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Caputo dará este miércoles una conferencia con anuncios económicos

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El ministro de Economía, Luis Caputo, dará este miércoles por la mañana una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda en la que anunciará nuevas medidas económicas, en una presentación rodeada de hermetismo. El Gobierno confirmó la actividad después de la reunión de la Mesa Política realizada el martes en la Casa Rosada, pero evitó precisar tanto el contenido como el horario exacto de la exposición.

La aparición pública del titular del Palacio de Hacienda tendrá lugar en un momento sensible para el programa económico. El dólar mayorista volvió a superar los $1.500 después de varias semanas de tensión en el mercado de pesos y movimientos en las tasas de interés, mientras la recuperación de la actividad continúa mostrando un comportamiento heterogéneo entre sectores.

Ese contexto coloca a los anuncios bajo una doble lupa: la respuesta inmediata de los mercados y su capacidad para incidir sobre una economía que todavía enfrenta restricciones sobre el consumo, el crédito y la inversión. Hasta el momento, el Ejecutivo no confirmó si las medidas estarán orientadas específicamente a acelerar la recuperación económica.

La conferencia tendrá además una sincronización política relevante. Caputo hablará antes de que la Cámara de Diputados avance este miércoles con dos iniciativas centrales para el oficialismo: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y una nueva versión del proyecto de Inocencia Fiscal, conocido como Inocencia Fiscal II.

Ambos proyectos forman parte de la agenda con la que la administración de Javier Milei busca consolidar las bases institucionales de su programa económico y proyectar su estrategia hacia las elecciones de 2027. La reforma del BCRA, en particular, toca uno de los núcleos de la arquitectura monetaria del Gobierno, mientras que el proyecto fiscal apunta a modificar las condiciones bajo las cuales se relacionan los contribuyentes con el Estado.

La confirmación de la conferencia surgió luego de una nueva reunión de la Mesa Política, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Allí se repasó la agenda legislativa y distintos aspectos de la gestión, en una semana que también tendrá una sesión del Senado prevista para este jueves, con tratamiento de pliegos de jueces y distintos tratados internacionales.

El escenario económico agrega presión a la definición de las próximas medidas. La suba del dólar mayorista y la volatilidad de las tasas colocaron nuevamente el frente cambiario y financiero entre las variables observadas por empresas e inversores. Al mismo tiempo, la mejora de algunos indicadores de actividad convive con dificultades en sectores que todavía no recuperaron niveles previos.

La expectativa también se alimenta de la reciente instrucción de Milei a sus funcionarios para que salgan a “militar y defender el modelo”, en medio de cuestionamientos sobre el impacto de las políticas oficiales en el consumo, el empleo y la situación de las empresas. En ese marco, cualquier anuncio de Caputo será leído no solo por su contenido técnico, sino también como una señal sobre la siguiente etapa del programa económico.

El antecedente inmediato fue la conferencia del 13 de agosto, cuando Economía anunció una flexibilización de los créditos en dólares para ampliar el acceso al financiamiento en moneda extranjera. La modificación permitió que empresas sin ingresos vinculados con exportaciones pudieran acceder a ese tipo de préstamos.

La normativa estableció que los bancos podrían destinar a esas financiaciones hasta el equivalente al 15% de sus depósitos en dólares. Al mismo tiempo, incorporó exigencias prudenciales superiores para esas operaciones, con un requisito de capital mínimo equivalente al 125% del aplicable a financiaciones comparables y una exposición crediticia computada por 1,25 veces.

En aquella oportunidad, Caputo explicó que el objetivo era ampliar la capacidad prestable del sistema financiero y generar incentivos para que los dólares de los argentinos ingresen y permanezcan dentro de los bancos. La medida buscó así conectar la disponibilidad de liquidez en moneda extranjera con una mayor oferta de crédito para el sector privado.

El ministro también había anticipado que el Gobierno analizaba mecanismos para ampliar el crédito hipotecario. Entre las alternativas mencionó la posibilidad de que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) licite depósitos de largo plazo, de modo que las entidades bancarias puedan disponer de mayor fondeo para financiar hipotecas.

La nueva conferencia abre ahora otra incógnita sobre la dirección de la política económica. Con el mercado cambiario bajo observación, el Congreso discutiendo cambios estructurales para el BCRA y una actividad que todavía presenta velocidades diferentes según el sector, el contenido de los anuncios determinará si se trata de una medida de corto plazo para administrar tensiones o de una señal más amplia sobre la próxima fase del programa económico.

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El dólar superó los $1.500 y el mercado mira ahora las tasas y la actividad

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El dólar mayorista cerró este lunes en $1.510 y superó por primera vez la barrera de los $1.500, en una jornada que dejó una señal relevante para el mercado: el Gobierno permitió una mayor corrección del tipo de cambio, aunque hacia el final de la rueda apareció intervención oficial para contener la cotización. El movimiento volvió a colocar en el centro de la escena la relación entre dólar, tasas de interés y actividad económica.

La suba fue de $11 respecto del cierre previo, equivalente a 0,7%, y representó el avance diario más importante para un lunes en varias semanas. El dólar oficial en el Banco Nación terminó en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta, mientras que el blue cerró en $1.545 y $1.565, respectivamente. El MEP se ubicó en $1.539,70 para la venta y el contado con liquidación llegó a $1.600,40.

El dato central, sin embargo, no estuvo únicamente en el nuevo precio del dólar. Los operadores observaron desde el comienzo de la rueda una menor presencia oficial en el mercado de futuros, una señal que fue interpretada como un relajamiento de la estrategia utilizada durante las semanas anteriores para evitar que el tipo de cambio perforara el techo informal de $1.500.

Gabriel Caamaño, de Outlier, señaló que por primera vez desde el martes anterior la variación diaria del interés abierto en futuros de dólar Rofex resultó negativa, con una reducción de 34.782 contratos. La lectura del mercado fue que el Banco Central habría reducido su participación mediante este mecanismo.

La intervención, de todos modos, no desapareció. Según reportes citados por el mercado, la presencia oficial se hizo visible hacia el cierre para defender el nivel de $1.510. PPI, además, observó un fuerte incremento en la negociación de la letra dólar linked más corta, que movilizó US$168 millones, frente a los US$77 millones del viernes, lo que podría indicar participación del Banco Central en el mercado secundario de estos instrumentos.

El cambio de estrategia adquiere relevancia porque durante las últimas semanas el Gobierno había utilizado distintas herramientas para moderar la presión cambiaria. A las operaciones en futuros y dólar linked se sumaron intervenciones puntuales del Tesoro y una política de tasas que buscó absorber liquidez y contener la demanda de dólares.

Ahora aparece una tensión diferente. Una tasa elevada puede contribuir a sostener la estabilidad financiera y cambiaria, pero también encarece el crédito, dificulta la refinanciación de empresas y familias y puede retrasar la recuperación de sectores con menor capacidad de acceso al financiamiento.

Por eso, el mercado empieza a observar el movimiento del dólar no solo como una cuestión cambiaria sino como parte de una ecuación más amplia. Gustavo Ber planteó que una estabilización de las tasas en pesos resulta necesaria para que la economía pueda recuperar dinamismo. En esa lectura, una menor presión para sostener artificialmente el dólar en $1.500 podría abrir margen para una relajación de los rendimientos financieros.

El costo de defender ese nivel cambiario ya había sido advertido por la consultora 1816. La discusión pasa ahora por determinar cuánto puede desplazarse el tipo de cambio sin trasladar presión significativa a precios y expectativas, y cuánto espacio existe para reducir las tasas sin reactivar una demanda de dólares que vuelva a tensionar el mercado.

El calendario financiero agrega otro elemento. Esta semana vence la D31G6 por US$2.595 millones, el mayor vencimiento de este tipo durante la gestión de Javier Milei, por encima de los US$2.247 millones correspondientes al vencimiento de julio. PPI recordó que, ante el vencimiento anterior, el Banco Central no compró dólares y el Tesoro llegó a vender US$150 millones para mantener el tipo de cambio por debajo de $1.500.

La señal que deja la rueda es, entonces, más compleja que un simple salto del dólar. El Gobierno parece haber tolerado un movimiento alcista acotado, mientras conserva herramientas para intervenir si la cotización amenaza con desbordarse. En paralelo, el mercado empieza a descontar que una menor presión sobre el tipo de cambio podría permitir una reducción de las tasas.

Ese eventual cambio sería relevante para la economía real. La construcción, entre otros sectores que enfrentaron mayores dificultades durante esta etapa, podría beneficiarse de condiciones financieras menos restrictivas. También podrían mejorar las posibilidades de refinanciación para empresas y hogares, siempre que la reducción de tasas no vuelva a alimentar una presión cambiaria que obligue a revertir la estrategia.

La jornada dejó así un nuevo precio de referencia, pero sobre todo una pregunta de política económica: cuánto puede dejar correr el Gobierno al dólar para aliviar las tasas sin perder el control sobre las expectativas cambiarias. La respuesta tendrá impacto directo sobre el crédito, la inversión y la velocidad de recuperación de la actividad.

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Crédito récord: la ganadería lleva su deuda bancaria al máximo en 20 años

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La ganadería argentina atraviesa un ciclo de fuerte expansión del financiamiento bancario. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), elaborado a partir de información del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los saldos de deuda de las empresas dedicadas a la cría bovina alcanzaron en junio los US$1.562 millones, el nivel más elevado de los últimos 20 años cuando se mide la deuda en dólares.

Según se desprende de los datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), los saldos de deuda provenientes de préstamos contraídos por empresas ganaderas alcanzan -medidos en dólares- su nivel máximo de los últimos 20 años, superando incluso los registros alcanzados entre fines de 2017 y comienzos de 2018, cuando se registró otro de los momentos de mayor expansión del crédito bancario.

Esta situación surge al analizar la evolución de los pasivos contraídos por las empresas ganaderas con entidades financieras, a partir de los saldos pendientes por actividad económica publicados por el BCRA al cierre del segundo trimestre del año.

Como primer punto a destacar, desde comienzos de 2024 hasta la actualidad se observa un crecimiento prácticamente ininterrumpido de los saldos adeudados por las empresas del sector. Según la estadística publicada al 30 de junio de este año, los préstamos bancarios otorgados a empresas ganaderas —específicamente aquellas dedicadas a la cría de ganado bovino, excepto cabañas— ascienden a un total de USD 1.562 millones. Esto representa una expansión del 38% durante los primeros seis meses del año y del 47% respecto de los saldos registrados doce meses atrás.

A priori, los números absolutos muestran que, desde comienzos de 2024, los saldos de deuda contraídos por las empresas del sector se han más que triplicado, al pasar de menos de USD 500 millones a los actuales USD 1.562 millones. No obstante, es válido aclarar que, puesto que los saldos se expresan en dólares a efectos de homogeneizar la comparación, la variación de los montos mencionados puede reflejar tanto cambios en el volumen de crédito como movimientos en el tipo de cambio y en la composición monetaria de dichos préstamos.

A su vez, otro aspecto a destacar es el fuerte crecimiento observado en la proporción de préstamos nominados en moneda extranjera. Actualmente, el 43% de los saldos adeudados corresponde a este tipo de operaciones, frente al 30% registrado un año atrás, el 22% en junio de 2024 y menos del 10% durante los dos años previos.

Si bien la estabilidad cambiaria registrada durante el último año, junto con el menor costo nominal de las financiaciones en dólares, favorecieron las condiciones para la toma de este tipo de préstamos, también se observa una ventaja muy clara al comparar las tasas reales de las financiaciones nominadas en dólares y en pesos.

Según la estadística publicada por el BCRA correspondiente al segundo trimestre del año, la tasa promedio a la que accedía al crédito el sector ganadero rondaba el 53% anual para los préstamos en pesos. Si bien es cierto que la historia reciente nos remite a tasas de hasta tres dígitos, especialmente durante el último tramo de 2023, previo al cambio de gobierno, la realidad es que, por entonces, la inflación en pesos llegaba a duplicar ese costo, por lo que el costo real del dinero resultaba negativo.

Hoy, con una inflación promedio fluctuando en torno al 33% anual, la diferencia simple es efectivamente 20 puntos porcentuales. Un año atrás, aún con una tasa nominal más baja, del 47%, pero con una inflación que todavía fluctuaba en torno al 39% anual, arrojaba una diferencia de apenas 8 puntos porcentuales, brecha que prácticamente se duplicó durante el último año.

En términos reales, considerando la relación entre ambas tasas, el costo financiero se ubica en torno al 15% anual frente al 6% resultante, un año atrás.

Distinto es el caso de las tasas nominadas en moneda extranjera. Según la estadística publicada por el BCRA correspondiente al segundo trimestre del año, la tasa promedio a la que accedía al crédito el sector ganadero rondaba el 6% anual para los préstamos en dólares, apenas 2 puntos porcentuales por debajo de lo registrado un año atrás. Sin embargo, al considerar la variación del tipo de cambio, tenemos que la inflación en dólares durante este último periodo fue del 7,5% anual, lo que se traduce en una tasa real negativa, para préstamos contraídos en moneda extranjera.

En este contexto, mientras que dos años atrás la inflación en pesos licuaba gran parte del costo financiero de la deuda contraída en moneda nacional, hoy este costo real aumentó significativamente. En tanto, la mayor estabilidad del tipo de cambio frente a la variación del resto de los precios nominados en moneda nacional genera una inflación en dólares superior al costo de contraer financiación nominada en moneda extranjera. De este modo, la ecuación se invierte y la tasa real en dólares se torna ligeramente negativa, (-1,6% anual).

Claro está que, a medida que nos acerquemos al período electoral, estas alternativas de financiación vuelven a tornarse más riesgosas ante eventuales movimientos del tipo de cambio, en un contexto en el que la incertidumbre política tiende a crecer, más allá de la contención que genera la estabilidad de las variables macroeconómicas.

No obstante, más allá del costo real que naturalmente debe tener el dinero en un contexto en el que las tasas pagadas por tomar financiación vuelven a ser positivas para cualquier actividad productiva, lo que el productor ganadero no debería dejar de contrastar es qué rendimiento genera efectivamente esa financiación dentro de su actividad.

En este sentido, el valor del ternero —por tomar la categoría de hacienda más representativa de la cría— creció durante el último año un 68% en términos nominales, frente a un costo de tomar dinero que, en promedio, se ubicó en el 53% anual. Si bien esta comparación no implica por sí misma que toda inversión financiada resulte rentable, sí refleja una relación de precios que, en principio, mejora el atractivo de apalancar determinadas decisiones productivas.

Esta relación favorable, que se viene registrando de manera prácticamente ininterrumpida durante los últimos tres años, genera un contexto potencialmente favorable para la inversión en producción.

Sin embargo, todavía existe un amplio margen para seguir afianzando el financiamiento del sector. La ganadería tiene ciclos productivos largos y una fuerte inmovilización de capital en hacienda. Por eso, no alcanza con que exista crédito: el plazo debe ser compatible con el ciclo biológico y comercial de la actividad.

Esto será determinante para transformar las actuales condiciones favorables de la actividad en mayor inversión, crecimiento y oferta ganadera

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Deuda y morosidad récord: CADAM advierte que el crédito se convirtió en un “salvavidas de plomo”

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La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) volvió a poner el foco sobre uno de los factores que comienza a condicionar con mayor fuerza al consumo: el creciente endeudamiento de los hogares y el peso que las cuotas, intereses e impuestos tienen sobre los ingresos disponibles de las familias.

La entidad recordó que había advertido sobre este escenario en febrero de 2025, cuando publicó un informe bajo el título “Créditos a los sectores vulnerables: ¿Un salvavidas o un ancla?”. Entonces señalaba que el acceso al financiamiento, lejos de funcionar necesariamente como una herramienta de alivio para los sectores de menores ingresos, podía terminar profundizando sus dificultades financieras.

Más de un año después, CADAM sostiene que aquella advertencia cobró especial vigencia ante el crecimiento de la morosidad de las familias, particularmente en los préstamos concedidos fuera del sistema bancario tradicional, un segmento en el que adquirieron mayor protagonismo las fintech y las billeteras virtuales.

El fenómeno tiene una derivación que excede al mercado financiero. Para los distribuidores mayoristas, cada peso que los hogares deben destinar al pago de cuotas, intereses y cargos financieros es un peso que deja de estar disponible para alimentos, artículos de limpieza y otros productos esenciales.

De ese modo, el deterioro de la capacidad de pago termina trasladándose al consumo masivo, en momentos en que los hogares deben administrar con mayor cautela sus ingresos.

El costo de la morosidad termina en la tasa

CADAM plantea que tanto las entidades bancarias como las plataformas financieras deberían quedar sujetas a una regulación que contemple especialmente sus niveles de morosidad.

El argumento es que una cartera con una elevada proporción de créditos incobrables no afecta solamente a la entidad que concedió esos préstamos. Ese riesgo termina incorporándose al costo financiero de los nuevos créditos y, finalmente, trasladándose a quienes sí cumplen con sus obligaciones.

“Cuando una entidad presta mal y acumula incobrables, incorpora ese costo a la tasa de interés. En definitiva, el que paga termina pagando también por el que no paga”, advirtió la cámara.

Sobre esa base, CADAM propone evaluar mecanismos mediante los cuales los altos niveles de morosidad deriven en mayores exigencias regulatorias o de encajes para las entidades financieras.

La organización aclara que el planteo no apunta a establecer controles directos sobre las tasas de interés, sino a generar incentivos para mejorar los criterios de otorgamiento y promover un esquema de crédito más responsable.

Impuestos que también encarecen el financiamiento

A la tasa de interés y al riesgo de incobrabilidad se suma, según el diagnóstico de los mayoristas, la presión tributaria que recae sobre las operaciones financieras.

Ingresos Brutos, Sellos y otras cargas provinciales o municipales forman parte de la estructura de costos que finalmente enfrenta quien toma un préstamo.

CADAM resume esa combinación en una ecuación: costo del dinero, más incobrables, más impuestos, igual a crédito caro.

Por eso, la entidad considera que una política orientada a recuperar el consumo debería actuar simultáneamente sobre ambos frentes: reducir la morosidad mediante una regulación más estricta sobre la calidad de las carteras crediticias y disminuir los impuestos que encarecen los préstamos personales.

“Si queremos recuperar el consumo, debemos bajar la morosidad y sacar los impuestos que encarecen el financiamiento de los préstamos personales”, sostuvo la cámara, que también reclamó una mayor intervención regulatoria del Banco Central sobre bancos y fintech.

El planteo adquiere relevancia porque el deterioro financiero de los hogares puede generar un círculo difícil de quebrar. Las familias recurren al crédito para compensar la falta de ingresos disponibles, pero el costo del financiamiento reduce posteriormente su capacidad de compra. A medida que aumenta el peso de las cuotas, se achica el margen para el consumo cotidiano y crece, al mismo tiempo, el riesgo de incumplimiento.

Para CADAM, allí radica el problema que había anticipado en 2025: cuando el buen pagador debe absorber parte del costo generado por la morosidad y, al mismo tiempo, soportar los impuestos incorporados al financiamiento, el crédito deja de funcionar como una herramienta para atravesar dificultades o anticipar consumo y termina convertido en un “salvavidas de plomo”.

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La CGT y las CTA reclamaron un plan de refinanciación ante el salto del endeudamiento de familias y Pymes

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La CGT, las dos CTA y movimientos sociales llevaron al Ministerio de Economía un reclamo que busca instalar una discusión que excede el nivel de las tasas de interés: cómo evitar que el endeudamiento de los hogares y las pequeñas empresas termine convirtiéndose en un nuevo freno para el consumo, la producción y el empleo. Las organizaciones sindicales exigieron al Gobierno de Javier Milei la puesta en marcha de un “programa de refinanciación de deudas” frente al fuerte aumento de la morosidad.

La movilización llegó hasta el Palacio de Hacienda sin un acto central ni escenario para discursos. Los dirigentes entregaron un documento en el que plantearon que el equilibrio macroeconómico no puede evaluarse únicamente por las variables financieras, sino que debe incorporar una solución al endeudamiento de familias y Pymes y una estrategia para recuperar la actividad de la economía real.

El diagnóstico presentado por las centrales sindicales vincula directamente la pérdida de ingresos y el deterioro del consumo con el aumento del costo financiero. En esa lectura, cuando una familia deja de poder afrontar una tarjeta o un préstamo, reduce inmediatamente su capacidad de consumo; cuando una Pyme no consigue financiar su capital de trabajo, restringe su producción. La consecuencia final de esa cadena es una economía con menos ventas, menos actividad y mayor presión sobre el empleo.

El planteo adquiere mayor dimensión a partir de los datos atribuidos al Banco Central. Según las cifras citadas por las organizaciones sindicales, más de 20 millones de personas mantienen deudas con bancos y entidades no bancarias en Argentina, mientras que la morosidad de las familias se cuadruplicó desde diciembre de 2023 y alcanzó al 17,5% de los créditos personales.

Para las centrales, el problema no termina en el sistema financiero formal. El deterioro de la capacidad de pago puede expulsar a los hogares del crédito bancario y empujarlos hacia mecanismos informales de financiamiento, incluso para cubrir gastos esenciales. Allí, advierten, el costo del endeudamiento puede adquirir características usurarias y profundizar todavía más la vulnerabilidad económica.

El documento entregado en Economía propone, en ese sentido, una respuesta que combine extensión de plazos y reducción transitoria de la presión de las cuotas. La hipótesis es que una refinanciación con tasas compatibles con la evolución de los ingresos permitiría liberar recursos de los hogares y de las empresas, recuperar capacidad de consumo y sostener el capital de trabajo.

El reclamo también apunta al Banco Central. Las organizaciones pidieron que el organismo ejerza su función regulatoria sobre las tasas aplicadas a préstamos bancarios, aplicaciones financieras, billeteras virtuales y otros mecanismos capaces de generar endeudamiento entre personas físicas. La demanda busca ampliar la discusión sobre el costo del crédito a todo el ecosistema financiero que hoy utilizan los hogares.

En paralelo, reclamaron un diagnóstico específico sobre la situación de las Pymes, especialmente aquellas cuyo endeudamiento compromete el capital de trabajo y pone en riesgo la continuidad de la actividad. El argumento es que una política de alivio financiero para empresas pequeñas no debería ser vista únicamente como una asistencia al sector privado, sino como una herramienta para preservar unidades productivas y puestos de trabajo.

La CGT sostuvo que “el endeudamiento es una política de gobierno” y cuestionó el modelo económico por obligar, según su diagnóstico, a familias a recurrir al crédito para afrontar alimentación, alquiler y servicios básicos. La protesta reunió a los integrantes del triunvirato de la central, Cristina Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, además de dirigentes como Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez.

Desde la CTA Autónoma, Rodolfo Aguiar advirtió sobre el riesgo de que el endeudamiento termine actuando como un factor de conflictividad social. El secretario general de ATE sostuvo que millones de hogares atraviesan una situación crítica y reclamó que el Gobierno utilice sus herramientas regulatorias para limitar los costos financieros e implementar un programa de desendeudamiento.

Más allá de la disputa política, el eje económico del reclamo abre una discusión relevante sobre la relación entre estabilidad macroeconómica y economía real. Una reducción de la inflación o una mejora de determinadas variables financieras no necesariamente se traduce en una recuperación automática de los ingresos disponibles si una proporción creciente del salario o de la facturación empresarial queda comprometida por cuotas, intereses y refinanciaciones.

Ese es, precisamente, el punto de mayor profundidad del documento sindical: la deuda no aparece como un fenómeno aislado, sino como una consecuencia y, al mismo tiempo, como un mecanismo que puede profundizar la caída de la actividad. Si los hogares destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al pago de obligaciones financieras, consumen menos. Si las empresas enfrentan dificultades para financiar su capital de trabajo, producen menos. Y si ambas variables retroceden simultáneamente, la recuperación del empleo se vuelve más difícil.

Desde esa perspectiva, una política de refinanciación no debería limitarse a postergar vencimientos. El desafío sería diseñar mecanismos que reduzcan efectivamente la carga financiera, extiendan los plazos y vinculen las condiciones de pago con la evolución de los ingresos. En el caso de las Pymes, la clave estaría en preservar capital de trabajo y capacidad productiva, evitando que una crisis de liquidez transitoria termine en cierre definitivo.

La discusión plantea, además, una cuestión central para cualquier estrategia de crecimiento: quién tiene capacidad para sostener el ciclo económico. El consumo de los hogares genera demanda; la demanda sostiene las ventas; las ventas permiten producir; la producción sostiene el empleo. Cuando ese circuito se rompe por una combinación de ingresos insuficientes y alto costo financiero, la deuda deja de ser solamente un problema individual y comienza a adquirir una dimensión macroeconómica.

Por eso, el reclamo de la CGT y las CTA puede leerse como una propuesta para desplazar parte del foco desde las cuentas financieras hacia las cuentas concretas de hogares y empresas. El desafío no consiste solamente en reducir la morosidad, sino en evitar que el endeudamiento se convierta en una barrera estructural para la recuperación del consumo y la inversión.

La salida que proponen las organizaciones sindicales incluye, además, una estrategia más amplia de estímulo a la inversión productiva y diversificación de la matriz económica. En esa concepción, refinanciar deudas sería una herramienta de emergencia dentro de una política mayor orientada a recomponer ingresos, activar la capacidad instalada, ampliar mercados y generar empleo.

El punto de fondo es que la sostenibilidad económica también se mide en la capacidad de las familias para llegar a fin de mes y de las empresas para sostener su actividad. Si la estabilización financiera se construye sobre hogares cada vez más endeudados y Pymes con menor capital de trabajo, la economía puede mostrar equilibrio en algunas variables mientras acumula tensiones en otras.

El reclamo entregado en el Ministerio de Economía pone así sobre la mesa una alternativa concreta frente a la morosidad: refinanciar, bajar la presión de las cuotas, regular el costo del crédito y proteger el capital de trabajo de las empresas. Pero también plantea una condición de fondo para que esa solución sea sostenible: recuperar los ingresos y la actividad productiva para que las familias y las empresas vuelvan a tener capacidad genuina de pago.

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