Superávit Fiscal

El mercado ajusta expectativas: inflación más baja, dólar retrasado y crecimiento moderado

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El nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido el 5 de marzo por el Banco Central (BCRA) trazó una radiografía que el sistema financiero sigue con atención: inflación anual proyectada en 26,1% para 2026, un dólar mayorista estimado en $1.707 a fin de año y un crecimiento económico del 3,4%.

Los números surgen de una encuesta realizada entre el 25 y el 27 de febrero a 46 participantes —entre 34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras— y ofrecen una señal clave para el clima económico y político del país: el mercado espera que la inflación continúe bajando, pero al mismo tiempo proyecta un tipo de cambio que crecería menos que los precios, lo que abre interrogantes sobre la sostenibilidad del esquema cambiario.

La pregunta que sobrevuela la City es evidente: ¿se consolida un escenario de estabilidad macroeconómica o se trata de un equilibrio frágil sostenido por expectativas aún en construcción?

Inflación en descenso y un dólar que corre detrás de los precios

El relevamiento anticipa que la inflación mensual seguirá desacelerándose durante el año. Para febrero, los analistas estimaron un IPC de 2,7%, cifra que se ubica por debajo del 2,9% registrado en enero, aunque 0,6 puntos porcentuales por encima del REM anterior.

En el caso de la inflación núcleo, el indicador se proyecta en 2,5% mensual, también con un leve ajuste al alza frente al informe previo.

Según el escenario que trazan los analistas, la barrera del 2% mensual recién se quebraría en mayo, tras lo cual el índice de precios seguiría una trayectoria descendente hasta cerrar el año con 26,1% de inflación acumulada.

En paralelo, el REM muestra un ajuste a la baja en las expectativas de tipo de cambio. El dólar mayorista promedio para marzo se proyecta en $1.429, es decir $73 menos que en el relevamiento anterior.

Para diciembre de 2026, el consenso de mercado ubica el dólar en $1.707, lo que implicaría una suba interanual de 17,9%, claramente por debajo de la inflación esperada.

Esa relación —precios creciendo más rápido que el tipo de cambio— aparece como uno de los datos más sensibles del informe, porque sugiere un proceso de apreciación real del peso, una dinámica que el mercado suele observar con cautela cuando se prolonga en el tiempo.

Crecimiento moderado y estabilidad laboral

El REM también ofrece una proyección sobre el nivel de actividad. Los analistas estimaron que el Producto Interno Bruto (PIB) habría crecido 0,8% en el cuarto trimestre de 2025 respecto al trimestre anterior, una mejora de 0,6 puntos porcentuales frente al relevamiento previo.

Para 2026, el consenso proyecta una expansión económica del 3,4% en promedio, con un crecimiento trimestral de 1,0% en el primer trimestre y 0,9% en el segundo.

En el mercado laboral, las expectativas se mantienen estables. La tasa de desempleo se ubicaría en 6,7% de la Población Económicamente Activa en el cuarto trimestre de 2025, y se mantendría prácticamente en el mismo nivel —6,7%— hacia fines de 2026.

La estabilidad proyectada en el empleo sugiere que los analistas no anticipan cambios abruptos en el mercado laboral, aunque tampoco esperan una mejora significativa.

Superávit comercial y equilibrio fiscal en el radar

El informe también muestra una perspectiva relativamente favorable para el frente externo.

Para 2026, los analistas proyectan exportaciones por US$92.737 millones e importaciones por US$80.204 millones, lo que arrojaría un superávit comercial de US$12.533 millones, una cifra US$1.358 millones superior a la estimada en el relevamiento anterior.

En materia fiscal, el REM anticipa un superávit primario de $16,1 billones para 2026, mientras que el promedio del Top 10 de analistas lo ubica en $15,9 billones. Ningún participante del relevamiento prevé un superávit inferior a $9 billones.

El escenario fiscal proyectado aparece alineado con el objetivo de equilibrio presupuestario, una variable que el mercado considera central para sostener la estabilidad macroeconómica.

Tasas y liquidez: el costo del dinero en pesos

Las expectativas sobre las tasas de interés también reflejan el intento de equilibrar inflación, liquidez y estabilidad cambiaria.

El REM proyecta que la tasa TAMAR de bancos privados se ubique en 31,3% nominal anual en marzo, equivalente a 2,6% efectiva mensual. Para diciembre de 2026, el consenso prevé una reducción hasta 24% nominal anual.

El nivel de tasas aparece como una de las herramientas clave para sostener la demanda de pesos frente al dólar, en un contexto donde el tipo de cambio proyectado crece más lento que los precios.

Expectativas en construcción

El REM no fija política económica, pero funciona como una brújula del clima financiero. Sus proyecciones condensan la mirada de consultoras, bancos y centros de análisis sobre el rumbo macroeconómico.

El escenario que surge del informe combina inflación en descenso, crecimiento moderado, estabilidad laboral y superávit fiscal, pero también plantea una dinámica cambiaria que el mercado seguirá de cerca.

La clave, en los próximos meses, será observar si las expectativas comienzan a alinearse con los datos reales o si aparecen tensiones entre inflación, tipo de cambio y tasas que obliguen a recalibrar el escenario.

Por ahora, el consenso del mercado traza una trayectoria relativamente ordenada para 2026. Pero, como suele ocurrir con las proyecciones económicas, el verdadero test llegará cuando la economía avance sobre el terreno de los hechos.

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Caputo ratifica el esquema cambiario: apuesta a sostener el dólar sin sobresaltos y a bajar la inflación

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El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este lunes que el Gobierno continuará comprando dólares mientras no comprometa la estabilidad del tipo de cambio, sostuvo que la inflación de febrero perforará el 2,9% registrado en enero y descartó el envío de una ley integral de reforma tributaria al Congreso. En cambio, anticipó ajustes impositivos graduales, atados a la consolidación del superávit fiscal. El mensaje no fue técnico: buscó fijar expectativas en un momento donde el mercado mira reservas, el Congreso discute reformas estructurales y el frente externo suma incertidumbre. La pregunta es si la estrategia alcanza para sostener la calma cambiaria sin abrir nuevos frentes políticos.

Dólar bajo control y reservas en acumulación “inteligente”

Caputo defendió el esquema de bandas cambiarias y rechazó la idea de fijar un piso al dólar. “Nadie quiere ver un dólar a $1.100, pero no le podemos poner piso”, sostuvo. La señal apunta a evitar arbitrajes especulativos: si el mercado percibe un umbral garantizado, los exportadores retienen y la dinámica se tensa.

El ministro afirmó que hoy el equipo económico compra reservas entre cinco y seis veces lo comprometido con el FMI y que el objetivo es acumular “de manera inteligente”, considerando la demanda de dinero y la profundidad del mercado. En paralelo, remarcó que el cepo está levantado en un “90%” y que el Banco Central mantiene cautela para no desarmar de golpe los controles luego del “demasiado esfuerzo” realizado.

La arquitectura es clara: flotación administrada dentro de bandas, intervención prudente y acumulación sin fijar precios. Es una estrategia de equilibrio fino. Demasiada intervención puede erosionar credibilidad; demasiada libertad, disparar volatilidad.

Inflación y ancla fiscal: la promesa del “cero”

En materia de precios, Caputo anticipó que febrero cerrará por debajo del 2,9% de enero. No dio una cifra concreta, pero reforzó la idea de continuidad en el equilibrio fiscal y la estabilización de la tasa de interés como anclas del proceso.

El horizonte político lo fijó el presidente Javier Milei, quien prometió que la inflación podría empezar con cero en agosto. Caputo relativizó el plazo —podría demorarse “algún mes”—, aunque sostuvo que el equipo trabaja para que ocurra. Más que un dato estadístico, la referencia a un dígito mensual inicial en cero funciona como meta simbólica: consolidar el giro macro y blindar capital político.

Sin ley de reforma tributaria: gradualismo por superávit

El ministro descartó el envío de una reforma tributaria integral al Congreso. La decisión no es menor. Implica evitar una negociación legislativa amplia y potencialmente conflictiva con la oposición. En su lugar, el Ejecutivo avanzará con reducciones impositivas selectivas, condicionadas a la consolidación del superávit fiscal.

La lectura es táctica: mantener la iniciativa sin abrir un frente parlamentario que pueda trabar la agenda. Al mismo tiempo, se preserva el discurso pro-empresa y se incentiva la inversión. Caputo estimó que existen cerca de US$170.000 millones “en los colchones” que podrían canalizarse hacia crédito productivo. Vinculó esa posibilidad con la aprobación de la reforma laboral y la Ley de Inocuidad Fiscal, orientadas —según dijo— a formalizar empleo y fortalecer el financiamiento interno.

Deuda, mercado y shock externo

Caputo también descartó un canje de los bonos con vencimientos en 2029 y 2030 emitidos en la reestructuración liderada por Martín Guzmán. Argumentó que, con una participación del 60%, el ahorro de flujos sería de apenas US$1.000 millones, insuficiente para justificar la operación. La decisión busca evitar ruido en el mercado de deuda y preservar previsibilidad.

En el frente externo, el ministro admitió que la situación en Medio Oriente constituye un “shock externo fuerte” que afecta la apertura de los mercados y tendrá consecuencias. Allí introdujo una clave conceptual: el “mejor escudo” frente a esos shocks es tener los fundamentos ordenados. El alineamiento internacional definido por Milei también fue respaldado explícitamente.

Correlación de fuerzas y agenda

La estrategia económica fortalece al Ejecutivo en tanto logre sostener la desaceleración inflacionaria y evitar sobresaltos cambiarios. Pero condiciona su margen político: sin reforma tributaria integral, el Gobierno dependerá de avances fragmentados y de la aprobación de reformas estructurales en el Congreso para consolidar el relato de normalización.

La oposición, por su parte, pierde terreno si la inflación continúa bajando, aunque conserva capacidad de presión en el plano legislativo. El mercado, mientras tanto, seguirá testeando la consistencia entre acumulación de reservas, flexibilización del cepo y estabilidad del tipo de cambio.

El Gobierno apuesta a que la disciplina fiscal y la prudencia cambiaria alcancen para atravesar la volatilidad global sin resignar la hoja de ruta. El desafío no es técnico sino político: sostener expectativas en un año donde cada dato macro impacta directamente en la arquitectura de poder.

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Milei avanza con reformas sin financiamiento definido

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Cuando resta menos de un mes para la sanción del Presupuesto 2026, el gobierno de Javier Milei avanzó con dos proyectos de ley —la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil— que no detallan su impacto fiscal ni las fuentes de financiamiento. Ambas iniciativas, incluidas en el temario de sesiones extraordinarias, no están contempladas en la “ley de leyes” y reavivan la tensión entre el discurso oficial del “no hay plata”, el cumplimiento de la Ley de Administración Financiera y la sostenibilidad del superávit fiscal del 1,5% del PBI que el Ejecutivo exhibe como principal ancla del programa económico.

El contraste se vuelve más marcado si se lo compara con la decisión del Poder Ejecutivo de no cumplir la ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada e insistida por el Congreso, bajo el argumento de que no especifica su financiamiento. Una justificación que, según surge de la redacción de las propias iniciativas oficiales, no se aplica con el mismo rigor cuando se trata de proyectos impulsados por la Casa Rosada.

Emergencia en Discapacidad: la ley vigente que el Ejecutivo se niega a ejecutar

Pese a pronunciamientos judiciales y a la insistencia del Congreso, el presidente Javier Milei continúa sin ejecutar la ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027. Días atrás, cuando el jefe de Gabinete Manuel Adorni reasignó los créditos presupuestarios del ejercicio en curso, no incluyó partidas para esta norma ni para la ley de Financiamiento Universitario, también reclamada por el Parlamento.

El argumento oficial se apoya en la Ley de Administración Financiera, que establece que los proyectos deben indicar el origen de los fondos. Según la interpretación del Presidente, la Emergencia en Discapacidad incumple ese requisito. Sin embargo, el artículo 19 de la norma es explícito:
Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad (…) Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’”.

En los hechos, el Congreso dejó en manos del Ejecutivo —entonces bajo la jefatura de Guillermo Francos, hoy de Adorni— la definición de las partidas, siempre que no se afecten los créditos sociales. Un esquema similar al que el propio Gobierno utilizó durante sus primeros años, cuando administró con presupuestos heredados de la gestión de Alberto Fernández, ya desactualizados.

Además, al momento del debate parlamentario, el impacto fiscal de la emergencia sí fue estimado: el entonces presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert (LLA), solicitó un cálculo a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), por lo que los legisladores contaban con una referencia sobre costos y financiamiento. Aun así, el oficialismo se negó a reasignar partidas, acusó a la oposición de intentar romper el equilibrio fiscal y, hasta hoy, mantiene la ley sin ejecución.

Régimen Penal Juvenil: una redacción idéntica, pero con trato diferente

La doble vara aparece con claridad en el tratamiento del nuevo Régimen Penal Juvenil, reflotado por el oficialismo y sumado al temario de extraordinarias con Patricia Bullrich como principal impulsora política. El proyecto ya había sido promovido en 2024 y vuelve a escena tras el asesinato del joven Jeremías Monzón en Santa Fe.

El artículo 52 del dictamen firmado en mayo del año pasado establece: “Las erogaciones que requiriere al Estado nacional el cumplimiento de la presente ley se atenderán con los recursos que se incluyan en las leyes presupuestarias correspondientes (…) el jefe de Gabinete de Ministros deberá disponer la reasignación de las partidas correspondientes”.

La redacción es prácticamente idéntica a la de la Emergencia en Discapacidad. Sin embargo, en este caso, el Gobierno no cuestiona la validez del texto ni su compatibilidad con la Ley de Administración Financiera.

Más aún, durante el debate en comisión, Espert se negó a solicitar a la OPC un análisis del costo fiscal del régimen penal, pese a ser el único con facultad para hacerlo. En su lugar, presentó un cálculo elaborado por los ministerios de Justicia y Seguridad, que estimó el impacto en 0,34% del Presupuesto 2024, o 0,0042% del PBI. Ese número generó fuertes dudas entre los bloques opositores. “Hacen como si todo lo que implica el proyecto no saliera plata”, resumió un diputado que participó del debate. El pedido público de Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, para girar el proyecto a la OPC nunca fue atendido.

Reforma laboral y Presupuesto 2026: el interrogante sobre el superávit

Un esquema similar se repite con la reforma laboral, cuyo dictamen fue firmado en el Senado a fines de diciembre. El texto tampoco especifica su financiamiento, a pesar de incluir bajas y derogaciones impositivas que impactan incluso en impuestos coparticipables, afectando las finanzas provinciales.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche (LLA), tampoco envió el proyecto a la OPC. El resultado es el mismo: se desconoce el costo fiscal y la fuente de recursos.

El punto crítico es el calendario. Tanto la reforma laboral como el Régimen Penal Juvenil se impulsan a menos de un mes de la sanción del Presupuesto 2026, por lo que sus eventuales costos no están contemplados en la “ley de leyes”. De aprobarse, el financiamiento quedará nuevamente en manos del jefe de Gabinete mediante reasignaciones presupuestarias.

El propio Milei celebró que el Presupuesto 2026 refleje un superávit fiscal del 1,5% del PBI. La pregunta que empieza a ganar espacio en el Congreso y en los mercados es cuánto de ese margen quedará en pie si ambas iniciativas avanzan sin una estimación clara de costos y sin partidas específicas. En ese interrogante se juega no solo la coherencia del discurso fiscal del Gobierno, sino también la credibilidad institucional del programa económico.

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Argentina logró dos años consecutivos de superávit por primera vez desde 2009

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El Sector Público Nacional No Financiero cerró 2025 con un superávit fiscal primario de 1,4% del PIB y un superávit financiero de 0,2% del PIB, pese a haber registrado en diciembre el primer déficit primario del año. Según el balance fiscal elaborado por la consultora Ecolatina, se trata de un hecho inédito en la historia reciente: es la primera vez desde el período 2008–2009 que la Argentina acumula dos años consecutivos de superávit fiscal, consolidando un cambio de régimen en la dinámica de las cuentas públicas.

El resultado se apoyó en el fuerte ajuste del gasto realizado en 2024 y sostenido durante 2025, junto con una estrategia financiera que contuvo el pago explícito de intereses. Sin embargo, el informe advierte sobre tensiones subyacentes en la estructura de ingresos, el perfil de vencimientos de deuda y los desafíos que plantea el escenario fiscal y financiero de cara a 2026.

Déficit en diciembre, pero superávit en el acumulado anual

En el último mes de 2025, el Sector Público Nacional No Financiero registró un déficit primario de $2,8 billones. Al incorporar pagos de intereses por $0,4 billones, el resultado financiero fue negativo en $3,3 billones. Se trató del primer déficit primario del año y superó en 68% al rojo observado en diciembre de 2024.

De acuerdo con Ecolatina, este desempeño respondió a una combinación de factores: por un lado, un crecimiento real interanual del gasto primario de 1,7%, explicado en gran medida por la estacionalidad típica del cierre del año; por otro, una caída real interanual de 7% en los ingresos totales, reflejo de la desaceleración de la recaudación tributaria hacia el final de 2025.

No obstante, el “colchón fiscal” acumulado durante el resto del año permitió compensar el desliz de diciembre. Así, el resultado primario anual cerró con un superávit equivalente al 1,4% del PIB, apenas 0,4 puntos porcentuales por debajo de 2024, mientras que el resultado financiero fue superavitario en 0,2% del PIB, 0,1 puntos menos que el año previo.

Desde una perspectiva histórica, el dato resulta relevante: no se registraban dos años consecutivos de superávit fiscal desde 2008–2009, siendo 2009 el último año con resultado positivo. A partir de entonces, la política fiscal estuvo signada por un crecimiento del gasto primario por encima de los ingresos, dando lugar a déficits persistentes hasta el punto de inflexión alcanzado en 2024.

Ingresos en mínimos históricos y una nueva composición del ajuste

El informe destaca que, en 2025, los ingresos totales del SPN cayeron 2,6% interanual real y se ubicaron en 15,9% del PIB, lo que implicó una baja de 0,9 puntos porcentuales respecto de 2024 y marcó el nivel más bajo desde 2005.

Este resultado estuvo condicionado por una elevada base de comparación, ya que en 2024 habían estado vigentes el Impuesto PAIS, ingresos extraordinarios del blanqueo y recursos excepcionales vinculados a Ganancias y Bienes Personales. A ello se sumó un deterioro de la recaudación tributaria hacia el cierre del año, tras un inicio más dinámico impulsado por la recuperación de la actividad y el mayor aporte del sector externo.

En términos agregados, los ingresos tributarios cerraron 2025 con una contracción real de 2,5% interanual. Al interior, el IVA neto mostró una evolución prácticamente estable (+0,9% i.a. real), mientras que las contribuciones a la Seguridad Social crecieron 13,8% i.a. real, traccionadas por la mejora de la remuneración bruta promedio y consolidándose como uno de los pocos rubros con desempeño claramente positivo.

En contraste, el impuesto a las Ganancias registró una caída real de 6,8% interanual, explicada en gran medida por la base de comparación de 2024 asociada a la devaluación de diciembre de 2023. Una dinámica aún más marcada se observó en Bienes Personales, cuya recaudación se redujo 34,2% interanual real, afectada tanto por ingresos extraordinarios del año previo como por la reducción de alícuotas.

El aporte del comercio exterior también fue de mayor a menor. Los Derechos de Exportación se contrajeron 15,7% interanual real, mientras que los Derechos de Importación crecieron 22,6% interanual real, en un contexto de apreciación cambiaria y elevados volúmenes de importación.

Gasto en mínimos y el rol de los instrumentos capitalizables

Por el lado del gasto, el gasto primario representó en 2025 apenas 14,5% del PIB, uno de los niveles más bajos de las últimas dos décadas, muy por debajo del 19,1% del PIB alcanzado en 2023. Con un gasto ya fuertemente comprimido, el margen para profundizar el ajuste fue limitado, por lo que el gasto mostró una variación prácticamente neutra, con un aumento real de 0,4% interanual.

El informe subraya un cambio en la composición del ajuste. El gasto social creció 6% interanual real, impulsado por la nueva fórmula de movilidad que indexa las prestaciones a la inflación del mes previo. En particular, las jubilaciones y pensiones contributivas, que concentran el 64% del gasto social, aumentaron 15% i.a. real, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) se expandió 23,2% i.a. real, alcanzando un máximo histórico en términos reales y ubicándose cerca de 70% por encima de los niveles de 2023.

En sentido opuesto, las asignaciones familiares y otros programas sociales —incluyendo Tarjeta Alimentar, Volver al Trabajo, Programa 1000 Días y bonos de suma fija— registraron una caída cercana al 30% interanual real.

El ajuste continuó concentrándose fuera del gasto social, especialmente en los Subsidios Económicos, que se redujeron 31% interanual real, con un recorte más profundo en Energía (−38%) y una baja más moderada en Transporte (−7%). El Gasto de Capital se mantuvo en niveles históricamente bajos: 0,4% del PIB, sin cambios respecto de 2024 y muy lejos del 2,7% del PIB registrado en la década pasada.

En paralelo, las Transferencias a Provincias crecieron 25% interanual real, aunque permanecen casi 60% por debajo de 2023, mientras que los Salarios públicos cayeron 7% interanual real y se mantienen 27% por debajo de los niveles previos al ajuste.

Desde el punto de vista financiero, Ecolatina remarca la estrategia adoptada desde mediados de 2024 y profundizada en 2025, basada en la emisión de instrumentos capitalizables (Lecaps y Boncaps). Este esquema permitió contener el pago de intereses explícitos y mejorar el resultado financiero observado. Sin embargo, tuvo efectos no neutros por debajo de la línea, con amortizaciones en moneda local en máximos históricos en relación con el PIB.

Si se imputara el componente de capitalización como intereses devengados, el pago de intereses de 2025 ascendería a 3,9% del PIB, transformando el superávit financiero en un déficit cercano a 3,7% del PIB. El informe aclara que se trata de un escenario extremo y que el resultado real se ubica en un punto intermedio entre ambos extremos.

Perspectivas fiscales y financieras para 2026

Con el Presupuesto 2026 aprobado, el Gobierno cuenta con una hoja de ruta que fija como ancla fiscal un superávit primario de alrededor del 1,5% del PIB, además de un mayor respaldo político para avanzar en una agenda legislativa más amplia, que incluye la reforma laboral actualmente en tratamiento en el Congreso y una eventual reforma tributaria.

En materia de ingresos, la reducción de alícuotas de los derechos de exportación anticipa un menor aporte del comercio exterior, que podría ser parcialmente compensado por mayores ingresos vía importaciones. En este contexto, la sostenibilidad fiscal dependerá en gran medida del desempeño de la actividad económica y del consumo. No obstante, la reforma laboral introduce riesgos a la baja en el corto plazo, especialmente por un potencial desfinanciamiento de la seguridad social y tensiones en la coparticipación, dado que contempla reducciones en Ganancias e impuestos internos.

Del lado del gasto, el margen de maniobra seguirá siendo acotado: cerca del 70% de las erogaciones están indexadas por inflación. Se espera una profundización del recorte de subsidios bajo el nuevo esquema tarifario, con impacto sobre el ingreso disponible de los hogares y la inflación, lo que podría moderar la recuperación económica. En cuanto al gasto de capital, existe margen para una recomposición gradual, aunque dependerá de las prioridades del Ejecutivo.

Finalmente, el programa financiero aparece como uno de los principales desafíos. El perfil de vencimientos de 2026 es exigente y obligará a sostener elevados niveles de rollover, posiblemente con tasas de interés altas, aun en un contexto de inflación en descenso. En este marco, la estrategia de financiamiento y el uso de instrumentos capitalizables serán claves para evaluar la sostenibilidad de la deuda.

Con todo, el informe concluye que el resultado primario continuaría siendo superavitario en 2026, en magnitudes similares a las observadas en los últimos dos años, consolidando el cambio de régimen fiscal iniciado en 2024.

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Caputo celebró la baja de la inflación mayorista y afirmó que el plan económico “terminará con la inflación”

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El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el programa económico del Gobierno nacional “es el camino para terminar de una vez por todas con la inflación”, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundiera los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que confirmaron una marcada desaceleración inflacionaria durante 2025. En particular, la inflación mayorista cerró el año con un alza acumulada del 26,2%, el nivel más bajo de los últimos ocho años, pese a una aceleración puntual en diciembre.

Las cifras oficiales fueron destacadas por el titular del Palacio de Hacienda como una señal de consolidación del rumbo macroeconómico, en contraste con los registros de años previos y con impacto directo en la formación de precios, los costos empresariales y las expectativas económicas.

Inflación mayorista en mínimos de ocho años

De acuerdo con los datos difundidos por el INDEC, el IPIM registró una suba del 2,4% en diciembre, lo que implicó una aceleración respecto de meses anteriores, pero permitió cerrar 2025 con un incremento anual del 26,2%. Se trata del registro más bajo desde 2017, cuando la inflación mayorista había finalizado en 18,8%.

El dato adquiere mayor relevancia al compararse con el desempeño de 2023, cuando el mismo índice había mostrado una variación acumulada del 276,4%. En ese sentido, Caputo remarcó que el resultado “contrasta con el 276,4% de variación en el IPIM en 2023”, subrayando la magnitud del cambio observado en el último año.

La inflación mayorista es seguida de cerca por analistas y empresas debido a su incidencia directa sobre los costos de producción y su capacidad de anticipar movimientos futuros en los precios al consumidor, lo que le otorga un rol clave en la evaluación del escenario macroeconómico.

Los fundamentos del programa económico

A través de sus redes sociales, el ministro explicó los factores que, a su entender, permitieron alcanzar la inflación más baja desde 2017. Según Caputo, el resultado fue posible gracias a “la combinación de superávit fiscal, control estricto de la cantidad de dinero, recapitalización del Banco Central (BCRA) y las distintas medidas de desregulación y facilitación del comercio que han permitido reducir costos innecesarios para el sector privado”.

En esa línea, el titular de Economía vinculó de manera directa la desaceleración inflacionaria con los pilares centrales del programa económico impulsado por el Gobierno, al señalar que estas políticas constituyen “el camino para terminar con la inflación”.

El énfasis en el superávit fiscal y en el control monetario se alinea con la estrategia oficial de atacar las causas estructurales de la inflación, mientras que las medidas de desregulación y apertura comercial apuntan a mejorar la eficiencia y reducir distorsiones en la formación de precios.

Impacto económico y señales al mercado

El cierre del año con una inflación mayorista del 26,2% tiene implicancias relevantes para distintos sectores de la economía. Para el sector productivo, una menor variación de precios mayoristas contribuye a estabilizar costos y facilita la planificación. Para el Gobierno, los datos refuerzan el discurso oficial sobre la efectividad del programa económico y su capacidad para anclar expectativas.

Aunque diciembre mostró una aceleración mensual, el balance anual dejó una señal clara de desaceleración inflacionaria, que el Ministerio de Economía presenta como un respaldo a la continuidad de las políticas aplicadas. En ese marco, la evolución futura del IPC y del IPIM seguirá siendo un termómetro central para evaluar la consistencia del proceso de desinflación y su impacto sobre el poder adquisitivo y la actividad económica.

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