Transporte

El Gobierno liberó $200 mil millones en subsidios a colectivos del AMBA

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La Secretaría de Transporte aprobó el pago de compensaciones tarifarias del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), junto con los beneficios por Atributo Social y Boleto Integrado. Los fondos corresponden a los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024, y beneficiarán a empresas de colectivos urbanos y suburbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las medidas quedaron oficializadas mediante las resoluciones 53/2025 y 54/2025 de la Secretaría de Transporte, publicadas en el Boletín Oficial el 11 de septiembre de 2025.

Según el texto oficial, el Estado nacional aprobó la liquidación de acreencias pendientes en concepto de subsidios al transporte automotor. En total, se habilitó el pago de $87.645.366.880,43 correspondientes a diciembre de 2023 y $131.657.370.057,42 correspondientes a enero de 2024, lo que representa más de $200 millones en transferencias.

Estos recursos se enmarcan en el Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) y en los regímenes complementarios de Atributo Social —que subsidia a los beneficiarios de tarifa social en la tarjeta SUBE— y de Boleto Integrado, que otorga descuentos en viajes con transbordos dentro de la red de transporte metropolitano.

Detalles técnicos de la medida

Las resoluciones instruyen a la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios para que, en un plazo de cinco días desde la publicación, se concrete el giro del 100% de las acreencias a las empresas prestatarias. Los montos deberán publicarse en la web oficial de la Secretaría de Transporte.

El esquema se financia con fondos provenientes del fideicomiso del transporte, nutrido principalmente por lo recaudado del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono (Ley 23.966, modificada por la Ley 27.430). Dicho fideicomiso se distribuye entre el SISTAU (32,5%), el Sistema Ferroviario Integrado (11%), el Sistema Vial Integrado (50%) y el SIMPAC de cargas (6,5%).

En este caso, los pagos corresponden a liquidaciones pendientes que ya habían sido verificadas mediante órdenes de pago y publicadas en el portal oficial, pero que aguardaban su ejecución formal.

El desembolso llega en un contexto de tensiones entre el Gobierno nacional y las cámaras empresarias del transporte, que advierten sobre los aumentos de costos y la falta de actualización de las compensaciones. Las empresas sostienen que los subsidios son indispensables para sostener el nivel de servicio, particularmente en el AMBA, donde el boleto continúa fuertemente subsidiado en comparación con el interior del país.

Desde los sindicatos del sector se observa con expectativa la efectivización de los pagos, dado que los atrasos en las transferencias suelen repercutir en conflictos salariales y en la prestación de los servicios.

Políticamente, la medida se enmarca en la estrategia del Ministerio de Economía de mantener el flujo de subsidios mientras se discute el Presupuesto 2026, donde el oficialismo anticipó que buscará reducir gradualmente el peso de las transferencias al transporte.

La publicación de estas resoluciones asegura la continuidad de los pagos en el corto plazo, pero deja abierto el debate de fondo sobre el esquema de subsidios. El Gobierno deberá definir si mantiene la lógica de compensaciones vía SISTAU o si avanza hacia una segmentación más estricta, concentrada en usuarios vulnerables a través de la SUBE.

El Congreso, por su parte, será clave en el debate presupuestario, donde se anticipa que la oposición planteará la necesidad de garantizar fondos adicionales para evitar un incremento brusco en las tarifas de colectivos y trenes del AMBA.

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Caputo inicia el proceso de privatización total de Corredores Viales SA

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El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, oficializó mediante la Resolución 1284/2025 el inicio del proceso de privatización total de Corredores Viales SA, empresa estatal que administra más de 6.000 kilómetros de rutas nacionales. La medida implica la extinción de los contratos de concesión actuales, el llamado a licitación para nuevas concesiones viales con peaje y la posterior disolución y liquidación de la sociedad anónima.

Según la normativa, la privatización deberá completarse en un plazo de 12 meses desde la entrada en vigencia de la resolución, publicada este 1° de septiembre en el Boletín Oficial.

De empresa estatal a concesión privada: los pasos del proceso

La decisión del Gobierno se enmarca en lo dispuesto por la Ley 27.742, que incluyó a Corredores Viales SA en el listado de compañías sujetas a privatización bajo el régimen de la Ley de Reforma del Estado N.° 23.696.

El procedimiento, delineado por el Decreto 97/2025, establece tres fases:

  1. Extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes (Tramos I a V, VI y VII a X).
  2. Licitación pública nacional e internacional de nuevos contratos de concesión de obra pública por peaje, en los términos de la Ley 17.520.
  3. Disolución y liquidación de Corredores Viales SA una vez perfeccionados los nuevos contratos.

La Secretaría de Transporte será la responsable de diseñar y ejecutar la licitación, mientras que la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” tendrá a su cargo la coordinación y control del proceso, incluyendo la tasación de bienes y flujos futuros de concesión, que será realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

El Gobierno dispuso además que todos los procedimientos se llevarán adelante a través de la plataforma electrónica CONTRAT.AR, como parte de la política de digitalización y transparencia en contrataciones públicas.

Un cambio estructural en la gestión vial

Corredores Viales SA fue creada en 2017 como sociedad anónima con participación estatal mayoritaria para administrar de manera directa rutas nacionales estratégicas. En los últimos años, gestionaba más de 6.000 kilómetros de autopistas y rutas nacionales con peaje, luego de la caducidad de contratos con concesionarias privadas.

Con la nueva normativa, el Ejecutivo busca transferir nuevamente al sector privado la explotación de la red vial nacional, argumentando que la modalidad concesionada permitirá eficiencia en la gestión, mejoras en infraestructura y alivio en las cuentas públicas.

La resolución explicita que no se aplicarán programas de propiedad participada ni preferencias para trabajadores, previstos en la Ley 23.696, lo que marca una diferencia respecto a los procesos de privatización de los años noventa.

La privatización de Corredores Viales SA tendrá impacto directo en transportistas, usuarios de rutas nacionales y provincias donde operan los corredores. El traspaso a concesionarias privadas conllevará la redefinición del esquema tarifario de peajes, que será uno de los ejes de debate público en los próximos meses.

En el plano político, la decisión es consistente con la estrategia del Gobierno de reducir la participación del Estado en empresas públicas, como ya sucedió con Aerolíneas Argentinas y AySA, incluidas en la misma normativa de privatización.

Los sindicatos vinculados al sector vial, en particular el Sindicato de Trabajadores de Peajes (SUTPA) y gremios de Vialidad Nacional, anticipan un escenario de tensión por el impacto en los puestos de trabajo, ya que la resolución prevé la disolución de la empresa sin mecanismos de participación accionaria de empleados.

Licitación en 2026 y un nuevo esquema vial

El calendario oficial prevé que las licitaciones se realicen durante 2026, con adjudicación de contratos antes del segundo semestre. A partir de entonces, las empresas privadas concesionarias quedarán a cargo del mantenimiento, explotación y cobro de peajes en la red vial nacional.

La disolución definitiva de Corredores Viales SA dependerá de la adjudicación y perfeccionamiento de los contratos, lo que implica que la transición operativa deberá coordinarse con los nuevos operadores para evitar interrupciones en la gestión vial.

La medida constituye uno de los procesos de privatización más relevantes en materia de infraestructura de transporte desde la década del noventa, y será un banco de prueba para el modelo de concesión que el Gobierno busca replicar en otros servicios públicos estratégicos.

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Misiones y su atractivo turístico internacional: más de medio millón de visitas en 2024

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Misiones recibió durante 2024, 525.667 turistas extranjeros, dentro de los cuales los visitantes internacionales representan un segmento clave para la economía local. Así, se consolida cada vez más como un destino internacional, con un perfil que trasciende fronteras y refuerza la necesidad estratégica de contar con vuelos directos desde el exterior.

Según las cifras brindadas por la Dirección General de Estadística y Estudio de Mercado del Ministerio de Turismo de Misiones, Brasil lidera como principal mercado emisor, aportando el 16,66% del total de llegadas. Le siguen países de larga distancia como Estados Unidos (9,85%), España (4,52%); Francia (4,32%); Alemania (3,34%); Uruguay (3,16%); Perú (2,74); Canadá (2,64%); Reino Unido (2,60%); México (2,34%); Italia (2,11%); Chile (1,59%). El grupo de “otros países” alcanza un 41,65%, lo que evidencia la amplitud y diversidad de nacionalidades que eligen la tierra colorada.

Un dato distintivo es que gran parte de estos visitantes proviene de destinos no limítrofes, lo que implica trayectos más extensos y complejos. Para llegar a Misiones, muchos deben pasar por hubs internacionales como San Pablo, Lima o Ciudad de Panamá, e incluso realizar escalas en Buenos Aires con cambios de aeropuerto, o bien ingresar vía Foz de Iguazú para luego arribar a la provincia.

Aun así, Misiones sigue creciendo en el segmento internacional. Esta preferencia ratifica la potencia de su oferta diferencial de naturaleza: selva paranaense, biodiversidad, áreas protegidas, experiencias de ecoturismo y, por supuesto, la maravilla mundial de las Cataratas del Iguazú.

En un contexto marcado por las asimetrías, es el turismo internacional el que sostiene el dinamismo del sector en la provincia, buscando abrir nuevas oportunidades que garanticen desarrollo, empleo y mayor competitividad en el escenario turístico mundial.

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Bitrenes: el Gobierno habilitó la libre circulación en todas las rutas nacionales

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El Ministerio de Economía oficializó la Resolución 1196/2025, que aprueba un cambio estructural en el régimen de circulación de los camiones bitrenes en Argentina. Desde ahora, estas unidades de gran porte podrán transitar libremente por la totalidad de la Red Vial Nacional, salvo en aquellos tramos que presenten limitaciones técnicas o de seguridad, como puentes con capacidad portante reducida o sectores de trazado complejo.

La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, introduce un enfoque de “exclusión negativa”: los bitrenes tienen habilitación general, salvo prohibiciones puntuales. Se trata de un giro de política logística que apunta a reducir costos de transporte, mejorar la competitividad y dinamizar el comercio interior y exterior, en el marco del plan oficial de desregulación económica.

De corredores restringidos a libre circulación

Hasta ahora, la circulación de bitrenes estaba limitada a corredores viales expresamente habilitados desde 2018, lo que fragmentaba la operación logística y dificultaba la planificación de rutas.

La Resolución 1196/2025 sustituye el artículo 4° de la Resolución 884/2018 del ex Ministerio de Transporte, incorporando un nuevo Manual del Usuario (Anexo III, IF-2025-83540465-APN-DNTAC#MTR).

El nuevo esquema clasifica a los vehículos en tres categorías:

  • Tipo 1 (22,40 m, hasta 60 t): libre circulación sin restricciones.
  • Tipo 2 (22,40 m, hasta 75 t) y Tipo 3 (25,50 m o 30,25 m, hasta 75 t): libre circulación salvo en tramos limitados, que requieren autorización previa a través del sistema TAD.

En todos los casos, se fijan requisitos técnicos: velocidad máxima de 80 km/h, GPS obligatorio para registrar recorridos, distancia mínima de 100 metros entre unidades y prohibición de circular en convoy por puentes. Además, se exige detener la marcha en condiciones climáticas adversas.

Infraestructura y limitaciones

El Anexo II (IF-2025-83537841-APN-DNTAC#MTR) identifica los puentes de la Red Vial Nacional con capacidad inferior a 75 toneladas, donde la circulación estará condicionada a la capacidad estructural o requerirá autorización previa de la Dirección Nacional de Vialidad.

Se trata de una medida técnica clave: sin este resguardo, los bitrenes podrían comprometer la seguridad vial y la integridad de las infraestructuras. La Secretaría de Transporte quedó facultada para modificar los anexos de forma dinámica, en base a estudios de seguridad y capacidad portante.

El Gobierno sostiene que la habilitación general de bitrenes “permitirá optimizar los costos logísticos, multiplicar la capacidad de carga y dinamizar la reactivación económica en curso”.

Desde el sector privado, cámaras de transporte y grandes exportadores ven con buenos ojos la medida, ya que un bitrén puede reducir hasta un 30% el costo por tonelada transportada en largas distancias, además de disminuir el impacto ambiental por menor consumo de combustible por unidad de carga.

No obstante, especialistas en infraestructura advierten que el desafío está en el estado actual de rutas y puentes, ya que el tránsito de bitrenes exige una red vial modernizada. También algunas provincias podrían plantear resistencias, dado que el régimen obliga a las empresas a gestionar permisos adicionales en tramos de acceso provinciales o municipales.

En términos políticos, la medida encaja en la agenda de desregulación y liberalización que impulsa el presidente Javier Milei, al eliminar trabas operativas y dejar en manos de las empresas la planificación logística, con controles mínimos y focalizados en seguridad

La resolución ya está en vigencia, y se espera que en los próximos meses el Ministerio de Economía publique listados actualizados de tramos restringidos y continúe la adecuación de normas provinciales.

De este modo, el nuevo régimen abre la puerta a una transformación estructural del transporte de cargas, con beneficios para sectores agroindustriales, energéticos y exportadores, pero con el desafío de acompañar el cambio con inversión en infraestructura y control efectivo de seguridad vial.

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Avelli Automotores presentó en Misiones el nuevo camión Iveco S-Way con tecnología Euro 6

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La concesionaria Avelli Automotores fue escenario del lanzamiento oficial en Misiones del nuevo camión Iveco S-Way, equipado con tecnología Euro 6, la más avanzada del mercado en materia de eficiencia, seguridad y reducción de emisiones. Se trata del modelo tope de gama de la marca, que llega a Argentina luego de su exitoso desempeño en Brasil y con una propuesta completamente renovada.

“Es un camión totalmente distinto. Cambia desde los componentes eléctricos hasta la cabina, y cuenta con motorización Euro 6, que cumple con normas internacionales de emisiones. Para nosotros, es una verdadera revolución respecto a lo que conocíamos en camiones hasta ahora”, destacó Alberto Avelli, presidente de Avelli Automotores, durante la presentación realizada en la sede de la firma en Garupá.

Según el empresario, el S-Way representa una apuesta estratégica para la región: “Nuestra zona siempre se caracterizó por vehículos grandes y pesados, por la topografía y el tipo de transporte. Así que para nosotros es un orgullo contar con esta unidad, que se adapta perfectamente a las necesidades del transporte misionero y regional”.

En relación al contexto comercial, Avelli trazó un balance positivo del mercado automotor: “En 2025 vemos un crecimiento importante. Los patentamientos vienen un 30% por encima del año pasado a esta altura. Hay más competencia porque ingresaron nuevas marcas al país, y eso nos obliga a ser más eficientes para mantener el nivel de ventas y servicio”.

De cara a 2026, el empresario se mostró optimista, aunque con cautela: “Si se acomodan variables clave como las tasas de interés, el año próximo puede ser muy bueno para el sector. Creo que la economía está empezando a ordenarse, aunque todavía obliga a planificar a corto plazo. Vamos en el camino correcto”.

Por su parte, Manuel Pardal, responsable de Ingeniería de Ventas de Iveco Argentina, explicó que la plataforma del S-Way fue desarrollada bajo tres ejes fundamentales: seguridad, eficiencia y tecnología. “Es una plataforma muy esperada. Sabíamos de su rendimiento en Brasil desde su lanzamiento en 2022, pero requería un proceso de adaptación a las condiciones particulares del mercado argentino”, señaló.

Pardal remarcó que el camión está diseñado para responder a las nuevas exigencias logísticas del transporte nacional: “La tecnología Euro 6 no solo reduce emisiones contaminantes, también mejora el rendimiento del motor y optimiza el consumo de combustible. Es un salto de calidad en todos los sentidos”.

El directivo agregó que la marca está desplegando una agenda intensa de presentaciones en todo el país: “Iveco cuenta con más de 53 puntos comerciales en Argentina. Ya hicimos el lanzamiento oficial en julio y ahora acompañamos a cada concesionario en sus eventos regionales”.

Consultado sobre las proyecciones económicas, Pardal consideró que 2025 “fue un año en línea con lo esperado, aunque con algunas tensiones propias del contexto electoral”. De cara al año próximo, pronosticó un repunte: “Creemos que habrá una mejora general en la actividad. Hay proyectos de inversión en minería y energía que están en marcha, y eso va a traccionar el consumo y la demanda de vehículos de carga. Nosotros vendemos bienes de capital, muy ligados al nivel de actividad económica. A mayor movimiento, mejor le irá al sector”.

Las ventas de Iveco, según Pardal, se mantuvieron firmes pese a las dificultades coyunturales: “Estamos muy conformes con los volúmenes y la participación de mercado. Tuvimos una planificación conservadora y el año se viene cumpliendo según lo previsto”.

El Iveco S-Way, con su combinación de potencia, innovación y sustentabilidad, se consolida como una de las principales apuestas del transporte de cargas en la Argentina. Y su desembarco en Misiones refuerza el rol estratégico de la provincia como nodo logístico del norte argentino.

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