El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha anunciado una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita interrumpir los mecanismos de financiación de Hezbollah en la región conocida como la Triple Frontera, que abarca partes de Argentina, Brasil y Paraguay.
Según el comunicado oficial, los financistas y facilitadores de Hezbollah en esta área generan ingresos a través de diversas actividades ilícitas, incluyendo lavado de dinero, narcotráfico, contrabando de carbón y petróleo, comercio ilegal de diamantes, contrabando de bienes, falsificación de documentos y de dólares estadounidenses. Además, se menciona que actividades comerciales legítimas, como la construcción, importación y exportación de mercancías y la venta de bienes raíces, también son utilizadas para financiar a la organización.
La iniciativa forma parte del programa Recompensas por la Justicia (RFJ), administrado por el Servicio de Seguridad Diplomática de EE.UU., que busca información para identificar y desarticular diversas fuentes de ingresos y mecanismos de facilitación financiera de Hezbollah. Esto incluye donantes o facilitadores financieros, instituciones financieras o casas de cambio que faciliten transacciones, y empresas o inversiones controladas por la organización o sus facilitadores.
Hezbollah, con base en el Líbano, recibe armas, entrenamiento y financiamiento de Irán, país designado como patrocinador estatal del terrorismo desde 1984. La organización genera aproximadamente mil millones de dólares al año a través de una combinación de apoyo financiero directo de Irán, negocios e inversiones internacionales, redes de donantes, corrupción y actividades de lavado de dinero.
El Departamento de Estado designó a Hezbollah como Organización Terrorista Extranjera en 1997 y como Terrorista Global Especialmente Designado en 2001. Se alienta a cualquier persona con información sobre las redes financieras de Hezbollah en la Triple Frontera a comunicarse con Recompensas por la Justicia a través de aplicaciones como Signal, Telegram o WhatsApp al número +1-202-702-7843. Se garantiza que toda la información proporcionada será tratada con estricta confidencialidad.
Inelegible y a punto de ser condenado por el Supremo Tribunal Federal por su intento fallido de golpe de Estado, Jair Bolsonaro (PL) concedió una breve entrevista a la columnista Mônica Bergamo, del diario Folha de S.Paulo, y en la conversación se mostró más sumiso que nunca al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El ex presidente afirmó que si regresa al Palacio del Planalto, permitirá la instalación de una base militar de Estados Unidos en territorio brasileño. Obviamente, necesitaría alguna excusa esa decisión, y como argumento reflotó la supuesta infiltración de terroristas islámicos en la región de la triple frontera, en los límites con Paraguay y Argentina. “Voy a permitir que se instale una base militar de Estados Unidos allí”, afirmó Bolsonaro a la Folha.
En otra manifestación de alineamiento a los designios estadounidenses, el exmandatario brasileño también declaró que, si vuelve al poder, retirará a Brasil del BRICS, el poderoso grupo económico formado originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que recientemente aceptó la integración de otras grandes e importantes naciones desde el punto de vista económico. Esta iniciativa es más fundamental que nunca para Brasil, ya que conecta su economía con otras emergentes y pujantes y, sobre todo, representa un contrapeso al dominio de Estados Unidos en este ámbito, que ahora, con Trump, actúa de manera aún más agresiva. Como extra, Bolsonaro, en su papel de gran negacionista y enemigo de la ciencia y las vacunas, también prometió abandonar la Organización Mundial de la Salud.”Si vuelvo a ser presidente, saldré del BRICS y de la OMS“, añadió el ex militar, quien intentó dar un golpe de Estado al ser derrotado por Lula Da Silva. También identificado con el republicano, el presidente de Argentina, Javier Milei, retiró a su país de la OMS.
El expresidente está inhabilitado hasta 2030 por orden del Tribunal Superior Electoral (TSE) y no podrá competir en las elecciones presidenciales de 2026. Bolsonaro y sus aliados intentan revertir la decisión de la Corte electoral. El exmandatario ya ha afirmado que es el único que puede representar a la derecha en las próximas elecciones y, además, evita apoyar a cualquier posible sustituto en la disputa.
En las últimas semanas, algunos políticos bolsonaristas, acuciados por la inminente prisión de Bolsonaro, intentan buscar apoyo del gobierno de Trump ofreciendo a cambio la criminalización de la región de la Triple Frontera. Aseguran haber hecho llegar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la visita de Netanyahu a la Casa Blanca, su preocupación por la supuesta presencia de “terroristas” de Hamás y Hezbolá en la Triple Frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina.
El Gobierno Nacional diseña el operativo que desplegará en la Triple Frontera para potenciar la seguridad y mantiene en estudio la posibilidad de incluir la colaboración de las Fuerzas Armadas.
Tras el anuncio a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien reveló que en el marco del Plan Güemes se implementarán mayores controles en las fronteras con Brasil y los países limítrofes, el Poder Ejecutivo trabaja en aumentar el patrullaje en los perímetros.
Al objetivo se le sumó la construcción de un cerco de 200 metros en el paso entre Aguas Blancas (Salta) y Bermejo, que evitará el ingreso de extranjeros por la provincia, y la determinación de limitar los accesos desde la provincia de Misiones a los países lindantes con la presencia de efectivos de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Seguridad Aeroportuaria.
“Vamos a controlar las fronteras con las Fuerzas de Seguridad y estamos evaluando la posibilidad de incluir a las Fuerzas Armadas”, reveló a la agencia Noticias Argentinas una alta fuente a cargo del diseño del operativo.
En eso trabajan los ministerios de Defensa, a cargo de Luis Petri, y de Seguridad, que pulirán los detalles en una mesa de trabajo en la que determinarán la cantidad de efectivos que enviarán y los lugares estratégicos en los que desembarcar.
Amparados en la derogación del Decreto 727/2006, reglamentario de la Ley de Defensa, y en la sanción del Decreto 1112/2024, se escudan en que las Fuerzas Armadas se encuentran habilitadas para actuar en las fronteras.
Según la letra, podrán desempeñar actividades de “adiestramiento operacional, brindar apoyo logístico al sistema de seguridad interior, realizar acciones de apoyo a la comunidad y prestar asistencia ante catástrofes naturales o emergencias”.
La idea de ambas carteras es aumentar el envío de efectivos, pero también implementar el uso tecnología que permita incrementar la vigilancia y para eso, harán uso de un dote de drones que fueron comprados durante la presidencia de Mauricio Macri.
“Tenemos Gendarmería, patrulla permanente y necesitamos esta tecnología para custodiar no sólo la triple frontera con Brasil, sino zonas como Bernardo de Irigoyen, donde la ciudad está totalmente integrada, y Salvador Mazza, donde estamos haciendo un plan integral”, detalló Bullrich, y concluyó: “Este año vamos a tener toda la frontera vigilada como queremos. Ojalá no nos hubieran destruido el sistema de fronteras que teníamos en 2018″.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó que en el marco del Plan Güemes implementarán mayores controles en las fronteras con Brasil y con el resto de los países limítrofes de la Argentina. La decisión surge en medio de la tensión creciente entre la Argentina y Bolivia por la construcción de un cerco de 200 metros en el paso entre Aguas Blancas (Salta) y Bermejo.
“Ahora vamos a ir a la frontera en Misiones con Brasil, que es una frontera que se pasa caminando en muchos lugares y en donde hemos tenido sicariatos y problemas”, anticipó Bullrich en diálogo con radio Mitre.
La funcionaria dijo que evaluarán cuáles son las medidas apropiadas para cada zona, aunque descartó por ahora impulsar la construcción de nuevos cercos como sucederá en Aguas Blancas, donde los gobiernos nacional y provincial decidieron instalar un alambrado para obligar a que todas las personas que transitan la zona realicen los trámites y controles migratorios para pasar una nación a la otra.
“Vamos a ir en orden. Ahora hicimos Aguas Blancas, después vamos a ir a la Triple Frontera, que la tenemos controlada hace mucho tiempo y vamos a ir los límites con Brasil, donde tenemos un problema muy serio”, puntualizó.
Bullrich explicó que la mecánica varía de acuerdo a la política cambiaria de cada país. Hay momentos en el que salen productos de Argentina hacia Brasil porque tienen precios más bajos y otros momentos -como ahora- en donde los contrabandistas intentan ingresar productos al país sin pagar impuestos.
El Plan Güemes fue presentado en diciembre pasado por la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. Su objetivo es el combate contra el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en la frontera norte, a través del control y las capacidades de análisis criminal.
Además del despliegue de fuerzas federales y la estrategia de abordaje entre estas, fuerzas provinciales y el Poder Judicial, el plan también implica el fortalecimiento de la vigilancia en pasos limítrofes. “En puntos como Aguas Blancas, se implementarán controles más rigurosos para prevenir actividades ilícitas y mejorar la seguridad de los habitantes”, destacaron en un comunicado desde el Ministerio de Seguridad argentino.
La Policía Federal Argentina detuvo en distintos puntos del conurbano bonaerense, al líder y a tres integrantes de una supuesta organización guerrillera narcoterrorista denominada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que opera desde mediados de los ’90.
A la organización se la acusa de ingresar ilegalmente a la Argentina, niños nacidos en el monte paraguayo, otorgarles DNI argentino, en supuesta connivencia con funcionarios de organismos provinciales e integrantes de organizaciones del tercer sector, para ser educados aquí y luego llevarlos a Paraguay para entrenarlos como combatientes del EPP.
Durante los allanamientos fue detenido en Moreno, José Mariano Villalba Ayala, de 55 años, considerado el jefe logístico de la organización sobre quien pesaba un pedido de captura internacional, en el marco de una causa por secuestro extorsivo que tramita en Paraguay.
También quedaron detenidas sus hermanas Miriam y María Rosa Villalba Ayala y su sobrina, Tania Villalba Ayala. En sus domicilios se hallaron 10 menores de edad y gran cantidad de “bibliografía revolucionaria”.
El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) es una organización guerrillera de izquierda que opera en Paraguay desde 2008, aunque sus antecedentes se remontan a 1994 cuando actuaba como brazo armado clandestino de Patria Libre, un partido guevarista fundado en 1990.
De acuerdo a la información de los investigadores, el EPP se vinculaba con organizaciones como las Ex FARC, a partir de la relación con Gentil Duarte, del Primer Comando Capital (PCC), a quienes les brindaban logística para la distribución de cocaína y producción de marihuana en la localidad de Pedro Juan Caballero.
En Argentina, los abogados de la organización fueron cercanos a Montoneros, a través de Eduardo “Negro” Soares, y el recientemente fallecido Roberto Perdía, quienes asumieron la defensa del separatista Joanes Huala, miembro de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y del MOVADEF (integrado por ex miembros del Sendero Luminoso de Perú).
Al grupo terrorista, se le atribuyen una serie de hechos de sangre en Paraguay desde 2004 como el secuestro y asesinato de políticos y empresarios y ataques armados a edificios públicos.
En enero de este año el EPP salió a la luz, exigiendo al gobierno paraguayo información sobre una menor desaparecida, conocida como Lichita y sería el autor de un atentado con explosivos ocurrido el 13 de febrero en el noreste de Paraguay en el que murieron tres personas.
Según los análisis de los investigadores, el EPP estaría incrementando su actividad con una nueva generación integrada por personas reclutadas en pueblos originarios y por sus propios hijos. Es parte de una tradición familiar: los ocho hijos e hijas de Mariana de Jesús Ayala y José Villalba (padre), forman o han formado parte activa del EPP desde hace décadas.
Las coordinaciones entre las autoridades argentinas y paraguayas comenzaron a principios de febrero de este año, cuando llegó al país una delegación de funcionarios judiciales y policiales quienes hicieron conocer a las autoridades de Argentina detalles respecto de cómo la organización estructuraba el adoctrinamiento de los jóvenes que conforman la banda paramilitar.
Puntualmente contaron que la célula que se encargaba de la capacitación intelectual de los futuros integrantes de la guerrilla, estaba radicada en Argentina. A través de una minuciosa investigación en el país vecino, se pudo determinar que muchos hijos de los “soldaditos” menores de edad que conforman el EPP, serían trasladados a la Argentina, registrados como ciudadanos argentinos y para cuando alcanzaron la post adolescencia regresen a Paraguay a lo que denominan “campamentos” para que allí otra célula se encargue del adiestramiento militar.
Los funcionarios paraguayos dieron a conocer que este grupo se financia con secuestros, extorsiones, expropiaciones e inclusive un impuesto que denominan “impuesto revolucionario” que les cobran a los campesinos para no ser secuestrados.
El 10 de abril, el Estado Paraguayo presentó ante la Cancillería argentina un pedido de detención preventiva y allanamiento de las viviendas donde residen los guerrilleros para que se secuestren elementos que puedan servir como indicio en la causa que se instruye en Paraguay, tales como videos, fotografías, cartas, bibliografía revolucionaria.
La solicitud internacional recayó en el Juzgado Federal Nro. 11 a cargo de Julián Ercolini, Secretaría 21, a cargo de Carolina Florez Arnaiz, quien mediante oficio de estilo dispuso se ejecuten las medidas requeridas.
Sin embargo, el propio Ercolini ordenó la libertad al considerar que los detenidos son “perseguidos políticos” en Paraguay, por lo que pidieron asilo en la Argentina.
Sin embargo, el ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, anunció que concurrirá a la CONARE (Consejo Nacional de Refugiados) de la Argentina para explicar que no son perseguidos políticos, sino delincuentes comunes procesados por la ley.
¿Por qué debe preocupar en Misiones?
Paraguay considera que los detenidos en Argentina forman parte del liderazgo de las organizaciones narcoterroristas con base en el noreste de Paraguay, en la frontera con Brasil y muy cerca de la Argentina.
La zona norte de Paraguay es virtualmente una zona de guerra. En las últimas horas, se trasladó a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) al departamento de Canindeyú, en el marco de la lucha contra el crimen organizado.
El ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, señaló que la FTC obtuvo un excelente resultado en la zona norte del país, por lo que se planificó el desplazamiento de estas fuerzas a la zona de Canindeyú. Las declaraciones del ministro se dieron antes del anuncio del presidente de la República Santiago Peña.
El titular de la cartera del Interior indicó que el desplazamiento también se podría dar en el departamento de Alto Paraná, pero de principio, se anunció la instalación de la subzona de pacificación de la FTC en el departamento de Canindeyú. La decisión de ampliar el operativo al Departamento Alto Paraná (Py), coloca a Misiones dentro del anillo principal de las tácticas que tanto Brasil como Paraguay vienen tomando en torno al narcotráfico y otras cuestiones de seguridad en la región.
“El delito migra, si ven la presencia de la FTC, donde hay policías y militares de un altísimo perfil y que no tienen que envidiar a ninguna fuerza en el mundo. El EPP decía en el 2009 que 20 años después iban a ser más de 25 mil combatientes, iban a tener toda la región Oriental a su cargo, y no son más de 12 encerrados en los montes de Amambay”, expresó Riera.
Agregó que, con la intervención de estas fuerzas se logró mantener la tranquilidad y la seguridad, que también lleva el desarrollo para las comunidades. “Estando la FTC en Amambay, en Concepción y San Pedro, ciudades como Tacuatí, como Hugua Ñandu, como Arroyito, que eran señal de sangre para Paraguay hoy son prósperas colonias. La seguridad es clave para el desarrollo, si eso no entendemos, no entendemos nada, la obligación del Estado, si el Estado no nos brinda seguridad no sirve”, sentenció.
Esa presión militar y paramilitar, como sostiene Riera, provoca movimientos. Por eso cobra otra dimensión la decisión de Misiones de realizar operativos conjuntos con Paraguay y el sur de Brasil.
“Los delitos transnacionales se combaten entre países. Los delitos en una frontera, de nada sirve que se combatan en un solo lugar, tenemos que combatirlo entre todos aquellos que compartimos la frontera. Es por eso que pusimos en marcha el Operativo Internacional de Seguridad de Frontera. El objetivo es desarmar la logística con la que operan estas bandas, todo tipo de tráfico y el lavado de activos”, coincidió hace unos días el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez. Misiones desplegó 600 policías por día para ese operativo, además de todos los medios de logística, que incluyeron vehículos y helicópteros.
