Australia aprobó una ley que prohíbe las redes sociales a menores

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Un sondeo de opinión muestra que el 77% de los australianos apoya la medida, las empresas salen a expresar su disgusto ante la nueva normativa.

La prohibición del acceso a las redes sociales para menores de 16 años en Australia se convertirá en ley tras su aprobación en el Senado, aunque aún persisten dudas sobre la implementación de las nuevas restricciones. El gobierno laborista del primer ministro Anthony Albanese se unió el jueves a la oposición liberal-nacional de centro-derecha para aprobar la legislación, a pesar de las preocupaciones de algunos legisladores de ambos partidos sobre la rapidez con que se aprobó el proyecto. Se espera que estas restricciones sean de las más estrictas a nivel mundial.

Las nuevas leyes, que entrarán en vigor en aproximadamente un año, prohíben a los menores de 16 años crear cuentas en las redes sociales más populares, como Facebook, Instagram, Snapchat y TikTok. Diversos sondeos de opinión han mostrado un fuerte apoyo a la medida, con una encuesta de YouGov publicada el martes que reveló que el 77% de los votantes australianos está a favor de la prohibición.

Las propias empresas tecnológicas serán responsables de hacer cumplir la ley, y se enfrentarán a multas de hasta 50 millones de dólares australianos (US$32,4 millones) si no toman las medidas necesarias. Sin embargo, la legislación no especifica cómo se verificará la edad de los usuarios.

Las grandes compañías tecnológicas ya han expresado su oposición a la ley. Durante una breve investigación del Senado australiano, advirtieron que consideran las nuevas leyes apresuradas e inviables. Meta, en una declaración al comité, señaló que la prohibición “ignora la realidad práctica de las tecnologías de verificación de edad”. Sin embargo, la crítica más contundente provino de X (anteriormente Twitter) y su propietario, Elon Musk, quien afirmó en un post que las leyes parecían “una forma de puerta trasera para controlar el acceso a Internet de todos los australianos”. X también anticipó posibles acciones legales contra los proyectos de ley, argumentando que podrían ser ilegales.

Fuente: Bloomberg

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Elon Musk pagó 5,23 millones de dólares de multas para volver a operar en Brasil

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La red social estadounidense X (antes Twitter), propiedad del empresario de origen sudafricano, Elon Musk, pagó al Gobierno de Brasil multas por 28,6 millones de reales (unos 5,23 millones de dólares) y pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) volver a operar en el país, tras más de un mes de suspensión, informó hoy la prensa brasileña.

Abogados de la firma comentaron a TV Globo y al diario “Folha de Sao Paulo” que X entregó al STF los comprobantes de pago de las multas impuestas por el magistrado Alexandre de Moraes, luego de que la plataforma no nombró a un representante legal en el país sudamericano, en medio de una investigación de usuarios por diseminar noticias falsas y alentar un presunto golpe de Estado.

Musk retiró la plataforma en Brasil el 30 de agosto pasado, sin embargo, cambió de postura luego de que Starlink, su empresa proveedora de internet satelital, comenzara a sufrir problemas operativos en Brasil, además de que por orden de Moraes se congelaron fondos como parte del pago de las deudas de la red social.

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La suspensión de X en Brasil causa caos en los negocios digitales

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Por Ana Ionova, New York Times. Pocas horas antes de que X se apagara en Brasil, la productora musical Adrienni Rodrigues se apresuró a entrar en la red social para compartir la mayor noticia de su carrera: el lanzamiento de su primer álbum.

Había pasado casi tres años preparando el disco con un equipo de otros artistas. Ahora, Rodrigues temía quedar aislada de sus 4000 seguidores antes de poder invitarlos a escuchar.

“Tuve el tiempo justo para publicarlo”, dijo Rodrigues, de 30 años, creadora de ritmos y DJ conocida por su nombre artístico, Gau Beats. “Una o dos horas después, X ya estaba caído y ya no podía ver nada”.

Rodrigues había llegado a depender de X mientras forjaba su carrera. Allí era donde se relacionaba con artistas, encontraba presentaciones y promocionaba su trabajo. Por eso fue tan desmoralizador el momento en que, con apenas unas horas de advertencia, la Corte Suprema de Brasil bloqueó la plataforma el pasado fin de semana después de que su propietario, Elon Musk, se negara a cumplir las órdenes judiciales de suspender ciertas cuentas.

“Fue un momento crítico para nosotros”, dijo Rodrigues. “Y perdimos este lugar donde ya teníamos una relación con un público al que le gusta nuestra música”.

De la noche a la mañana, muchos brasileños que habían consolidado sus negocios de forma similar en X se vieron forzados a buscar frenéticamente nuevas plataformas, en las que muchos tendrían que empezar de cero para llegar a los clientes, comercializar su trabajo y conectar con patrocinadores.

La idea de que tantos negocios y fuentes de sustento puedan suspenderse tan rápidamente por los caprichos de un solo ejecutivo tecnológico que desafía a un juez, muestra cómo la economía digital se ha concentrado en manos de unos pocos gigantes tecnológicos.

“Estas plataformas fomentan y crean cierto ecosistema económico a su alrededor”, dijo Leonardo Nascimento, coordinador del Laboratorio de Humanidades Digitales de la Universidad Federal de Bahía, en el noreste de Brasil.

El bloqueo de X, la más reciente medida de una agresiva campaña contra las noticias falsas en Brasil, también acabó afectando a empresas legítimas, agregó Nascimento.

Con más de 20 millones de usuarios, Brasil es el quinto mercado internacional más grande de X, de acuerdo con la empresa de datos Statista. Aunque YouTube e Instagram son mucho más populares en ese país, no ofrecen el formato simple basado en texto de X, que la convierte en una especie de punto de encuentro nacional para hablar de las noticias y chismes del momento.

Su lista de tendencias y la posibilidad de compartir videos y enlaces también la diferencian de muchos de sus competidores. “Todas estas características hacen de X una plataforma única, y por eso dependemos de ella”, afirmó Thiago Ayub, director de tecnología de Sage Networks, una empresa de telecomunicaciones.

La prohibición de X hizo que Adriano Kitani entrara en pánico. Esta plataforma era el lugar de donde sacaba alrededor del 80 por ciento de su trabajo como ilustrador independiente, principalmente creando carteles, camisetas y arte para canales de videojuegos.

Horas antes de que la plataforma fuera bloqueada, hace más de una semana, se apresuró a avisar por mensaje directo a sus clientes en el extranjero de que se vería obligado a desconectarse por tiempo indefinido.

“Mi mayor temor era perder el contacto”, dijo Kitani, de 38 años, que tiene casi 5000 seguidores en X. “Porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en el limbo”.

A Kitani le preocupaba no encontrar trabajo fuera de X, donde una animada comunidad de ilustradores solía compartir su arte y lo ponía en contacto con un flujo constante de clientes nuevos.

“Teníamos algo genial”, dijo. “Terminamos enredados en una pelea con la que no tenemos nada que ver”.

Flávio Dantas, cuyos comentarios en tiempo real durante programas de telerrealidad como Big Brother Brasil atraían regularmente cientos de likes en X, también se quedó en el limbo cuando la plataforma fue bloqueada.

“Estábamos muy tensos”, dijo Dantas. “Porque, aquí en Brasil, los programas de telerrealidad no existen sin Twitter”, añadió, utilizando el antiguo nombre de la plataforma.

La suspensión afectó a su capacidad para sacar provecho de sus 650.000 seguidores. Muchas marcas que normalmente se anunciaban en su cuenta de X dejaron de patrocinar contenidos tras el bloqueo de la red social, optando por mantenerse al margen en lugar de invertir en mercadeo en otras plataformas.

“Todo está en pausa, están esperando a ver qué pasa”, dijo Dantas. “Nos ha perjudicado bastante”.

Con el comienzo de una nueva temporada de un popular programa de telerrealidad a finales de este mes, Dantas se está dando prisa para adaptarse a nuevas plataformas con características diferentes y un alcance más modesto.

Pero tanto él como sus seguidores se alejan de X a regañadientes. “Es muy triste. Porque es como nuestra casa”, dijo. “A la gente le encanta ese lugar, la gente no quiere irse”.

El cierre también paralizó un segmento importante de X que, para sorpresa de muchos, tiene su base en Brasil: cuentas de fans de celebridades dedicadas a artistas desde Cardi B y Beyoncé hasta Timothée Chalamet y Dianna Agron.

“Perdimos a X, pero X también perdió a los brasileños”, dijo Caroline Metta, una abogada de 27 años que ayuda a gestionar una cuenta de fans de Dua Lipa con más de 46.000 seguidores, que obtenía ingresos a través de la suscripción premium de X además de eventos, patrocinios y acuerdos de comercialización.

Metta dijo que también podría haber un efecto dominó entre los artistas, pues cuentas como la suya suelen crear expectación en torno a las nuevas películas y música de sus ídolos.

“Los brasileños tenemos esa pasión, somos muy enérgicos como fans”, dijo. “Seguimos, promocionamos y organizamos. Podemos hacer que sucedan muchas cosas para un artista”.

(Cardi B, por ejemplo, pareció haberse dado cuenta. “Un momento, ¡¡¡muchas de mis páginas de fans son brasileñas!!! ¡¡Esperen no se vayan!!”, publicó en X.)

Para llenar el vacío, los brasileños acudieron en masa a otras plataformas. Bluesky, una red social parecida a X, atrajo una oleada de nuevos suscriptores y vio cómo sus usuarios activos diarios en Brasil crecían a más del doble en tan solo unos días, hasta alcanzar los 7,7 millones, de acuerdo con la empresa de inteligencia digital Similarweb. Los usuarios diarios de Threads, la competencia de X propiedad de Meta, crecieron casi en un tercio, hasta los 3,5 millones.

Sin embargo, ambas plataformas experimentaron un repunte de nuevos usuarios cuando debutaron, solo para perder ímpetu rápidamente. No está claro si los brasileños seguirán usando esas plataformas; según Ayub, eso podría depender del tiempo que X permanezca bloqueado en el país. “Si tarda demasiado, se crea un espacio, un vacío”.

A pesar del éxodo de usuarios, la suspensión de la plataforma de Musk en el país podría tener muy poco impacto en sus finanzas. De acuerdo con informes, los ingresos de X en Brasil representan solo el 2 por ciento de sus ganancias totales.

Nathália Rodrigues de Oliveira, asesora financiera con casi 650.000 seguidores en X, había seguido de cerca la lucha de Musk en los tribunales y empezó a mudarse a otras redes sociales antes de que X fuera prohibida.

Aunque la plataforma le había ayudado a hacerse popular, Oliveira explicó que comenzó a ser menos útil para su negocio cuando fue adquirida y renovada por Musk.

“Ahora hay muchos bots”, dijo Oliveira, más conocida en redes sociales como Nath Finanças. “Ya no puedo ver mi timeline. En realidad no puedo ver a la gente”.

Rodrigues, la productora musical, también ha adoptado nuevas plataformas. En Threads, donde está consiguiendo seguidores y promocionando su álbum, descubrió una nueva comunidad de artistas y fans.

“Todo esto tiene su lado positivo”, dijo. “Me abrió oportunidades que antes no había tenido en cuenta”.

Para Metta la transición no ha sido tan sencilla. Los fans han tardado en pasarse a otras plataformas, lo que ha dificultado la reconstrucción de su comunidad.

“Es como empezar de cero”, dijo. “Para ser sinceros, todos los días rezamos para que X vuelva”.

Jack Nicas colaboró con reportería desde Río de Janeiro.

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Brasil ha cerrado sesión

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Por Jack Nicas y Kate Conger, New York Times. Cuando Brasil enfrentó una oleada de desinformación digital a raíz de sus elecciones presidenciales de 2022, el Supremo Tribunal Federal de la nación tomó una decisión inusual y fatídica: le otorgó a un juez facultades de gran alcance para ordenarles a las redes sociales eliminar contenido que él considerara una amenaza a la democracia.

Desde entonces, ese juez, Alexandre de Moraes, ha librado una campaña agresiva para sanear internet en su país, obligando a las redes sociales a retirar miles de publicaciones, a menudo en cuestión de unas cuantas horas.

Esta iniciativa ha sido de las más amplias —y, de cierto modo, más efectivas— para combatir el flagelo de las falsedades en internet. Cuando la mano dura del juez contra el contenido en línea ayudó a frenar los esfuerzos de la extrema derecha para anular los resultados de las elecciones brasileñas, académicos y comentaristas se preguntaron si la nación había encontrado una posible solución a uno de los problemas más irritantes de la democracia moderna.

Luego, el viernes, De Moraes bloqueó la red social X en todo Brasil porque su dueño, Elon Musk, había ignorado las órdenes de su tribunal de eliminar ciertas cuentas y luego cerró las oficinas de X en Brasil. Como parte de esta orden de bloqueo, el juez declaró que los usuarios de internet que intentaran eludir la restricción a fin de seguir usando X podrían recibir una multa de casi 9000 dólares al día, o más de lo que gana el brasileño promedio en un año.

Fue la medida más audaz del juez hasta el momento y preocupó incluso a muchos de sus defensores, quienes ahora temen que el experimento brasileño quizá haya llegado demasiado lejos.

“Yo estaba muy a su favor”, afirmó David Nemer, profesor de medios de comunicación nacido en Brasil que ha estudiado la estrategia de su país contra la desinformación en el Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard.

“Pero cuando vimos su fallo sobre X, pensamos: ‘¿Qué demonios? Esto es demasiado’”, expresó, usando una palabrota. “Fue una advertencia para todos nosotros”.

La lucha en Brasil contra el efecto destructivo de internet sobre la política, que lleva años librándose y culminó en el bloqueo actual de X, demuestra los escollos que surgen cuando una nación decide lo que puede decirse o no en línea. Si las medidas son insuficientes, pueden ocasionar que el discurso en línea socave la democracia; si son demasiado estrictas, pueden restringir la libertad de expresión de los ciudadanos.

Es probable que otros gobiernos del mundo tomen nota de esto mientras debaten si deben o no emprender la complicada labor de vigilar el discurso en línea o dejarla en manos de las empresas tecnológicas que se vuelven cada vez más poderosas y rara vez comparten los intereses políticos de una nación.

Por mucho tiempo, Estados Unidos se mantuvo al margen de este debate y permitió que las empresas tecnológicas se vigilaran a sí mismas y entre sí. Pero este año, cambió de rumbo, pues aprobó una ley para prohibir TikTok a menos que esta se venda a un comprador aprobado por el gobierno debido a las inquietudes relacionadas con los lazos de su empresa matriz con China. TikTok ha presentado una demanda para impugnar esta ley como inconstitucional.

En 2022, la Unión Europea aprobó una legislación de amplio alcance que exige a las redes sociales apegarse a normas específicas sobre lo que se puede publicar en sus sitios. Y hace apenas unos días, Francia acusó a Pavel Durov, el empresario ruso que fundó el servicio de mensajería Telegram, de una extensa variedad de delitos por no evitar que ocurrieran actividades ilícitas en la aplicación.

Pero pocos gobiernos democráticos han tomado medidas tan drásticas como la suspensión de X en Brasil y su amenaza de imponer multas contra las personas que sigan usando la plataforma.

Jameel Jaffer, director ejecutivo del Knight First Amendment Institute en la Universidad de Columbia, calificó la medida de “absurda y peligrosa”.

“Lo que es realmente perturbador es que, cada vez más, los gobiernos antidemocráticos pueden señalar a los democráticos para justificar sus acciones”, señaló. “Cuando haya maneras más limitadas de resolver inquietudes de privacidad o desinformación, los gobiernos deberían usar dichas estrategias limitadas”.

Hubo indicios, no obstante, de que incluso De Moraes creyó haber ido demasiado lejos. El viernes, primero ordenó a Apple y Google que impidieran la descarga de aplicaciones que ofrecieran redes privadas virtuales, o VPN por su sigla en inglés, programas que pueden hacer que el tráfico de internet de un usuario parezca venir de otro país. Las VPN suelen usarse con fines de privacidad y ciberseguridad, pero también pueden usarse para evadir bloqueos contra ciertos sitios web o aplicaciones.

La medida contra las VPN provocó una reacción negativa inmediata en todo Brasil y, tres horas más tarde, De Moraes modificó la orden para retirar su petición a Apple y Google.

Pero De Moraes mantuvo la amenaza de multar a quien siguiera usando X en territorio brasileño a través de una VPN. Esa medida “es totalmente autoritaria y no existe una disposición legal explícita que la permita”, dijo Thiago Amparo, un destacado jurista y columnista de periódicos brasileño que apoyaba a De Moraes.

El viernes, el presidente del Consejo Federal de la Orden de Abogados del Brasil declaró que la organización le pediría al Supremo Tribunal de la nación que revisara la medida sobre las multas.

El apoyo para De Moraes en Brasil se ha debilitado a medida que la nación ha dejado atrás las fuertes tensiones de las elecciones de 2022. En aquel entonces, el presidente Jair Bolsonaro usaba las redes sociales para sembrar dudas sobre la integridad de los sistemas de votación en Brasil, pese a la falta de evidencia, y De Moraes ordenaba a las redes sociales eliminar algunas de las publicaciones del exmandatario.

Luego de que Bolsonaro perdió las elecciones, miles de sus simpatizantes bloquearon carreteras, acamparon fuera de bases militares y acabaron por asaltar el Congreso y el Supremo Tribunal de Brasil en un intento de provocar un golpe militar. De Moraes respondió con una orden para que las redes sociales bloquearan decenas de cuentas destacadas que cuestionaban la votación o simpatizaban con el intento de insurrección, incluyendo algunas pertenecientes a legisladores federales.

Sin embargo, desde entonces, pese a que se han enfriado las temperaturas políticas, De Moraes ha seguido ordenando a las redes sociales que eliminen cuentas. Las órdenes son secretas y carecen de explicaciones sobre por qué cierta cuenta infringió la ley, según copias filtradas de algunas órdenes.

“Antes, las acciones de De Moraes estuvieron bastante justificadas por la necesidad de proteger la Constitución”, admitió Mariana Valente, abogada y directora del InternetLab, un laboratorio de ideas en Brasil. “Pero obviamente es preocupante que esto continúe”.

Valente recalcó que el pleno del Supremo Tribunal del país emitiría un fallo en breve respecto a la orden de De Moraes para bloquear X. “Eso es esencial para darle legitimidad a una decisión que es muy extrema”, concluyó.

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El Gobierno ya no está obligado a contratar a YPF, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas

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El Poder Ejecutivo derogó una serie de decretos que le daban a las empresas públicas el monopolio de las contrataciones por parte del Gobierno

Se derogaron varios decretos que imponían al Estado nacional la obligación de priorizar a empresas con participación estatal en la contratación de servicios. A partir de ahora, los organismos públicos ya no estarán obligados a pagar sueldos a través del Banco Nación, viajar con Aerolíneas Argentinas o cargar combustible para vehículos oficiales en YPF.El Poder Ejecutivo derogó una serie de decretos que le daban a las empresas públicas el monopolio de las contrataciones por parte del Gobierno

Este cambio normativo elimina, entre otros, el decreto 823/21, firmado por el expresidente Alberto Fernández en 2021, que requería a la ANSeS contratar los servicios de Nación Seguros. Este decreto fue fundamental en la presunta causa de corrupción que la ANSES destapó este año, involucrando a Fernández, su secretaria María Cantero y su esposo, el bróker de seguros Héctor Martínez Sosa.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció la medida a través de la red social X, detallando que el Decreto 747/24, firmado hoy por el presidente Javier Milei, deroga los decretos 1187/12, 1189/12, 1191/12 y 823/21. Esta derogación elimina los privilegios de Nación Seguros, YPF, Banco Nación y la agencia de viajes estatal Optar en las contrataciones públicas.

Sturzenegger afirmó que “las empresas públicas deben servir a los ciudadanos y no servirse de ellos”, y agregó: “Si estos privilegios también fomentaban corrupción o mantenían una casta política, deben ser eliminados”.

Sobre el caso Fernández-Martínez Sosa, Sturzenegger comentó: “Se deroga el nefasto Decreto 823/21, que obligaba a contratar seguros con Nación Seguros. El sistema era tan absurdo que se contrataba a un bróker para gestionar una contratación obligatoria por ley”.

En cuanto al Decreto 1187/12, el funcionario explicó que este imponía a los empleados públicos cobrar sus sueldos en el Banco Nación, lo que impedía al Estado obtener un ahorro por la gestión de esas cuentas. Respecto al Decreto 1189/12, detalló que obligaba a comprar combustible a YPF sin permitir al Estado buscar precios más competitivos.

El ministro concluyó que todos estos decretos representaban una transferencia de recursos del contribuyente a estas empresas.

Fuente: Bloomberg

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