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Advierten que casi el 50% de los jóvenes argentinos vive en condiciones de vulnerabilidad

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Un reciente informe elaborado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advierte que el 48,9% de los argentinos de entre 18 y 29 años vive en condiciones de vulnerabilidad.

El relevamiento llevado a cabo entre diciembre de 2025 y enero de 2026, fue realizado por un equipo del Ciclo Básico Común (CBC) en el marco del Proyecto de Investigación y Desarrollo en Áreas Estratégicas (PIDAE-UBA).

A partir de un total de 1.002 encuestas presenciales se encontró que la problemática se extiende en todo el territorio nacional y que un 73% de los afectados reside fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La investigación, dirigida por Felipe Vega Terra, director del Ciclo Básico Común de la UBA, implementó cuestionarios estructurados en profundidad para abordar las condiciones de vida, las creencias y las expectativas de los jóvenes argentinos.

El fenómeno “Triple Ni”

Uno de los datos más alarmantes que arrojó la investigación es la aparición del segmento denominado “Triple Ni”. Este grupo comprende a un tercio de la población juvenil vulnerable que no estudia, no trabaja y, además, dejó de buscar empleo.

Se trata de un sector que se encuentra en una situación crítica de aislamiento social, según indica Juan Cruz Esquivel, director de la investigación e investigador principal del CONICET, quien señaló que “si bien se trata de un segmento minoritario dentro de los jóvenes vulnerables, estamos frente a una franja social alejada de toda red de pertenencia, reconocimiento e integración social”.

Dentro del grupo de desempleados, que alcanza el 30,6%, la búsqueda activa de trabajo se registra en apenas 4 de cada 10 casos. 

Esta falta de búsqueda activa agrava el núcleo de exclusión que los investigadores definen como una ruptura de los vínculos tradicionales de integración.

Informalidad laboral 

El 70% de los jóvenes relevados tiene algún tipo de ocupación laboral. Sin embargo, el estudio destaca que estos empleos se caracterizan por una alta informalidad y precariedad.

Las actividades principales de este sector se concentran en el comercio, la construcción y las tareas de cuidado

Falta de obra social

Como consecuencia de la precariedad, el 78% de los encuestados carece de cobertura de salud privada o por obra social. En ese sentido, la gran mayoría debe recurrir exclusivamente al hospital público o a centros de salud barriales.

Educación

El informe indica que 6 de cada 10 jóvenes en situación de vulnerabilidad no completaron el colegio secundario. Solo el 32,8% tiene título de nivel medio y el 6,7% cursó estudios terciarios o universitarios.

En ese sentido, Esquivel advirtió que el abandono escolar temprano marca trayectorias laborales de precariedad que son difíciles de revertir.

Asimismo, el 87,5% de los jóvenes encuestados reconoce que estudiar les permitiría mejorar su calidad de vida.

Vivienda

El 46,2% de estos jóvenes reside en hogares numerosos de cinco o más integrantes, mientras que apenas el 2,9% conforma hogares monoparentales.

El 56,3% de los encuestados no tiene hijos, mientras que un 20% ya tiene dos o más a cargo, algo que influye en la organización del tiempo y en la posibilidad de proyectar una carrera académica o laboral estable.

El 57% de los jóvenes vulnerables manifestó que su dinero no le alcanza para llegar a fin de mes.

Salud mental

Más del 70% de los jóvenes encuestados manifestó sufrir problemas frecuentes de nervios o ansiedad de manera cotidiana.

El 50% expresó sentimientos de desgano o depresión. Además, manifestaron dificultades para dormir y una tristeza persistente que afecta el desarrollo personal.

El 30% acusó tener dificultades para controlar el consumo de sustancias como alcohol, cigarrillo o drogas,  una problemática que tiende a intensificarse en aquellos sectores que presentan los niveles de vulnerabilidad social más altos.

Un futuro mejor

Existe una brecha creciente entre lo que los jóvenes imaginan para sus vidas y los recursos disponibles, según explica Esquivel.

Para los próximos cinco años, conseguir un trabajo o mejorar el actual es la meta principal para el 31,9% de los jóvenes

En ese sentido, las aspiraciones de progreso persisten, aunque las oportunidades para concretarlas se debilitaron significativamente. 

Tener una casa propia aparece como el segundo objetivo más mencionado, con un 29,8% de las respuestas. Finalmente, formar una familia es una opción que solamente marcó como prioritaria el 4,8% de los encuestados.

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Con yerba mate y mandioca, científicas argentinas desarrollan un bioplástico que se degrada en cinco semanas

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Ante una demanda casi desesperada de alternativas a los plásticos de un solo uso, la ciencia argentina acaba de dar un paso con fuerte impacto ambiental y, especialmente, económico para el norte del país. Investigadoras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del CONICET desarrollaron un bioplástico biodegradable elaborado a partir de almidón de mandioca y yerba mate que puede degradarse completamente en apenas cinco semanas.

El avance no solo apunta a reducir la contaminación generada por los plásticos convencionales, que pueden permanecer entre 100 y 500 años en el ambiente, sino que abre un nuevo horizonte para las economías regionales, particularmente para Misiones, principal productora de yerba mate del país y una de las provincias con mayor desarrollo de la cadena de la mandioca.

Ciencia con sello argentino y potencial industrial

El desarrollo fue realizado en el Laboratorio de Polímeros y Materiales Compuestos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, bajo la dirección de la investigadora del CONICET Lucía Famá.

El material está compuesto principalmente por almidón de mandioca, al que se incorporan derivados de yerba mate para obtener un film flexible destinado al envasado de alimentos.

“Esto, que parece plástico, no lo es. Lo desarrollamos en la UBA a partir del almidón de mandioca”, explicó Famá al presentar los resultados de la investigación.

El desarrollo se realiza en el Laboratorio de Polímeros y Materiales Compuestos de la UBA, dirigido por la investigadora del Conicet Lucía Fama. Foto: gentileza.

La tesista de Ciencias Físicas Natalia Hermoso destacó que el objetivo es reemplazar parte de los plásticos derivados del petróleo utilizando materias primas nacionales. “Este desarrollo se usa para reemplazar parte del plástico y así poder usar fécula de mandioca y yerba mate para darle valor agregado a productos nacionales”, señaló.

Una de las principales ventajas es que el nuevo material puede producirse mediante procesos industriales similares a los utilizados actualmente por la industria del plástico. El almidón procesado se transforma primero en un material termoplástico y luego, mediante presión y calor, se convierte en láminas transparentes aptas para envases alimentarios, sin requerir una reconversión completa de la maquinaria existente.

Una oportunidad estratégica para Misiones

Más allá del avance científico, el proyecto tiene una enorme relevancia económica para Misiones.

La provincia concentra cerca del 90% de la producción nacional de yerba mate y también posee una importante cadena de elaboración de fécula de mandioca. Ambas actividades generan empleo, arraigo rural y valor agregado, aunque históricamente estuvieron vinculadas casi exclusivamente al consumo alimentario.

La posibilidad de que estos productos se conviertan en materia prima para la industria de los biomateriales representa un cambio de paradigma.

En el caso de la yerba mate, significaría abrir una nueva demanda industrial en momentos en que el sector atraviesa dificultades derivadas de la desregulación del mercado y de la caída de los precios pagados al productor. Incorporar la yerba como insumo para envases biodegradables permitiría diversificar mercados y reducir la dependencia exclusiva del consumo tradicional.

Para la mandioca, cuyo procesamiento industrial se concentra principalmente en Misiones, Corrientes y Formosa, el desarrollo también podría traducirse en una mayor demanda de fécula destinada a aplicaciones de alto valor tecnológico.

Cada año se producen más de 400 millones de toneladas de plástico en el mundo y apenas alrededor del 10% logra reciclarse. El resto termina acumulándose en rellenos sanitarios, cursos de agua, océanos o fragmentándose en microplásticos que permanecen durante siglos en el ambiente.

Los envases alimentarios constituyen uno de los principales focos de esa contaminación.

En ese escenario, los bioplásticos aparecen como una de las alternativas más prometedoras para reducir la huella ambiental sin resignar prestaciones industriales.

El desarrollo argentino busca precisamente ocupar ese espacio: materiales con comportamiento similar al plástico tradicional, pero elaborados con recursos renovables y capaces de degradarse naturalmente en pocas semanas.

Del laboratorio al mercado

Aunque todavía resta avanzar en escalas industriales y validaciones comerciales, el proyecto muestra una ventaja competitiva importante: aprovecha cadenas productivas ya consolidadas en el país y utiliza tecnologías compatibles con la infraestructura existente de la industria del packaging.

Para Misiones, donde la bioeconomía se convirtió en uno de los ejes de desarrollo impulsados por el sector público y privado, este tipo de innovaciones refuerza una estrategia que busca transformar materias primas tradicionales en productos con mayor contenido tecnológico.

La combinación entre ciencia pública, recursos naturales y agregado de valor industrial aparece así como una oportunidad para ampliar mercados, generar empleo calificado y posicionar a la provincia como proveedor de insumos para una economía cada vez más orientada hacia la sustentabilidad.

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El Gobierno busca desactivar el conflicto universitario antes del fallo de la Corte

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La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas ingresó en una etapa decisiva. Mientras la Corte Suprema analiza la cautelar presentada por las casas de estudio para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la Casa Rosada acelera negociaciones para alcanzar un acuerdo político y presupuestario que permita cerrar el conflicto antes de una eventual sentencia adversa.

La preocupación del Ejecutivo no es menor. En caso de que el máximo tribunal falle a favor de las universidades, el Estado nacional debería afrontar un desembolso estimado en 2,5 billones de pesos, una cifra que impactaría de lleno sobre el equilibrio fiscal que el gobierno de Javier Milei considera el principal activo de su programa económico.

Por esa razón, la administración nacional evalúa convocar en los próximos días a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para avanzar en una negociación integral que abarque salarios docentes, becas estudiantiles, financiamiento operativo y recursos para hospitales universitarios.

La estrategia combina negociación política y defensa jurídica. Mientras la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, encabezan las conversaciones con los rectores, la Procuración del Tesoro trabaja sobre un esquema legal que garantice que cualquier acuerdo implique la suspensión o retiro de las acciones judiciales actualmente en trámite.

El equilibrio fiscal frente a la presión universitaria

Detrás de la discusión presupuestaria se esconde uno de los principales dilemas de la gestión Milei: cómo sostener el ajuste fiscal sin profundizar conflictos con sectores considerados estratégicos.

Desde la llegada del actual Gobierno, las universidades nacionales se transformaron en uno de los focos de mayor resistencia a la política de recorte del gasto público. Las multitudinarias movilizaciones universitarias realizadas durante el último año lograron instalar el tema en la agenda pública y forzaron sucesivas instancias de negociación.

El oficialismo intentó responder con un proyecto alternativo de financiamiento enviado al Congreso en febrero. La propuesta buscaba reconocer parcialmente la pérdida salarial de los docentes durante 2025, aunque evitaba incorporar la fuerte caída de ingresos acumulada entre diciembre de 2023 y fines de 2024, uno de los principales reclamos de los gremios universitarios.

Esa diferencia continúa siendo el principal punto de conflicto.

La Corte Suprema como factor de presión

La posibilidad de una resolución judicial desfavorable modificó el escenario político.

En la Casa Rosada reconocen que una sentencia que obligue a cumplir plenamente la ley vigente podría generar un fuerte impacto sobre las cuentas públicas y abrir un precedente para otros reclamos presupuestarios de organismos y sectores afectados por el ajuste.

Por eso, el Gobierno busca llegar a un entendimiento previo que neutralice la disputa judicial.

La tarea quedó en manos de la Procuración del Tesoro, que trabaja en los aspectos técnicos de un eventual acuerdo. El objetivo es garantizar que cualquier transferencia extraordinaria de recursos tenga como contraparte la suspensión de la cautelar que actualmente espera resolución en el máximo tribunal.

Las universidades, sin embargo, mantienen cautela. Desde el CIN sostienen que hasta el momento no recibieron ninguna propuesta formal y esperan definiciones concretas antes de pronunciarse sobre posibles alternativas.

Salarios, becas y hospitales universitarios

Las conversaciones no se limitan al presupuesto general.

La agenda de negociación incluye la recomposición salarial de docentes y no docentes, la actualización de becas estudiantiles y el financiamiento de hospitales universitarios, áreas particularmente afectadas por la aceleración inflacionaria registrada desde fines de 2023.

El reclamo salarial aparece como uno de los puntos más sensibles. Los sindicatos universitarios sostienen que los incrementos otorgados por el Gobierno quedaron muy por debajo de la evolución de los precios y denuncian una pérdida significativa del poder adquisitivo.

La situación también repercute en la capacidad operativa de las universidades, especialmente en aquellas ubicadas fuera de los grandes centros urbanos, donde los costos de funcionamiento aumentaron por encima de los recursos disponibles.

Para provincias como Misiones, donde la universidad pública constituye un actor central en la formación profesional, la investigación científica y la vinculación con sectores productivos, el resultado de estas negociaciones tendrá implicancias que trascienden el debate presupuestario nacional.

Un conflicto que sigue abierto

Mientras continúan las conversaciones, los gremios universitarios mantienen el estado de alerta.

La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) realizó recientemente un paro nacional de 24 horas y ya anticipó que podría profundizar las medidas de fuerza durante el inicio del segundo cuatrimestre si no existen avances concretos en materia salarial y presupuestaria.

La Universidad de Buenos Aires también volvió a visibilizar el conflicto mediante clases públicas frente al Palacio de Tribunales, en una señal política dirigida tanto al Gobierno como a la Corte Suprema.

En ese contexto, la negociación que impulsa la Casa Rosada excede el plano educativo. Se trata de una pulseada que combina equilibrio fiscal, gobernabilidad y estrategia judicial. El desenlace determinará no solo el futuro inmediato del sistema universitario nacional, sino también la capacidad del Gobierno para sostener su programa económico frente a uno de los sectores con mayor capacidad de movilización institucional y social del país.

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“La universidad da pocos graduados”, dijo el subsecretario de Políticas universitarias

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El subsecretario de Políticas universitarias Alejandro Álvarez, “la universidad da pocos graduados” y añadió además que “se designa por rosca política, no hay un procedimiento fijo”. En la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional endureció su discurso sobre el sistema de educación superior y oficializó una reducción de $78.768 millones en distintos programas de la Secretaría de Educación, incluida la suspensión de transferencias para obras universitarias.

La decisión quedó formalizada mediante la Decisión Administrativa 20/2026 y coincidió con una ofensiva pública del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien cuestionó el modelo de financiamiento actual, habló de un sistema “arbitrario” y aseguró que las universidades “dan pocos graduados” pese al nivel de gasto estatal.

El conflicto no se limita a una discusión presupuestaria. El trasfondo combina ajuste fiscal, disputa por el control político de las universidades y redefinición de los criterios de distribución de fondos en uno de los sectores históricamente más sensibles del Estado argentino.

El recorte llega antes de la marcha universitaria

La reducción presupuestaria impacta sobre programas educativos nacionales, infraestructura escolar, becas y universidades. El mayor ajuste recayó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió más de $35.288 millones destinados a transferencias a provincias.

También fue eliminado el Fondo de Compensación Salarial Docente, utilizado para equiparar salarios mínimos provinciales, con una quita cercana a $8.930 millones.

La poda incluyó además recortes en infraestructura escolar y equipamiento por más de $21.686 millones, una baja de $6.649 millones en programas socioeducativos y una reducción superior a $559 millones en becas estudiantiles.

La empresa estatal EDUC.AR S.A. sufrió una retracción de transferencias por $48.000 millones.

En paralelo, el Gobierno dejó sin efecto transferencias de capital destinadas a infraestructura universitaria por $5.303 millones. Según el anexo de la medida, las obras quedaron suspendidas en trece universidades nacionales.

La Universidad Nacional de La Plata fue la más afectada, con una reducción de $1.043 millones. También registraron recortes las universidades de General San Martín, Avellaneda, Río Cuarto y Entre Ríos.

La estrategia oficial: cambiar cómo se reparte el presupuesto

Mientras crece la tensión con rectores, sindicatos y centros estudiantiles, el Gobierno intenta instalar otra discusión: no sólo cuánto se gasta, sino cómo se asignan los recursos.

Álvarez sostuvo que el presupuesto universitario “se designa por rosca política” y planteó que la intención oficial es reemplazar ese esquema por un mecanismo basado en “indicadores objetivos”.

Según explicó, la Subsecretaría trabaja en el cruce de información vinculada a cantidad de docentes y estudiantes para diseñar nuevos parámetros de distribución presupuestaria.

La señal política es relevante porque apunta directamente al corazón del sistema universitario: el criterio histórico de negociación entre universidades, Estado nacional y actores políticos con peso parlamentario y territorial.

El funcionario también afirmó que las universidades reciben actualmente los fondos de funcionamiento “en tiempo y forma” y defendió la política salarial del Ejecutivo frente a los reclamos gremiales.

La pelea por los hospitales universitarios

Otro de los focos de conflicto quedó expuesto en la discusión sobre los hospitales universitarios.

Álvarez rechazó las críticas de la Universidad de Buenos Aires y sostuvo que el Gobierno transfirió regularmente los recursos correspondientes. Según dijo, la disputa real gira en torno a un fondo de refuerzo de $80.000 millones destinado a hospitales universitarios de todo el país.

“El reclamo de la UBA es otra cosa”, planteó el funcionario, al señalar que la universidad pretende acceder al 95% de ese fondo extraordinario.

La discusión adquiere peso político porque el Hospital de Clínicas se transformó nuevamente en uno de los símbolos visibles de la protesta universitaria y sanitaria.

La narrativa oficial frente a la marcha

El Gobierno endureció además su caracterización política de la movilización convocada en todo el país.

Álvarez definió la protesta como “un acto opositor” y afirmó que las universidades están dominadas por “dos corporaciones”, una política y otra sindical.

Aunque el Ejecutivo intenta separar la discusión presupuestaria de la protesta callejera, la simultaneidad entre los recortes oficializados y la movilización nacional terminó potenciando el conflicto.

La administración de Javier Milei busca sostener el ajuste fiscal sin ceder ante sectores que considera parte del entramado político tradicional. Del otro lado, rectores, gremios y estudiantes intentan reinstalar el financiamiento universitario como un eje de desgaste para el Gobierno.

Qué muestran los números del presupuesto universitario

Según datos citados del CEPA, el Programa 26 de Desarrollo de la Educación Superior acumula una caída real del 32,5% entre 2023 y 2025.

El informe proyecta que, a valores constantes de diciembre de 2026, el crédito vigente alcanzaría los $4,87 billones, lo que ampliaría la retracción acumulada al 41,6% respecto de 2023.

El análisis también compara ese escenario con la Ley de Financiamiento Universitario vetada por el Poder Ejecutivo y luego reimpulsada en el Congreso. De haberse aplicado esa norma, el presupuesto universitario habría ascendido a $8,49 billones a valores de 2026.

En contraste, la propuesta oficial elevaría el crédito a $5,51 billones, aunque eso implicaría —según el CEPA— una caída real del 33,9% frente a 2023.

Álvarez cuestionó además la viabilidad financiera de esa ley y sostuvo que implicaba un aumento salarial del 50% “que el Estado no está en condiciones económicas de afrontar”.

Impacto regional y tensión sobre las provincias

Aunque los mayores recortes informados corresponden a universidades de otras regiones del país, la discusión impacta también sobre el NEA y Misiones por múltiples vías.

La reducción de programas nacionales de alfabetización y compensación salarial docente afecta transferencias que alcanzan a las provincias. Además, cualquier modificación en los criterios de distribución presupuestaria universitaria podría alterar el esquema de financiamiento futuro para instituciones nacionales del interior.

En regiones con menor densidad económica relativa, las universidades públicas funcionan además como motores de movilidad social, empleo profesional y circulación de recursos estatales.

La combinación entre ajuste fiscal y revisión de criterios de asignación abre un escenario de incertidumbre para las casas de estudio que dependen en gran medida de fondos nacionales.

Un conflicto que excede la cuestión educativa

La discusión universitaria ya dejó de ser únicamente presupuestaria. El Gobierno intenta avanzar sobre mecanismos de financiamiento, control de gastos y lógica de funcionamiento institucional, mientras las universidades buscan preservar autonomía y capacidad de negociación política.

La magnitud de la movilización federal, la reacción del Congreso y la evolución del conflicto salarial serán variables centrales para medir hasta dónde el Ejecutivo puede sostener su estrategia sin ampliar el costo político.

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UBA y Flybondi firman acuerdo con descuentos en vuelos y premios a estudiantes

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La UBA y la línea aérea Flybondi suscribieron un acuerdo que ofrece beneficios para estudiantes, docentes y nodocentes, y establece un sistema de premios para los alumnos del interior con mejores promedios académicos.

El entendimiento contempla descuentos del 30% en pasajes aéreos nacionales y del 20% en vuelos internacionales para toda la comunidad universitaria, con el único requisito de acreditar la pertenencia a la UBA.

El convenio también incluye la donación por parte de la empresa de 100 “Ultra pases” por cuatrimestre destinados a estudiantes. Cada pack está integrado por cinco tickets aéreos, ida y vuelta para un destino seleccionado, de uso personal y con un año de vigencia.

Los “Ultra pases” se entregarán como reconocimiento al desempeño de los alumnos del interior con los promedios más altos de cada facultad, y la primera convocatoria se abrirá entre marzo y abril de 2026.

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