Transporte

Empresarios advierten que el sistema de transporte público del interior puede paralizarse

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La Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros advirtió que “millones de ciudadanos del interior del país serán perjudicados por la desidia e inequidad”. 

La entidad empresaria sostiene que “en momentos en que gran parte de la ciudadanía afronta serias dificultades económicas, se cierne sobre su franja más vulnerable el severo y cierto riesgo de quedarse sin el servicio de transporte urbano de pasajeros que, en el interior del país, es la única opción de transportación pública para millones de argentinos”.

La Fatap apuntó a la “ausencia de medidas concretas” que doten al sistema de transporte de pasajeros del Interior del País de mínimas condiciones de previsibilidad y sustentabilidad, lo que “torna prácticamente imposible proyectar la continuidad de los servicios y, menos aún, la realización de las inversiones que ello requiere”.

Los empresarios señalan que transcurriendo ya los primeros días de 2024 y con una curva de incrementos en los insumos de la prestación ascendiendo sin límite a la vista, el transporte del Interior no conoce cuál es el presupuesto que el Estado nacional le destinará, mientras realiza ingentes desembolsos al AMBA, región que mantiene tarifas en niveles dramáticamente inferiores a los que abonan los argentinos que se transportan por colectivos en las provincias, lo que da cuenta de que el tratamiento desigual e inequitativo en perjuicio del Transporte del Interior se mantiene, “transformándose así en una lamentable política de Estado que trasciende los diferentes Gobiernos nacionales”.

“En ese marco, los poderes concedentes, que han diseñado los servicios y las fórmulas de actualización tarifaria, mantienen su dañosa conducta de incumplir los contratos al no establecer el precio del servicio con criterios económicos y técnicos, dejando de lado los políticos y coyunturales que solo degradan las economías de las empresas y jaquean su continuidad y la de las prestaciones. Todo ello ante la pasividad de muchos Gobiernos Provinciales que, a su vez, incumplen con los compromisos que asumieran en torno a garantizar la sustentabilidad económico financiera de los sistemas de transporte de sus provincias”, cuestionan.

Finalmente, la FATAP exhortó vehementemente a las autoridades competentes de jurisdicción nacional, provincial y municipal, a asumir sus responsabilidades ante las empresas, usuarios y trabajadores, coordinando y poniendo en ejecución muy urgentes medidas que generen las mínimas condiciones de continuidad de la actividad, en defecto de lo cual serán directamente responsables de la pérdida de un servicio público esencial, la quiebra de las prestadoras y la destrucción de más decenas de miles de puestos de trabajo a lo largo y ancho de la República Argentina.

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Bencivenga se declara en insolvencia financiera y dejará de prestar servicios en el transporte de Posadas

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Con el contrato vencido en el Sistema de Transporte Integrado, la empresa Bencivenga se declaró en insolvencia financiera para seguir pagando los salarios y con el servicio que prestaba en varias líneas de Posadas. 

La empresa alega que su situación económica se agravó por la demora en los subsidios, pero desde el Gobierno aclaran que no hubo retrasos en los desembolsos distintos a los que también afectaron a otras empresas que siguieron prestando el servicio acordado. 

En el SIT cuestionan que Bencivenga no hizo la inversiones estipuladas en los contratos, no se adhirió al sistema de cobro por QR, imposibilitando a sus usuarios poder pagar con este sistema simplificado y no invirtió en las Terminales de Transferencia por lo cual sus usuarios deben pagar cada tramo de viaje sin poder hacer interconexiones.

Bencivenga anunció que dejará de prestar el servicio en las líneas que opera.

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Concesionaria de transporte urbano de Corrientes anunció la continuidad de sus operaciones

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La empresa concesionaria del transporte público urbano de la ciudad de Corrientes que el 8 de diciembre había anunciado el retiro de sus servicios y operaciones en la Capital provincial y el despido de casi mil trabajadores, anunció hoy que continuará con la prestación tras un acuerdo con autoridades provinciales y municipales.

Se trata del Grupo ERSA, prestataria de servicios en la ciudad hace 60 años, que hizo pública hoy la decisión a través de una solicitada en la que refiere que se llegó a un entendimiento a nivel local, tras una reunión convocada por autoridades gubernamentales de la provincia y el municipio en torno a “las condiciones financieras y económicas que se desarrolla el sistema de transporte de pasajeros de la ciudad de Corrientes”.

“Confiamos en que el Gobierno provincial y de la Municipalidad generen las políticas y aportes necesarios para dotar a la actividad de las imprescindibles condiciones de sustentabilidad”, expresó el escrito en uno de sus párrafos.

La concesionaria de transporte destacó además “el esfuerzo que implica el sostenimiento del sistema en épocas de enormes dificultades económicas y de profunda crisis” y comunicó que ha resuelto continuar prestando el servicio y sostener los casi mil puestos de trabajo que genera en la ciudad de Corrientes.

Por otra parte, la empresa hizo mención a la situación nacional con el nuevo escenario económico y remarcó que “plantea desafíos significativos, ya que aún no se avizora una solución estructural para el sistema de transporte” que en la Capital provincial “emplea a más de 1.000 correntinos y presta servicio a más de 120.000 usuarios”.

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Antes de la motosierra: los subsidios al transporte ampliaron la brecha entre Amba y provincias

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De acuerdo con el análisis de los datos publicados por el ex Ministerio de Transporte de la Nación la brecha en la distribución de subsidios al transporte público de pasajeros, nuevamente, se amplió en favor del AMBA, robusteciendo así las asimetrías existentes en esta materia. 

Entre enero y septiembre de 2023, considerando solamente los fondos en concepto de Fondo Compensador y Compensaciones tarifarias, el total distribuido a las provincias y AMBA alcanza los $ 284.027 millones. De ese total, el 80% fue al AMBA (por $ 226.183 millones) y exhibió un incremento en su nivel de participación respecto a igual período del 2021 (cuando fue del 77%). El salto de la participación porcentual es altamente significativo ya que agrava la situación de desproporcionalidad que reclaman las provincias. Éstas, en su conjunto, captaron $ 57.844 millones y pasaron de participar del 23% en el período enero – septiembre 2022 al 20% en igual período del 2023. 

Entre las provincias, la que registró la mayor recepción de recursos por este concepto fue Córdoba que, con un total de $ 11.223 millones concentra el 4,0% de los subsidios distribuidos entre todas las jurisdicciones del país (incluyendo AMBA; y 19,4% si se toma solo al conjunto de las provincias). 

Santa Fe, Tucumán, Salta y la provincia de Buenos Aires (excluyendo partidos del Gran Buenos Aires) se ubican luego, siempre medidas en volumen de pesos captados, todas por encima de los $ 4.000 millones de pesos. En términos de participación concentran el 2,9%, 1,9%, 1,7% y 1,5% del reparto total nacional, respectivamente. Otras cuatro provincias recibieron subsidios por encima de los $ 2.000 millones de pesos: San Juan, Jujuy, Misiones y Entre Ríos con niveles de participación de entre el 0,7% y el 1,1% del reparto global. 

Por su parte, siete provincias totalizaron subsidios entre $ 1.100 y $ 1.800 millones: Chaco, Corrientes, Mendoza, Santiago del Estero, Neuquén, Chubut y San Luis con grados de participación de entre el 0,4% y 0,6%. 

Finalmente, otras siete provincias captaron fondos inferiores a los $ 1.000 millones: Catamarca, Río Negro, Formosa, La Rioja, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego que concentran entre el 0,01% y 0,3% del total. 

Respecto a este listado, cabe mencionar la particular situación de cuatro casos: si bien el período analizado en este documento es enero-septiembre, hay cuatro provincias que no recibieron fondos en los nueve meses del mismo. Para Misiones, los datos oficiales marcan que recibió fondos hasta agosto inclusive; en el caso de Mendoza, solamente recibió fondos en enero y febrero. En Santa Cruz y Tierra del Fuego, los fondos captados corresponden hasta el mes de abril inclusive.

En relación con los cuatro casos mencionados, los de Santa Cruz y Tierra del Fuego suele observar con frecuencia en los distintos períodos analizados. Por su parte, los más llamativos son Misiones y sobre todo, el de Mendoza. En Misiones, los envíos llegan hasta agosto inclusive, que podría tratarse de una demora de tipo administrativa referida a la presentación de las rendiciones de cuentas que habilitan los desembolsos posteriores. En Mendoza, la polémica tomó estado público: en octubre pasado, desde esa provincia informaron sobre la situación de no recepción de fondos, detallando que desde el Ejecutivo Nacional argumentaban esa medida al hecho de “adeudar información del sistema desde febrero”, pero la provincia afirma que dicha situación no es tal. Por ende, se trata de una situación no resuelta por vías administrativas ni por vía política. Algo similar podría darse en Misiones, aunque en Mendoza el factor político es más ponderable por ser un gobierno contrario a la entonces administración de Alberto Fernández.

En relación con las variaciones interanuales de los fondos por subsidios al transporte, de las jurisdicciones analizadas, cabe aclarar en primer lugar que dada la variación de su base comparativa por las razones ya detalladas, se excluye de este análisis a las provincias de Misiones, Mendoza, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

Sobre el resto, que si registran subsidios entre enero y septiembre inclusive, hay solo seis distritos donde se observan subas reales. En el top se posicionaron Neuquén (19,0%), Corrientes (2,4%), Catamarca (2,2%), San Juan (2,0%), AMBA (1,0%) y Córdoba (0,3%). 

En el resto de los distritos, que registran bajas reales, las más fuertes se observan en Formosa (-7,0%), Río Negro (.9,0%) y Chaco (-10,6%).

Haciendo la salvedad de que no todos los distritos tienen igual volumen de usuarios de transporte, es igualmente importante ver como se distribuyeron los subsidios ajustados por población. 

El AMBA, con $ 16.171 por habitante, lidera con muchas cabezas de ventaja la asignación per cápita. Entre las provincias, Jujuy, San Juan, Salta y Tucumán registraron subsidios por encima de los $3.000 por habitante. 

A su vez, Córdoba, Santa Fe, Chubut, San Luis, Catamarca y Neuquén lo hicieron en volúmenes entre $ 2.000 y $ 2.900 por persona; mientras que Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Corrientes y La Rioja captaron subsidios equivalentes a entre $ 1.000 y $ 1.900 por persona. 

Más abajo quedan Río Negro, Formosa, provincia de Buenos Aires (excluye GBA) y La Pampa con menos de $ 1.000 por habitante. 

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El ajuste de Milei: ¿A cuánto podría aumentar el boleto del transporte público sin subsidios?

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Uno de los principales anuncios del paquete de ajuste de Javier Milei, fue la eliminación de los subsidios para tarifas eléctricas y para el transporte público. La quita de aportes del Estado comenzará a regir desde el 1 de enero y aunque no hay precisiones sobre si la quita será total o parcial, las empresas de transporte comenzaron a hacer cálculos sobre cuánto debería valer un boleto “pleno”, sin ningún tipo de aporte estatal, ya que se descuenta que sin la Nación, las provincias y municipios no podrán sostener el subsidio. La primera medición habla de un boleto a 700 pesos. Aunque los cálculos más finos marcan que debería establecerse en el equivalente a un dólar o un dólar con cincuenta. Esto es, en una banda entre 800 y 1.200 pesos. 

En Posadas el boleto con SUBE hoy está en 150 pesos y en 200 sin la tarjeta. Si se fijara el precio en el rango que estiman los empresarios, se trataría de un incremento de 433,33 o 700 por ciento. 

La suba porcentual será mayor en el AMBA, la región más beneficiada por los subsidios, ya que el boleto está más barato. En la actualidad, en el AMBA, los costos de los boletos de colectivo oscilan entre un mínimo de $52,96 y un máximo de $72,61. provincias. 

De acuerdo al “Índice Bondi” de diciembre que realiza AAETA, el valor del boleto de colectivo sin subsidio está proyectado en $797 promedio, en el conurbano bonaerense y CABA.

Aunque el ministro Luis Caputo no especificó el aumento, la tarifa sin subsidio se fijaría en un monto cercano a $700 para los 3,9 millones de usuarios que lo utilizan a diario.

La situación lejos está de corregir las asimetrías internas que sufre el sector transporte, ya que en lugar de equiparar cargas, obliga a un incremento que tendrá seguramente un impacto en el nivel de uso y pérdida de rentabilidad de las empresas. Todas las compañías del interior, especialmente las del norte están golpeadas por la falta de pagos comprometidos por los distintos niveles del Estado y se sienten “estafados” desde hace años.  

A partir de ello, se producen efectos no deseados como la desaparición de empresas, o la pérdida de continuidad en la prestación de los servicios públicos, con todo el riesgo que eso genera y los efectos no deseados para los usuarios. Hace pocos días el grupo ERSA de Corrientes decidió dejar de prestar el servicio, ante el atraso en subsidios y el reclamo de los trabajadores. En el sector advierten que es un escenario que puede repetirse en otras provincias.

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