En la Argentina hay apenas quince condenas por lavado de dinero. Quince. El dato es revelador de cómo todavía falta un largo camino por recorrer en el combate al crimen organizado, que tiene al narcotráfico como una de sus patas principales, pero que incluye el contrabando común, la trata de personas y hasta el tráfico de armas en las fronteras entre Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.
Esa realidad no es demasiado distinta a los demás países del cono sur, cuyos fiscales, fuerzas de seguridad y jueces, debatieron en Posadas durante dos días en la cuarta jornada de Cooperación Internacional entre el ministerio de Seguridad y el ministerio Público.
En el panel de cierre, el juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti, admitió que hay una mora judicial en el ataque al lavado de activos, que se contradice con el creciente decomiso de drogas, profundizado por la actual gestión. Se estima que el contrabando genera un movimiento económico de dos billones de dólares por año, de los cuáles, unos 320 mil millones corresponden al narcotráfico.
Gabriel Pérez Barberá, fiscal general y titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), coincidió con el magistrado y admitió que el lavado de dinero no está entre las principales causas resueltas por la Justicia, que sí tiene un cúmulo de causas por narcotráfico. “Las leyes están, pero no hay efectividad. Lo que demuestra que todavía se trabaja en compartimientos estancos”, señaló.
Partiendo de esa base, la conclusión del encuentro que tuvo en el cierre al vicegobernador Oscar Herrera Ahuad y al ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, fue que hay que profundizar no sólo el trabajo en conjunto, sino la unificación de criterios legislativos, la coordinación de fuerzas de seguridad y el intercambio de tecnología.
La tarea es ardua, más allá de la disposición de los funcionarios y operadores de justicia. Las legislaciones son similares pero no idénticas y a veces las trabas burocráticas pueden paralizar una operación o, peor aún, arruinarla. Los expositores coincidieron en que los avances legislativos muchas veces llegan tarde, por lo que los jueces y fuerzas de seguridad deben suplir las carencias con ingenio. Hasta el wathsapp se convirtió en una herramienta para acelerar procedimientos conjuntos que podrían demorar días a través de los vericuetos legales que determinan las Cancillerías.
Gustavo Abrazián, representante de la Unidad de Información Financiera en Misiones y el litoral, aseguró que el organismo está a disposición para las investigaciones sobre el patrimonio de los narcotraficantes y aseguró que la directiva es “ir por los bienes” generados a través de los delitos.
Sin embargo, la forma de trabajar todavía dista mucho de ser la ideal. Aunque hay cooperación institucional, las normativas son distintas. En Uruguay, por ejemplo, se lidia con el narcotráfico aéreo y terrestre, además de trata de personas y tráfico de armas desde el sur de Brasil. También llega marihuana en barcazas desde el Paraguay, pasando por territorio argentino.
Yannet Ferrero Álvarez, la fiscal a cargo de la Fiscalía Especializada en Droga del país oriental, contó que trabajan con una ley de combate al crimen organizado que incluye la colaboración con otros países y la trata de personas, armas y lavado de dinero interno y transnacional. Los bienes decomisados a narcos van a remate y con eso se financian centros de recuperación de drogadictos.
La funcionaria contó una anécdota que diferencia a Uruguay de la Argentina: “En un operativo en el que buscábamos una avioneta con droga, apostamos a francotiradores de la Policía para detener a los narcos”. En el país de Mujica, la ley de Defensa permite el derribo de aviones que violen el espacio aéreo. En Brasil también, pero en Argentina eso no está permitido.
Ferrero Álvarez pidió potenciar el trabajo interdisciplinario a través de la Remp –Reunión Especializada de Ministerios Públicos-, donde participan las cancillerías, que pueden agilizar después la coordinación legislativa. “Hay que allanar el camino de las formalidades para realizar acciones rápidas. Tenemos los mismos problemas y se debe aggiornar el trámite para que haya un impacto en el crimen organizado”, sentenció.
Los funcionarios coincidieron, en la misma línea argumentativa del ministro Marcelo Pérez, que además del combate frontal a la oferta del narcotráfico, hay que trabajar en paralelo con la atención a la demanda. Misiones es también un ejemplo del trabajo coordinado entre fuerzas locales y de Paraguay y Brasil. Gracias a eso, se logró el récord de más de 16 toneladas de marihuana decomisadas en 2016 y otras siete en lo que va de este año.
