Superior Tribunal

Por pedido del procurador Carlos Giménez, el STJ avala participación electoral de policías y fuerzas de seguridad en Misiones

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Tras una recomendación del procurador fiscal Carlos Giménez, el Superior Tribunal de Justicia habilitará la participación de policías y agentes de fuerzas de seguridad en las elecciones del próximo 8 de junio, que habían sido inicialmente “tachados” por decisión del Tribunal Electoral. La decisión se tomó tras sendos planteos del gobernador Hugo Passalacqua, quien instruyó al fiscal de Estado y de la Renovación, a a favor de la participación de los uniformados.

Según fuentes oficiales, el Procurador Carlos Giménez hizo un control de legalidad de la decisión del Tribunal Electoral y recomendó al Superior Tribunal de Justicia que habilite el sufragio de las fuerzas de seguridad, como ocurrió en otras elecciones previas. La decisión se conocerá en las próximas horas. 

Según confiaron fuentes judiciales, el pedido fue impulsado desde la conducción política del Frente Renovador, con apoyo del Ejecutivo provincial, y derivó en un análisis de fondo de la situación. El artículo 48, inciso 10 de la Constitución provincial es claro al establecer que no pueden votar “los soldados pertenecientes a las fuerzas armadas ni los agentes de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales”.

Sin embargo, ya hay antecedentes jurídicos en dirección contraria. Por eso el Procurador considera inaplicable -no inconstitucional- ese artículo y recomienda avalar la participación electoral. La decisión va en línea con lo que se hizo en otras elecciones, ante planteos similares a favor de la participación. En esta oportunidad, el Tribunal no recibió ningún pedido y por eso decidió la aplicación de la letra constitucional. 

Esa disposición, vigente desde la reforma constitucional de 1958, fue aplicada por el Tribunal Electoral mediante el Acuerdo N.º 1.221, en su sesión del pasado 20 de mayo. Con la firma de su presidente, Cristian Benítez, y de los vocales Augusto Busse y Andrés Poujade, el órgano resolvió excluir del padrón a quienes integren activamente esas fuerzas, a partir de los listados oficiales que fueron solicitados a cada una de las unidades con asiento en Misiones.

El operativo de depuración del padrón fue ejecutado con reserva, para proteger la identidad de los agentes. La Policía Federal, la Prefectura, la Gendarmería, el Ejército, la Armada, la Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Provincial y la Policía de Misiones remitieron sus nóminas, que fueron unificadas por el Tribunal Electoral en un solo archivo. En él se identificó a los agentes únicamente por DNI, nombre completo y sexo, sin exponer jerarquías ni funciones. 

Finalmente, los policías podrán votar con normalidad. En cambio, seguirán excluidos los detenidos por orden de juez competente, mientras no recuperen su libertad; como el caso del candidato Ramón Amarilla, los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad y por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena; los condenados por faltas previstas en las leyes nacionales y provinciales de juegos prohibidos y los declarados rebeldes en causa penal hasta que cesa la rebeldía o se opera la prescripción.

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Misiones es una de las pocas provincias con mayoría femenina en la cúpula de la Justicia

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Esta mañana la presidente del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Rosanna Pia Venchiarutti y la ministra Cristina Irene Leiva, participaron de un encuentro que se dio en La Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se presentó una nueva edición del Mapa de Género de la Justicia Argentina dentro del marco del “Día internacional de la mujer”.

La presentación oficial del Mapa se realizó durante un encuentro de trabajo que celebraron la Corte Suprema y los Superiores Tribunales de Justicia de todas las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, con el motivo de evaluar los avances en paridad de género en el sistema judicial. En la ocasión, se firmó un convenio marco de cooperación en la materia.
El Mapa 2021 muestra que el sistema de justicia está conformado mayoritariamente por mujeres (57%), con una participación que disminuye en las posiciones superiores: apenas el 31% de las máximas autoridades judiciales del país y el 45% de quienes accedieron a un cargo de magistratura, procurador/a, fiscal o defensor/a (lo cual incluye también a las máximas autoridades).

Respecto del año anterior, el Mapa refleja un aumento de un punto porcentual en la participación de las mujeres a nivel de la magistratura, mientras que se mantuvo estable a nivel de las máximas autoridades. Por el contrario, las mujeres fueron mayoría en el funcionariado y en el personal administrativo (61% en ambos casos).


Que es el Mapa de Género de la Justicia Argentina
Es una herramienta elaborada por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con información aportada por cada una de las jurisdicciones judiciales que permite la promoción de la paridad de género dentro de la justicia argentina. Desde su creación, hace más de diez años, ha sido utilizada para la elaboración de diagnósticos y propuestas de políticas públicas tanto nacionales como provinciales; en la fundamentación de proyectos legislativos; y en la justificación de acciones de organizaciones sociales y jurídicas tendientes a la incorporación de las mujeres en ámbitos de decisión.
Para ver el informe completo del Mapa de Género 2021 y su resumen, ingrese en https://om.csjn.gob.ar/consultaTalleresWeb/public/documentoConsulta/verDocumentoById?idDocumento=112 y en https://om.csjn.gob.ar/consultaTalleresWeb/public/documentoConsulta/verDocumentoById?idDocumento=112.

Para consultar los datos completos reportados por cada una de las jurisdicciones judiciales, ingresar al sistema interactivo (https://om.csjn.gob.ar/mapagenero/login/mostrarLogin.html).

Representatividad femenina en los Poderes Judiciales

Con el ingreso y avance de las mujeres en el mercado de trabajo determinado, en varias ocasiones, por su profesionalización el sistema judicial ha cambiado a través de los años su composición, no obstante hay fueros o áreas en las que son mayoritariamente mujeres las que están al frente, como familia y minoridad, mientras que a los varones se les nota más en áreas de derecho penal.

Misiones no sólo cuenta con impronta propia ya que el Superior Tribunal compuesto por nueve Ministros, de los que cinco son mujeres, presidido por una de ellas, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, sino que también presenta una fuerte presencia femenina en materia penal (defensoras, fiscales, juezas y camaristas).

En tanto en la planta funcional existe un cupo mayoritario de mujeres ocupando cargos de funcionarias (64%) y destacando la presencia de defensoras oficiales dentro del Organismo (55%).

Las mujeres juezas, fiscales, defensoras o asesoras, es decir, mujeres con poder de decisión en el Poder Judicial misionero, vienen trabajando por la generación de cambios ideológicos y estructurales necesarios con el objetivo de colaborar en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y equitativa que brinde seguridad jurídica a todos los ciudadanos por igual en pos de la paz social.

El uso del lenguaje claro, premisa destacada en los últimos años, la defensa de la minoridad y el trabajo contra la violencia son pilares en la toma de decisiones que buscan asegurar el acceso a justicia en condiciones de igualdad.

Las distintas ocupaciones jerárquicas

En un relevamiento realizado en septiembre del 2021 se revela que Misiones se destaca junto a cinco provincias y el distrito federal por contar con mayoría femenina en la conformación de los Superiores Tribunales o Cortes Judiciales, tal como lo demuestra el cuadro que compartimos a continuación. (cuadro 1)

En tanto en los últimos 10 años la representatividad femenina en la presidencia de esas cortes es tan baja como lo indica el grado de conformación de las mismas. Donde nuevamente Misiones cuenta con dos presidencias reelegidas en ese lapso ya que el período de cumpliendo de mandato al frente de la presidencia es de dos años y tanto Ramona Beatriz Velázquez como la actual presidente, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori han renovado mandato por dos períodos consecutivos, respectivamente. El dato distintivo lo marca la provincia de Jujuy que este año cuenta por primera vez en su historia institucional con una presidencia femenina a cargo de Teresa Ovejero quien asumió en sus funciones el 10 de diciembre de 2021 y hasta el 2023. (cuadros 2y 3)

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La Legislatura dará acuerdo hoy para que Liliana Picazo se convierta en ministra del Superior Tribunal de Justicia

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La Legislatura aprobará hoy el acuerdo para que la fiscal Liliana Picazo se convierta en ministra del Superior Tribunal de Justicia. La funcionaria de larga trayectoria en el Poder Judicial tendrá respaldo unánime de los diputados que ya aprobaron en comisión sus pliegos.
La llegada de Picazo convertirá al STJ en un cuerpo dominado por mujeres, ya que además están María Laura Niveyro, Cristina Leiva, Rosana Pia Venchiarutti Sartori y Ramona Velázquez. Además, el cuerpo volverá a contar con nueve miembros.

La Cámara de Diputados también aprobará los pliegos de Flavio Marino Morchio, como Fiscal de Cámara Civil y Comercial de Posadas, Mariangel Koziarski, en el cargo de Juez de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral de Familia y Violencia Familiar de San Pedro y Jorge Luis Castro, en el cargo de Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral de Familia y de Violencia Familiar de la Tercera Circunscripción Judicial, en la misma localidad.

En la sesión de hoy se discutirá un pedido para que la Nación declare la emergencia por un año a los eslabones más débiles de la cadena yerbatera, “tareferos y productores”, por incumplimiento de la ley del Instituto Nacional de la Yerba Mate

Asimismo, se prestará acuerdo legislativo a Rodrigo Torres Muruat, en el cargo de Defensor Oficial de Instrucción y en lo Correccional
y de Menores N° 2 de Eldorado y Pedro Benito Piriz, en el cargo de Defensor Oficial del Juzgado de Instrucción de la Cuarta
Circunscripción Judicial de Jardín América. Se designará a Gerónimo Pujol, en el cargo de Juez de Paz Letrado de la Segunda Circunscripción Judicial, en Capioví.

En paralelo, se prestará acuerdo prestar para la designación de Graciela Beatriz Ibarra, en el cargo de Vocal de Educación Inicial, Primaria, Primaria del Adulto y Especial del Consejo General de Educacióny Miguel Angel Pintos, en el cargo de Vocal de Educación Secundaria y Superior del Consejo General de Educación.

 

 

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La Corte dejó firme la condena a los transportistas y volvieron a prisión

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La Corte Suprema sumó un nuevo capítulo al escándalo judicial que se desató hace unas semanas cuando el Superior Tribunal de Justicia pidió que se investigue si no hubo una irregularidad en la decisión de un tribunal inferior de liberar a dos transportistas condenados a 20 años de cárcel por abuso sexual de menores.

En un fallo firmado hoy, los ministros Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco desestimó la queja de los abogados de los transportistas por “inadmisible” y deberán volver a cumplir la condena. Esta misma noche Fabio Durán (37) y Lucía Olmo (63) fueron detenidos.

El fallo cita el artículo 280 del Código Civil y Comercial de la Nación que determina que no hubo en el caso traído a consideración de la Corte, elemento que haga que deba analizar la causa. A su vez, es confirmatorio de la sentencia que motivó la queja.

La Corte entendió que hubo debido proceso, que no se violó el derecho de defensa y que los hechos que motivaron la condena, tuvieron suficiente prueba, por lo que mal puede invocarse una arbitrariedad en la sentencia.

De este modo, se ratificó la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, que ya había dejado firme la sentencia inicial que luego fue cuestionada por el tribunal conformado por César Yaya, Marcelo Cardozo y César Jiménez, quienes consideraron que la sentencia no estaba firme y por lo tanto, los transportistas condenados por el abuso sexual de menores, debían quedar en libertad.

Los jueces consideraron que pese a la ratificación del Superior Tribunal, la condena no estaba firme porque la Corte demoraba su fallo. La máxima instancia judicial misionera, en cambio, sostenía que el fallo ya estaba firme y que nunca debieron ser liberados por el recurso de queja, ya que “por definición, no suspende el proceso”, salvo decisión final de la misma Corte Suprema.

“Las garantías constitucionales se resguardaron con los dos fallos anteriores”, aseguró un ministro del STJ al enterarse que la Corte había ratificado la posición del cuerpo.

Otro ministro indicó que  “si bien la decisión de la Corte le da respaldo a lo actuado por el Tribunal original y a nuestra actuación como Casación, la solución dada por el Tribunal Ad Hoc de excarcelar a los sentenciados no tiene que ver con esa decisión que se justificó por el tiempo que pasaron detenidos sin sentencia firme. Es un tema discutible y opinable según el lado de la biblioteca. En este caso los procesados detenidos estaban sentenciados y estaba agotada la instancia Provincial. No era que nada se hizo durante ese tiempo”.

Uno de los jueces que ordenó la liberación de los dos acusados se mostró tranquilo con la decisión de la Corte. “Rechazaron la queja. No tiene nada que ver con nuestra decisión que no hubiera existido si se hubiera tratado en tiempo y forma”, explicó.

Ahora los transportistas deberán volver a cumplir la totalidad de la condena y se descuenta de la condena el tiempo de detención previo.

El fallo de la polémica se conoció el 5 de abril. Ese día, Jiménez, Yaya y Cardozo, en el Tribunal Penal 2, decidieron la excarcelación de Durán y Olmo.

Madre e hijo fueron condenados en noviembre de 2011 a 20 años de prisión por el abuso de dos niños de 4 y 5 años, clientes del transporte escolar que manejaban. La fiscal del caso fue Liliana Picazo, flamante nominada a integrar el Superior Tribunal de Justicia. Ella pidió 20 años para los transportistas, condena que finalmente recibieron los acusados. El fallo fue ratificado por el STJ en mayo de 2014. La Corte misionera actuó como cámara de casación, función encomendada por la Constitución provincial, para que los fallos penales tengan la necesaria revisión.

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Excarcelación de abusadores: crece el conflicto judicial y advierten que hay elementos para enjuiciar al Tribunal

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La noticia sacudió los despachos de jueces y funcionarios judiciales. Tres jueces en la mira del Superior Tribunal de Justicia y una cerrada defensa de abogados en contra de la “injerencia” del máximo cuerpo en una resolución tomada por un tribunal inferior.

Las lecturas, como en todo conflicto judicial, tienen media biblioteca a favor y la otra en contra. Lo cierto es que los jueces César Yaya, César Jiménez y Marcelo Cardozo, quedaron en el ojo de la tormenta tras la decisión del Superior Tribunal de Justicia de impulsar una investigación sobre eventuales delitos cuando se decidió la excarcelación de los transportistas acusados condenados a 20 años de prisión por abuso sexual de menores.

El argumento del STJ es que el fallo fue dejado firme por el alto cuerpo, aunque fue recurrido ante la Corte Suprema por los abogados defensores de los acusados. Esa mora en la Corte –recién habría tres votos- es el elemento central del fallo del tribunal conformado por Yaya, Jiménez y Cardozo que decidió la libertad de los condenados.

Sin embargo, fuentes calificadas sostienen que allí aparece un flanco abierto. La excarcelación se define en base a un planteo del fiscal Rolando Oliva, quien originalmente había avalado la excarcelación con el mismo argumento utilizado por los jueces. Pero la causa avanzó. Los magistrados debieron haber pedido una nueva opinión del fiscal, analizó un reconocido jurista.

Del otro lado, abogados sostienen que el Superior Tribunal está sentando un “peligroso antecedente” al inmiscuirse en la decisión de un tribunal inferior y aluden al artículo 140 de la Constitución provincial, que determina que los magistrados del Superior Tribunal de Justicia y de los tribunales inferiores, así como los funcionarios judiciales que requieran acuerdo legislativo “no podrán ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones que emitan en sus fallos, resoluciones o dictámenes”.

Sin embargo, ya hay antecedes de que el STJ revisara actuaciones de jueces y fiscales y decidiera sanciones, aunque nunca pasaron de ser administrativas. Ahora, se considera que hay elementos para abrir un Jurado de Enjuiciamiento, aunque eso dependerá de que haya una denuncia formal, por delito en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento de los deberes correspondientes a sus cargos, tal como reza el artículo 151 de la Constitución.

El conflicto está en manos de la fiscal Patricia Clerici, del juzgado Penal 7, quien recibió las actuaciones de manos del procurador Miguel Ángel Piñero para que determine si existe o no un posible delito. La funcionaria tomaría la decisión de inhibirse, aunque primero podría pedir medidas de prueba.

Piñero giró las actuaciones después de que el STJ por mayoría decidiera abrir un proceso. “El cuerpo no se metió en la causa”, aseguró un funcionario cercano a los ministros, sino que “decidió que se analice un posible conflicto” en una causa que generó mucha atención social.  

En el STJ insisten en que el dictamen en el que se basó el Tribunal para dejar en libertad a los abusadores, “no se condice con la realidad del expediente al momento de decidir”, además que los cuatro años que se tomaron para resolver quienes “dicen estar preocupados por la mora”.

En el Superior las posturas estuvieron divididas entre quienes querían abrir un sumario administrativo –postura que compartió Piñero según pudo averiguar Economis-, bandera que defendieron Jorge Rojas, Cristina Leiva y María Laura Niveyro.

El fallo de la polémica se conoció el 5 de abril. Ese día, Jiménez, Yaya y Cardozo, en el Tribunal Penal 2, decidieron la excarcelación de Durán y Olmo.

Madre e hijo fueron condenados en noviembre de 2011 a 20 años de prisión por el abuso de dos niños de 4 y 5 años, clientes del transporte escolar que manejaban. La fiscal del caso fue Liliana Picazo, flamante nominada a integrar el Superior Tribunal de Justicia. Ella pidió 20 años para los transportistas, condena que finalmente recibieron los acusados. El fallo fue ratificado por el STJ en mayo de 2014. La Corte misionera actuó como cámara de casación, función encomendada por la Constitución provincial, para que los fallos penales tengan la necesaria revisión.

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