Superávit Fiscal

El Gobierno incumplió la meta fiscal con el FMI tras el déficit de junio

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El resultado fiscal de junio marcó un punto de inflexión para la estrategia económica del Gobierno nacional. Luego de varios meses exhibiendo el superávit como principal activo de la política macroeconómica, el Sector Público Nacional (SPN) cerró el sexto mes del año con un déficit superior a los $1 billón, un resultado que derivó en el incumplimiento de la meta fiscal comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el primer semestre de 2026.

El acuerdo vigente establecía un superávit acumulado de $6,9 billones entre enero y junio. Sin embargo, con el resultado negativo de junio, el Gobierno finalizó el semestre con un saldo de aproximadamente $6,3 billones, unos $570.000 millones por debajo del objetivo pactado, lo que obligaría a solicitar un waiver —la dispensa que el FMI concede cuando un país no alcanza una meta cuantitativa, aunque considera que el programa mantiene consistencia general— durante la próxima revisión del acuerdo.

El deterioro de las cuentas públicas en junio respondió a una combinación de factores extraordinarios y estacionales. El déficit del SPN alcanzó los $1.024.891 millones, explicado por una caída de los ingresos tributarios, el pago del medio aguinaldo, mayores erogaciones vinculadas a subsidios energéticos y la postergación del vencimiento del Impuesto a las Ganancias para personas humanas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó gran parte de la menor recaudación precisamente al cambio en el calendario tributario. Según explicó, el corrimiento del vencimiento de las declaraciones juradas desde junio hacia julio redujo transitoriamente los ingresos fiscales del sexto mes del año, efecto que podría revertirse cuando esos recursos ingresen efectivamente al Tesoro.

No obstante, distintos economistas advierten que la explicación no se limita al calendario impositivo. Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, señaló que el Gobierno también enfrentó mayores dificultades para continuar ajustando el gasto público, debido tanto al incremento de las prestaciones como al aumento de las transferencias destinadas a subsidios energéticos.

El comportamiento de la recaudación también refleja una economía que todavía no logra consolidar una recuperación suficientemente robusta. Durante junio, los ingresos tributarios registraron una caída superior al 10% en términos reales respecto del mismo mes del año anterior, una señal que comienza a generar interrogantes sobre la capacidad de sostener el equilibrio fiscal únicamente mediante el ajuste del gasto.

Desde GMA Capital sostienen que el desvío es relativamente acotado y no compromete el principal ancla macroeconómica del programa económico. Sin embargo, advierten que reduce el margen de maniobra para la segunda mitad del año y obliga a que el crecimiento económico comience a traducirse en una recuperación genuina de la recaudación tributaria. En otras palabras, la consolidación fiscal dependerá cada vez menos de los recortes presupuestarios y más del desempeño de la actividad económica.

En la misma línea, Fausto Spotorno consideró que el incumplimiento responde principalmente a un fenómeno estacional y sostuvo que el objetivo central será alcanzar la meta anual comprometida con el organismo internacional, más que el cumplimiento estricto del resultado semestral.

Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, coincidió en que el desvío es reducido y estimó que el Gobierno buscará compensarlo durante los próximos meses mediante una mejora en la recaudación asociada a una recuperación gradual del nivel de actividad.

El contexto adquiere mayor relevancia porque hacia fines de julio está prevista una nueva revisión del programa con el FMI, instancia que podría habilitar un desembolso superior a los US$680 millones. En ese marco, también se espera la visita a la Argentina de la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, quien mantendrá reuniones con el presidente Javier Milei, autoridades del Ministerio de Economía y representantes del sector privado.

Más allá del incumplimiento puntual, el episodio refleja una nueva etapa para la política fiscal argentina. Tras varios meses en los que el ajuste del gasto permitió alcanzar resultados históricos, el desafío comienza a desplazarse hacia la generación de ingresos sostenibles en un contexto de menor inflación, desaceleración tributaria y recuperación económica todavía heterogénea. El equilibrio fiscal ya no dependerá exclusivamente de la disciplina presupuestaria, sino también de la capacidad del crecimiento para ampliar la base tributaria sin recurrir a mayores cargas impositivas.

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Junio cerró con déficit fiscal, pero el Gobierno sostuvo el superávit acumulado en el primer semestre

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Las cuentas públicas registraron un traspié en junio, aunque el Gobierno nacional logró preservar el equilibrio fiscal acumulado durante la primera mitad del año. El Ministerio de Economía informó que el Sector Público Nacional (SPN) cerró el sexto mes de 2026 con un déficit financiero de $1,02 billones, explicado por una combinación de menores ingresos tributarios y un incremento estacional del gasto asociado al pago del medio aguinaldo a jubilados y pensionados.

Pese al resultado mensual negativo, el balance del primer semestre continúa mostrando números positivos. Entre enero y junio, el SPN acumuló un superávit financiero equivalente al 0,1% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit primario cercano al 0,6% del PBI, manteniendo vigente el principal ancla del programa económico que impulsa el Gobierno nacional.

Durante junio, el resultado financiero arrojó un rojo de $1.024.891 millones, compuesto por un déficit primario de $696.843 millones y pagos de intereses de la deuda pública —netos de operaciones intra sector público— por $328.049 millones.

Desde el Palacio de Hacienda explicaron que el deterioro mensual respondió principalmente al traslado de los vencimientos del Impuesto a las Ganancias para personas humanas hacia julio, lo que redujo la recaudación del período, mientras que el gasto aumentó por el impacto del pago del aguinaldo a beneficiarios del sistema previsional.

Los ingresos totales del Sector Público Nacional alcanzaron los $14,16 billones, con una expansión interanual superior al 22%. En tanto, los recursos tributarios crecieron 21,7% respecto de junio de 2025, aunque ese desempeño quedó condicionado por la postergación del calendario impositivo.

Por el lado del gasto, las erogaciones primarias ascendieron a $14,86 billones, con un incremento interanual del 37,7%. El principal componente continuó siendo el gasto previsional: las prestaciones sociales totalizaron $11,06 billones, un 38,1% más que un año atrás, impulsadas por la incorporación del medio aguinaldo.

Las remuneraciones del sector público alcanzaron los $1,61 billones, con una suba interanual del 20,2%, mientras que las transferencias corrientes crecieron 48,6% hasta los $3,54 billones. Dentro de ese rubro, Economía destacó el incremento de las partidas destinadas a las universidades nacionales.

En materia de subsidios, el Estado destinó $1,06 billones, de los cuales $714.381 millones correspondieron al sector energético y $348.916 millones al transporte. Por su parte, el gasto de capital se ubicó en $224.453 millones, mostrando una recuperación respecto del mes anterior.

Desde el Ministerio de Economía remarcaron que el resultado acumulado confirma la continuidad de la política de disciplina fiscal, uno de los pilares centrales del programa económico. En esa línea, el ministro Luis Caputo sostuvo que “el orden en las cuentas públicas es un pilar fundamental del programa económico” y aseguró que la consolidación fiscal permitió avanzar con una reducción de impuestos nacionales equivalente a casi 3% del PBI desde 2024.

Si bien el déficit de junio refleja el impacto de factores estacionales y del calendario tributario, el dato que sigue observando el mercado es el comportamiento del resultado acumulado. Con un superávit primario del 0,6% del PBI en la primera mitad del año, el Gobierno mantiene margen para acercarse al objetivo comprometido con el Fondo Monetario Internacional, que establece una meta anual de 1,4% del PBI.

Imig Junio 2026 by CristianMilciades

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El ajuste del gasto público se profundizó en el semestre: mientras crecen los subsidios energéticos

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El proceso de consolidación fiscal del Gobierno nacional mantuvo su intensidad durante el primer semestre de 2026, aunque con una composición del gasto que comienza a mostrar cambios. Mientras las transferencias a las provincias y la inversión en infraestructura continúan siendo las principales variables de ajuste, los subsidios energéticos registraron un fuerte crecimiento, reflejando las tensiones que aún persisten en el sistema eléctrico pese al proceso de recomposición tarifaria.

De acuerdo con el Monitor de Gasto Primario elaborado por la consultora Analytica, el gasto primario devengado de la Administración Nacional acumuló una caída real del 2,3% interanual entre enero y junio. Si bien en junio el gasto mostró una recuperación puntual del 3,7% respecto del mismo mes de 2025, el balance semestral continúa reflejando una política fiscal contractiva.

El ajuste volvió a concentrarse sobre las transferencias discrecionales a las provincias, que registraron una baja acumulada del 62,1% en términos reales. Incluso descontando el cambio metodológico derivado de la reclasificación de los aportes a hospitales SAMIC, la reducción alcanza el 52,3%, consolidando uno de los recortes más profundos del presupuesto nacional.

La inversión en infraestructura también continúa entre las partidas más afectadas. La obra pública acumuló una caída real del 32,4% durante el semestre y en junio sufrió un desplome del 74,9%, explicado tanto por la reducción en construcciones como por la disminución de las transferencias de capital.

El comportamiento de los subsidios económicos mostró, en cambio, una dinámica completamente distinta. El informe señala que crecieron 29,6% en términos reales durante el semestre, impulsados exclusivamente por el segmento energético, donde las erogaciones aumentaron 73,7%. Solo en junio, los subsidios destinados a energía se incrementaron 160,8% respecto del mismo mes del año anterior.

Buena parte de ese incremento estuvo vinculado a las transferencias realizadas a CAMMESA, que concentraron el 79,5% de los subsidios energéticos otorgados durante el semestre y crecieron 71,4% en términos reales. Paralelamente, el informe destaca que la cobertura tarifaria sobre el costo de generación disminuyó desde el 70,1% registrado en mayo de 2025 al 65,5% en mayo de este año, lo que explica parte del mayor esfuerzo fiscal destinado al sistema eléctrico.

En contraste, los subsidios al transporte continuaron ajustándose. Durante el primer semestre retrocedieron 24% en términos reales, principalmente por menores transferencias al Operador Ferroviario y al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte. Dentro de ese esquema también se observa una reducción del 21,6% en los recursos destinados a Belgrano Cargas, empresa que el Gobierno incluyó entre las futuras privatizaciones previstas en su programa financiero.

Las prestaciones previsionales permanecieron prácticamente estables. El gasto destinado a jubilaciones y pensiones registró una leve mejora real de 1,3%, mientras que las partidas correspondientes a la Asignación Universal por Hijo y asignaciones familiares crecieron apenas 0,3% en el acumulado semestral.

Otro dato que sigue de cerca el mercado es la evolución de la deuda flotante, es decir, las obligaciones de pago ya comprometidas pero aún no canceladas por el Estado. Analytica estimó que al cierre del primer semestre alcanzó los 3,9 billones de pesos, equivalentes al 0,3% del Producto Bruto Interno. El incremento respecto de mayo responde principalmente a factores estacionales vinculados al pago de aguinaldos y mantiene un nivel similar al observado en junio de 2025.

Desde una perspectiva macroeconómica, la composición del ajuste muestra que el Gobierno continúa privilegiando el objetivo de sostener el superávit fiscal, aunque con una reasignación parcial de recursos hacia el sostenimiento del sistema energético. La reducción de la obra pública y de las transferencias a las provincias continúa siendo el principal instrumento de consolidación fiscal, mientras que la evolución de los subsidios energéticos refleja que la normalización del mercado eléctrico todavía demanda un importante esfuerzo presupuestario.

Monitor de Gasto – Junio 2026 Analytica by CristianMilciades

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El Gobierno descarta un “plan platita” y apuesta al crédito como motor de la actividad

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Mientras el calendario electoral comienza a marcar el ritmo de la política, el Gobierno nacional busca reforzar uno de los ejes centrales de su estrategia económica: expandir el crédito sin abandonar el equilibrio fiscal. El viceministro de Economía, José Luis Daza, afirmó que la administración de Javier Milei trabaja en nuevas herramientas para facilitar el financiamiento al sector privado, aunque descartó de plano la implementación de un “plan platita” orientado a estimular el consumo mediante un mayor gasto público.

La definición no es menor. En un contexto donde distintos sectores reclaman señales para reactivar la actividad económica, el equipo económico intenta sostener un discurso de disciplina fiscal y estabilidad macroeconómica, diferenciándose de estrategias aplicadas en años electorales por administraciones anteriores.

“Estamos trabajando en muchas alternativas para facilitar este crédito. Lo que puedo decir es que no podemos tomar atajos, no hay soluciones fáciles ni populistas. Lo vamos a dar y vamos a tener. No va a haber plan platita”, sostuvo Daza al explicar la orientación que busca imprimir el Ministerio de Economía.

La apuesta oficial consiste en consolidar un esquema donde el crecimiento de la inversión privada reemplace al impulso tradicional del gasto público. Según el funcionario, el acceso al crédito será un componente central para sostener la expansión económica en los próximos años, en la medida en que continúe estabilizándose el escenario macroeconómico.

En esa línea, Daza buscó también enviar una señal de previsibilidad de cara al proceso electoral de 2027. Sostuvo que los comicios, por sí mismos, no representan un factor de inestabilidad económica y argumentó que las crisis suelen originarse en desequilibrios fiscales, monetarios o financieros.

“Por primera vez en cuatro décadas vamos a ir a una elección con superávit fiscal, superávit externo, bancos bien calzados, reservas y un tipo de cambio flotante. No hay país que vaya a una elección con una posición más sólida que la Argentina”, afirmó el viceministro, reforzando uno de los principales argumentos del oficialismo para defender su programa económico.

Las tasas siguen siendo el principal desafío

Uno de los puntos sobre los que hizo foco el funcionario fue el elevado costo del financiamiento, un aspecto que continúa limitando tanto el acceso al crédito empresarial como el destinado a las familias.

Según explicó, la persistencia de tasas elevadas responde principalmente a la cautela del sistema financiero luego de varios años de alta volatilidad macroeconómica.

“Los bancos no bajan la tasa que le prestan del 60 o 70% a un 40% porque todavía tienen temor a que vuelva la volatilidad. Hay un conjunto de factores que influyen”, explicó.

No obstante, destacó que el financiamiento destinado a empresas muestra señales de recuperación. Indicó que el crédito corporativo viene creciendo en términos reales a un ritmo cercano al 1,9% mensual, impulsado principalmente por préstamos de corto plazo orientados al capital de trabajo.

Para el equipo económico, ese comportamiento constituye un indicador temprano de recuperación de la actividad, aunque reconocen que todavía resta consolidar un mercado crediticio de largo plazo.

La situación es distinta para los préstamos personales e hipotecarios, donde las tasas continúan en niveles elevados debido al mayor horizonte temporal de esos créditos y al riesgo que aún perciben las entidades financieras.

La presión tributaria, otro obstáculo para el financiamiento

Daza también identificó a la estructura impositiva como uno de los principales factores que encarecen el crédito en Argentina.

“La cascada de impuestos hace que el crédito sea inaccesible o impagable para mucha gente. Tenemos que limpiar y solucionar ese problema”, sostuvo.

El funcionario admitió además que durante los últimos meses aumentó la mora en algunos segmentos del sistema financiero como consecuencia de la volatilidad y del incremento de las tasas de interés, aunque consideró que el proceso tenderá a normalizarse si continúa consolidándose la estabilidad macroeconómica.

Con este discurso, el Ministerio de Economía intenta sostener una narrativa basada en la prudencia fiscal y en el desarrollo del crédito privado como herramienta de crecimiento, diferenciándose de políticas expansivas de corto plazo. A pocos meses del inicio del proceso electoral, el mensaje oficial busca transmitir que la recuperación económica deberá apoyarse en la inversión, la estabilidad y el financiamiento, sin recurrir a mecanismos extraordinarios de estímulo al consumo que impliquen un deterioro de las cuentas públicas.

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Caputo presentó el Programa Financiero 2026-2027

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El Gobierno nacional presentó este lunes el Programa Financiero 2026-2027, una hoja de ruta con la que busca consolidar el proceso de estabilización macroeconómica, sostener la reducción del riesgo país y garantizar el cumplimiento de los compromisos de deuda sin depender, al menos en el corto plazo, de emisiones en los mercados internacionales.

La presentación estuvo encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, quienes expusieron una estrategia basada en tres pilares: mantener el superávit fiscal, preservar una trayectoria descendente de la relación deuda/PBI y maximizar la flexibilidad financiera mediante fuentes de financiamiento de menor costo.

El dato central del programa es que para 2026 el Gobierno proyecta necesidades financieras por US$ 19.200 millones frente a fuentes estimadas por US$ 22.900 millones, lo que generaría un excedente de financiamiento de aproximadamente US$ 3.700 millones. Ese colchón sería utilizado para afrontar parte de los vencimientos de 2027, reduciendo las necesidades de financiamiento del próximo año.

Según explicó Furiase, el objetivo consiste en que las nuevas fuentes de financiamiento se utilicen exclusivamente para refinanciar vencimientos de capital, mientras que los intereses continúen siendo afrontados con el superávit primario. Esa lógica, sostuvo, permite mantener una trayectoria de deuda sostenible sin incrementar el endeudamiento neto del Estado.

Uno de los conceptos más repetidos durante la presentación fue el de “opcionalidad”. Tanto Caputo como Daza remarcaron que el programa fue diseñado con distintas alternativas de financiamiento disponibles para minimizar costos y evitar decisiones forzadas en función de la volatilidad internacional. Daza sostuvo que la flexibilidad constituye un activo económico en escenarios de incertidumbre y que la estrategia financiera fue concebida para preservar esa capacidad de maniobra.

Menos deuda y objetivo de grado de inversión

El equipo económico insistió en que la estrategia no apunta únicamente a refinanciar vencimientos sino también a continuar reduciendo el peso de la deuda pública sobre la economía.

Furiase aseguró que la deuda pública con privados y organismos internacionales —incluyendo los pasivos remunerados del Banco Central— pasó de representar cerca del 99% del Producto Bruto en diciembre de 2023 a 39,7% en la actualidad. Bajo supuestos considerados conservadores, la proyección oficial prevé que ese indicador continúe descendiendo hasta ubicarse cerca de 37,3% del PBI en los próximos cinco años.

En esa línea, Daza planteó que el objetivo estratégico del Gobierno es alcanzar antes de 2031 las métricas compatibles con el grado de inversión, condición que Argentina nunca logró mantener de manera sostenida. Aclaró, sin embargo, que ello dependerá también de las evaluaciones de las calificadoras internacionales y no constituye una promesa oficial.

Otro de los ejes centrales consiste en privilegiar préstamos garantizados por organismos multilaterales antes que emisiones tradicionales de deuda en los mercados internacionales.

Dentro del programa se prevén alrededor de US$ 4.000 millones mediante líneas con garantía de organismos internacionales. Entre ellas figura un préstamo respaldado por el Banco Mundial por aproximadamente US$ 2.000 millones, otro esquema con garantía del BID por US$ 1.200 millones y una línea adicional cercana a US$ 1.000 millones aún en desarrollo. Según el Ministerio de Economía, estos instrumentos ofrecen plazos más extensos y costos financieros considerablemente inferiores a los que implicaría una emisión soberana tradicional.

El esquema también contempla desembolsos del Fondo Monetario Internacional por US$ 1.900 millones, de los cuales US$ 1.000 millones serán destinados a continuar el proceso de recapitalización del Banco Central mediante la recompra de Letras Intransferibles.

Superávit, reservas y riesgo país

Durante la exposición, Caputo sostuvo que el programa financiero sólo resulta posible gracias al equilibrio fiscal alcanzado desde el inicio de la gestión y a la recomposición de reservas del Banco Central.

El ministro afirmó que el Tesoro ya adquirió al Banco Central cerca de US$ 6.700 millones durante el año y remarcó que la estrategia busca continuar saneando el balance de la autoridad monetaria, reducir la deuda intra sector público y fortalecer la estabilidad macroeconómica.

Furiase agregó que el riesgo país cayó desde niveles cercanos a los 2.700 puntos básicos al inicio de la administración hasta aproximadamente 414 puntos, indicador que considera determinante para reducir el costo del crédito para empresas y familias y favorecer las inversiones privadas.

Caputo evitó anticipar cómo reaccionarán los mercados tras la presentación del programa, aunque sostuvo que el Gobierno continuará brindando previsibilidad mediante disciplina fiscal y monetaria para seguir reduciendo el riesgo soberano. También confirmó que el próximo pago de bonos en dólares será afrontado con recursos ya disponibles en la cuenta del Tesoro y con ingresos adicionales provenientes de garantías, asegurando que existirán reservas suficientes para cumplir con los vencimientos.

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