Franco y a Gianfranco Macri, padre y hermano del presidente de la Nación respectivamente, fueron citados a indagatoria en una investigación derivada de la causa de las fotocopias de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno. Deberán responder por el presunto pago de coimas para mantener las concesiones asignadas a Autopistas del Sol, empresa que el holding de la familia presidencial vendió después de la asunción de Mauricio Macri.
Las declaraciones indagatorias del próximo 13 de diciembre ordenadas por el juez federal Claudio Bonadio también alcanzarán a otros empresarios viales y a funcionarios de la gestión kirchnerista. La investigación es desprendimiento de la causa que surge de las fotocopias de los cuadernos, donde el extitular del Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCOVVI) Claudio Uberti aseguró, en calidad de arrepentido, que todas las semanas recibía dinero por parte de esas empresas para entregarle al expresidente Néstor Kirchner o al exministro de Obras Públicas Julio De Vido.
La familia Macri vendió en 2017 las acciones que tenía en Autopistas del Sol, que mantiene la concesión de la autopista Panamericana, por un total de 20 millones de dólares. La transacción fue denunciada ante la Justicia Federal por la exdiputada Margarita Stolbizer para investigar si el mandatario no benefició a su familia al habilitar aumentos en los precios de los peajes, que valorizan más las acciones de la firma.
El hermano de Macri ya había recibido un beneficio directo por parte del Presidente, cuando por decreto permitió que los familiares de los funcionarios de Gobierno pudieran ingresar al blanqueo de capitales votado por el Congreso en 2016. Gracias al decreto presidencial, Gianfranco blanqueó 63,5 millones de pesos.
Además de los Macri también deberán declarar los responsables de otras empresas viales, según adelantó el portal Infobae. Entre ellas, el Grupo Concesionario del Oeste, Concesionaria AEC, Corredor Americano, Equimac, Coarco, Homaq, Vialco, Decavial, Corredor Americano, Podestá Construcciones, Helport, ICF Americana, Coprisa, Covico, Noroeste Construcciones, Glikstein y Cía, Supercemento, Dragados y Obras Portuarias, Caminos del Río Uruguay. Las indagatorias que se extenderán hasta fin de año tendrán como protagonistas también al exministro De Vido, el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, al exsecretario de Obras Públicas José López y al propio Uberti.
La Legislatura frenó un intento de juicio político al Superior Tribunal por una jubilación de privilegio
El cierre de año político en Misiones fue protagonizado por el rechazo de la Sala Acusadora de la Cámara de Representantes al intento de promover un juicio político contra la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, a partir del reclamo del ex director de Rentas Miguel “Pimpy” Thomas por una jubilación de privilegio.
Lo ocurrido allí excede largamente un expediente previsional. Tiene una dimensión institucional nítida: cuando un interés personal pretende transformarse en una ofensiva contra uno de los poderes del Estado, el sistema democrático está obligado a responder. Thomas buscó reactivar un haber diferencial vinculado a un régimen especial que él mismo impulsó cuando estaba al frente de Rentas y que luego fue derogado por su carácter oneroso para las finanzas públicas. Al no lograr su objetivo por las vías administrativa ni judicial, ensayó una maniobra de presión: denunció un supuesto “retardo de justicia” y apuntó directamente contra la titular del máximo tribunal.
La Legislatura marcó un límite. La Comisión Investigadora analizó el planteo y lo descartó con fundamentos jurídicos y técnicos. Alejandro Arnhold, como presidente de la comisión, sostuvo que no existían causales que habilitaran un proceso de juicio político; Anazul Centeno advirtió que no se puede sentar en el banquillo a una jueza porque una resolución no satisface expectativas particulares; y José Luis Pastori remarcó las inconsistencias de origen del planteo.
En un contexto donde el discurso sobre el ajuste y el “cuidado de la plata de la gente” domina la agenda nacional, este episodio tuvo una traducción concreta en la política misionera: no se habilitaron atajos institucionales para restituir privilegios financiados con recursos públicos. Menos aún cuando el reclamo provino de un ex funcionario con trayectoria controvertida, desplazado del espacio misionerista y con un trasfondo político imposible de soslayar.Tampoco pasó inadvertido el contexto que rodea al apellido Thomas.
En el tablero político y judicial argentino, el nombre quedó asociado a episodios sensibles de los últimos años, con menciones públicas a Oscar Thomas, hermano del ex director de Rentas, detenido en la causa conocida como Cuadernos de las Coimas, vinculada a la obra pública y al kirchnerismo. En ese marco, el intento de llevar al Superior Tribunal al terreno del escándalo político fue leído, dentro y fuera de la Legislatura, como algo más que una simple disputa previsional: fue una pulseada por poder, dinero y posicionamiento.
