TRATA

Más de 5.000 víctimas de trata fueron rescatadas en Argentina entre 2020 y octubre de 2023

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Un total de 5.075 víctimas de trata fueron rescatadas en la Argentina entre 2020 y octubre de 2023, quienes recibieron distintas formas de asistencia con el objetivo de restituir sus derechos durante la actual gestión del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de personas, se informó hoy oficialmente.

De acuerdo a la información estadística que provee el Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia, 933 personas fueron rescatadas durante 2020, 1.404 en 2021, 1.186 en 2022 y 1.552 en lo que va del presente año.

El Comité bajo la dirección operativa de Gustavo Vera destacó las políticas públicas de asistencia a las víctimas como el Programa Acompañar del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, en articulación con la Anses, que tiene el objetivo de promover la autonomía de las mujeres y LGBTI+, mediante el otorgamiento de una prestación económica y del fortalecimiento de redes de acompañamiento.

Durante el periodo que va desde noviembre de 2020 al 30 de septiembre de 2023, 3.244 mujeres y LGBTI+ víctimas de trata fueron destinatarias del Programa Acompañar.

Del total, 794 personas fueron víctimas de explotación con fines laborales y 1.494 fueron víctimas con fines de explotación sexual, mientras que 956 fueron víctimas de otros fines de explotación.

También el Programa Restituir, de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), que promueve el proceso de autonomía de las víctimas para el diseño de su proyecto de vida, mediante una prestación económica específica que permita cubrir necesidades básicas durante el proceso de fortalecimiento de dicha autonomía.

Así, durante 2023 se tramitaron 101 Potenciar Trabajo y 28 Ayuda Urgente y en el período 2020-2022 se otorgaron 330 Potenciar Trabajo y 25 Ayuda Urgente.

Actualmente la Nación cuenta con un Refugio que depende de la Senaf que puede alojar hasta 45 personas, remarcaron.

Por otra parte, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) aprobó mediante la Resolución 100/2020 el otorgamiento de una Prestación Extraordinaria a trabajadores rurales que sean detectados como víctimas de trata de personas, explotación laboral o explotación infantil.

Más de 1.300 trabajadores/as rurales rescatados fueron beneficiarios con esta prestación desde el inicio de esta gestión.

Por otra parte, a través del Programa Restituir, de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Ministerio de Desarrollo Social se tramitaron en este año 101 Potenciar Trabajo y 28 Ayuda Urgente, y durante el período 2020-2022 se otorgaron 330 Potenciar Trabajo y 25 Ayuda Urgente.

Desde el Comité destacaron que por primera vez el Estado Nacional “comenzó a dar pasos hacia una política habitacional de largo plazo para las víctimas de trata”

En la actualidad son 8 las soluciones habitacionales que se concretaron en Santiago del Estero, Catamarca, Formosa, Misiones y Tucumán y están avanzados aproximadamente 50 casos en decenas de provincias prontos a resolverse, señalaron.

Además, el programa contempla acompañamiento terapéutico a través del Ministerio de Salud; patrocinio jurídico brindado por el Ministerio Público de la Defensa; formación e inserción laboral y el Fondo de Asistencia que tiene como objetivo la administración de los bienes decomisados desde el cual se realizaron 55 restituciones económicas por un total de $11.917.815,48.

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La Afip detectó indicios de trata laboral en un campo de paja de Entre Ríos

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGSESO) detectó indicios de trata laboral en un campo dedicado a la producción de paja, en la provincia de Entre Ríos. Inspectores del organismo conducido por Carlos Castagneto relevaron a tres trabajadores que cumplían jornadas laborales de 14 horas y vivían en condiciones infrahumanas en el acoplado de un camión dentro del predio. Las graves irregularidades fueron denunciadas ante la justicia federal de Gualeguaychú. En el operativo participaron miembros del Ministerio de Trabajo local.

Agentes de la DGSESO, que dirige Mara Ruiz Malec, llevaron adelante una fiscalización presencial en una finca entrerriana. El procedimiento permitió constatar la presencia de tres personas cuya actividad consistía en cortar paja y luego atarla en forma de mazos, por los que recibían 100 pesos por cada unidad. Las labores comenzaban a las 6 de la mañana y se prolongaban hasta las 20 horas, de lunes a viernes. Ninguna de las presuntas víctimas se encontraba registrada formalmente ante la AFIP.

Entre los evidentes indicios de explotación laboral, también se encontraron las condiciones inhumanas en la que vivían. Los trabajadores dormían en el acoplado de un camión en desuso, hacinados y sin luz, agua potable ni baños. Para bañarse, utilizaban baldes y entibiaban el agua previamente con leña. Además, sufrían descuentos por los alimentos que consumían y las propias herramientas de trabajo.

A raíz de los numerosos indicios compatibles con el delito de trata de personas con fines de explotación laboral por parte de los presuntos empleadores, se radicó una denuncia ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú.  

La AFIP posee una línea de atención gratuita 0800-999-3368 (opción 3) para denunciar indicios de trata laboral, reducción a la servidumbre, trabajo infantil y contratación de migrantes irregulares y el mail tratalaboral@afip.gob.ar. La denuncia puede ser anónima.

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Corrientes: fijaron fecha de debate para tres casos de trata en causas que tienen víctimas misioneras

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Tres nuevas causas por el delito de trata de personas, una con fines de explotación laboral y las otras dos con la finalidad de explotación sexual, llegarán próximamente a debate oral y público ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes. Es un significativo avance para la jurisdicción, que es la que menos juicios registraba por este fenómeno criminal.

El progreso se dio a partir del procesamiento del ex fiscal federal de Paso de los Libres, Benito Pont. Los fiscales de la jurisdicción, con la asistencia de la Procuraduría de Trata y Explotación Sexual (PROTEX) advirtieron irregularidades en las causas en trámite en el juzgado federal de esa ciudad, vinculadas precisamente a las investigaciones de delitos de trata de persona, terrorismo de estado, corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero,  que  –en algunos casos- se encontraban paralizadas o traspapeladas.

Uno de los casos más preocupantes es la causa iniciada en el año 2008, donde se denunciaron hechos aberrantes y, según se informó a Fiscales, se ha demorado inexplicablemente en la instrucción.

En la jurisdicción de Corrientes han llegado a juicio tres causas vinculadas al delito de trata sexual, pese que sólo en Paso de los Libres se encuentran en trámite de investigación más treinta causas por ese delito, tanto de explotación sexual como laboral.

En el cuadro que acompaña esta nota se puede apreciar la cantidad de causas que han llegado a juicio en el país y que han tenido como resultado la condena de los responsables. Ante ese escenario, contrasta el caso de Corrientes.

En la sección judicial de Paso de los Libres se ha producido un avance significativo en el trámite investigativo y fueron elevadas a juicio oral una importante cantidad de causas a partir de la intervención de la jueza Cristina Pozzer Penzo. Y el Tribunal Oral Federal de Corrientes ha decidido fijar fecha para la realización del juicio oral y público.

En este marco, las tres nuevas causas que llegarán a juicio fueron requeridas por el fiscal subrogante Aníbal Fabián Martínez: la primera de ellas, por explotación laboral, tiene fecha de inicio el 15 de Noviembre, mientras que las otras dos, por trata sexual, tienen fecha para febrero de 2018. En los juicios intervendrá el fiscal general Carlos A. Schaefer con la colaboración de los fiscales de la Procuraduría de Trata y Explotación Sexual (Protex).

Las tres nuevas causas que llegarán a juicio fueron requeridas por el fiscal subrogante de Paso de los Libres Aníbal Fabián Martínez.

El primer caso de trata laboral

La causa que aborda el primer caso de trata con fines de explotación laboral que llega a juicio en esa jurisdicción se inició el 6 de junio de 2013. Dos hombres están acusados. Las víctimas eran trabajadores de un campo dedicado a la explotación forestal.

Ambos imputados serán juzgados como coautores del delito de trata de personas, de acuerdo con el artículo 145 bis y ter –primer párrafo- incisos 1 y 4, y segundo y tercer párrafo del mismo artículo del Código Penal.

Uno de ellos está acusado de engañar, mediante falsas ofertas laborales, a cinco trabajadores en situación de vulnerabilidad -oriundos de la provincia de Misiones y uno de ellos menor de edad-, con la promesa de un buen sueldo. Según la acusación, una vez arribados a la ciudad, el imputado se encargaba de recibirlos y acogerlos en su casa para luego trasladarlos al monte, para trabajar en condiciones infrahumanas en tareas vinculadas a la explotación forestal.

El otro imputado es el propietario del aserradero al cual iba destinado todo lo producido por los trabajadores en el monte para su procesamiento y comercialización. Si bien no tenía contacto con los trabajadores, la Fiscalía sostiene que contaba con pleno conocimiento de las circunstancias degradantes de las personas y de las condiciones en que se encontraban alojadas.

Los otros dos casos de trata sexual que llegan a juicio

El segundo caso que llegará a la instancia de debate oral y público tuvo inicio el 2 de marzo de 2015. Un matrimonio se encuentra acusado de haber acogido con fines de explotación sexual al menos a seis víctimas en situación de vulnerabilidad en un prostíbulo denominado “Mami Lu”, ubicado en la localidad correntina de Gobernador Virasoro. Ambos se habrían desempeñado como sostenedores, administradores y regentes del local y, a su vez, habrían mantenido cautivas a las víctimas.

De acuerdo con la acusación, los acusados no sólo alojaron a las víctimas sino que también las mantuvieron custodiadas por personas ligadas a ellos. Además, las mujeres sólo podían salir de allí en remises enviados por el matrimonio para trasladarlas hasta el prostíbulo y viceversa, tratando de que los conductores sean siempre las mismas personas para no levantar sospechas.

Sólo en Paso de los Libres se encuentran en trámite de investigación más treinta causas por el delito de trata de personas, tanto con fines de explotación laboral como sexual.

Finalmente, también quedó acreditado para la Fiscalía que las mujeres rotaban “de tiempo en tiempo” y es por eso que no descartan que el prostíbulo, los imputados y las víctimas hayan sido parte de una red de trata desplegada por varios puntos del territorio argentino: en las provincias de Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y algunas del sur del país.

Los hechos fueron calificados con el artículo 145 bis y ter, puntos 1 y 4 y párrafo 9no, en concurso ideal – artículo 54 del Código Penal-, artículo 127 inciso 1º y artículo 17 de la ley 12.331.

El otro caso que llegará a debate se inició en noviembre de 2012, y tiene como única imputada a una mujer acusada del sostenimiento, administración y regenteo de otro prostíbulo denominado “Whiskería El Trebol”, ubicado también en la localidad correntina de Virasoro, donde habría explotado sexualmente a doce mujeres en situación de vulnerabilidad al menos entre el 6 de noviembre de 2012 y el 17 de octubre de 2015.

Algunas de las víctimas, en su mayoría oriundas de la provincia de Misiones y una de ellas de la República de Paraguay, declararon que vivían en el prostíbulo en compañía de otras mujeres y que ellas se encargaban de preparar, comprar su comida y de la adquisición de artículos de higiene personal. Además, debían hacerse cargos de los gastos de la Libreta Sanitaria, la cual era firmada por una médica ginecóloga.

Las mujeres señalaron que los denominados “pases” tenían un valor de 400 pesos y que debían entregarle un 20 por ciento de ese dinero a la imputada, al igual que el 50 por ciento del valor de las “copas” y de los preservativos que vendían en el local. Al igual que en el caso anterior, la Fiscalía no descarta que la imputada y las víctimas hayan sido parte de una red de trata de personas desplegada por varios puntos del territorio provincial.

 
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Claudia Lascano: “A la victima de trata hay que asistirla hasta lograr su reinserción social”

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La trata de personas es una de las formas más abyectas de dominación sobre los individuos; es un delito complejo, que tiene impacto global. En el país desde el 2008 se han rescatado más de 11170 victimas. Desde la ONG Alto a la Trata advierten que el flagelo vuelve a tener presencia en la provincia y además piden que se implementen todos los programas de asistencia a las victimas hasta la completa reinserción social.

La referente de la ONG Alto a la Trata en la provincia, Claudia Lascano charló con Economis sobre la problemática y distinguió el trabajo de Desarrollo Social, y de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP); aunque cuestionó la falta de condiciones del refugio sostenido por la provincia para la asistencia inmediata de víctimas.

Lamentó que desde el Gobierno Nacional se trabaje más sobre “el control de las cosas y no de las personas” en sitios como el puente internacional San Roque González de Santa Cruz que une Posadas (Argentina) con Encarnación (Paraguay). Consideró que “el foco se pone en el narcotráfico y no en la trata de personas”.

La referente planteó que se “debe combatir el delito y darles alternativas a las victimas”. Consideró que deben intensificarse las capacitaciones al personal policial para que sean replicadores en toda la provincia, así como también abordar la problemática en el ámbito escolar a través de diferentes enfoques.

Con respecto a la asistencia que se les brindaba a las víctimas, Lascano opinó que “hoy no tenemos nada de esto, hoy los refugios tienen dificultades para estar listos al momento de recibir una víctima, es decir no hay personal estable, ni el cuidado, ni el sostenimiento de esta para que en los refugios en la emergencia se pueda recibir a alguien”.

Recordó que “la policía de la Provincia de Misiones cubrió ampliamente y bastamente el territorio de la provincia de Misiones con la Policía Comunitaria, capacitando e informando sobre todo a la gente dando alerta sobre posible existencia de redes o de captadores en la provincia, hoy esto ya no se hace. Evidentemente no estamos en la misma situación que en tiempos anteriores”.

Con respecto a la articulación con el Estado, ella señaló que su ONG trabaja de muy buena manera con la cartera de Desarrollo Social “El mismo Ministro toma conocimiento de cada caso, se interioriza de lo que sucede con cada víctima y trabajamos con la línea 102, y 137 del Ministerio de Gobierno, en casos de víctimas de violencia hemos logrado también insertarnos en las Mesas de Gestión que estaban funcionando, en Garupá, Fátima y Ñú Porá. Las mesas de trabajo de Garupá y Ñú Pora tienen un trabajo muy interesante; en Fátima la mesa se convoca desde la EBY pero llevamos más tiempo con Ñú Porá. Tienen un trabajo desde el año 2006 sobre violencia
familiar, en forma permanente, sistemática y con capacitaciones a profesionales en el campo, además tienen una voluntad de articular y trabajar en red y somos muchas instituciones que hoy estamos trabajando y colaborando con ellas. Algo importante a
destacar es que Garupá es el primer municipio del País que lleva adelante una ordenanza que lleva hasta el cierre a un negocio que se pudiera demostrar que estaba vinculado a la oferta sexual”.

También valoró el trabajo de la Unidad Ejecutora Provincial, que en las diferentes reuniones con los vecinos de toda la provincia para planificar las obras a desarrollar lleva a referentes de la ONG, para que puedan tener un dialogo directo con las familias. “Es una modalidad de trabajo muy valorable, porque buscan conocer las necesidad de cada comunidad antes de hacer las obras del Pormeba” explicó Lascano que planteo que en esas reuniones se dan intercambios muy valiosos con los vecinos.

Sobre los problemas actuales en la atención de las victimas, Lascano recurrió a un ejemplo de un caso puntual que pasó en Agosto de 2017, al cual Derechos Humanos no tuvo las herramientas para asistir “te reitero, sé que por lo menos hace un mes atrás el refugio de Derechos Humanos, no estaba en condiciones de asistir ante la emergencia. Hubo un caso, no pudieron atender, y tuvieron que salir con ciertos artilugios y salir corriendo para limpiar, acomodar, poner a alguien para que esté acompañando a la víctima. No tienen evidentemente el sistema administrativo para poder también vamos alquilemos un lugar y evidentemente no tiene la articulación tampoco Derechos Humanos con otros organismos del Estado Provincial, para poder buscar esas soluciones”.

También advirtió que esto responde a la falta de preocupación a nivel nacional del tema,  “si bien sé que el Ministerio de Desarrollo de la Nación, así como a nosotros a otras instituciones de otras provincias ayuda financieramente para que podamos atender a las víctimas, de la misma manera desde el Ministerio de Seguridad y desde el Ministerio de Justicia no se nota, no se ven directamente campañas de prevención a la población sobre la trata. Además las fuerzas de seguridad ni siquiera hablan del combate contra la trata. Todo el tiempo escuchamos hablar del narcotráfico, de la corrupción, de las redes delictivas, pero no específicamente de redes que tengan que ver con la trata”. 

“Antes casualmente en algún caso de narcotráfico detectaban una red de trata, hoy no, esto no ocurre. Te digo más en el puente lo visualizamos, nosotros hace poco estuvimos en una reunión que había convocado Desarrollo Social de la Nación, que acompaño el Instituto Nacional contra la Discriminación el INADI, estuvo una representante de Migraciones de la Provincia, porque antes era Migraciones que detectaba las posibles situaciones de trata, y tenían un espacio destinado a atender a la víctima; esto sale de migraciones incluso antes del cambio del Gobierno Nacional, y/o queda en manos de Gendarmería Nacional pero nosotros no vemos ni en los controles de San José que han sido efectivos anteriormente, ni en la terminal de ómnibus de Posadas y mucho menos en el Puente ningún tipo de preocupación sobre este tema. Están muy preocupados por el contrabando incluso la Aduana hoy está combatiendo duramente el contrabando, incluso el contrabando hormiga, de familias que no creemos que van a tirar abajo la economía del país. Lo que tiene que ver con las personas no se cuida, lo que tiene que ver con los objetos se cuida. Lastimosamente el comercio que se filtra por la trata de personas hoy no es importante al Gobierno Nacional, tampoco desde el Ministerio de Gobierno, como cuando estaba el Ministro Franco que obligó de alguna manera a la provincia para que el Gobierno Nacional diera respuestas, hoy no ocurre nada de esto”, afirmó.

Sobre las estadísticas sobre las víctimas de trata y tráfico la misma señalaba “hoy los datos que tenemos son argentinas y de otras nacionalidades, no hay ninguna estadística por lo menos pública, supongo yo que sí la ha de tener la oficina de rescate, pero no hay
ninguna estadística pública que nos pueda determinar cuántas víctimas misioneras han sido rescatadas. Sabemos que estos últimos meses han sido rescatadas misioneras en la provincia de Corrientes”. Del mismo modo aseveró “la cantidad de víctimas misioneras
sobre el territorio disminuyó fuertemente, Misiones había desaparecido de las estadísticas nacionales, habiendo sido la primera semillera de víctimas. Lamentablemente empezamos de nuevo a aparecer”.  

Claudia Lascano, daba su reflexión sobre los resultados de la asistencia de las víctimas y la reconstrucción del proyecto de vida “en algunos casos se ha podido en otros no, lamentablemente a veces las víctimas llegan a la asistencia en forma tardía. Los procesos judiciales no son rápidos, entonces la reparación de estás víctimas es más difícil. Entonces nos encontramos con muchas frustraciones, y con muchas alegrías. No te puedo decir que esto dependa únicamente de la víctima, depende mucho el momento
en el que le llega la asistencia a la víctima y en algunos casos llega lamentablemente tarde. Porque ha sido rescatada tarde o porque ha llegado después de varios circuitos a su provincia de vuelta. Hablo tanto por los casos que nos ha tocado trabajar, tanto como algunos casos que ha trabajo el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia”.

Planteó que los centros de contención deben repensarse, para contener a la victima. Explicó que los refugios no son pensados para victimas con hijos, siendo que en esos casos los chicos son un gran motor para facilitar la reinserción de la victima, por contar con un proyecto de vida.

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