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Historial de incumplimientos climáticos pesa sobre la COP30 en Belém

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Escribe Emilio Godoy / Inter Press Service – Las cumbres climáticas tienen una ineludible lista de metas, compromisos y procesos inconclusos. En la antesala de una nueva conferencia, la COP30, a realizarse en Belém do Pará, en la Amazonia brasileña, desde el lunes 10 de noviembre, fue el propio secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien lo reconoció.

“Fallamos en evitar un aumento de temperatura bajo 1,5°C en los próximos años”, dijo en entrevista con Sumaúma, en referencia a la meta principal del Acuerdo de París sobre cambio climático.

Pero la situación no es nueva. La historia, desde al menos la 26 Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Cmnucc), en la ciudad escocesa de Glasgow, es una de incumplimientos y de avances escasos, tanto en América Latina como en el mundo, como lo exhibe una revisión realizada por este medio. 

Un ejemplo es la famosa “salida” de los combustibles fósiles y el aumento de generación a partir de energías renovables, acordados en el marco del Balance Mundial realizado en la COP28 en Dubái.

Para Claudio Angelo, del brasileño Observatorio del Clima, el problema consiste en la falta de plazos y formas de aplicación de las medidas en torno a compromisos como el abandono progresivo de los combustibles fósiles y el crecimiento de la generación de energía renovable.

“Nadie o casi nadie dijo lo que iba a hacer para su salida en las NDC. Las renovables avanzan sin concomitantemente abandonar fósiles, tendremos un escenario de adición, no una sustitución. Brasil no es un buen ejemplo, porque la generación siempre fue renovable”, analiza desde Brasilia.

Las NDC son las contribuciones determinadas a nivel nacional, el conjunto de políticas voluntarias de mitigación que cada país presenta para cumplir con el Acuerdo de París firmado en 2015. Y un común denominador, explica Angelo, es precisamente la ausencia de los compromisos obtenidos en los documentos que deberían guiar las políticas climáticas.

Si bien el Balance Mundial —proceso mediante el cual los países y otros actores revisan su avance hacia los objetivos de reducción de emisiones y control del calentamiento global—, junto con otras iniciativas como la la Alianza de Marrakech para la Acción Climática Global —una plataforma que vincula a gobiernos, ciudades, empresas y pueblos indígenas con el fin de reducir emisiones y fortalecer la resiliencia frente a los impactos climáticos—, marcan la ruta para cumplir con el Acuerdo de París, esta ha sido muy accidentada.

El estado de los compromisos de cara a Belém

La nororiental ciudad de Belém, en el estado amazónico de Pará, será la casa de la COP30 entre el 10 y 21 de noviembre, en busca de nuevas metas y de retomar – teóricamente – la senda perdida hacia el control de la catástrofe climática.

Un análisis de Carbon Brief muestra que apenas un tercio de las nuevas NDC menciona el compromiso de salida de los combustibles fósiles acordado en el Balance Mundial de la COP28. Brasil, por ejemplo, menciona el compromiso de salida de los fósiles, pero no establece metas concretas ni fechas para realizarlo. 

Las NDC son, precisamente, los instrumentos donde se deberían explicitar las medidas concretas para lograr los compromisos realizados. 

El caso brasileño —país que preside la COP30— se suma al de los otros grandes de la región, como México y Argentina. Si bien los tres han aumentado la generación eléctrica a partir de fuentes renovables, se ha tratado más de una complementariedad que de una sustitución, ya que continúan con fuertes inversiones en los fósiles.

De los países de la región, solo Chile y Cuba mencionan y establecen metas concretas y medibles para la salida de los fósiles, según establece un análisis del think thank E3G. Colombia, el único país productor de fósiles que suscribe al voluntario Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles, menciona la meta pero no establece medidas concretas a nivel nacional.

En su nueva NDC, Brasil se compromete al incremento de la participación de tecnologías y fuentes limpias, renovables y de bajo carbono en la matriz nacional.

Pero, a pesar del progreso renovable, la dependencia de Brasil de los combustibles fósiles contradice su política climática. El país figura entre las 10 naciones con las mayores reservas de crudo desarrolladas y planea aumentar su producción de gas y petróleo.

La producción de petróleo totalizaría 5,3 millones de barriles diarios (mb/d) en 2030 y disminuiría a 4,4 Mb/d en 2034, para un aumento de 30 % frente a 2023. Mientras, la producción de gas saltaría a 118% en 2031, en comparación con 2023.

Al mismo tiempo, el grupo petrolero estatal Petrobras ya recibió un permiso de exploración de petróleo en la desembocadura del río Amazonas. 

En los últimos años, se ha vuelto costumbre que cada COP termine con una declaración final, de naturaleza política y que recoge los principales compromisos asumidos.

Sin embargo, hay voces que apuestan a que no existan más y se apliquen mecanismos de implementación que den seguimiento real a los compromisos plasmados en años anteriores.

Las COP también han sido sede de una serie de compromisos voluntarios de los países, acordados por fuera de los mecanismos propios de la Cmnucc y, por ello, libres de escrutinio dentro del sistema climático internacional.

Según un conteo del sitio Ambición COP,  desde 2021, América Latina ha asumido 444 compromisos voluntarios, con Brasil a la cabeza (45), seguido por Chile y Colombia (43 cada uno), México (28) y Argentina (21).

En cumbres climáticas, como la 29 en Bakú, La capital de Azerbaiyán, los países participantes asumieron y reafirmaron metas climáticas, algunas de ellas voluntarias, de escaso avance. Imagen: Cmnucc

Defectos comunes

México vive una contradicción similar a la de Brasil. Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido 12 300 millones de dólares para generación renovable. Y 3600 millones para producción fotovoltaica descentralizada en las casas. Mantiene la política de apoyo público a las estatales Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

El gobierno ha establecido un objetivo para que Pemex aumente la producción de petróleo de 1,5 mbd a 1,8 millones a 2035, así como la producción gasífera, de 3800 millones de pies cúbicos (p3) diarios a 5000 millones de p3.

Entre 2013 y 2024, el gobierno mexicano proporcionó a Pemex unos 140,000 millones de dólares en apoyo financiero, de los cuales asignó 105,000 millones después de 2019, mientras el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) frenaba la transición energética.

Sheinbaum, su sucesora, anunció en agosto último la construcción de dos plantas termosolares en el noroccidental estado de Baja California Sur. Para la generación de más de 100 megavatios.

La matriz mexicana depende de los fósiles, pues en la producción energética representa  90 % y en la eléctrica, casi 80 %. Las renovables aportan 21 % de la generación eléctrica del país.

El nuevo plan eléctrico mexicano considera adiciones de energía eólica de 23,5 % y de solar fotovoltaica de 44 % para 2030. De esa cuenta, la meta de energía limpia consiste en 38,5 % para 2030 y 43,7 % para 2039.

Sin embargo, estos anuncios quedan cortos frente al compromiso asumido en Dubái.

“No hay modalidades y guías de aplicación. Nos falta una interacción más clara entre la ambición y la aplicación, tenemos que promoverla y a partir de ella, elevar la ambición. La presidencia (brasileña) de la COP tiene el reto de cómo pasar de la promesa a la acción”, dice Mariana Gutiérrez, gerente de Diplomacia y Transparencia Climática de la no gubernamental Iniciativa Climática de México, desde Ciudad de México.

Por otro lado, en Argentina la transición marcha en reversa durante la gestión del ultraderechista Javier Milei desde 2023. Pues más de la mitad de la electricidad procedió del petróleo y gas en 2024, mientras las renovables representaron 13 %.

Para este año, Argentina asumió el compromiso de la contribución renovable de 20 %.

A diferencia de otros países latinoamericanos y pese a su dependencia fósil, Colombia tiene metas ambiciosas de transición, con la incógnita del avance que logren.

Tres cuartos de la energía generada dependen de petróleo, gas o carbón y menos de 5 % de renovables no convencionales. En la generación eléctrica, el protagonismo lo tienen las hidroeléctricas con 58 %. Más de un tercio proviene de fósiles y el aporte de solares y eólicas es mínimo. 

Los escenarios del Plan Nacional de Energía 2022-2052 de Colombia proyectan reducciones a largo plazo en la producción de combustibles fósiles. La Hoja de Ruta para una Transición Energética Justa reitera la intención gubernamental de la eliminación gradual de la producción fósil.

Para ese propósito, Colombia anunció 14 500 millones de dólares para la transición energética, incluido el alejamiento de la producción fósil.

En un bosque

Otros compromisos han corrido el mismo destino. Por caso, deforestación, meta voluntaria asumida en la COP26 de Glasgow y repetida en la cumbre de Dubái.

La Declaración de Líderes sobre los Bosques y el Uso de la Tierra de Glasgow de 2021. Que respaldaron unos 150 países, consiste en el freno y reversión de la pérdida de bosques y la degradación del suelo para 2030.

Al año siguiente, el planteamiento mutó a la Alianza de Líderes de Bosques y Clima, durante la COP27. Celebrada en Sharm el Sheij (Egipto), y la declaración final de Dubái recogió los objetivos del anuncio de Glasgow.

Pero como lo muestra el reciente reporte “Evaluación de la declaración de bosques 2025”. La brújula hacia la meta de cero deforestación de 2030 está extraviada.

Por mucho, Brasil encabeza el problema en la región, con un nivel de 1.89 millones de hectáreas en 2024. Si bien la tendencia viene a la baja desde 2021. Luego del desastre ambiental empujado por la administración del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2023).

Para Angelo, del Observatorio del Clima, el tema forestal es menos complicado, pero “igual los criterios y plazos, especialmente el financiamiento. Es algo que hace falta definir” y resalta “la necesidad” de una hoja de ruta para la salida de fósiles y deforestación cero. Pero cuestiona que “ni siquiera están en la agenda formal”.

Le sigue Colombia, con un nivel de 200 000 hectáreas en 2023, más que el año previo. Mientras, México presenta una tendencia alcista desde 2020, con una tala de 180 000 hectáreas en 2023. En ese mismo año, Argentina perdió 130 000 hectáreas de bosque, tendencia a la baja desde 2021.

Para la mexicana Gutiérrez, la COP30 “debería ser el momento adecuado para evaluar avances, corregir el rumbo y acelerar la aplicación de los compromisos globales”.

Un asunto gaseoso

El combate a las emanaciones de metano, especialmente procedentes de la industria de hidrocarburos. Ha corrido también la misma suerte que otros compromisos, voluntarios o no.

Desde el lanzamiento del Compromiso Global de Metano de la COP28 en Glasgow, acordado por unos 150 países y que busca la reducción de emisiones en 30 %, por debajo de los niveles de 2020, para 2030, han surgido varias iniciativas de apoyo a ese compromiso, pero aún sin resultados concretos, por lo que la meta permanece lejana.

En 2024, Brasil emitió 21 882 kilotones de metano y de los cuales 1889 provienen de la producción energética. Para situarse en el cuarto puesto global. Un kilotón equivale a 1000 millones de toneladas.

Su NDC menciona someramente la reducción de emisiones del petróleo y gas.

Entre tanto, Chile generó 16 384 kilotones en 2022 y de los cuales 14 % se originó en el ramo energético. La meta de su NDC es la reversión del crecimiento en 2025.

Argentina, por su parte, lanzó a la atmósfera 5430 kilotones y de los cuales casi un tercio provino del sector energético, detrás del ramo agrícola.

México es el décimo contaminador mundial, al emitir 6449 kilotones, de los cuales 1989 procedió de la explotación de hidrocarburos.

Uno de sus mayores problemas es la quema y el venteo de gas en instalaciones de hidrocarburos, al punto que alcanzó 5724 millones de metros cúbicos en 2024. Con un crecimiento de 4 % frente al año previo, para situarse entre los nueve países con esas prácticas.

En la región, Colombia es de los menores emisores, con 3641 kilotones, 814 originados por los hidrocarburos.

Brasil, Colombia y México respaldan la meta de cero quema de gas en 2030 del Banco Mundial, mas no Argentina.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ya alertó de la gravedad del problema en un reciente informe. Al señalar que las empresas y gobiernos en el mundo solo atendieron 12 % de las 3500 alertas sobre fugas de metano que el organismo mundial lanzó en 2024. Y por lo que las metas globales de reducción de esas emisiones están lejanas.

Este reportaje se elaboró con el apoyo del programa de cobertura de la COP30 de Climate Tracker América Latina, respaldada por Oxfam.

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Misiones ofrece diagnóstico energético gratuito para pymes turísticas

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Misiones impulsa la eficiencia energética en el turismo, lanzan diagnóstico gratuito para emprendimientos pymes del sector.

El programa busca reducir costos y promover la sostenibilidad en empresas turísticas mediante evaluaciones energéticas sin costo y acceso a créditos del CFI. Las inscripciones cierran el 8 de noviembre.

Energía, competitividad y sostenibilidad: un eje clave para el desarrollo turístico

La Secretaría de Energía de Misiones, junto a la Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones (ADEMI) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), lanzó una convocatoria dirigida a emprendimientos turísticos interesados en mejorar su eficiencia energética y reducir su impacto ambiental.

El Programa Federal de Gestión Energética ofrece diagnósticos energéticos gratuitos para establecimientos turísticos de toda la provincia. El objetivo es identificar oportunidades de ahorro y optimización del consumo eléctrico, favoreciendo la competitividad del sector y la sostenibilidad de la actividad.

Según informaron desde la Secretaría de Energía, un gestor energético especializado visitará cada emprendimiento para relevar las condiciones edilicias, los equipos eléctricos y los procesos productivos. Con esa información, elaborará un plan de acción personalizado que incluirá recomendaciones sobre:

  • Buenas prácticas de eficiencia energética.
  • Sustitución de equipamiento por tecnologías más eficientes.
  • Evaluación de factibilidad para incorporar sistemas solares fotovoltaicos.

Las empresas participantes, además, podrán acceder a una línea de crédito del CFI para implementar las mejoras sugeridas en infraestructura, tecnología, maquinaria o generación distribuida.

Incentivos concretos para la transición energética del turismo misionero

El programa no solo promueve el uso racional de la energía, sino que apunta a fortalecer la rentabilidad de las pymes turísticas y acompañarlas en su transición hacia modelos de gestión sustentables.

Entre los principales beneficios, las autoridades destacan:

  • Reducción del consumo energético y de los costos mensuales.
  • Aumento de la competitividad y eficiencia operativa.
  • Incorporación de energías renovables y autogeneración.
  • Disminución de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

El turismo es uno de los sectores con mayor potencial para la implementación de energías limpias y la optimización de recursos, dada la diversidad de servicios asociados —hospedaje, gastronomía, transporte y recreación— que demandan energía en forma intensiva.

La estrategia provincial se enmarca en una política de largo plazo que busca alinear el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental, generando incentivos concretos para que las empresas locales adopten buenas prácticas en materia de eficiencia energética.

Una oportunidad para el turismo misionero

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 8 de noviembre, y los interesados deben completar el formulario disponible en este enlace.

El programa prioriza a las pymes turísticas radicadas en Misiones, incluyendo hoteles, posadas, emprendimientos rurales y eco-lodges. Que buscan optimizar sus costos operativos y fortalecer su posicionamiento en un mercado cada vez más orientado a la sostenibilidad.

Desde ADEMI y la Secretaría de Energía remarcaron que esta iniciativa “es una herramienta concreta para que el turismo misionero sea más competitivo, más eficiente y más sustentable”. Reforzando el compromiso provincial con la transición energética y el desarrollo productivo con responsabilidad ambiental.

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Energía actualizó el valor del biodiesel y fijó plazos de pago de hasta siete días

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El Gobierno actualizó el precio del biodiesel, $1.590.832 por tonelada para mezcla obligatoria con gasoil.

La Secretaría de Energía fijó un nuevo valor de referencia para las operaciones de biodiesel, en el marco de la Ley 27.640. El ajuste responde a la evolución de costos del sector y busca garantizar la rentabilidad de los productores.

Nuevo precio de referencia para el biodiesel

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, estableció mediante la Resolución 422/2025 un nuevo precio de adquisición del biodiesel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil, fijado en $1.590.832 por tonelada, con vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y hasta que un nuevo valor lo reemplace.

La medida se enmarca en lo dispuesto por la Ley N.º 27.640, que regula la producción, comercialización y mezcla de biocombustibles en la Argentina. Según el texto oficial, el nuevo valor “se determina conforme al procedimiento establecido por la Resolución 963/2023”, que fija la metodología de cálculo de precios del biodiesel considerando costos de elaboración, transporte y rentabilidad razonable para los productores.

Asimismo, la norma dispone que el plazo máximo de pago por las operaciones no podrá exceder los siete días corridos desde la fecha de la factura, una disposición que busca asegurar liquidez y previsibilidad a las empresas elaboradoras.

La actualización llega menos de un mes después de la Resolución 385/2025, que había fijado el precio para octubre. Sin embargo, el contexto de volatilidad de costos y precios internacionales del aceite de soja —principal insumo para el biodiesel— impulsó la revisión de los valores locales.

Un marco regulatorio con foco en previsibilidad y sostenibilidad

El marco regulatorio de biocombustibles, establecido por la Ley 27.640, asigna a la Secretaría de Energía la función de determinar y publicar periódicamente los precios de comercialización de los biocombustibles destinados a mezcla obligatoria con combustibles fósiles.

Los artículos 13 y 14 de dicha norma establecen que el precio debe garantizar una rentabilidad adecuada al sector, considerando los costos de producción y el transporte, así como el valor final del producto puesto en planta. De este modo, la política de precios busca preservar la sustentabilidad económica de las pymes productoras que abastecen el mercado nacional de biodiesel.

La Secretaría, encabezada por María Carmen Tettamanti, fundamentó la medida en la necesidad de “adecuar el precio del biodiesel a las actuales condiciones del mercado”, manteniendo la metodología de cálculo basada en criterios objetivos y verificables.

El procedimiento para la determinación de precios fue aprobado en 2023 a través de la Resolución 963/23, que introdujo un esquema técnico de ajuste con fórmulas de actualización periódica, contemplando variables como el precio del aceite de soja, el tipo de cambio oficial y los costos industriales.

Implicancias para el mercado energético y la cadena productiva

La fijación del nuevo valor impacta de manera directa sobre las mezclas obligatorias con gasoil, que según la normativa vigente mantienen un porcentaje mínimo del 7,5% de biodiesel en el combustible final. Este componente es abastecido principalmente por pymes radicadas en provincias como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, que forman parte del entramado industrial del sector oleaginoso.

Con el nuevo precio de $1.590.832 por tonelada, el Gobierno busca dar previsibilidad al abastecimiento interno, en un contexto de tensión entre los costos industriales y los valores internacionales de exportación. La medida también refuerza la política de transición energética impulsada desde la Secretaría, que considera a los biocombustibles un instrumento clave para la descarbonización del transporte y la reducción de emisiones.

La Ley 27.640, sancionada en 2021, sustituyó los regímenes previos (Leyes 26.093 y 26.334) y estableció un esquema integral de regulación que abarca la elaboración, almacenamiento, comercialización y mezcla de biocombustibles, con el objetivo de promover la diversificación energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Desde el punto de vista económico, la actualización de precios del biodiesel tiene un impacto transversal: afecta a las refinerías que realizan las mezclas, a las pymes productoras, y al mismo tiempo, incide en los costos logísticos del transporte y la agroindustria.

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Energía actualizó el precio del biodiesel en $1,43 millones por tonelada

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La Secretaría de Energía estableció un nuevo precio mínimo de adquisición para el biodiesel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil, que regirá durante septiembre de 2025. Según la Resolución 377/2025, publicada en el Boletín Oficial, el valor quedó fijado en $1.436.861 por tonelada, con un plazo máximo de pago de siete días corridos desde la facturación.

La medida se enmarca en la aplicación de la Ley 27.640 de Biocombustibles, que regula la producción, comercialización y mezcla de biocombustibles en la Argentina, y responde a la necesidad de ajustar los precios frente a las condiciones actuales del mercado.

El precio de referencia del biodiesel se determina periódicamente bajo el procedimiento aprobado por la Resolución 963/2023, que faculta a la Secretaría de Energía a revisar distorsiones de mercado. En septiembre, el valor ya había sido actualizado por la Resolución 369/2025, pero un nuevo informe de la Subsecretaría de Combustibles Líquidos —IF-2025-104511712-APN-SSCL#MEC— justificó la revisión y el ajuste.

Este esquema se da en un marco de emergencia pública económica, energética y administrativa, declarado por el Decreto 70/2023 y la Ley 27.742, que refuerza la potestad del Gobierno para intervenir en la fijación de precios estratégicos.

La medida, firmada por la secretaria de Energía María Carmen Tettamanti, entra en vigencia inmediata desde su publicación y regirá hasta que se establezca un nuevo valor.

Un sector clave en transición

El biodiesel, elaborado principalmente a partir de aceite de soja, constituye un insumo crítico en la matriz energética argentina por su aporte a la diversificación y a la reducción de emisiones. La normativa vigente establece un corte obligatorio con gasoil, que asegura demanda para las plantas productoras distribuidas en provincias como Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Santiago del Estero.

El nuevo precio impacta directamente en la rentabilidad de las pymes del sector, que reclaman previsibilidad y condiciones de pago más ágiles para sostener la producción. En ese sentido, la resolución fija que los pagos deben realizarse en un plazo máximo de 7 días corridos, buscando reducir tensiones financieras en un segmento con fuerte peso exportador y encadenamiento regional.

El ajuste del biodiesel ocurre en un momento de alta sensibilidad política y económica:

  • Para el Gobierno, significa sostener un marco regulado que garantice la continuidad de las mezclas obligatorias en el transporte y la logística.
  • Para los productores, implica un reconocimiento a los mayores costos de insumos y a la presión cambiaria, aunque persiste la incertidumbre sobre la periodicidad de las revisiones.
  • Para el mercado energético, la medida refuerza la transición hacia fuentes renovables, aunque en un contexto de emergencia y restricciones fiscales que limita subsidios y estímulos adicionales.

En términos institucionales, la resolución busca equilibrar el cumplimiento de la Ley de Biocombustibles con la necesidad de garantizar precios sostenibles para los productores y, al mismo tiempo, moderar los impactos sobre los precios finales de los combustibles fósiles.

Entre la estabilidad de corto plazo y la agenda de transición energética

La fijación de un nuevo precio mínimo asegura la continuidad operativa en septiembre, pero deja abierto el interrogante sobre la estrategia de largo plazo. El desafío será cómo combinar la disciplina fiscal, la apertura del mercado de combustibles y los compromisos de descarbonización que Argentina asumió en el plano internacional.

El sector de biocombustibles aparece así como un laboratorio de tensiones entre la necesidad de incentivar inversiones y la política oficial de ordenamiento económico bajo emergencia. Las próximas resoluciones marcarán si el esquema logra consolidar una senda previsible o si se mantiene bajo ajustes permanentes.

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De residuos a energía limpia: el desafío de Misiones para escalar proyectos de biomasa y biogás

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El gerente de Desarrollo, Proyectos y Mercado de Next Energy, Claudio Spurkel, analizó el rol de Misiones y la Argentina en el cambio global hacia nuevas matrices energéticas. Destacó el potencial de la provincia en biomasa y biogás, pero advirtió que el país está al menos seis años atrasado en la normativa frente a países como Brasil.

La transición energética dejó de ser un debate académico para convertirse en una política estratégica a nivel mundial. El reemplazo progresivo del petróleo líquido por gas natural, biocombustibles y energías renovables atraviesa a gobiernos y empresas de todos los continentes.

En ese marco, el ingeniero Claudio Spurkel, directivo de la firma Next Energy, señaló en diálogo con Economis, que Misiones cuenta con un potencial diferenciado en biomasa debido a la estructura forestal y agroindustrial, además de posibilidades en biogás a partir de residuos de la producción ganadera.

“El área forestal es una fuente clave de biomasa y en el sector ganadero hay grandes oportunidades de reconversión. Los residuos porcinos o bovinos, que hoy son altamente contaminantes, pueden transformarse en energía limpia a través de biodigestores”, explicó.

Sobre este modelo de generación de energía en Misiones, varias cooperativas locales ya ensayan proyectos piloto en este sentido y que la provincia podría convertirse en referente regional si se escala la tecnología.

Tecnologías y desafíos técnicos

El modelo más extendido a nivel internacional es el de los biodigestores, capaces de transformar residuos en abono orgánico y biogás. Este último, aunque con impurezas, puede ser utilizado para la generación de energía eléctrica dentro de las chacras.

El paso siguiente es la conversión de biogás en biometano, lo que exige sistemas de filtrado y purificación que eleven el estándar al nivel del gas natural. Este combustible renovable es apto para transporte, generación eléctrica y maquinaria agroindustrial.

Spurkel mencionó ejemplos en otras provincias:

  • Córdoba avanza con plantas de biogás a partir de desechos porcinos.
  • Entre Ríos experimenta con biodigestores basados en cáscaras de naranja.

“En Misiones hay antecedentes de plantaciones forestales y fuertes polos ganaderos. Si se articula bien, la biomasa y el biogás pueden generar un triple impacto: ambiental, económico y social”, destacó el gerente de Next Energy.

El retraso argentino y el contraste con Brasil

El especialista fue categórico respecto a las demoras del país: “Argentina está al menos cinco o seis años detrás en normativa respecto de lo que ocurre en Brasil o Europa. Sin un marco regulatorio claro y una decisión política de Estado, es difícil que el productor invierta”.

Brasil, ejemplificó Spurkel, consolidó un modelo de reconversión energética en el sector porcino, sostenido por todos los gobiernos independientemente de su signo político. Ese “consenso de Estado” permitió atraer inversión privada y convertir al país en líder global.

En cambio, en Argentina aún no existe una legislación integral para el biometano, lo que limita su inyección en redes de gas o su uso masivo en transporte.

Proyección y repercusiones para Misiones

De consolidarse un esquema normativo nacional, Misiones podría posicionarse como polo estratégico de bioenergía, aprovechando sus ventajas en:

  • Biomasa forestal, con el 52% de la biodiversidad del país y una industria maderera en expansión.
  • Residuos agropecuarios, en especial del sector porcino y bovino.
  • Innovación cooperativa, con experiencias pioneras en biodigestores.

El impacto sería doble: energético y económico. Por un lado, se reduciría la dependencia de combustibles fósiles importados. Por otro, se abriría un nuevo mercado de inversión, empleo y tecnología vinculada a la bioeconomía.

“Es necesario un compromiso político que trascienda gobiernos y un trabajo conjunto entre Estado, productores y proveedores tecnológicos. Solo así se puede dar el salto hacia una matriz energética más limpia y sostenible”, concluyó Spurkel.

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