La Policía Federal Argentina detuvo en distintos puntos del conurbano bonaerense, al líder y a tres integrantes de una supuesta organización guerrillera narcoterrorista denominada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que opera desde mediados de los ’90. 

A la organización se la acusa de ingresar ilegalmente a la Argentina, niños nacidos en el monte paraguayo, otorgarles DNI argentino, en supuesta connivencia con funcionarios de organismos provinciales e integrantes de organizaciones del tercer sector, para ser educados aquí y luego llevarlos a Paraguay para entrenarlos como combatientes del EPP.

Durante los allanamientos fue detenido en Moreno, José Mariano Villalba Ayala, de 55 años, considerado el jefe logístico de la organización sobre quien pesaba un pedido de captura internacional, en el marco de una causa por secuestro extorsivo que tramita en Paraguay. 

También quedaron detenidas sus hermanas Miriam y María Rosa Villalba Ayala  y su sobrina, Tania Villalba Ayala. En sus domicilios se hallaron 10 menores de edad y gran cantidad de “bibliografía revolucionaria”.

El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) es una organización guerrillera de izquierda que opera en Paraguay desde 2008, aunque sus antecedentes se remontan a 1994 cuando actuaba como brazo armado clandestino de Patria Libre, un partido guevarista fundado en 1990. 

De acuerdo a la información de los investigadores, el EPP se vinculaba con organizaciones como las Ex FARC, a partir de la relación con Gentil Duarte, del Primer Comando Capital (PCC), a quienes les brindaban logística para la distribución de cocaína y producción de marihuana en la localidad de Pedro Juan Caballero. 

En Argentina, los abogados de la organización fueron cercanos a Montoneros, a través de Eduardo “Negro” Soares, y el recientemente fallecido Roberto Perdía, quienes asumieron la defensa del separatista Joanes Huala, miembro de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y del MOVADEF (integrado por ex miembros del Sendero Luminoso de Perú). 

Al grupo terrorista, se le atribuyen una serie de hechos de sangre en Paraguay desde 2004 como el secuestro y asesinato de políticos y empresarios y ataques armados a edificios públicos. 

En enero de este año el EPP salió a la luz, exigiendo al gobierno paraguayo información sobre una menor desaparecida, conocida como Lichita y sería el autor de un atentado con explosivos ocurrido el 13 de febrero en el noreste de Paraguay en el que murieron tres personas.

Según los análisis de los investigadores, el EPP estaría incrementando su actividad con una nueva generación integrada por personas reclutadas en pueblos originarios y por sus propios hijos. Es parte de una tradición familiar: los ocho hijos e hijas de Mariana de Jesús Ayala y José Villalba (padre), forman o han formado parte activa del EPP desde hace décadas. 

Las coordinaciones entre las autoridades argentinas y paraguayas comenzaron a principios de febrero de este año, cuando llegó al país una delegación de funcionarios judiciales y policiales quienes hicieron conocer a las autoridades de Argentina detalles respecto de cómo la organización estructuraba el adoctrinamiento de los jóvenes que conforman la banda paramilitar.

Puntualmente contaron que la célula que se encargaba de la capacitación intelectual de los futuros integrantes de la guerrilla, estaba radicada en Argentina. A través de una minuciosa investigación en el país vecino, se pudo determinar que muchos hijos de los “soldaditos” menores de edad que conforman el EPP, serían trasladados a la Argentina, registrados como ciudadanos argentinos y para cuando alcanzaron la post adolescencia regresen a Paraguay a lo que denominan “campamentos” para que allí otra célula se encargue del adiestramiento militar.

Los funcionarios paraguayos dieron a conocer que este grupo se financia con secuestros, extorsiones, expropiaciones e inclusive un impuesto que denominan “impuesto revolucionario” que les cobran a los campesinos para no ser secuestrados.

El 10 de abril, el Estado Paraguayo presentó ante la Cancillería argentina un pedido de detención preventiva y allanamiento de las viviendas donde residen los guerrilleros para que se secuestren elementos que puedan servir como indicio en la causa que se instruye en Paraguay,  tales como videos, fotografías, cartas, bibliografía revolucionaria.

La solicitud internacional recayó en el Juzgado Federal Nro. 11 a cargo de Julián Ercolini, Secretaría 21, a cargo de Carolina Florez Arnaiz, quien mediante oficio de estilo dispuso se ejecuten las medidas requeridas.

Sin embargo, el propio Ercolini ordenó la libertad al considerar que los detenidos son “perseguidos políticos” en Paraguay, por lo que pidieron asilo en la Argentina. 

Sin embargo, el ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, anunció que concurrirá a la CONARE (Consejo Nacional de Refugiados) de la Argentina para explicar que no son perseguidos políticos, sino delincuentes comunes procesados por la ley.

¿Por qué debe preocupar en Misiones?

Paraguay considera que los detenidos en Argentina forman parte del liderazgo de las organizaciones narcoterroristas con base en el noreste de Paraguay, en la frontera con Brasil y muy cerca de la Argentina. 

La zona norte de Paraguay es virtualmente una zona de guerra. En las últimas horas,  se trasladó a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) al departamento de Canindeyú, en el marco de la lucha contra el crimen organizado.

El  ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera,  señaló que la FTC obtuvo un excelente resultado en la zona norte del país, por lo que se planificó el desplazamiento de estas fuerzas a la zona de Canindeyú. Las declaraciones del ministro se dieron antes del anuncio del presidente de la República Santiago Peña.

El titular de la cartera del Interior indicó que el desplazamiento también se podría dar en el departamento de Alto Paraná, pero de principio, se anunció la instalación de la subzona de pacificación de la FTC en el departamento de Canindeyú. La decisión de ampliar el operativo al Departamento Alto Paraná (Py), coloca a Misiones dentro del anillo principal de las tácticas que tanto Brasil como Paraguay vienen tomando en torno al narcotráfico y otras cuestiones de seguridad en la región.

“El delito migra, si ven la presencia de la FTC, donde hay policías y militares de un altísimo perfil y que no tienen que envidiar a ninguna fuerza en el mundo. El EPP decía en el 2009 que 20 años después iban a ser más de 25 mil combatientes, iban a tener toda la región Oriental a su cargo, y no son más de 12 encerrados en los montes de Amambay”, expresó Riera.

Agregó que, con la intervención de estas fuerzas se logró mantener la tranquilidad y la seguridad, que también lleva el desarrollo para las comunidades. “Estando la FTC en Amambay, en Concepción y San Pedro, ciudades como Tacuatí, como Hugua Ñandu, como Arroyito, que eran señal de sangre para Paraguay hoy son prósperas colonias. La seguridad es clave para el desarrollo, si eso no entendemos, no entendemos nada, la obligación del Estado, si el Estado no nos brinda seguridad no sirve”, sentenció.

Esa presión militar y paramilitar, como sostiene Riera, provoca movimientos. Por eso cobra otra dimensión la decisión de Misiones de realizar operativos conjuntos con Paraguay y el sur de Brasil. 

“Los delitos transnacionales se combaten entre países. Los delitos en una frontera, de nada sirve que se combatan en un solo lugar, tenemos que combatirlo entre todos aquellos que compartimos la frontera. Es por eso que pusimos en marcha el Operativo Internacional de Seguridad de Frontera. El objetivo es desarmar la logística con la que operan estas bandas, todo tipo de tráfico y el lavado de activos”, coincidió hace unos días el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez. Misiones desplegó 600 policías por día para ese operativo, además de todos los medios de logística, que incluyeron vehículos y helicópteros.

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