El Centro de Estudios UIA (CEU) dio a conocer los resultados de su tercera encuesta del año, realizada sobre una muestra de más de 600 empresas, que reflejó una profundización en el deterioro de la actividad industrial durante el mes de julio.
La contracción del consumo local se mantiene como el obstáculo central para el desarrollo del sector productivo, se indicó luego del cruce que la UIA protagonizó con el Gobierno la semana pasada en el marco del Día de la Industria.
De acuerdo con el relevamiento, “la debilidad de la demanda interna” impactó de manera directa en los indicadores operativos de la industria:
El 50% de las empresas encuestadas registró caídas en sus ventas en el mercado local, mientras que el 42,9% redujo su producción respecto a mediciones previas.
El escenario resultó sensiblemente más complejo para las micro y pequeñas empresas, donde las caídas en las ventas alcanzaron al 54,8% de los establecimientos y la baja en los niveles de producción afectó al 47,8%.
A la desaceleración del volumen de actividad se sumó un incremento continuado en los costos operativos, con un protagonismo creciente de los servicios energéticos.
Compromiso financiero, perspectivas de empleo y competencia desleal
El estudio de la UIA señaló que el estancamiento de la actividad comercial comenzó a erosionar la salud financiera del entramado industrial y sus proyecciones de inversión.
El 47,6% de las industrias enfrentó complicaciones para afrontar al menos uno de sus compromisos financieros habituales, mientras que un 9,2% de las firmas registró dificultades simultáneas para cubrir la totalidad de sus pagos.
De cara al próximo año, solo el 16,9% de las empresas proyecta incrementar su plantilla de personal, en contraste con un 27,5% que prevé reducir su nómina de trabajadores, se indicó en el informe.
En un bloque especial incluido en el estudio, el 60% de los industriales (6 de cada 10) afirmó que la competencia desleal genera un impacto “alto o muy alto” en su negocio, afectando severamente los márgenes de rentabilidad y la cuota de mercado.
El Día de la Industria encontró al sector fabril en una posición de fuerte tensión con el Gobierno de Javier Milei. El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, trazó una radiografía crítica de la actividad, advirtió por la pérdida de empleo registrado y reclamó un “puente” que permita atravesar la transformación económica sin profundizar el deterioro del entramado productivo.
El planteo industrial llegó en un momento en que la política económica del Gobierno tiene como uno de sus principales objetivos consolidar la estabilidad macroeconómica y reducir la inflación. Para la UIA, sin embargo, esa variable no alcanza para medir el estado de la economía real. “La economía no puede medirse solamente por la inflación”, sostuvo Rappallini, en una de las definiciones centrales de su discurso.
Según los datos citados por la entidad, la producción industrial se encuentra 10% por debajo del nivel de 2022, mientras que algunos sectores acumulan retrocesos de hasta 30%. El deterioro también aparece en el mercado laboral: la UIA estimó en 90.000 los puestos registrados perdidos en la industria desde el inicio de la actual gestión, aunque otras cifras mencionadas durante la jornada ubicaron la pérdida de empleos directos en alrededor de 52.000 durante los últimos doce meses.
La diferencia entre ambos datos responde a los períodos de comparación utilizados, pero el diagnóstico empresarial converge en un punto: la recuperación macroeconómica todavía no se traduce de manera homogénea en actividad industrial y empleo. Esa brecha es la que la principal cámara fabril busca instalar en la agenda económica.
Rappallini planteó que la apertura comercial es un “proceso necesario”, pero cuestionó que la industria deba enfrentar la competencia internacional manteniendo costos internos que, según el sector, reducen su capacidad para competir. “La industria queda expuesta a precios internacionales, pero sigue pagando costos argentinos”, resumió.
El concepto de “puente” sintetiza el pedido empresario. La UIA reclama reconstruir el crédito, acelerar la reducción del costo argentino, combatir el contrabando y la competencia desleal, garantizar energía a precios competitivos, reducir la morosidad, mejorar la infraestructura exportadora y avanzar en una modernización laboral.
El reclamo tiene una dimensión estructural. La discusión ya no pasa solamente por medidas de protección frente a las importaciones, sino por las condiciones bajo las cuales las empresas argentinas pueden competir en una economía más abierta. Para el sector fabril, reducir aranceles y eliminar distorsiones no alcanza si la producción local enfrenta costos financieros, logísticos, tributarios y energéticos superiores a los de sus competidores.
Ese punto adquiere especial relevancia frente a la orientación sectorial del Gobierno. Milei impulsa con mayor intensidad actividades como la energía, la minería y el agro, mientras que la industria reclama que la estrategia de desarrollo incorpore también la transformación de las materias primas en bienes con mayor valor agregado.
El debate sobre Vaca Muerta aparece como uno de los ejemplos más claros. Para los industriales, el desafío no consiste únicamente en aumentar la extracción de hidrocarburos, sino en desarrollar proveedores, tecnología, bienes de capital y productos derivados que permitan ampliar el impacto de esa inversión sobre el resto de la economía.
La discusión también alcanzó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Dentro de la UIA existe el planteo de que los beneficios destinados a grandes proyectos deben generar mayores vínculos con la cadena industrial para evitar que el crecimiento de sectores primarios y extractivos tenga un impacto limitado sobre la producción manufacturera nacional.
En ese marco, el reclamo de la UIA puede leerse como una disputa por el modelo de crecimiento que seguirá a la estabilización. La industria acepta que la economía atraviese un proceso de transformación, pero reclama condiciones para evitar que la apertura termine acelerando la pérdida de capacidades productivas que luego resulten difíciles de reconstruir.
El mensaje político también fue explícito. Rappallini pidió dejar atrás las “descalificaciones” y las agresiones hacia quienes producen y sostuvo que las diferencias sobre la política económica deben procesarse dentro de la convivencia democrática. El planteo aparece después de una relación cada vez más tensa entre la conducción industrial y funcionarios del Gobierno.
En la misma jornada, el vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, profundizó las críticas y sostuvo que el Gobierno “no sabe lo que es una fábrica”. También cuestionó al ministro de Economía, Luis Caputo, al que calificó de “trader” y criticó por su orientación financiera. Las declaraciones muestran que el malestar empresarial ya no se limita a pedidos sectoriales y comienza a expresarse como una discusión abierta sobre el rumbo económico.
La ausencia de funcionarios de alto rango en el acto agregó otro elemento político al escenario. El Gobierno estuvo representado por Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción y Comercio, un funcionario que anteriormente había sostenido que “la mejor política industrial es no tenerla”. La presencia de un representante de menor jerarquía, frente a una entidad que esperaba discutir de manera directa el rumbo productivo, fue interpretada por parte del sector como una señal de distancia.
Para las empresas, el problema inmediato es cómo atravesar la transición sin destruir empleo ni capacidad instalada. Para el Gobierno, el desafío consiste en demostrar que la estabilización macroeconómica puede convertirse en inversión, productividad y crecimiento sin recurrir a esquemas que perpetúen ineficiencias.
Ahí aparece el núcleo de la discusión. La industria no está reclamando simplemente volver al esquema anterior ni cerrar la economía frente a las importaciones. Está planteando que la apertura debe estar acompañada por una reducción efectiva de los costos que determinan la competitividad y por instrumentos que permitan financiar la reconversión.
La respuesta a ese planteo tendrá impacto sobre el empleo, pero también sobre la capacidad exportadora argentina. Una industria que incorpora tecnología, mejora productividad y logra integrarse a cadenas globales puede transformar la apertura en una oportunidad. Una estructura productiva que pierde empresas, proveedores y trabajadores calificados durante la transición tendrá mayores dificultades para capturar ese beneficio cuando llegue la etapa de expansión.
El conflicto entre la UIA y el Gobierno entra así en una nueva fase. La discusión dejó de concentrarse exclusivamente en la inflación y pasó a una pregunta más compleja: qué estructura productiva tendrá la Argentina cuando la estabilización macroeconómica se consolide y qué sectores estarán en condiciones de aprovecharla.
La Unión Industrial Argentina (UIA) volvió a poner en el centro de la agenda la presión fiscal y financiera que atraviesan las pequeñas y medianas empresas. En una reunión con autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la entidad solicitó suspender durante 180 días los embargos y ejecuciones fiscales sobre pymes, como medida transitoria frente al deterioro del capital de trabajo y la caída de la actividad.
El planteo se produjo en un contexto en el que las empresas industriales enfrentan una combinación particularmente compleja: menor nivel de actividad, restricciones de acceso al crédito, tasas financieras elevadas y obligaciones tributarias que continúan generando presión sobre la liquidez. Para la UIA, el objetivo de una eventual suspensión no sería eliminar las obligaciones fiscales, sino evitar que una dificultad de corto plazo termine convirtiéndose en un cierre definitivo.
El reclamo adquiere mayor relevancia por el impacto que la política de cobro puede tener sobre las cadenas de pagos. Según explicó la entidad, ARCA no necesariamente interviene de manera directa sobre las cuentas bancarias de las compañías deudoras, sino que puede actuar sobre los clientes que mantienen operaciones comerciales con ellas. En esos casos, el organismo puede exigir que determinados pagos destinados a una empresa con deudas tributarias no sean depositados en su cuenta bancaria.
Para las industrias, ese mecanismo puede profundizar los problemas de capital de trabajo en compañías que ya enfrentan dificultades para sostener su operatoria corriente. La preocupación del sector es que una restricción sobre los ingresos termine afectando la capacidad de pagar salarios, proveedores, servicios e insumos y, por efecto de cadena, traslade el problema financiero hacia otras empresas.
El mapa industrial muestra una pérdida de empresas
El reclamo de la UIA se apoya también en la evolución reciente del entramado productivo. Un informe de la consultora I+D señaló que durante los primeros cuatro meses de 2026 cerraron 1.070 empresas, de las cuales cerca de la mitad correspondió a pequeños talleres y el resto, principalmente, a pymes.
El diagnóstico plantea además un escenario más exigente para los próximos meses. La consultora proyecta la pérdida de otras 2.000 empresas industriales durante lo que resta del año, lo que llevaría el saldo negativo de 2026 a unas 3.070 firmas.
El problema no estaría concentrado únicamente en el aumento de los cierres. I+D advierte que la creación de nuevas empresas también se encuentra en niveles históricamente bajos. Esa combinación —más firmas que salen del mercado y menos empresas que ingresan— reduce la capacidad de renovación del tejido productivo y limita la generación futura de empleo.
En ese escenario, la discusión tributaria adquiere una dimensión que excede la recaudación. Para las pymes industriales, el punto crítico es cómo administrar los vencimientos y las obligaciones fiscales sin comprometer el capital necesario para continuar produciendo.
La tasa de los planes de pago, otro foco de tensión
Durante el encuentro con ARCA, la UIA también planteó modificaciones al régimen de facilidades de pago recientemente anunciado, que permite regularizar obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026 en hasta 24 cuotas.
El sector empresario valoró la reapertura del régimen y la posibilidad de incluir obligaciones aduaneras, pero cuestionó el costo financiero de los planes, que contempla una tasa del 2,75% mensual. Para la UIA, esa tasa resulta elevada frente a la tendencia descendente de la inflación y dificulta que las pequeñas empresas puedan normalizar sus obligaciones sin deteriorar todavía más su flujo de fondos.
La entidad pidió, en particular, habilitar la migración entre planes y evaluar una reducción de la tasa de financiación para las pymes. El planteo introduce una discusión sobre la adaptación de las condiciones tributarias a un escenario macroeconómico diferente al de períodos de inflación más elevada.
Ganancias, IVA y capital de trabajo
La agenda empresaria incluyó además una serie de propuestas destinadas a aliviar la presión sobre el capital de trabajo. Entre ellas, la UIA solicitó reducir y automatizar los anticipos del Impuesto a las Ganancias para las pymes y simplificar los mecanismos para solicitar su reducción.
También pidió diferir durante 180 días los vencimientos de IVA para actividades estacionales y postergar las contribuciones patronales correspondientes a las economías regionales. En materia de saldos a favor, reclamó acelerar los plazos de devolución de distintos impuestos, debido al impacto que esas demoras tienen sobre la liquidez de las empresas.
Otro de los planteos apuntó a flexibilizar el uso de los reintegros de exportación, una herramienta particularmente relevante para las firmas que necesitan transformar rápidamente créditos fiscales y recursos retenidos en fondos disponibles para sostener la producción.
ARCA señaló que varias de estas propuestas requieren definiciones del Ministerio de Economía. No obstante, el organismo se comprometió a analizar una ampliación del universo de contribuyentes habilitados para compensar créditos y a revisar los montos mínimos sujetos a control en las solicitudes de reducción de anticipos de Ganancias.
La salida que busca la industria: ganar tiempo para sostener empresas
El planteo de la UIA no apunta únicamente a una moratoria. El eje es ganar tiempo. La suspensión temporal de embargos y ejecuciones fiscales permitiría, según la lógica empresaria, evitar que una dificultad de liquidez se transforme en una interrupción de la actividad, mientras que una reducción del costo de los planes de pago facilitaría la regularización de las obligaciones acumuladas.
La diferencia es relevante para las pymes, donde el límite entre una empresa con problemas financieros y una empresa que deja de operar puede estar determinado por el capital de trabajo disponible durante unas pocas semanas.
El desafío para el Gobierno consiste ahora en compatibilizar dos objetivos que pueden entrar en tensión: sostener el cumplimiento tributario y evitar que los mecanismos de recaudación profundicen el cierre de empresas y la pérdida de empleo. Una eventual respuesta de política pública deberá determinar hasta dónde puede flexibilizarse el cobro sin afectar los ingresos fiscales y, al mismo tiempo, cuánto puede costar para la economía productiva no hacerlo.
La UIA y ARCA acordaron continuar el diálogo y volver a reunirse dentro de 45 días. El próximo encuentro tendrá como telón de fondo una discusión que ya dejó de ser exclusivamente tributaria: cómo preservar el entramado pyme mientras la economía transita una etapa de reconfiguración del crédito, los costos y la demanda.
La industria argentina acumula una caída del 2% en lo que va de 2026 frente al mismo período del año pasado, según estimaciones preliminares del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA). Sin embargo, los indicadores adelantados de julio anticipan una suba interanual de alrededor del 1,4%, aunque en términos mensuales la actividad habría permanecido prácticamente estable respecto de junio (-0,6% con ajuste estacional).
El dato positivo en la comparación interanual de julio responde, según el CEU-UIA, a un bajo nivel de comparación y no implica una recuperación sostenida. El organismo advierte que la actividad industrial se mantiene en un escenario de estancamiento que se extiende desde mediados de 2025.
Los indicadores sectoriales de julio presentaron un comportamiento heterogéneo. La construcción fue uno de los segmentos más débiles: los despachos de cemento cayeron 4,6% mensual y acumulan una baja del 3% frente a 2025, mientras que el Índice Construya —que concentra la venta de insumos para la construcción— retrocedió 0,8%. Ambos se ubican más de un 20% por debajo de los niveles de 2022, con los despachos asociados a obras pequeñas con una caída del 30% respecto de ese año.
La producción automotriz, por su parte, descendió 6,8% mensual y acumula una baja del 18% frente a 2025. El consumo de energía eléctrica de grandes usuarios industriales retrocedió 3,5% respecto de junio y se encuentra 6% por debajo de los niveles de 2022.
A contramano de la tendencia general, en metales, la producción de acero avanzó 3,4% mensual, aunque acumula una caída del 10,9% frente a 2022. La industria metalmecánica se mantuvo estable (+0,1%), pero permanece 17,4% por debajo de aquel año de referencia. La producción de aluminio primario cayó 1,8% mensual, aunque mantiene un desempeño positivo frente a 2025 (+1%) y a 2022 (+17%).
En alimentos y bebidas, la producción láctea y la de bebidas avanzaron 0,9% cada una respecto de junio, mientras que la faena vacuna retrocedió 2,8% y acumula una baja del 6% frente a 2025. En el frente externo, las exportaciones hacia Brasil cayeron 12% en julio, aunque en los primeros siete meses del año acumulan una suba del 3,8% respecto de 2025. La liquidación de divisas agroindustriales retrocedió 14,6% mensual y acumula un retroceso del 16,7% frente al año anterior.
El dato oficial de junio
Los números oficiales mostraron un mejor desempeño de lo que el CEU-UIA había anticipado. Un mes atrás, el organismo estimaba para junio una caída interanual de alrededor del 1,8%; los datos oficiales del Indec confirmaron, en cambio, un crecimiento del 2% interanual y del 0,9% frente a mayo. Pese a esa mejora puntual, el acumulado del primer semestre cerró con una caída del 2,2% respecto del mismo período de 2025, con la actividad aún un 11% por debajo de los niveles de 2022.
En este escenario, nueve de los 16 sectores registraron subas en la comparación interanual. Las industrias metálicas básicas lideraron el crecimiento con un alza del 11,8%, seguidas de productos químicos (+11,0%), madera y papel (+8,4%) y alimentos y bebidas (+6,2%). También avanzaron productos de metal (+3,6%), refinación del petróleo (+3,4%) y muebles y colchones (+3,4%).
En el otro extremo, otros equipos eléctricos registraron la caída más pronunciada del mes (-25,3%), seguidos de maquinaria y equipo (-16,8%) y productos textiles (-15,9%). Prendas de vestir, cuero y calzado cayeron 8,4%, los insumos para la construcción 7,2%, y automotores y autopartes 3,5 por ciento.
Qué explica la caída del primer semestre
El análisis por grandes agregados del CEU-UIA sobre el período enero-junio muestra que la producción de bienes durables y semidurables fue el principal factor de arrastre negativo, con una incidencia de -1,7 puntos porcentuales y una contracción del 21% frente al mismo período de 2025. La menor demanda interna en vehículos de transporte, electrodomésticos y equipos de uso doméstico explica ese retroceso.
Le siguieron en impacto negativo las prendas de vestir, cuero y calzado (-0,6 p.p. y -14% interanual), que se consolidan como uno de los sectores de peor desempeño de la industria, y las industrias vinculadas a la cosecha (-0,6 p.p. y -6% acumulado), afectadas en parte por una base de comparación elevada respecto del fuerte desempeño agropecuario de la primera mitad de 2025.
La producción destinada al consumo masivo fue el único agregado con incidencia positiva sobre el nivel general: aportó 0,7 puntos porcentuales y registró un crecimiento acumulado del 1,8%, traccionado por productos farmacéuticos, artículos de higiene y limpieza, y algunos segmentos de alimentos y bebidas.
La industria manufacturera no logra consolidar una senda de recuperación sostenible. Según los datos adelantados del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA), la actividad fabril registró en junio una caída interanual estimada del 1,8%, mientras que en la medición mensual desestacionalizada mostró una leve variación de apenas -0,2% en comparación con mayo, consolidando un escenario de amecetamiento.
Con este desempeño, el primer semestre del año cerró con una contracción del 3% frente al mismo período de 2025 y se ubica un 10% por debajo de los niveles de actividad registrados en 2022 y 2023.
Un mapa sectorial heterogéneo
Al analizar el comportamiento hacia el interior del entramado productivo, los indicadores adelantados reflejaron dinámicas dispares durante junio:
Sectores en terreno negativo: La construcción continuó mostrando señales de debilidad, con caídas mensuales en los despachos de cemento (-2,7%) y en el Índice Construya (-2,0%). Asimismo, la metalmecánica (-0,3%) y la producción siderúrgica de acero (-4,6%) mostraron bajas en la comparación intermensual, aún alejadas de los picos históricos del sector.
Indicios de repunte: Por el contrario, la demanda de energía eléctrica por parte de Grandes Usuarios Industriales creció un 1,4% mensual, al tiempo que el patentamiento de maquinaria industrial mostró un repunte del 9,4% respecto de mayo.
Comercio exterior: En el frente internacional, las exportaciones hacia Brasil mostraron un marcado dinamismo (+15,6% intermensual) impulsadas por bienes primarios, agroindustria y automotores, a la par de un salto del 17,9% en la liquidación de divisas del sector agroexportador.
Molienda, energía y consumo masivo sostienen el piso
De acuerdo al análisis de la entidad fabril, la industria navega bajo un esquema fuertemente fragmentado. Los rubros que amortiguan la baja general continúan siendo la refinación de petróleo —impulsada por el desarrollo no convencional en Vaca Muerta—, los sectores ligados a la cosecha agrícola (molienda de oleaginosas) y segmentos específicos de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos.
Por el contrario, los mayores factores de tracción negativa siguen concentrados en los bienes durables y semidurables (línea blanca y automotores), golpeados por la menor demanda interna, sumados al sector textil, confecciones y calzado, resentidos ante la contracción del consumo y el ingreso de bienes importados.
