TABACALERA SARANDÍ

Corte Suprema obliga a Tabacalera Sarandí a pagar USD 1.400 millones por evasión

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El fallo pone fin a una batalla judicial de más de cinco años entre Tabacalera Sarandí y el Estado, y consolida el uso de herramientas fiscales para reducir el consumo de tabaco.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó este jueves un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que había declarado inconstitucional el impuesto interno mínimo al tabaco previsto en la Ley 27.430. La decisión obliga a Tabacalera Sarandí, propiedad de Pablo Otero —conocido como el “Señor del Tabaco”—, a cancelar una deuda que, según estimaciones de la AFIP, asciende a USD 1.400 millones por tributos impagos.

La resolución no solo zanja una disputa de larga data entre la empresa y el Estado, sino que también reafirma la potestad del Congreso para fijar políticas tributarias con fines extrafiscales, como el desaliento al consumo de cigarrillos, en línea con criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El conflicto comenzó tras la reforma impositiva impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri en 2017, que elevó en un 70% los impuestos internos al tabaco e introdujo un monto mínimo por paquete. La medida buscó reducir la brecha de precios entre marcas premium y productos “ultrabaratos”, apuntando a disminuir el consumo.

Pablo Otero cuestionó el esquema alegando que afectaba de manera desproporcionada a sus marcas económicas —como Red Point, West, Master y Kiel— y que lo colocaba en desventaja frente a multinacionales como Massalin Particulares y Nobleza Piccardo.

En 2022, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le dio la razón a Sarandí, declarando inconstitucional la norma. Tanto la AFIP como Massalin apelaron, y el caso llegó al máximo tribunal.

La sentencia, firmada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Mariano Llorens, Patricia Moltini y Mario Boldú, subraya que la definición de impuestos y montos mínimos es una atribución del Congreso, salvo en casos de discriminación o arbitrariedad manifiesta, que —según la Corte— no se verificaron.

El fallo remarca que los impuestos al tabaco cumplen una función extrafiscal: “El aumento de precios de los productos de tabaco es la medida más efectiva para reducir su consumo”, citando lineamientos de la OMS.

Asimismo, cuestiona que el fallo de la Cámara se basara en consideraciones sobre “la realidad del mercado” o “el rol de las grandes tabacaleras” sin respaldo normativo suficiente, apartándose de la función judicial.

La Corte también desestimó una presentación reciente de Sarandí en la que la empresa anunciaba su intención de desistir del juicio, alegando acogerse a un régimen de regularización. El tribunal determinó que no se cumplieron los requisitos formales para ello, por lo que el proceso debía continuar hasta la sentencia definitiva.

Además, se rechazaron recusaciones contra el Procurador General, Eduardo Casal, y la Procuradora Fiscal, Laura Monti, así como nulidades planteadas por la defensa.

Con la decisión, el Estado podrá reclamar el pago del impuesto mínimo desde su entrada en vigencia, lo que, según estimaciones de la AFIP, representa más de USD 1.400 millones para Tabacalera Sarandí. El precedente también fortalece la posición de la administración tributaria frente a otros litigios similares en el sector.

Desde la perspectiva sanitaria, la sentencia consolida la utilización de políticas fiscales como herramienta para desincentivar el consumo de tabaco, alineando la legislación argentina con las estrategias recomendadas por la OMS y otros organismos internacionales de salud pública.

Un fallo con proyección internacional

La referencia a la causa “Nobleza Piccardo” de 2015, citada por Lorenzetti, refuerza la doctrina de que el derecho a la salud prima sobre los intereses comerciales de las tabacaleras. El máximo tribunal ratifica que el Estado no solo está habilitado, sino obligado, a adoptar medidas que reduzcan el consumo de productos nocivos.

En el plano internacional, la sentencia envía un mensaje claro sobre la solidez jurídica de las políticas impositivas con fines de salud pública, un punto que podría influir en litigios y regulaciones en otros países de la región.

Con el fallo firme, la AFIP podrá iniciar acciones para ejecutar el cobro de la deuda. En paralelo, se espera que el Congreso y el Poder Ejecutivo refuercen el esquema impositivo al tabaco como parte de las estrategias integrales de control del tabaquismo.

FALLO CORTE SUPREMA SOBRE TABACALERA SARANDI by CristianMilciades

El caso también deja en evidencia la necesidad de armonizar la política fiscal con objetivos de salud pública, un enfoque que, de mantenerse, podría replicarse en otros sectores vinculados a productos con impacto sanitario negativo.

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El Señor del Tabaco también es enemigo de Milei: una relación de odio, entre acusaciones de lavado de dinero y evasión

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Martín Sivak. En febrero de 2024, el flamante presidente Javier Milei señaló a los supuestos responsables de impedir que se aprobara un ambicioso paquete de reformas liberales llamada Ley ómnibus que, en sus palabras, cambiaría el destino de la Argentina. “No vamos a ser cómplices de los negocios de algunos con la industria pesquera, con el Señor del tabaco, con las empresas petroleras o con cualquiera de los otros intereses especiales que hacen lobby y ‘persuaden’ políticos para defender sus intereses”, escribió en X y se reservó para sí el nombre del empresario al que había aludido.

Pablo Otero, que nació en 1970 como Milei, que estudió Economía en la Universidad de Belgrano como Milei, entendió que hablaba de él. Su empresa familiar —Tabacalera Sarandí, fabricante de cigarrillos de segunda marca que se ofrecían a mitad de precio de la empresa líder— facturaba 800 millones de dólares al año y ya concentraba más de un tercio del mercado. El crecimiento de Tabacalera Sarandí se había acelerado por medidas cautelares en la Justicia que impidieron la aplicación de una ley de 2017 que la obligaba a fijar un precio no menor al 75% del de la marca que más vendía. Hacia 2024, la agencia recaudadora de impuestos estimaba en más de 1.200 millones de dólares la deuda de Tabacalera Sarandí con el fisco por haber eludido esa norma.

El tuit de Milei de 2024 estimuló el interés sobre la vida y la obra de Otero, que desde entonces recibió denuncias por evasión fiscal y sobornos. En abril de este año, el Gobierno lo denunció por lavado de dinero por, entre otros cargos, haber vendido cigarrillos a distribuidores “con perfil fiscal irregular y sin capacidad operativa”.

—La campaña de desprestigio llegó a tal punto que renuncié como director de Tabacalera Sarandí y de Grupo Madero Sur [la empresa familiar que nuclea al resto de las empresas] por los problemas operativos y familiares que me ha generado —dice en entrevista con El PAÍS, la primera que da a un periódicoo y que continuó con un reenvío de correos electrónicos, audios y páginas escritas de puño y letra.

Otero afirma que esa campaña está dirigida desde la tabacalera Massalin Particulares (controlada por la multinacional Philip Morris y dueña de la mitad del mercado) y cuenta, según él, con ramificaciones en la embajada de los Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia, la justicia argentina, organizaciones políticas y empresariales y los grandes medios de comunicación a quienes responsabiliza por el odio que ha ido incubando. Ante la consulta de EL PAÍS, desde Massalin Particulares prefirieron no responder a las acusaciones de Otero.

El viernes 7 de abril, Otero entró a un salón de reuniones de Grupo Madero Sur, en un piso de 10 de Puerto Madero, en el centro de Buenos Aires, con un ordenador portátil y el grabador donde él también registraría las conversaciones. En la recorrida por el piso presentó obras del pintor pionero del ecologismo Nicolás García Uriburu, del neorrealista Antonio Berni, la réplica de una espada del prócer nacional José de San Martín, souvenirs de automovilismo y de sus viajes por el mundo y distintos elementos rupestres con la aclaración que prefería ver caballos a montarlos. En las cinco horas siguientes, Otero recibiría la asistencia presencial y virtual de uno de sus contadores, de uno de sus abogados y de un estratega de comunicación.

Otero explicó que Tabacalera Sarandí, que quedará a cargo de la abogada Claudia Romero Roura, representa el 95% de la facturación de todo el grupo. No quiso dar el nombre de la empresa financiera porque “lo más probable es que los inversores se vayan a otro lado”. Grupo Madero Sur también tiene una división de desarrollo inmobiliario; una división de espectáculos, llamada Punt Vermell, con la que coprodujo la películas No llores por mí, InglaterraLas Corredoras, que aún no fue estrenada, y obras de teatro y conciertos; una división de automovilismo con equipos de competición y una de reclutamiento de personal.

Pregunta. ¿Cuál es su patrimonio?

Respuesta. Qué sé yo, no lo sé. ¿Me dejás que pregunto? Tiene que estar cercano a los 10 millones. Entre 10 y 20.

Marcó el contacto de uno de sus celulares.

—Leandro, ¿cuánto dio mi última decla patrimonial? ¿10 o 15? ¿Después me lo pasás un poco más preciso? Pasame el monto solo, gracias, querido.

Al rato mostró la pantalla: 15,17 millones de dólares.

***

A finales del siglo XIX, los Otero Rodríguez —un cruce de familias que llegaron de España e Italia— se establecieron en Avellaneda, una ciudad del sur del conurbano bonaerense para dedicarse a vender y distribuir tabaco. En 1979, José Otero, el padre de Pablo, empezó a producir tabaco de armar, cigarros hechos a mano y, sobre todo, tabaco en bruto, mientras participaba en la Cámara de Distribuidores de Tabaco. Su hijo trabajó con él desde su adolescencia en los repartos a kioscos y puntos de venta porque, inicialmente, le servía para lo que entonces más le importaba: manejar autos.

Por pedido de su padre estudió para ingeniero agrónomo, pero luego se pasó a Economía para entender el comercio, pero no terminó. Cuando murió su padre, en 1993, se hizo cargo de la empresa y se fundió al poco tiempo.

En su relato, volvió a empezar en 1998 con la compra de la empresa Brillant, en la que invirtió 50.000 dólares. Ahí tuvo su primer conflicto con Massalín. “Fabricábamos cigarritos pagando un impuesto de cigarrito, que es el 20%, contra el 60% o 70% que se pagaban en ese entonces los cigarros. Jugaba al fleje, como siempre hice en los negocios. Mi diferencial era el precio: 0,90 contra un 1,8 dólares”.

Otero apostó por segundas marcas y precio en un país de crisis cíclicas. “En los noventa, todo el mundo fumaba Marlboro. Con la caída del poder adquisitivo, las segundas marcas empezaron a crecer. Después la gente se dio cuenta de que son exactamente iguales, con lo bueno y lo malo, que la primera marca”. En su estimación, Red Point, el más importante de sus productos, en 2006 tenía el 0,5% del mercado y valía la mitad que Marlboro, fue decisivo para llegar al 33% casi 20 años más tarde.

P. ¿Desde cuándo le empezó a generar conflicto vender un producto que tiene consecuencias fulminantes para la salud?

R. Al principio, para mí, era una industria válida. La conciencia de que haya sido perjudicial vino de a poco y con los años. Tampoco creo que sea el peor producto. Nadie, por fumar, conduce un auto y mata a otra persona. Tiene muy mala prensa, pésima prensa.

P. No es mala prensa. Son estadísticas (45 mil muertes al año, el 14% de las muertes en Argentina, según un informe de Red de Hospitales Universitarios de la Universidad de Buenos Aires)

R. Es y no es, porque en realidad no se determina que sea por el tabaco el cáncer. El tabaco no es saludable, eso está clarísimo, pero es como cualquier otro abuso. Es probable que en 50 años sea una droga prohibida.

****

Otero contestó las preguntas de espalda a las copas de los árboles de los bosques de Palermo. Solamente pareció alterarse cuando el entrevistador apoyó la mochila en el suelo.

—Es malo para los negocios, para ganar dinero —dijo, y luego encendió un puro cubano H. Upmann, al que le encuentra el problema de la industria de la isla: sólo cuatro tipos de hojas y más interés en el envoltorio que en el gusto.

—El tabaco es apasionante. Como el vino, tenés toda una situación sensorial, organoléptica, de producción de algo que podés sentir y que podés comerciar. No hay muchos pibes que sepan de tabaco como yo en Argentina. Me gasté las rodillas en los aviones para conocer ese mundo.

En paralelo a Tabacalera Sarandí, intentó una carrera amateur en el automovilismo. “Es un deporte de autocontrol y de límites. He chocado un montón de autos, he hecho macanas contables y no contables con ellos. En 2008 me hice pedazos el cuerpo: me fracturé las dos piernas, me rompí los testículos, me rompí las costillas. Choqué a 190 kilómetros por hora y el auto se prendió fuego. Cuando me dieron el alta volví a correr”.

P. ¿A quién votó en las últimas elecciones?

R. En la última elección voté a Milei, antes al PRO de Mauricio Macri y nunca al kirchnerismo.El peronismo tradicional es un saqueador sistemático. Lo conozco de adentro: no me lo contó nadie.

P. ¿Por qué votó a Milei?

R. Con el Gobierno anterior [el de Alberto Fernández, 2019-2023] ya era imposible operar como empresa. No tenía dólares para importar y el primer ingreso del país era la emisión monetaria. Si no hacíamos un cambio, ibamos derecho a ser Venezuela. Con la baja de inflación de Milei estoy 100% conforme. Me parece que el ministro de Economía, Luis Caputo, es un crack. Argentina es un país imposible de gobernar con tantos actores. Sobre todo, la prensa: es lo más antidemocrático que hay y es absolutamente golpista todo el tiempo.

P. En su fallo de 2024, la Corte Suprema le indica al organismo recaudador que le puede reclamar la deuda impositiva por no haber pagado el impuesto mínimo desde 2017.

R: Yo no debo ese dinero. Nunca lo recaudé. Nunca lo pagó el consumidor tampoco. Yo no pagué el impuesto que quería Massalin. Y gané el juicio en el Contencioso administrativo.

P. La Corte es la última instancia. Es, además, una ley aprobada transversalmente que usted decidió no cumplir.

R. No estoy cumpliendo porque la justicia me dio la razón acerca de la inconstitucionalidad. Yo no tengo deuda con el Estado. No le debo nada al Estado. Lo que vendí y recaudé por impuestos ad valorem, o sea, en proporción a mi precio, está pagado.

P. Usted hizo lo que quiso.

R. No hice lo que quise.

P. Vendió al precio que quería vender desconociendo una ley nacional.

R. No, lo que yo hubiera querido que pase en 2017 es que no haya una ley que me sacara afuera del mercado. Tengo la obligación de hacer lo mejor posible para la empresa, de llevar al límite las posibilidades técnicas y legales para que la empresa opere. Además, el juicio me costó un montón de dinero y todavía tengo un final abierto. No hice lo que quise. Hice lo que ellos quisieron, los que Massalin quiso, que es distinto. No me hizo feliz todo esto.

P. Pero reconoce que creció exponencialmente.

R. Al triple de la venta, sí.

P. El año pasado contrató a un lobbysta para persuadir a los diputados en la llamada ley Ómnibus. ¿Cuáles eran sus argumentos?

R. Contratamos una empresa que había dejado de trabajar con Massalin dos meses atrás. Se llama Blapp y el líder es Esteban Bicarelli. El argumento básico es: dejen convivir a las multinacionales con las locales. ¿Cómo hace para sobrevivir una empresa teniendo que vender al precio de Marlboro? ¿Cómo haría FIAT para vender al precio de Mercedes-Benz?

P. El jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, se ganó el apodo de Pucho por defender su posición. ¿Cómo hizo para persuadirlo? No se le conocía interés en la defensa de las empresas tabacaleras nacionales contra las multinacionales.

R. Sí, tenía interés. Ritondo es de la provincia de Buenos Aires, al igual que Tabacalera Sarandí. No va a cuidar los intereses de Salta [el gobernador de Salta, el peronista Gustavo Sanz, ha denunciado a Otero por importar tabaco de Brasil en detrimento de los productores del norte argentino].

P. Ustedes consiguieron sacar el capítulo tabaco de la ley que se terminó aprobando.

R. Massalin tiene una embajada atrás. Tiene una cámara que es AmCham [Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina] Y el capítulo no lo retiramos nosotros. Hicimos tanto batifondo que el Poder Ejecutivo decidió retirarlo. El tuit de Milei acerca de “el señor del tabaco” es en el tratamiento de la Ley Ómnibus, que cae por minoría parlamentaria. Después se reduce a la Ley Bases. Como ellos querían que se aprobara, retiraron este tema y otros temas.

P. En ese contexto, la cámara tabacalera lo denunció por pagar sobornos por cuatro millones de dólares.

R. Sí, CANET (Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras). Dicen que yo le di un sobre al exnúmero uno de la AFIP en la época del peronismo [en referencia al diputado nacional Carlos Castagneto]. Fijate si voy a ser tan tarado de darle un sobre a un funcionario de alto rango. Eso es todo un fake.

P. El Gobierno lo acaba de denunciar por lavado de dinero.

R. La denuncia, para empezar, no detalla un delito. Me acusan de generar dinero por lavado. Debería decir si es lavado, secuestro, extorsión o drogas o donde yo introduje ese dinero en facturas por las cuales se pagó el 85% del impuesto. No se lo cree nadie eso. Nadie va a lavar el 85% del impuesto.

P. Se publicó que, en la ley de sinceramiento fiscal, usted blanqueó 60 millones de dólares.

R. No lo puedo decir porque es un enorme peligro para mi seguridad personal y para mi familia.

P. Salió en el diario La Naciòn.

R. Pero no voy a decirte cifras. Lo hice para plantear un tapón fiscal, que es un reseteo de tus récords, de tus operaciones anteriores, a cambio de un impuesto o de una tasa. Lo hice por desconfianza. Si Argentina fuera un país serio, no me hacía falta hacerlo.

Otero recibió hace poco una alerta de sus abogados en los Estados Unidos. Si intenta entrar al país el Departamento de Seguridad Nacional lo podría detener. Su próximo destino empresarial es Uruguay.

—La idea es ir a Uruguay con tres puntas: fabricar autos de competición, negocios inmobiliarios y servicios financieros. En Uruguay hay zonas francas para fabricar autos. Podés traer lo que sea, cualquier componente del mundo sin impuesto y sacarlo también sin impuesto. También se pueden traer servicios financieros a la zona franca. Y estamos viendo de construir algo ahí. Mi país me está echando.

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Nuevo revés para Tabacalera Sarandí en una causa por evasión de impuestos

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La Cámara Federal Casación rechazó un pedido de la compañía para ser querellante en una causa que la tiene como investigada

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de Tabacalera Sarandí SA para ser querellante en una causa que impulsó la AFIP en Mar del Plata por la falsificación de estampillas en paquetes de cigarrillos para evadir impuestos.

La decisión fue adoptada por los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, a cargo de Mariano Hernán Borinsky -como Presidente-, Javier Carbajo y Angela E. Ledesma, que resolvieron por unanimidad declarar inadmisible el recurso interpuesto por el apoderado de la compañía. Así convalidaron fallos de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar Del Plata y del juez de primera instancia en el mismo sentido.

Los jueces remarcaron que la denuncia que dio origen a las actuaciones fue formulada por la AFIP y tiene justamente como investigada -entre otras personas jurídicas- a la tabacalera, acusada de falsificar timbres fiscales para eludir impuestos. De hecho, Tabacalera Sarandí fue allanada en el marco de la instrucción, que se encuentra en pleno trámite en primera instancia.

En la resolución se destacó que frente al incipiente estado de la investigación y a la espera del resultado de las distintas medidas de prueba ordenadas a fin de esclarecer los hechos denunciados y determinar responsabilidades penales, la pretensión de la empresa no puede prosperar.

La tabacalera ya había sido noticia en mayo pasado cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó un fallo que la beneficiaba y le permitía pagar menos impuestos.

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