De esta manera “vamos a confirmar con datos reales que no es verdad que pierden plata, y que el boleto que pagamos está inflado”, señaló la periodista y candidata a intendente por el sublema Sanemos Ciudad, del Frente Popular Agrario y Social, mientras que el candidato a gobernador por el mismo espacio, Isaac Lenguaza, propuso completar el sistema de control con la creación de entes reguladores independientes y manejados por los usuarios.
Santos explicó que los datos sobre recaudación de las empresas de colectivos deben ser transparentes y certeros para determinar el costo real del boleto, y que, para ello, propone poner en marcha un sistema de bancarización similar al que controla la Sube nacional.
“Proponemos crear la cuenta única bancaria de la tarjeta SUBE en el banco que es operador oficial de las cuentas de la provincia. Cada vez que un usuario cargue la sube, impactará en la cuenta. Cada vez que use el colectivo, se debitará para la empresa correspondiente, tal como pasa con la cuenta única que a nivel nacional maneja el Banco Nación para las Sube nacional”, explicó.
El sistema “aporta el dato más importante que tiene que tener el Estado para determinar el costo del boleto, que es la recaudación. A nivel nacional en su momento se hizo para que ninguna empresa mienta para tener más subsidios. Es decir que controlar es perfectamente posible, pero tenemos que tener políticos dispuestos a hacerlo”. “Vamos a demostrar que no pierden plata como dicen, que el boleto no vale lo que ellos cobran, y que, si se sanciona los incumplimientos, se puede cuestionar la concesión”.
Por su parte, el candidato a Gobernador por este espacio y expresidente del Colegio de Abogados, Isaac Lenguaza, dijo que para completar este círculo virtuoso de control real, desde el Ejecutivo impulsará la creación de los Entes Reguladores con participación decisiva de los usuarios, como organismos independientes y autárquicos, que funcionen tal como lo ordena la Constitución nacional en su artículo 42. “Los entes reguladores manejados por usuarios tienen la ventaja de ser implacables en los controles, y aplican sanciones cuando corresponde. Es la única manera efectiva y real de controlar a los prestadores de los servicios públicos concesionados”.
Los datos “truchos”
La comunicadora y ahora postulante a la intendencia de Posadas, Mónica Santos, sostiene que los datos sobre recaudación y pasajeros transportados por el grupo Z al gobierno para determinar el costo de los boletos y el valor de los subsidios provinciales son “dudosos, por no decir truchos”. Contó que ya en 2016 investigó el origen de la empresa que explota la tarjeta Sube, y mediante la consulta en el Registro Público de Comercio, accedió a la documentación que confirmaba las sospechas: la firma Servicios Urbanos SA fue creada con fondos de las empresas Don Casimiro, Tipoka y Nuestra Señora del Rosario. Pese a esta información, la SUBE misionero siguió operando “y aportando datos poco confiables”, según Santos, mientras que todos los amagues por establecer la Sube nacional quedaron en la nada y el costo del boleto siguió en aumento. “Hasta fines del año pasado la SUBE misionero no había sido ni siquiera homologada por Transporte de la Nación”, finalizó.
Unas 61 personas hablaron hoy en la Audiencia Pública para discutir el incremento del boleto urbano de pasajeros para Posadas y alrededores esta mañana en el Centro de Convenciones del Parque del Conocimiento, de un total de 342 que se habían inscripto para participar.
En el comienzo de la audiencia, el abogado de EUTA, Marcelo Zárate, expuso en menos de 20 minutos las razones por las cuales las empresas están pidiendo una readecuación tarifaria. Zárate tiró el número de la polémica. Las empresas piden un boleto de 57 pesos (que hoy vale $13 sin SUBE).
Para las empresas los 57 pesos constituyen la llamada “tarifa técnica”, es decir, el precio al que se llega luego de sumar los costos del servicio, agregarles un 12 por ciento de ganancia sobre el capital invertido y restarle los subsidios (que al menos como se los conoce hasta ahora están en tela de juicio para el año que viene).
Durante casi cuatro horas las 61 personas que hablaron se opusieron con argumentos que siguieron tres o cuatro línea argumentales, a saber:
-El principal, los ingresos del público no subieron ni por asomo en la misma proporción para afrontar el incremento del boleto. Y además, la clase trabajadora, ya viene afrontando todo tipo de aumentos en los precios (alimentos, tarifa eléctrica, etc).
-El servicio es deficiente, en especial en algunas líneas y barrios. Por ejemplo, después de las 12 de la noche para ir al barrio A-4. O la línea 3 y la 12.
-Las empresas no están explicando con claridad cómo llegan a su famosa fórmula polinómica (como se denomina a la cuenta en la que suman costos, restan subsidios y prorratean por cantidad de pasajeros transportados).
-Los pasajeros son los que hacen al servicio de colectivos. “Sin nosotros, ustedes no existen”, dijo Agustín, un estudiante. Varios pidieron quitarle la concesión por ese servicio público a las empresas, si es que las firmas declaran que no les alcanza con lo que cobran.
-Casi nadie se opuso a cierto nivel de incremento. “Esto lo vemos venir”, dijo Marcelo. Sin embargo, lo que estuvo en discusión esta mañana es si el incremento, dado el contexto actual y los bajos salarios promedio que percibe la clase trabajadora, pueden ser semejantes a los que se están pidiendo. Críticas a Cambiemos y a Macri
Hubo mucha catársis y críticas al gobierno de Mauricio Macri y Cambiemos. Había algunos concejales y el radical Pablito Velázquez fue blanco de buena parte de los cuestionamientos, simplemente porque era el único integrante de Cambiemos que estaba presente. También estuvo presente la concejal Anahí Repetto.
Si bien había amas de casa, empleados municipales, estudiantes, algunos trabajadores, casi todos los presentes militaban en alguna agrupación barrial o vecinal vinculada al kirchnerismo o la Renovación (o ambas).
“Todavía no sabemos si esto es definitivo, pero si lo es, podría volver a subir el boleto el año que viene, además, hay que ver si el dólar y los precios no siguen subiendo”, dijo al término de la audiencia, el secretario de gobierno Fabián Florentín, que volvió a oficiar de moderador del debate con gran pericia, conteniendo a los más fervorosos con buen tacto y con la capacidad suficiente para simplificar el mecanismo sobre el final, cuando la repetición se testimonios se tornó algo tediosa.
Florentín demostró una gran capacidad para desempeñar un rol nada fácil, teniendo en cuenta que esta audiencia es una de las pocas posibilidades que tiene la gente común de descargar la bronca contenida (basta con imaginar el tenor de una audiencia pública por el aumento del servicio eléctrico).
De todas formas, no fue necesario que Florentín interviniera demasiado en esta audiencia. Comparada con la del 20 de diciembre pasado, se notó en esta oportunidad que la gente se encuentra algo “pinchada”, como resignada a que mucho más no se puede hacer. Faltó el fervor que se vio en diciembre en los discursos. Al abogado Zárate -siempre el blanco de todas las críticas-, hoy lo dejaron esta vez en paz y el representante de EUTA se quedó hasta el final.
Otro gesto importante, ya que no está obligado a hacerlo y en anteriores audiencias el representante de EUTA se iba y quedaban los usuarios hablando.
El año pasado, en cambio, casi todos los que subían lo interpelaban con cierta agresividad a Zárate, “mirame”, “dejá de jugar con el celular”, y le reprochaban todo tipo de cosas que, en rigor, iban dirigadas a las empresas. Al final, de tanto palo, la gente le terminaba tomando cierta simpatía al abogado de impecable traje azul, siempre en absoluta inferioridad numérica.
A tal punto se esperaba una jornada caliente que al final no sucedió que Florentín, previsor, se encargó de apostar a tres personas de seguridad cerca de Zárate, más que nada para prevenir que alguna palabra subida de tono pudiera pasar a mayores.
Incluso, EUTA estaba por no enviar a ningún representante, ya que en la previa se rumoreaba que iba a haber algún acto violento o alguna manifestación demasiado exaltada. Nada más alejado de lo que terminó ocurriendo. La gente habló con bronca pero con educación en la gran mayoría de los casos.
Incluso, mucha gente que fue llamada a subir al estrado para utilizar sus 3 minutos, aún estando presente en la sala, optó por no hacer uso de la palabra.
“Es cierto que falta el fervor que hubo en la anterior audiencia de diciembre”, dijo a Economis, Natalia Escribano empleada municipal y enérgica oradora tanto hoy y en la audiencia de fin de año.
Escribano pidió a las autoridades que le quiten la concesión a Zbikoski, un argumento que fue repetido en 3 o 4 exposiciones. ¿Boleto nuevo a 27 pesos?
Ahora Florentín y la municipalidad tienen hasta 35 días hábiles para presentar el informe con todo lo dicho en la Audiencia. Aunque se descuenta que la decisión por el boleto estará antes de esa fecha.
En la audiencia del 20 de diciembre pasado pedían 27,34 pesos y al final les dieron una tarifa de $13, es decir un 45 de lo que solicitaban aproximadamente. Esta vez el 45 por ciento de lo que piden es 27 pesos, ¿será la nueva tarifa a partir del mes que viene?
Uno de los testimonios más elocuentes lo aportó Carolina Aireyu, que tiene dos trabajos y es madre de dos chicos.
“Trabajo en la municipalidad y cobro en negro y también trabajo como empleada doméstica, tomo cuatro colectivos por día, ganó 4.000 pesos en un trabajo y 7.000 en el otro, si aumentan el boleto no me va a alcanzar y voy a tener que conseguir otro trabajo, soy madre soltera, si tengo que trabajar más, ¿cuándo voy a ver a mis hijos?”, contó, de pie en el escenario, y provocó el aplauso de todos.
El ajuste se viene y eso es imparable, quedó claro para todos hoy. Todavía no se sabe en qué magnitud. Pero en la audiencia pública de hoy, una vez más estuvo la posibilidad que se da pocas veces. Que la dirigencia política vea a la cara, con nombre y apellido, algunos de los ajustados.
El reloj marca que quedan 2 minutos 18 segundos. Pocos necesitaron más para decirle “no” al incremento.
Al abogado Marcelo Zárate le toca “bailar con la más fea” en la Audiencia Pública. Por segunda vez se quedó hasta el final, escuchó durante 4 horas a todos. Bien por su actitud. Podria haberse ido. Lo malo, no explica con claridad la fórmula polinómica. El, igual, representa lo que las empresas quieren decir (y lo que prefieren no explicar también).
Esta semana, se generó un escándalo en el Concejo Deliberante de San Vicente, a partir de que el presidente del Cuerpo, Ernesto Muchewicz (FR) y la secretaria, Gloria Komatzú, no habrían presentado en tiempo y forma un Proyecto de Comunicación impulsado por los ediles del Partido Agrario y Social, Clelia Carballo y Roberto Rockenbach; generando un desorden en cadena, que podría incurrir en la falta de incumplimiento en los deberes de funcionario público.
El proyecto de los ediles del PAyS, fue presentado el 13 de agosto y en él solicitan que el Departamento Ejecutivo envíe al Concejo, información referente a los refugios de transportes urbanos que se están construyendo, y sobre los que existe una serie de dudas planteadas por los concejales.
La información requerida debía llegar en un plazo máximo de 10 días; pero desde la Secretaría y Presidencia (que pertenecen al mismo Partido político del intendente de San Vicente), no enviaron la Comunicación aprobada, sino hasta el 23 de agosto, y la respuesta del Ejecutivo habría ingresado al Concejo Deliberante el 3 de septiembre.
Sin embargo, nada de esto se informó hasta la sesión del lunes 10, momento en que los ediles del PAyS ya habían presentado otro proyecto intimando al Ejecutivo por la información requerida, porque se habían vencido los días de plazo, ignorando que la respuesta ingresó a “tiempo”, según la fecha en la que enviaron el proyecto; pero no en la fecha de aprobación del mismo, o sea diez días antes.
Actitud irrespetuosa
“Para nosotros esta actitud es una grave falta de respeto, porque no solamente ‘cajonearon’ durante diez días el proyecto aprobado; sino que nunca nos informaron que ya había ingresado la respuesta del jefe comunal, y para ese momento desde nuestro bloque ya habíamos presentado un segundo proyecto, porque nunca nos informaron correctamente”, destacó con indignación, la concejal Clelia Carballo.
Consideró que fue una actitud “muy sospechosa, porque es como que le estuvieron dando tiempo al intendente para que busque argumentaciones. Para nosotros esta acción roza el delito de incumplimiento en los deberes de funcionario público”, explicó Carballo.
Sobre el pedido de informes
El primer pedido de informes surgió a raíz de la preocupación de los vecinos que se manifestaron en las redes sociales, por la aparente irregularidad con la que el Municipio de San Vicente estaría realizando la construcción de los refugios de transporte público; por eso, los concejales del Partido Agrario y Social solicitaron al Departamento Ejecutivo que responda respecto de esas presuntas irregularidades.
Muchos vecinos cuestionaron que la obra la estaría realizando una empresa relacionada con el intendente Waldomiro “Valdir” Dos Santos (FR), y a un precio por lo menos cinco veces superior a las que otras habrían ofertado; además, “la calidad de los materiales deja mucho que desear”, alegan.
A decir verdad, “cualquier persona que pase por el lugar, puede observar a simple vista que los materiales con los que se están construyendo las paradas -o gaiolas como se las conoce popularmente- de colectivos urbanos son bastantes precarios”, destacan los usuarios.
Por esta razón, los ediles Carballo y Rockenbach presentaron el pedido de informes el 13 de agosto pasado, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal datos sobre la cantidad de refugios proyectados y realizados hasta el momento; costo individual, empresa encargada de la obra y criterio de selección de la misma.
Demanda y preocupación de lo vecinos
Los refugios para transportes públicos son una obra necesaria para la comunidad de San Vicente, y se están construyendo en toda la zona urbana, sin embargo, ante la falta de información y las dudas de la comunidad, los concejales del Partido Agrario y Social cumpliendo con la demanda de los vecinos, solicitaron la información referente a esta obra pública, con el objetivo de evacuar las dudas sobre inversión, concesión de la obra, materiales utilizados y otros datos que deberían ser públicos y estar al alcance de todos.
Finalmente, el Departamento Ejecutivo presentó los informes requeridos -aunque la Presidencia y la Secretaría del Concejo Deliberante hayan omitido comunicarlo- y ahora se encuentran en estudio en la Comisión, a la espera de evacuar las dudas que existen sobre estas obras en San Vicente.
El titular de la UTA, Roberto Fernández, fue una de las primeras voces del sindicalismo que se escuchó en el inicio del paro de la CGT contra el Gobierno.
Garantizó que la adhesión del sector del transporte es del 100%, pero dijo que “no es ninguna alegría, porque lo que queremos es trabajo”.
Repudió la presencia de piquetes, a los que calificó como “una presión”, y recordó que la intención de la central obrera es que quien quiera ir a su trabajo lo haga “a voluntad”.
“La CGT anunció que no comparte ninguno de los piquetes”, explicó Fernández.
Asimismo, llamó al presidente Mauricio Macri a realizar, a partir de mañana, una amplia convocatoria que abarque a “empresarios, sindicatos y a la Iglesia”.
El gremialista opinó que con la actual gestión de gobierno “el país se está dividiendo, mañana el Presidente tiene que sentarse en una mesa con nosotros y otros sectores sociales”.
“El Presidente tiene que convocar para mañana, convocar mañana a los gremios, a los empresarios, a la Iglesia, para que colaboren para cambiar todo esto”, argumentó el sindicalista.
Asimismo, llamó a poner en marcha “un proyecto nacional, que incluya políticas de Estado vinculadas al trabajo, la producción, la salud y la seguridad”.
“Así, esto no es bueno para nadie. (El paro) no es ninguna alegría, créame que lo que estamos buscando es trabajo y tener un salario digno”, finalizó.
