Superavit

Según un informe privado el déficit comercial del 2018 será inferior a los 5.000 millones de dólares

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Un informe de la consultora ABECEB muestra “lo sensible que son nuestras cuentas externas a la evolución de la actividad y la suerte de las cosechas”.

Extremos casi perfectos. Así se ven las fotos de los dos semestres de 2018. Es que, en noviembre, los datos del intercambio comercial argentino (ICA) muestran un saldo favorable de la balanza comercial de casi 1.000 millones (979 para ser exactos), borrando 15% del déficit que habíamos acumulado en el año.
Como nota saliente, los nuevos datos muestran que la retracción llega por el lado no solo de una retracción de las importaciones (la baja del 29,2% es la cuarta consecutiva y la mas profunda en lo que va del año), sino que en noviembre también “jugó” una suba de 14,5% de las exportaciones, explicada en gran medida por la liquidación de stocks de soja. Así, a noviembre ya tenemos 30% menos de déficit comercial que el acumulado en 11 meses de 2017, una tendencia que se profundizará en el primer semestre de 2019.
El gran dato de la publicación es que las exportaciones de oleaginosas aumentaron 530%, un suceso inédito y que contrasta con las sucesivas caídas que veníamos viendo este año producto de la sequía. Esta fuerte suba, explicada por la mayor liquidación de stocks acumulados se explica principalmente por dos razones: 1) La necesidad de los productores de contar con fondos para financiar la próxima campaña en un contexto de mayores restricciones en otras fuentes alternativas de fondeo (las tasas de interés altas que dificultan el acceso al crédito bancario y la caída de los rindes esperados de trigo que acotan los márgenes para financiar la cosecha gruesa con la cosecha fina). 2)  La expectativa de una caída de los precios de la soja en Sudamérica generado por acercamiento esperado entre China y EEUU en el marco de la Cumbre del G20 (recuerde que la reducción de las tensiones comerciales entre ambos países tiende a redireccionar la demanda china a Chicago presionando a la baja los precios de la soja en esta región, una intensificación de las tensiones, por el contrario tiende a generar el efecto inverso, lo cual no es un factor menor de cara a lo que puede venirse considerando que el acercamiento entre ambas potencias luce hoy más más incierto).

¿Puede repetirse en los meses por venir? Difícilmente en esta dimensión, dado que las necesidades de financiamiento deben cubrirse ahora. No obstante, dado que los stocks domésticos son altos en perspectiva internacional (se estima que son ¼ de una cosecha) puede financiarse otro “sacudón”, y lo lógico es que los acopiadores lleguen a la próxima campaña con stocks acotados. Al margen de esto, si descontamos el ingreso extra de dólares por liquidación de granos, el resto de las exportaciones crecieron 7,4%, un a cifra mas modesta
Aun así, este fenómeno, si bien puntual, permite visibilizar una dinámica exportadora que neta de sequía venia mostrando algunos datos interesantes. En noviembre 60% de los rubros de exportación (27 de 47) mostraron un comportamiento expansivo respecto de mismo mes de 2017. Carnes y sus preparados (+39,1%) Material de transporte terrestre (+34,4%5), metales y sus manufacturas (+18,3%) y el gran rubro de combustibles y energía (+63,5%) destacan en el mes de referencia al igual que en 11 meses. En retracción permanecen los productos elaborados de la soja (-2,7% la harina y -15,1% grasas y aceites) y los productos químicos, entre los grandes rubros de exportación. Los primeros se espera repunten el año próximo y los segundos no tanto (viendo el cierre de mercados para el biodiesel nacional). Con esto, el acumulado de 11 meses da un salto a +4,2% interanual (+3,3% acumulaba a octubre), unos USD 2.300 millones mas de exportaciones que el año pasado. Entre enero-noviembre, fueron las MOI y los combustibles quienes llevaron la voz cantante, (+7,4% y 46,8% i.a, aunque el segundo tiene una incidencia bastante menor por su menor volumen exportado)
No obstante, no debe dejar de decirse que el grueso de la baja del déficit lo explican la recesión y la suba del tipo de cambio, que están trayendo como consecuencia una muy marcada baja en las importaciones. De hecho, las importaciones están prácticamente en el mismo nivel que el acumulado en 11M 2017, impensado tras la suba interanual de 18% acumulada en enero-mayo. Los mas castigados volvieron a ser los bienes de capital (-46,5%), piezas y accesorios y (-40,2%) y automotores (-52,2%), mientras que solo bienes intermedios (insumos para algunos sectores industriales y el grano para procesamiento destacándose dentro de esta categoría “bolsa”) es el único uso económico que persiste en alza interanual al ver el total de 11 meses.
En resumen, todo indica que cerraremos el año por debajo de los 5.000 millones de déficit comercial, casi la mitad de lo que proyectábamos al inicio del año, consecuencia inexorable de la reversión del escenario macro. El año que viene la mejor cosecha se traducirá, junto con otros sectores que ya vienen con buena dinámica y el impulso extra de Brasil, en un marcado superávit comercial (esperamos supere los USD 6.000 millones). Aun así, este año fue un ejemplo casi de manual de lo sensible que son nuestras cuentas externas a la evolución de la actividad y la “suerte” de las cosechas.

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Dar el ejemplo

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La imperiosa necesidad de mostrar resultados positivos ante un problema medular como el déficit fiscal, obligó al gobierno de Mauricio Macri a desplegar una serie de medidas para bajar el gasto público. El ajuste prometido busca el objetivo de ser “ejemplificador” desde la política, aunque con resultados impredecibles.
El achique del gasto político es siempre bienvenido y reclamado por la sociedad que paga los costos. Sin embargo, no parece ser más que una reacción impulsada por el escándalo que protagonizó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien fue premiado con la confianza presidencial y del gabinete.
El objetivo de fondo parece ser no solo achicar gastos, sino marcar pautas en las negociaciones salariales, claves en la inflación anual y en la contención del gasto del Estado.
Macri prometió reducir la planta política, lo que equivale a un 25 por ciento del presupuesto de la política en el Poder Ejecutivo. Aunque suene igual, no es el mismo 25 por ciento que aumentó la planta del Estado desde que él mismo tomó el timón del Gobierno.
También congelará salarios de los funcionarios de primera línea y despedirá a los familiares directos de los ministros que fueron incorporados en los últimos dos años. Con esto, pretende ahorrar 1.500 millones de pesos al año, el equivalente al 0,034 del gasto público en 2018. Una gota en el mar, según economistas consultados por Economis, incluidos los más liberales.
De acuerdo a los anuncios del Presidente, se desprende que las medidas no cambiarán radicalmente el escenario. Terminar con el nepotismo es una meta utópica, pero si se trata de “gestos”, mejor hubiera sido no potenciarlo en los últimos dos años.  La promesa solo alcanza a familiares directos de ministros, cuando hay cuñados, primos, suegros y novias, además de varios Ceos sin cartera que también tienen a sus más cercanos como colaboradores.  
Si se saca de encima a los familiares de los ministros, -la familia de Jorge Triaca es una de las más numerosas con sueldo del Estado- serán apenas un puñado en comparación a la estructura aumentada con ministerios, secretarías y direcciones varias de nombres extensos e insólitos. Tampoco se dice nada de amigos y entenados, que sí pueden ser nombrados. Si habrá ajuste, pasará por otro lado. Temen los empleados públicos, que será en su salario que, si no congelado, tendrá mínimas correcciones.
“La austeridad tiene que partir de la política. La política no debe tener ventajas excepcionales, insisto, debe ser un ejemplo de austeridad”, presionó Macri. 
“Por primera vez en 100 años se dio de manera simultánea que bajó el déficit fiscal, bajó el gasto, bajó la inflación y bajaron los impuestos, y todo esto con la economía creciendo; esto no pasó en 100 años”, se envalentonó el Presidente.
Para sostener el nivel de optimismo, para el Gobierno es vital predicar con el ejemplo. La “baja del gasto político” es mostrar austeridad en momentos en que se inician las negociaciones salariales con un techo tácito del quince por ciento. El límite no es aceptado por el sindicalismo. Los gremios advierten que no sólo se pierde poder adquisitivo en referencia al año pasado, sino que la inflación de este año puede ser igual o superior a la de 2017.
Juan José Aranguren, el ministro del Excel, ya ajusta hacia arriba los tarifazos de gas y electricidad, porque sus cálculos fueron hechos en base a un dólar de 19,30 y ya en estos días, coquetea con los 20 pesos. La paradoja es que el propio Aranguren ató el precio de los combustibles al valor dólar, que se disparó por las metas “recalibradas” del equipo económico para inyectar un poco de optimismo a una economía deprimida por las altas tasas que impone Federico Sturzenegger desde el Banco Central. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Según los especialistas del mercado energético, el costo mayorista de la electricidad fue proyectado en u$s 74,8 por MWh para 2018, a una tasa de cambio de 19,30 pesos por dólar, lo que representaba 1440 pesos por MWh. Con la moneda estadounidense a 20, el precio se acerca a 1500 pesos por MWh, cuatro por ciento más que la anterior estimación y 20 por ciento más que en 2017 (1250 pesos por  MWh).
En la cartera de energía admiten que aún faltan “correcciones” de entre el 25 y 30 por ciento en la electricidad y de hasta el 50 por ciento en el gas.
Las subas tienen correlato en el bolsillo del consumidor y generan efectos políticos diversos. Emsa es el ejemplo local del desquicio de las tarifas. A los aumentos nacionales se sumaron actualizaciones locales que son difíciles de entender cuando se traducen en las boletas. Emsa aduce que obedecen a la quita de subsidios y a los cambios en las tarifas sociales que aplicó la Nación.
La oposición, encarnada por la versión local de Cambiemos, pide que bajen las tarifas y denuncia a la empresa local por el golpe al bolsillo con los mismos argumentos con los que en el país se cuestionan los tarifazos de Aranguren. Cambiemos insiste en que se respete una audiencia pública a la que no fue convocada Misiones.   
Del otro lado, una multisectorial conformada por Derechos Humanos, los diputados provinciales Roque Gervasoni y Martín Sereno, representantes de EMSA, referentes barriales, funcionarios de organismos provinciales y de la Municipalidad de Posadas, así como el equipo técnico de la Defensoría del Pueblo, presentó un amparo en la Justicia para frenar los aumentos nacionales. El defensor del Pueblo, Alberto Penayo resaltó que el consumo de energía “no es algo suntuoso en nuestra provincia por las altas temperaturas que se registran, por lo que esta decisión de la Nación nos impacta negativamente sin que se reconozca nuestra particular situación de dependencia de la energía eléctrica”. El mismo parámetro se utiliza en las otras provincias del norte que están padeciendo los mismos ajustes.
Otra medida anunciada por el propio Macri es una reforma al sistema de becas del plan Progresar, que dejará de depender de la Anses para integrarse al presupuesto de Educación. Ya no será un programa de acceso universal para quienes quieran culminar sus estudios en las distintas etapas de escolaridad, sino que tendrá condiciones más exigentes para renovar el beneficio.
Los cambios pegan de lleno en una población como la de Misiones, donde gracias al Progresar se logró recuperar y aumentar la población educativa, especialmente en los niveles medios y superiores.  
El año pasado fueron becados 44.197 jóvenes con un impacto económico anual de 330.452.100 pesos. Si bien en mayo se produjo una baja significativa en la cantidad de beneficiarios, que fueron excluidos por la implementación de un nuevo sistema en el Ministerio de Educación de la Nación, lo que redujo a poco más de 16 mil becados; la persistencia del equipo provincial llevó a que se cierre el año con 44.197. Del total que culminaron el 2017, el 0,1 % continúa sus estudios en Educación Especial, el 14 % en Formación Profesional, el 2 % realiza la terminalidad del primario, el 36 % del secundario y el 48 % está en el terciario o universitario.
La idea de volver a premiar a quienes tienen mejores resultados, es resistida por los pedagogos, ya que  los beneficiarios son jóvenes que no solamente estudian, y que deberán ahora mantener un ritmo de estudio igual que los chicos de clase media y alta, cuyos proyectos de vida están pensados solo para estudiar en esta etapa de sus vidas. Por eso, hay temor de que aumente la tasa de abandono en el nivel superior.
Estos chicos que ahora necesitan al Estado son los que nacieron en la Argentina de la crisis de 2001, mal alimentados, con familias totalmente desmanteladas, una triste realidad que rápidamente olvidamos todos. Siento que la sociedad los ubica en el casillero equivocado, no creo que sean los “vagos ni ni”, confesó, desesperanzada una docente vinculada al programa.

Está claro que los objetivos perseguidos son los correctos. Austeridad en la política, ahorro de los recursos públicos y un Estado en el que no sobre personal.
El Estado misionero es uno de los pocos que va en línea con esa idea. Es la cuarta provincia con menor cantidad de empleados públicos por habitante y recién asumido, el gobernador Hugo Passalacqua congeló los ingresos a la planta política. Solo se pueden sumar docentes, policías y médicos, en las áreas esenciales del Estado.
Misiones además, en un lote minúsculo de provincias, logró el año pasado una mejora sustancial en el resultado económico que será superavitario en un importe cercano a los 2.500 millones de pesos, debido a que los recursos corrientes se incrementaron en un diez por ciento por encima de los gastos corrientes, al mismo tiempo en que creció exponencialmente la inversión en obra pública.
Según un informe oficial de la secretaría de Hacienda, se estima que el gasto en capital consolidado de Misiones en 2017 cerrará en 8.408 millones de pesos lo que representa un incremento del 41 por ciento (+2.449 millones) con respecto a 2016, cuando se alcanzaron los 5.959 millones.
La ejecución de la obra pública superó holgadamente la inflación, y se observa que en términos reales (es decir, eliminando el efecto de la inflación), la obra pública creció por encima de 14 por ciento.
Este aumento de la obra pública se observa tanto en aquellas financiadas con rentas generales de la Provincia como aquellas financiadas con recursos federales, de modo que este dato no es menor: la obra pública mejoró su ritmo tanto porque la Nación mejoró el envío de remesas para obras públicas ejecutadas por la Provincia (+43%) como porque también las obras financiadas con rentas generales de la provincia también recibieron más fondos (+39%).
La política de Estado de Misiones se caracteriza por una participación importante en el nivel de gasto de capital. Por ejemplo, en promedio para los últimos cinco años fue equivalente al 24,62 por ciento del total de las erogaciones del presupuesto. Este número supera de manera relevante al promedio de las 24 restantes jurisdicciones en  el periodo comprendido entre el año 2013 al primer semestre de 2017 (último dato publicado por Ministerio de Hacienda de la Nación), que en cuyo caso ese promedio fue solo de 13,33 %.
La noticia es excelente porque coloca a Misiones en un lote de pocos. Hay provincias con los sueldos a estatales atrasados o en cuotas y que se financian con endeudamiento o asistencias extraordinarias del Estado nacional, como ATNs o adelantos de Coparticipación. En Misiones, sin estridencias, se predica con el ejemplo.
      

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Moody’s le subió la nota a Misiones, elogió sus cuentas fiscales y pronosticó que este año volverá al superávit

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La agencia de calificaciones internacional Moody’s subió ayer la nota crediticia a la provincia de Misiones de B3 a B2 y en un reporte elogió distintos aspectos de las cuentas públicas misioneras, como su bajo nivel de endeudamiento o sus significativos ingresos propios, en relación a otras provincias del país.

El motivo por el cual esta calificadora internacional –una de las 3 más importantes del mundo junto a Fitch y Standard and Poors- le mejoró la nota a la provincia de todas formas no fue por sus propios méritos, sino porque unos días antes le subió la nota crediticia al Estado Nacional. Cuando una calificadora sube (o baja) la nota del país, luego viene una corrección similar con los emisores de deuda “subsoberanos”, como se denomina en la jerga financiera a las provincias y municipios.

En este caso, Moody´s le mejoró la nota a la Argentina a partir de las reformas que lanzó Macri y que, según la agencia “empiezan a acomodar distorsiones de larga data en la economía” y porque estos cambios “continuarán y a su tiempo sostendrán la recuperación económica”.

Pero Moody’s -que analiza periódicamente las cuentas públicas de un grupo de provincias, incluyendo a Misiones-, emitió un reporte de ocho páginas con un detallado nivel de análisis del estado de las cuentas fiscales locales. En ese reporte -emitido con fecha 4 de diciembre- le subió la nota a Misiones a escala global de B3 a B2.

Al mismo tiempo modificó el sesgo de “positivo” a “estable” (significa que las chances de mejorar o empeorar la nota en futuras revisiones están parejas). En pocas palabras, le está indicando al mercado financiero que Misiones tiene mejor capacidad de repagar sus compromisos que en la anterior evaluación.

Misiones volverá a tener superávit

En este extenso análisis, Moody´s pronostica que la provincia volverá a tener superávit primario este año. Esto significa que luego de las erogaciones corrientes (sueldos, gastos en mantenimiento, inversiones, etc.) a la provincia le quedará un remanente de dinero.

Misiones venía ostentando superávits primarios, aunque venían decreciendo desde 2011. En el 2016, la provincia incurrió en déficit primario por primera vez en varios años.

El regreso de Misiones a un excedente de dinero en su caja es una de las mejores noticias económicas de este 2017 para la provincia, donde todavía la reactivación “tibia” o el “rebote” de la actividad económica se siente bastante poco.

Según los datos oficiales que maneja Moody’s, que son los que la provincia informa al Gobierno Nacional –pero no suele publicar o difundir a medios- Misiones registró “un superávit corriente (o primario) de 543 millones de pesos en el primer semestre”.

“Moody´s espera para el ejercicio en curso (2017) un bajo superávit corriente”, completa el reporte.

Por más que sea “bajo” la vuelta al superávit pone a Misiones en un reducido grupito de provincias que están relativamente ordenadas financieramente. Para poner en contexto este dato: El Estado Nacional hace varios años que no logra tener superávit corriente o superávit primario. Incluso Macri pronostica que para 2019, cuando deje el Gobierno, seguirá habiendo déficit primario, con reformas y todo. Y lo mismo sucede con la mayoría de las provincias.

Déficit financiero y otras “debilidades”

Por supuesto, no todas son buenas. También hay algunas debilidades o “desafíos crediticios” como denomina Moodys -diplomáticamente- a aquellos aspectos no tan buenos de su análisis de las cuentas públicas.

Quizás la principal noticia negativa es que Misiones –como la totalidad de las provincias y el Estado Nacional- incurrirá en un déficit financiero, que es el que surge luego de pagar los intereses de la deuda.

De todas formas, según la calificadora el déficit financiero de Misiones es muy pequeño. “Es apenas el 1,8% de los ingresos totales más aportes no reintegrables”, indica. Se trata de uno de los déficit más chicos de los últimos años, siempre comparando este rojo financiero en relación a los ingresos.

Según los datos de Moody´s, Misiones viene ostentando un déficit financiero que en 2012 fue 2% de los ingresos totales, luego en 2013 subió a 10,2%; en 2014 volvió a bajar a 1,7%; en 2015 fue de 13,5% y en 2016 representó el 12,8% de los ingresos del Tesoro (que están constituidos por las transferencias del Estado Nacional en Coparticipación y otros ítems y lo que recauda rentas de la Provincia, principalmente).

Otros “desafíos crediticios” que señala Moodys son “las continuas presiones (a gastar más) por el lado del gasto en personal”, y que está pendiente de resolución “una porción de su deuda”. Esto último se refiere a los bonos Cemis, defaulteados antes de la crisis del 2001 y cuya resolución se viene postergando en los últimos años.

Las notas de la provincia de Misiones y qué significan

¿Qué significa para la provincia que la calificadora Moody’s le subió la nota? Esta mejora en la calificación crediticia de la provincia no tiene un gran impacto en la economía local.

Pero si tiene un valor político, porque es un gran aval de una consultora o calificadora prestigiosa e independiente, en momentos en que el Gobierno Nacional presiona a las provincias para que bajen gastos, reduzcan la presión tributaria y ordenen sus cuentas.

Como se sabe, a veces la Nación no discrimina a los distritos ordenados, de aquellos que no tienen las cuentas en buenas condiciones. En esta segunda etapa del Gobierno de Macri, este aval de Moody´s puede tener un peso en la mesa de negociaciones.

Por otra parte, la mejora en la calificación significa que ante la eventualidad de que la provincia recurra a la emisión de deuda para financiar obras, como es posible en el 2018, el costo de ese endeudamiento podría ser algo más barato.

Entre las posibilidades de tomar deuda en bonos o con algún préstamo internacional, figura el Plan Energético que prevé un crédito de u$s600 millones de dólares para financiar la nueva red de transmisión que abastecerá a la provincia en futuras generaciones.

 

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Presupuesto: Ecolatina dice que el gasto no baja lo suficiente para achicar el déficit

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La consultora Ecolatina realizó un análisis de los principales números del proyecto de Presupuesto 2018 que envió al Congreso el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Entre las principales conclusiones, se destaca la dificultad que encuentra la consultora para bajar el gasto y, por ende, achicar el déficit. Una de las variables claves que mirarán los agentes económicos y los inversores, una vez que pase este año electoral.

“Con la mitad del gasto indexado, será difícil alcanzar la meta de déficit”, dice Ecolatina en su informe. A continuación, repasamos algunos de los comentarios de la consultora que fundó Roberto Lavagna.

  • La Ley de Leyes estipula un crecimiento del PBI de 3,5% para 2018 impulsado por la inversión (+12% anual). Así se rompería la “maldición” de los últimos tres años pares recesivos. Asimismo, prevé para el año que viene una inflación en línea con la ambiciosa meta del BCRA (8%-12%).
  • El proyecto de presupuesto estima que este año el déficit primario cerrará en 4% del PBI. Reducir dicho rojo a 3,2% del PBI en 2018 luce complejo. Sin ingresos adicionales por blanqueo, con casi la mitad del gasto primario indexado y la Reparación Histórica a jubilados, el gobierno apuesta a reducir nominalmente los subsidios y concretar proyectos de inversión público-privado.

El proyecto oficial prevé una inflación promedio de 15,7% para 2018, que entre puntas se alinearía con la meta oficial del BCRA en torno al 10%. En cambio, según nuestras proyecciones el año entrante el aumento promedio rondará 19%. La decisión de alinear la inflación es correcta, pero si el Gobierno/BCRA vuelve a subestimar el alza de precios, la estimación de ingresos y gastos del sector público quedará subestimada, quitándole previsibilidad a la Ley de Leyes.

  • Debido a que la recaudación nacional se mantendría prácticamente estable en términos del producto, para cumplir la meta de déficit primario del 3,2% del PIB, el Ejecutivo planea seguir reduciendo el gasto primario en términos del producto. Según se desprende del proyecto oficial, las erogaciones primarias crecerían 15,1% en 2018 (incremento probablemente subestimado por la baja inflación proyectada), retrocediendo 1 p.p. en términos del PBI. Dicho recorte vendría por el lado de los subsidios económicos (-0,6% del PBI) y en los gastos en bienes y servicios (-0,3% del PBI).
  • De hecho, las correcciones de tarifas de los servicios públicos previstas por el gobierno generarían una reducción del gasto nominal en subsidios en 2018 (-13,2%), siendo el sector energético en donde se observa la mayor caída (-21,1%).
  • El gobierno busca para 2018 sostener su compromiso social junto la ejecución de obra pública, sin descuidar el cumplimiento de la meta fiscal. De esta forma, las erogaciones previsionales aumentarían 22,1% i.a. (+0,2 p.p. del PBI), lo cual no sólo se debe a la movilidad jubilatoria que ajusta semestralmente los beneficios de Jubilaciones y Pensiones, AUH, Asignaciones familiares y Pensiones No Contributivas, sino también al Programa de Reparación Histórica que beneficiará a más de 2 millones de adultos mayores.
  • En cuanto al gasto de capital se prevé un aumento del 21,5% en 2018. Dentro del rubro, destaca el aumento en las erogaciones relacionadas con el sector educativo (+101,2% i.a.), Agua y alcantarillado (+52,8% var i.a.) y Vivienda (+22,4% var. i.a.) mientras que los aumentos previstos en Energía y Transporte son mínimos (+1,9% y +5,4%, respectivamente). Estas discrepancias en los incrementos, lleva a que en términos del PBI el gasto de capital permanezca estable respecto a 2017. Sin embargo, las diferencias en los aumentos no significan a priori que el gobierno nacional busque frenar el avance de proyectos de obra pública, sino que, a partir de 2018, buscará que el sector privado lleve a cabo la mayor parte de su financiamiento, a través de los contratos de Participación Público-Privada (PPP). De hecho, se espera que el gasto en infraestructura ronde $435.000 millones, es decir un 3,5% del PBI.
  • Con un leve aumento en la carga de intereses (+0,1% del PBI), el déficit financiero pasaría del 6,2% del PBI en 2017 a 5,5% en 2018, gracias al menor rojo primario estimado.

Fuente: Ecolatina

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