Superávit primario

Ajuste, deuda y gasto social: las alertas de CIFRA sobre el Proyecto de Presupuesto 2026

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Presupuesto 2026, el informe de CIFRA advierte una profundización del ajuste, recortes históricos en gasto social y una estrategia fiscal con desequilibrios ocultos

El Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 consolida el fuerte ajuste fiscal iniciado en 2024 y sostenido en 2025, en un contexto marcado por la ausencia de leyes presupuestarias aprobadas por el Congreso en esos dos ejercicios. Así lo señala un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA), que advierte una caída real del 24,2% del gasto de la Administración Pública Nacional respecto de 2023, último año con presupuesto sancionado, junto con recortes aún más severos en funciones clave del Estado y una estrategia fiscal que, según el análisis, oculta desequilibrios relevantes vinculados a la deuda y a la política tributaria.

El trabajo sostiene que el proyecto enviado al Congreso no solo legaliza el ajuste ya ejecutado, sino que proyecta su profundización, con impactos económicos, sociales e institucionales de largo alcance, en un escenario de estancamiento económico y fragilidad financiera.

Un Estado desfinanciado y recortes sin precedentes en funciones clave

De acuerdo con CIFRA, el total del gasto previsto para 2026 implica una contracción real del 24,2% frente a 2023, tomando como referencia la inflación proyectada en el propio Presupuesto. Sin embargo, la magnitud del ajuste es significativamente mayor en áreas centrales de la política pública. El informe detalla caídas reales del 45,3% en Educación, del 98,1% en Vivienda y Urbanismo, del 86,5% en Agua Potable y Alcantarillado y del 71,5% en Promoción y Asistencia Social.

El resultado, según el centro de estudios, es “un Estado progresivamente desfinanciado” y una drástica reducción de su capacidad para garantizar derechos básicos. En particular, el presupuesto educativo alcanzaría en 2026 apenas el 0,75% del PBI, menos de la mitad de lo que representaba en 2015 y con una disminución real del 45,3% respecto de 2023. Si se excluye el financiamiento a las universidades nacionales, la caída asciende al 70,1%.

El ajuste también se refleja en los gastos en personal, consolidando, según CIFRA, un proceso de degradación del empleo público iniciado en 2024, profundizado en 2025 y ahora formalizado en el proyecto de ley. Mientras algunos organismos muestran aumentos reales en sus partidas de personal, una amplia mayoría registra recortes de dos dígitos y, en algunos casos, la eliminación total de asignaciones.

Meta fiscal, deuda y recaudación: los supuestos bajo cuestionamiento

El Proyecto de Presupuesto 2026 proyecta un superávit primario del 1,2% del PBI y un resultado financiero equilibrado (0% del PBI). Para CIFRA, esta meta fiscal opera como eje rector de toda la política económica, pero se apoya en supuestos que no están explicitados en el texto legal.

El informe advierte, en primer lugar, que el resultado financiero no contabiliza plenamente los intereses de la deuda, debido a una estrategia de capitalización. Según CIFRA, si esos intereses se registraran como devengados —tal como exige el Fondo Monetario Internacional en su último informe— el resultado financiero de 2025 mostraría un déficit superior a los 2 puntos del PBI, en lugar del equilibrio proyectado.

En segundo término, el análisis subraya el impacto fiscal de la reducción de impuestos a sectores de altos ingresos, como las rebajas en retenciones a las exportaciones y las propuestas de alivio en contribuciones patronales y en el impuesto a las ganancias de grandes empresas. Estas medidas, que no estarían plenamente contempladas en el proyecto, obligarían a un ajuste aún mayor del gasto primario para alcanzar la meta fiscal. CIFRA estima que el esfuerzo fiscal asociado a estas rebajas se acerca al 1% del PBI, unos 6.000 millones de dólares.

A ello se suma un escenario macroeconómico que el informe considera excesivamente optimista. El Presupuesto proyecta una expansión del PBI que, según CIFRA, difícilmente se concrete, dado el estancamiento que muestra la economía desde febrero y sus efectos negativos sobre la recaudación tributaria.

Sin programa financiero frente a una crisis de deuda

Otro de los puntos críticos señalados por CIFRA es la ausencia de un programa financiero claro para enfrentar los vencimientos de deuda externa pública previstos para 2026. Según el informe, esos compromisos ascienden a 35.597 millones de dólares, entre capital e intereses, mientras que la emisión neta de deuda en moneda extranjera proyectada es “sumamente reducida”.

En un contexto de reservas internacionales netas negativas y con un déficit comercial proyectado de 5.752 millones de dólares para 2026, el centro de estudios advierte que el Presupuesto no ofrece respuestas consistentes frente a la problemática de la deuda, lo que agrega incertidumbre macroeconómica y financiera al escenario planteado.

En conjunto, CIFRA concluye que el Proyecto de Presupuesto 2026 no solo consolida el ajuste ejecutado en los últimos dos años, sino que lo institucionaliza, con fuertes recortes en el gasto social, una estrategia fiscal condicionada por supuestos cuestionables y una falta de definiciones clave en materia de deuda. Un diagnóstico que anticipa un debate intenso en el Congreso y posibles reacciones de los sectores más afectados por la reducción del gasto público.

Las alertas de CIFRA sobre el Presupuesto 2026 by CristianMilciades

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Argentina cumple la meta con el FMI, pero con fuerte ajuste y rojo oculto

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El Sector Público Nacional (SPN) cerró agosto con un superávit primario de $1,56 billones, aunque el resultado financiero fue deficitario en $0,39 billones, tras destinar $1,17 billones al pago de intereses de deuda. No obstante, al incluir los intereses capitalizados en las LECAP, el déficit real se amplía a $2,86 billones en agosto y acumula $14,59 billones en los primeros ocho meses de 2025, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Los ingresos totales del SPN alcanzaron $11,36 billones, con una suba real del 2,7% interanual, pese a la eliminación del Impuesto PAIS a fines de 2024. Entre los tributos, se destacaron las caídas en Bienes Personales (-79,5% i.a.) y en el rubro “Resto de tributos” (-52,1% i.a.), que incluía al Impuesto PAIS. Los derechos de exportación retrocedieron 29,8% interanual, mientras que los derechos de importación crecieron 35,8% i.a., impulsados por el aumento del comercio exterior.

En paralelo, las Rentas de la Propiedad casi se duplicaron (+199,3% i.a.), gracias a transferencias extraordinarias del Banco Nación por utilidades de inversiones financieras.

El gasto público: subsidios y obra pública en retroceso

El gasto total fue de $9,8 billones, lo que implica una contracción de 6,4% interanual y de 28,6% frente a 2023. El ajuste alcanzó a casi todas las partidas:

Jubilaciones y pensiones: +9,1% i.a., pero aún 3,1% por debajo de 2023. Desde junio se aplica un aumento de 7,2% en haberes y un bono de $110.000, ajustado por inflación.

Universidades: crecieron 9,3% i.a., aunque permanecen 24,7% debajo de 2023.

Subsidios económicos: cayeron 47,2% i.a.; los de energía se redujeron 51,1% y los de transporte 26,2%, tras la eliminación de compensaciones en el AMBA.

Obra pública: gasto de capital con baja de 37,2% i.a. y desplome de 82,2% frente a 2023.

Programas sociales: recorte de 31,3% i.a. y 63,7% respecto de 2023, afectando Tarjeta Alimentar, comedores, ex Potenciar Trabajo, Acompañar y Becas Progresar.

FMI, metas fiscales y perspectivas

Pese al ajuste, el SPN acumula hasta agosto un superávit primario de $11 billones, superando la meta anual de $10,52 billones acordada con el FMI. Para sostenerla, será necesario mantener un promedio mensual de $0,22 billones de superávit hasta diciembre.

Sin embargo, el déficit financiero real refleja la presión que ejercen los instrumentos de deuda en pesos indexados. Para CEPA, el desafío será sostener la disciplina fiscal sin profundizar la contracción social y sin afectar la capacidad de crecimiento.

El sendero elegido abre interrogantes sobre la gobernabilidad política, en un año donde el ajuste impacta en subsidios, obra pública, salarios estatales y programas sociales.

2025 09 19 Informe Fiscal Agosto 2025 by CristianMilciades

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Presupuesto 2025: el Gobierno recorta en Cultura y Comunicación y refuerza Justicia y transferencias a provincias

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En medio de las tensiones fiscales y el objetivo de alcanzar un superávit primario del 1,6% del PBI, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmaron la Decisión Administrativa 23/2025, publicada el 11 de septiembre en el Boletín Oficial. La medida introduce modificaciones significativas al Presupuesto General de la Administración Nacional, con impacto directo sobre salarios estatales, programas sociales, organismos descentralizados y empresas públicas.

La normativa se dicta en el marco de la Ley 27.701 de Presupuesto 2023, prorrogada para 2025 conforme al artículo 27 de la Ley de Administración Financiera 24.156. Según los considerandos, la adecuación busca “afrontar gastos impostergables para el normal funcionamiento de las jurisdicciones”, priorizando salarios, transferencias y servicios básicos, mientras se compensan reducciones en gastos de capital.

Entre las justificaciones, se destaca la necesidad de:

  • Atender refuerzos en créditos de personal y gastos de funcionamiento.
  • Cumplir con transferencias específicas establecidas por decretos previos, como el Decreto 377/2025, que derivó fondos de la Secretaría General de Presidencia al Ministerio de Defensa.
  • Incorporar recursos provenientes de la aplicación del Decreto 575/2025, que regula la administración de bienes recuperados de actividades ilícitas.

Ajustes presupuestarios: quién gana y quién pierde

Las planillas anexas muestran con precisión el destino de los cambios:

  • Recortes en Presidencia y Cultura: La Secretaría General de la Presidencia reduce $7.138 millones en gastos corrientes, principalmente en consumo, viáticos y servicios de comunicación institucional. La Secretaría de Cultura también ajusta $3.602 millones, con impacto en museos, organismos estables y transferencias al Instituto Nacional del Teatro.
  • Refuerzos en el Ministerio Público y la Justicia: se destinan más de $13.179 millones al Ministerio Público para obras de infraestructura (nuevas sedes en Tucumán, Bahía Blanca, La Pampa, Esquel y Formosa). La Corte Suprema recibe $2.000 millones para equipamiento.
  • Jefatura de Gabinete: la Vicejefatura Ejecutiva incorpora $5.237 millones, en su mayoría para salarios, contratación de personal y servicios de limpieza. En contraste, programas de federalización científica y turismo registran ajustes negativos por más de $3.800 millones.
  • Transferencias a provincias y municipios: destacan $8.800 millones destinados a administraciones provinciales para obras de capital, bajo el paraguas de la Vicejefatura del Interior. Al mismo tiempo, se reducen transferencias a fondos fiduciarios como el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (–$12.848 millones).
  • Políticas ambientales: se readecúa el Programa de Control Ambiental con un esquema mixto de incrementos y bajas, incluyendo proyectos financiados por el BID para construcción de centros ambientales en Santiago del Estero, Buenos Aires, Formosa y Córdoba.

Reorganización de cargos y reasignaciones institucionales

El Artículo 2° de la Decisión redistribuye cargos entre ministerios y organismos descentralizados:

  • +17 cargos para la Secretaría de Justicia.
  • –16 cargos en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Ministerio de Capital Humano).
  • Transferencias puntuales: un cargo del Ministerio de Seguridad Nacional al Ministerio de Justicia, y uno del Instituto Nacional del Teatro al Tribunal Fiscal de la Nación.

Estas modificaciones responden a decretos anteriores que ordenaron la reestructuración ministerial, como el Decreto 151/2025 sobre el Instituto Emilia y Manuel Patiño y la Decisión Administrativa 6/2025.

La adecuación revela la prioridad del Ejecutivo por sostener la caja corriente —salarios, transferencias y gastos sociales— en detrimento de los gastos de capital, lo que podría afectar la inversión en infraestructura.

En el plano político, el ajuste sobre Cultura, Comunicación y Presidencia será leído como una señal de austeridad en áreas de alta visibilidad pública, mientras que el fortalecimiento del Ministerio Público y la Justicia refuerza la capacidad institucional en medio de la agenda de reformas judiciales.

Las provincias aparecen como receptoras netas de recursos, aunque con un esquema selectivo que puede tensar la relación con gobernadores por el manejo discrecional de transferencias.

Próximos pasos

La Decisión Administrativa 23/2025 marca un cambio de prioridades en la ejecución presupuestaria. De cara a los próximos meses, los analistas anticipan:

  • Mayor presión para nuevas adecuaciones si la inflación erosiona la capacidad real de las partidas.
  • Discusiones políticas sobre el sesgo del ajuste hacia recortes en cultura, comunicación y programas sociales.
  • Un seguimiento atento del cumplimiento de los compromisos de deuda pública, ya que la Jurisdicción 90 –Servicio de la Deuda– también fue ajustada para garantizar pagos.

El documento subraya que la medida se dicta en el marco del artículo 37 de la Ley 24.156, lo que otorga al Jefe de Gabinete amplias facultades para reestructurar el presupuesto sin pasar por el Congreso.

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La situación fiscal de las provincias: luces y sombras

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Buenos Aires y La Rioja están entre las más complicadas, según un informe que sigue a las 14 jurisdicciones que tienen deuda emitida en el mercado.

Las provincias argentinas lograron encadenar seis años consecutivos de superávit primario consolidado entre 2018 y 2023. Sin embargo, los datos del último año muestran un deterioro en las cuentas: el superávit primario de 2023 fue de apenas 0,1% del PBI, contra 0,7% de 2022, y hubo un déficit financiero de 0,3%.

Un informe del bróker Facimex Valores califica la situación como “desafiante”. La devaluación de diciembre de 2023 disparó el tipo de cambio real, lo que ha llevado a un aumento del apalancamiento a su mayor nivel en 15 años. Al cierre del cuarto trimestre de 2023, el stock de deuda de las provincias alcanzó el 9,4% del PBI (frente al 5,2% en el mismo período de 2022) y la deuda neta de depósitos llegó al 6,5% del PBI (2,8%).

El informe de Facimex Valores analiza en detalle las 14 jurisdicciones que emiten deuda de mercado y las clasifica en un ranking de vulnerabilidad fiscal. Las provincias top en este ranking son CABA, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, mientras que La Rioja, Buenos Aires y Entre Ríos son las más vulnerables.

Las provincias más vulnerables: características comunes

  • La Rioja: Flojo resultado operativo, baja autonomía de ingresos, elevado apalancamiento neto y un perfil de vencimientos desafiante.
  • Provincia de Buenos Aires: Flojo resultado primario y elevada deuda neta.
  • Entre Ríos: Flojo resultado operativo y primario.
  • Río Negro: Floja composición del gasto.

Un futuro con menos recursos

A la situación actual se suma el recorte de las transferencias a las provincias por parte del Gobierno de Javier Milei. En el período enero-mayo de 2024, las transferencias no automáticas cayeron más de 80% real interanual y las automáticas cerca de 10%.

Las provincias más sólidas

CABA, Mendoza, Córdoba y Santa Fe se destacan en el ranking de Facimex Valores por sus sólidos indicadores:

  • CABA: Altos registros en todos los indicadores a excepción del gasto en personal.
  • Mendoza: Mejores indicadores que la mediana provincial en todos los frentes, destacándose por su elevado gasto de capital y su posición de liquidez (transitoria).
  • Córdoba: Excelente trayectoria fiscal y favorable composición del gasto.
  • Santa Fe: Bajo apalancamiento, perfil de vencimientos despejado y sólida posición de liquidez.

Fuente: Politikon Chaco, Bloomberg.

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Moody’s le subió la nota a Misiones, elogió sus cuentas fiscales y pronosticó que este año volverá al superávit

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La agencia de calificaciones internacional Moody’s subió ayer la nota crediticia a la provincia de Misiones de B3 a B2 y en un reporte elogió distintos aspectos de las cuentas públicas misioneras, como su bajo nivel de endeudamiento o sus significativos ingresos propios, en relación a otras provincias del país.

El motivo por el cual esta calificadora internacional –una de las 3 más importantes del mundo junto a Fitch y Standard and Poors- le mejoró la nota a la provincia de todas formas no fue por sus propios méritos, sino porque unos días antes le subió la nota crediticia al Estado Nacional. Cuando una calificadora sube (o baja) la nota del país, luego viene una corrección similar con los emisores de deuda “subsoberanos”, como se denomina en la jerga financiera a las provincias y municipios.

En este caso, Moody´s le mejoró la nota a la Argentina a partir de las reformas que lanzó Macri y que, según la agencia “empiezan a acomodar distorsiones de larga data en la economía” y porque estos cambios “continuarán y a su tiempo sostendrán la recuperación económica”.

Pero Moody’s -que analiza periódicamente las cuentas públicas de un grupo de provincias, incluyendo a Misiones-, emitió un reporte de ocho páginas con un detallado nivel de análisis del estado de las cuentas fiscales locales. En ese reporte -emitido con fecha 4 de diciembre- le subió la nota a Misiones a escala global de B3 a B2.

Al mismo tiempo modificó el sesgo de “positivo” a “estable” (significa que las chances de mejorar o empeorar la nota en futuras revisiones están parejas). En pocas palabras, le está indicando al mercado financiero que Misiones tiene mejor capacidad de repagar sus compromisos que en la anterior evaluación.

Misiones volverá a tener superávit

En este extenso análisis, Moody´s pronostica que la provincia volverá a tener superávit primario este año. Esto significa que luego de las erogaciones corrientes (sueldos, gastos en mantenimiento, inversiones, etc.) a la provincia le quedará un remanente de dinero.

Misiones venía ostentando superávits primarios, aunque venían decreciendo desde 2011. En el 2016, la provincia incurrió en déficit primario por primera vez en varios años.

El regreso de Misiones a un excedente de dinero en su caja es una de las mejores noticias económicas de este 2017 para la provincia, donde todavía la reactivación “tibia” o el “rebote” de la actividad económica se siente bastante poco.

Según los datos oficiales que maneja Moody’s, que son los que la provincia informa al Gobierno Nacional –pero no suele publicar o difundir a medios- Misiones registró “un superávit corriente (o primario) de 543 millones de pesos en el primer semestre”.

“Moody´s espera para el ejercicio en curso (2017) un bajo superávit corriente”, completa el reporte.

Por más que sea “bajo” la vuelta al superávit pone a Misiones en un reducido grupito de provincias que están relativamente ordenadas financieramente. Para poner en contexto este dato: El Estado Nacional hace varios años que no logra tener superávit corriente o superávit primario. Incluso Macri pronostica que para 2019, cuando deje el Gobierno, seguirá habiendo déficit primario, con reformas y todo. Y lo mismo sucede con la mayoría de las provincias.

Déficit financiero y otras “debilidades”

Por supuesto, no todas son buenas. También hay algunas debilidades o “desafíos crediticios” como denomina Moodys -diplomáticamente- a aquellos aspectos no tan buenos de su análisis de las cuentas públicas.

Quizás la principal noticia negativa es que Misiones –como la totalidad de las provincias y el Estado Nacional- incurrirá en un déficit financiero, que es el que surge luego de pagar los intereses de la deuda.

De todas formas, según la calificadora el déficit financiero de Misiones es muy pequeño. “Es apenas el 1,8% de los ingresos totales más aportes no reintegrables”, indica. Se trata de uno de los déficit más chicos de los últimos años, siempre comparando este rojo financiero en relación a los ingresos.

Según los datos de Moody´s, Misiones viene ostentando un déficit financiero que en 2012 fue 2% de los ingresos totales, luego en 2013 subió a 10,2%; en 2014 volvió a bajar a 1,7%; en 2015 fue de 13,5% y en 2016 representó el 12,8% de los ingresos del Tesoro (que están constituidos por las transferencias del Estado Nacional en Coparticipación y otros ítems y lo que recauda rentas de la Provincia, principalmente).

Otros “desafíos crediticios” que señala Moodys son “las continuas presiones (a gastar más) por el lado del gasto en personal”, y que está pendiente de resolución “una porción de su deuda”. Esto último se refiere a los bonos Cemis, defaulteados antes de la crisis del 2001 y cuya resolución se viene postergando en los últimos años.

Las notas de la provincia de Misiones y qué significan

¿Qué significa para la provincia que la calificadora Moody’s le subió la nota? Esta mejora en la calificación crediticia de la provincia no tiene un gran impacto en la economía local.

Pero si tiene un valor político, porque es un gran aval de una consultora o calificadora prestigiosa e independiente, en momentos en que el Gobierno Nacional presiona a las provincias para que bajen gastos, reduzcan la presión tributaria y ordenen sus cuentas.

Como se sabe, a veces la Nación no discrimina a los distritos ordenados, de aquellos que no tienen las cuentas en buenas condiciones. En esta segunda etapa del Gobierno de Macri, este aval de Moody´s puede tener un peso en la mesa de negociaciones.

Por otra parte, la mejora en la calificación significa que ante la eventualidad de que la provincia recurra a la emisión de deuda para financiar obras, como es posible en el 2018, el costo de ese endeudamiento podría ser algo más barato.

Entre las posibilidades de tomar deuda en bonos o con algún préstamo internacional, figura el Plan Energético que prevé un crédito de u$s600 millones de dólares para financiar la nueva red de transmisión que abastecerá a la provincia en futuras generaciones.

 

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