El ministro del Agro, José Luis Garay dio una vuelta de tuerca a la cruzada que encabeza el Gobierno en defensa de los pequeños productores yerbateros. Ante la imposibilidad de que el Instituto Nacional de la Yerba Mate endurezca las condiciones de pago de la materia prima, el titular de la cartera productiva impulsa que al menos los litigios que inicien los productores cuando denuncian compras por debajo del precio oficial, deban dirimirse en juzgados provinciales o federales en zona productora, es decir, Misiones o Corrientes.
La iniciativa de Garay apunta a evitarle malos tragos a los productores que además de cobrar por debajo de los precios oficiales, si reclaman, deben litigar en domicilios alejados de sus chacras. El ejemplo es la empresa Sacsa, denunciada por retener recursos por “pago temprano”. La operatoria es pagar al precio oficial, pero realizar un descuento por cobro acelerado o esperar hasta un año para cobrar.
La firma que es proveedora de la correntina Las Marías, tiene domicilio legal en San Luis, donde litiga. La compañía hasta consiguió que el Consejo de Ciencias Económicas de San Luis se involucre y emitirá una opinión sobre si corresponde o no realizar el descuento.
“Si no provocamos alguna medida en este sentido a fin de que el pequeño productor litigue en domicilio cercano, las grandes empresas seguirán perjudicando al pequeño productor”, puntualizó el ministro.
Garay pretendía que el INYM fije plazos y formas de pago, además del acuerdo de precio alcanzado en esta ocasión por unanimidad. Sin embargo, ninguno de los once directores vinculados a la producción, aceptó imponer esas condiciones. Incluso los productores. “Dejamos abierta la ventana para que no se cumplan los precios y algunos vivos hagan trampa”, advirtió Garay.
Ante el requerimiento de los diputados, Garay reveló que las promesas de fondos de la Nación todavía no se cristalizaron. “Los fondos del Fondagro tienen problemas de implementación. La verdad es que financiar un cheque posdatado, es una operatoria que es casi imposible de realizar. Avanzamos sí con créditos a través del Banco Macro con subsidio de tasa del INYM. Pero los fondos del Fondagro siguen operatoria compleja”, explicó.
También reveló demoras en el FET por 750 millones de pesos.
En paralelo, el ministro insiste con la culminación del Registro de Yerbateros y la creación del Centro de Transacciones, que ya opera en modo de prueba en Jardín América, Dos de Mayo y en un establecimiento privado, de Luis Perez en San Pedro.
La denuncia contra Sacsa fue acompañada por Garay, quien impulsó presentaciones ante la AFIP, Rentas y el INYM, que es el órgano que tiene que actuar. “Se están haciendo las actuaciones, voy a hacer nuevo requerimiento. Se corrió traslado a la firma en San Luis. Además he presentado al INYM varias denuncias más, otra de otro productor de San Pedro, afectado por una operatoria similar y de un secadero de yerba afectado por misma modalidad”, contó Garay en la Legislatura, donde expuso en el marco del análisis de la ley de Presupuesto.
El presupuesto para la cartera agraria para 2018 será de 1545 millones de pesos, un 20,9 por ciento más que el vigente. El Fondo Especial del Tabaco representará 1.175.653.000 pesos.
Garay explicó que se seguirá apostando al respaldo a pequeños productores y una de las preocupaciones pasa por la vacunación contra la aftosa. El Agro quiere que la vacunación gratuita se extienda hasta los que tienen 200 cabezas de ganado. La Nación quiere limitar el plan hasta quienes tienen 100 cabezas. Cada vacuna sale un dólar.
