Solicitan que Misiones adhiera a la Ley Nacional de Regularización Dominial
Por medio de un Proyecto de Ley presentado en la Cámara de Representantes, el diputado del Partido Agrario y Social, Martín Sereno, y acompañado por sus pares de bloque, Carlos “Cali” Goring, Isaac Lenguaza y Giuliana Perié, busca que Misiones adhiera a la Ley 27.453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, creado por Decreto 358/2017, y sancionada en octubre del 2018.
“La aprobación de esta norma en el Senado de la Nación significó el reconocimiento a la necesidad de urbanización que tienen los barrios populares, y con la adhesión de la provincia, esperamos su ejecución amplia y plural y que llegue a todas las familias que lucharon durante muchos años por esta dignificación”, expresó Sereno en sus argumentos.
Se crearía un Comité de Aplicación
El autor del proyecto especifica que la autoridad de aplicación estaría compuesta por un Comité de Aplicación para la Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, que se crearía a partir de la nueva Ley, integrado por los y las representantes del Instituto de Desarrollo Habitacional (Iprodha); del Observatorio de Tierras; de los Ministerios de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud y de Derechos Humanos; de la Subsecretaría General de Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Violencia Familiar, y por cada una de las organizaciones que realizaron el relevamiento que contiene la norma. Esta conformación respetará la equidad de géneros entre los y las representantes.
“La Justicia sigue ejecutando desalojos”
El presidente del Bloque de Diputados del PAyS, advierte y lamenta que la Justicia continúe ejecutando órdenes de desalojo en la provincia.
“En los últimos meses, desde el PAyS y los movimientos sociales acompañamos reiteradas demandas de familias que acudieron a nosotros, para solicitarnos intervención, debido a que las demandas por usurpación se ejecutan sin que el Poder Judicial tenga conocimiento de ello, y sin tener en cuenta la complejidad que significa para las familias poder asesorarse en la Justicia.
Por eso que incluimos en el proyecto de adhesión, la inclusión de un Comité que resultaría vital”, remarcó Sereno.
Largo trabajo de la Mesa de Barrios Populares
En 2017 se creó por Decreto, el Registro Nacional de Barrios Populares que sintetizó el trabajo que desde el 2016 desarrollan las organizaciones y movimientos sociales en territorio nacional, constituyendo la Mesa Nacional de Barrios Populares.
Según el relevamiento nacional realizado entre los últimos dos años, existen más de 4000 barrios populares que se constituyeron mediante distintas formas de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, en ellos existe un gran déficit en el acceso formal a los servicios básicos, y más de la mitad de sus habitantes no cuenta con títulos de propiedad.
“Estamos frente a un hecho histórico, es una conquista enorme que lograron los movimientos populares a través de la organización y la lucha. Un gran trabajo que realizaron nuestros jóvenes militantes relevando todas las villas y asentamientos del país. Con esta Ley se podrá garantizar que se detengan los desalojos y que puedan exigir con el respaldo normativo, los derechos por el acceso a los servicios de luz, agua, cloacas y la integración urbana en los barrios. Es un gran paso en un contexto adverso para los sectores vulnerables, aunque esta batalla seguirá hasta que todas las familias tengan un techo digno”, afirmó el reelecto legislador del PAyS.
Se logró el Beneplácito, ahora falta la Ley
El 11 de octubre del 2018, el PAyS presentó un Beneplácito por la aprobación en el Senado de la Nación de la Ley de Integración Urbana para Barrios Populares, y con ella, la expropiación de los 4416 barrios populares de la Argentina, beneficiando a unas cuatro millones de personas. La iniciativa del bloque fue aprobada por el pleno de la Cámara de la Legislatura provincial.
La Ley declara utilidad pública y sujeta a expropiación, las tierras de todos los barrios, suspende los desalojos por cuatro años y establece que el 25% de las obras a realizarse estén en manos de las Cooperativas de Trabajo; estipula la creación de un régimen de integración socio urbana y la regularización de dominios para declarar esas tierras de utilidad pública, expropiarlas y urbanizarlas.
“En Misiones significan más de 21.700 familias que viven en más de 240 asentamientos informales, según el relevamiento que realizaron en la provincia las organizaciones Techo, la CTEP, el Movimiento Evita y Barrios de Pie, y urge que la provincia genere la legislación necesaria para frenar los desalojos que se siguen ejecutando. Para eso es fundamental contar el acompañamiento de todos y todas las diputadas para la sanción de este proyecto”, enfatizó Sereno.
