El jefe de la diplomacia estadounidense se expresó así luego que se conociera que su país sancionó al presunto cerebro del atentado contra la AMIA
El presidente Mauricio Macri recibió este viernes , en la Residencia de Olivos, al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, de visita oficial en el país para participar de la Segunda Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo que se celebró en Buenos Aires.
Los acompañaron el canciller argentino Jorge Faurie; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Fulvio Pompeo y el embajador de los Estados Unidos, Edward Prado.
El encuentro, que tuvo lugar en el marco de un nuevo aniversario del atentado perpetrado contra la AMIA hace 25 años, se concreta a los pocos días de que el Gobierno creó un registro de entidades terroristas en el que ya fue incorporada la organización Hezbollah y sus miembros.
El Gobierno comunicó el encuentro con imágenes, entre las que se destaca la de Macri y Pompeo dándose la mano para la fotografía oficial, con las banderas de ambas naciones a sus costados.
Antes de la audiencia, el funcionario estadounidense aseguró en el Palacio San Martín que la organización Hezbollah fue la responsable del atentado perpetrado contra la AMIA hace 25 años años, con apoyo de Teherán, y señaló a uno de sus miembros, Salman Rauf Salman, como su organizador.
Durante su discurso en la Segunda Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha Contra el Terrorismo, Pompeo sostuvo que su país anunció el pago de “una recompensa de 7 millones de dólares” para “quien tenga información para detener a este asesino”, en alusión al organizador del atentado que identificó.
Asimismo, destacó que Hezbollah “tiene mucha presencia en esta región” y sostuvo que “continúa usando este hemisferio para reclutar” adeptos.
La Segunda Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, que contó con la participación de Mike Pompeo, expresó este viernes su “preocupación por las actividades que redes de Hezbollah continúan realizando en algunas áreas del Hemisferio Occidental” y advirtió sobre el riesgo de que grupos terroristas puedan ampararse en situaciones de conflicto interno y citaron como ejemplo a “Venezuela, para potenciar sus actividades delictivas en la región”.
En el comunicado conjunto difundido al término de las deliberaciones en el Palacio San Martín, los países que participaron de la Conferencia se comprometieron a “negar cobijo o estatus de refugiado o asilo, de conformidad con sus legislaciones nacionales, a los terroristas y financistas del terrorismo que se desplazan hacia y desde zonas de operaciones y a impedir que sus respectivos territorios sean utilizados para el reclutamiento terrorista, la radicalización y para propaganda terrorista”.
La declaración precisó que “las organizaciones terroristas ISIS/Daesh y Al-Qaida, y sus organizaciones afiliadas, constituyen una amenaza a la seguridad colectiva, a la seguridad de los ciudadanos dentro y fuera de sus territorios y a todas las personas dentro de sus respectivas jurisdicciones”.
Y, reconoció “como una amenaza a la estabilidad de la región la acción del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de Colombia, el cual perpetra actos de inaceptable violencia y obtiene financiamiento de origen ilícito” a la vez que rechazó “las actividades criminales de Sendero Luminoso”, de Perú.
Los cancilleres expresaron además en el documento su preocupación acerca del “riesgo de que grupos terroristas puedan ampararse en situaciones de debilidad institucional, conflicto interno u otros similares, como por ejemplo Venezuela, para potenciar sus actividades delictivas en la región”.
Señalaron que “las redes terroristas y de crimen organizado que constituyen amenazas ponen en peligro el Hemisferio”, y por ello los países “deben mantener una robusta cooperación contra esas redes como también contra sus facilitadores y aquellos que las apoyan”.
En tal sentido, los países resolvieron incrementar “esfuerzos para contrarrestar el extremismo violento, particularmente la apología de los actos terroristas”, así como el uso por parte de los terroristas de “las nuevas tecnologías y plataformas de comunicaciones informáticas para reclutar o radicalizar, difundir contenidos” .
Por eso, el documento recalcó “la necesidad de incrementar la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo y su financiación, a través del intercambio ágil de información y buenas prácticas a fin de reducir las vulnerabilidades”.
En otro de los párrafos de la declaración alentaron a las autoridades competentes, en particular a las unidades de inteligencia financiera y otros servicios de inteligencia, “a establecer y fortalecer las alianzas entre sí y con el sector privado a efectos de evaluar y monitorear los patrones y tendencias de terrorismo y su financiación” e “intercambiar información operativa con fines de inteligencia”.
Los representantes de los gobiernos que participaron en la conferencia ministerial hemisférica de lucha subrayaron que el terrorismo constituye “una amenaza para la paz, la seguridad, la estabilidad democrática y los derechos humanos” de los países.
Según un documento difundido por Cancillería, en las conclusiones de este encuentro se calificó además al terrorismo como “una amenaza para para el desarrollo económico y social y para los ciudadanos dentro y fuera de sus territorios nacionales”.
La declaración lleva la firma de los representantes de Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay y Perú, que tomaron parte de las deliberaciones de este encuentro.
Asimismo, asistieron México, Uruguay y el Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE), en calidad de Observadores.
En la Conferencia, se subrayó “la importancia de implementar las Resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre esta problemática y se destacó la importancia de “ratificar e implementar los instrumentos internacionales contra el terrorismo, particularmente la Convención Interamericana contra el Terrorismo”.
Los estados participantes “ratificaron el convencimiento de que los esfuerzos de las naciones en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento -tanto en el ámbito de las respuestas individuales como colectivas- deben realizarse en el marco del Estado de Derecho y la legislación nacional, el respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de conformidad con el Derecho Internacional vigente”.
En ese sentido, reconocieron que “la lucha contra el extremismo violento y la radicalización deberían ser un aspecto de importancia dentro del marco de los esfuerzos en la lucha contra el terrorismo”.
De forma solemne, los asistentes evocaron y condenaron el más grave atentado de terrorismo transnacional perpetrado hace 25 años en la sede de Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), por el cual se encuentra bajo investigación judicial la participación de Hezbollah.
Fuente iProfesional
