo fue del 42% y la mayoría de estas medidas se tomaron mayormente en empresas ubicadas en la provincia de Buenos Aires; Santa Fe y Salta.
Para Ignacio Noel, dueño de la alimenticia Morixe, se trata de una medida “en la dirección correcta” que debería complementarse con líneas de crédito que viabilicen este pago, dado que la gran mayoría de las empresas, por no estar operando, no tiene los recursos para efectivizar los salarios.
“Creo que es mejor que se haya tomado por parte del Estado una medida de carácter general para evitar negociaciones entre empresas y sindicatos que serían complicadas en las condiciones actuales”, agregó el empresario.
Es precisamente ese uno de los objetivos de la norma, el de establecer un paraguas de certidumbre respecto de quienes no pueden prestar sus servicios habituales por lo menos por un plazo de 60 días a partir del pasado 10 de abril.
En ese período, el monto que los empleadores deberán abonar como prestación no remunerativa o las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones no podrá ser inferior al 75% del salario neto en tiempos habituales de trabajo y aplicando sobre ese monto la totalidad de los aportes y contribuciones patronales.
No podrán ser incluidos en esta modalidad trabajadores que hayan establecido con su empleador las condiciones en que prestarán servicios desde el lugar de aislamiento. Tampoco, quienes estén excluidos del deber de asistencia al lugar de trabajo por pertenecer a sectores de riesgo (mayores o patologías preexistentes).
