Vaca Muerta

La guerra en Medio Oriente impacta en la economía argentina: energía más cara, presión inflacionaria y un posible impulso exportador

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La escalada militar en Medio Oriente tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán el 28 de febrero volvió a sacudir el tablero energético internacional y abrió un nuevo frente de incertidumbre para la economía argentina. El salto del precio del petróleo —que trepó USD 29,58, un aumento del 40,8%, y ya supera los USD 100 por barril— comienza a trasladarse a los combustibles locales y amenaza con alterar variables sensibles como inflación, salarios y actividad económica.

El fenómeno plantea una tensión clásica para economías emergentes como la argentina: el encarecimiento de la energía puede impulsar ingresos por exportaciones de petróleo y otros commodities, pero al mismo tiempo eleva los costos productivos, presiona sobre los precios internos y complica el equilibrio fiscal. La pregunta que empieza a recorrer despachos oficiales y análisis privados es si este shock externo terminará siendo un nuevo obstáculo para la estabilización económica o una oportunidad para sectores exportadores.

El movimiento ocurre además en un momento de fuerte heterogeneidad en la actividad local, con sectores que muestran señales de recuperación y otros que todavía enfrentan debilidad en el consumo y en los salarios reales.

Energía más cara: el impacto inmediato en precios, logística y subsidios

El aumento del petróleo ya empezó a sentirse en el mercado doméstico. Los combustibles registraron incrementos de entre 6% y 7%, con ajustes iniciales cercanos al 4% por parte de la petrolera estatal.

Ese traslado no queda limitado al sector energético. En Argentina, el 90% del transporte de cargas se realiza por camión, lo que convierte al gasoil en una variable clave para el costo logístico de la economía. Cuando sube el combustible, el impacto se expande rápidamente hacia la industria, el comercio y los alimentos.

La presión también se extiende a otros insumos energéticos. El encarecimiento del jet fuel repercute en el transporte aéreo y empuja el precio de los pasajes, mientras que el aumento del gas licuado de petróleo afecta tanto a hogares como a industrias que utilizan ese insumo en sus procesos productivos.

La cadena industrial tampoco queda al margen. El incremento del precio del gas y de los derivados petroquímicos eleva el costo de plásticos, resinas, fertilizantes y fibras sintéticas, productos que atraviesan múltiples sectores manufactureros, desde alimentos hasta textiles o autopartes.

En paralelo aparece un desafío para la política económica: el impacto fiscal. Un encarecimiento sostenido de la energía vuelve más delicado el esquema de subsidios. Si el Estado absorbe parte del shock para evitar aumentos tarifarios, el gasto público se incrementa; si lo traslada a tarifas, el costo energético recae directamente sobre hogares y empresas.

Un sistema energético todavía en transición

La estructura energética argentina introduce un matiz adicional. El país logró convertirse en exportador neto de energía a partir de la expansión del gasoducto que conecta la producción de Vaca Muerta con el sistema nacional. Sin embargo, esa mejora no eliminó completamente la dependencia de importaciones.

Durante el invierno, el sistema aún requiere compras de gas natural licuado (GNL) para cubrir picos de demanda. Si los precios internacionales se mantienen elevados, esas adquisiciones pueden encarecer la balanza energética y presionar sobre las cuentas públicas.

En otras palabras, el shock externo llega cuando la matriz energética argentina todavía se encuentra en un proceso de transición entre la dependencia histórica de importaciones y el nuevo rol exportador basado en el desarrollo del gas no convencional.

Exportaciones, tipo de cambio y riesgo financiero

El escenario global no ofrece únicamente riesgos. El encarecimiento de la energía y de otros commodities puede mejorar los ingresos de varios complejos exportadores.

Sectores como energía, minería y agro podrían beneficiarse de precios internacionales más altos, lo que incrementaría el ingreso de dólares por exportaciones. En un contexto donde la disponibilidad de divisas sigue siendo un factor crítico para la estabilidad macroeconómica, ese flujo adicional podría aportar un alivio parcial.

Además, un contexto internacional más volátil podría derivar en presiones cambiarias externas. Si se produjera algún ajuste en el tipo de cambio motivado por factores globales, ciertas ramas industriales orientadas a exportaciones ganarían competitividad.

Sin embargo, el escenario internacional también tiene riesgos financieros. La mayor incertidumbre global puede complicar la reducción del riesgo país y estimular movimientos de capital hacia economías consideradas más seguras, lo que tiende a mantener altas las tasas de interés en mercados emergentes.

Inflación, salarios y el impacto sobre el consumo

La variable que más preocupa en el frente doméstico es el traslado del shock energético a la inflación.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional señaló que un aumento sostenido del 10% en el precio del petróleo puede sumar 0,4 puntos porcentuales a la inflación global y restar entre 0,1 y 0,2 puntos al crecimiento económico mundial. En economías con alta sensibilidad a los costos logísticos y energéticos, ese impacto suele amplificarse.

En Argentina, el encarecimiento de la energía puede modificar los precios relativos dentro de la economía, con efectos directos sobre el poder adquisitivo de los hogares.

El contexto salarial no ofrece demasiado margen de absorción. Según datos oficiales, los salarios registrados cayeron más de 2% en términos reales durante 2025. En diciembre de ese año, los ingresos crecieron 2% nominal, mientras que la inflación fue 2,8%, lo que profundizó la pérdida de poder de compra.

La caída es más marcada si se observa el período desde el cambio de gobierno. Entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, el salario real de los trabajadores registrados perdió 7,1%. Dentro de ese universo, el sector público acumuló una caída del 17,03%, mientras que el sector privado registró una baja del 1,55%.

Si el shock energético se traduce en mayor inflación, el salario real podría enfrentar una nueva presión en el corto plazo, con efectos directos sobre el consumo interno.

Un nuevo factor externo en una economía todavía frágil

El conflicto en Medio Oriente vuelve a exponer un rasgo estructural de la economía argentina: su vulnerabilidad frente a shocks externos, especialmente cuando provienen del mercado energético.

El desafío para la política económica será administrar una ecuación compleja. Por un lado, aprovechar el impulso que pueden ofrecer los precios internacionales más altos para las exportaciones. Por otro, evitar que el aumento de los costos energéticos termine erosionando la recuperación del consumo y del salario real.

En ese equilibrio se juega una parte importante de la dinámica económica de los próximos meses. El impacto final dependerá de variables que todavía están abiertas: la duración del conflicto internacional, la evolución de los precios de la energía y la capacidad del Gobierno para absorber —o trasladar— ese shock externo dentro de la economía local.

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Caputo justificó el rebote de la inflación y defendió la estrategia económica del Gobierno

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El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el Gobierno esperaba el dato de inflación de 2,9% registrado en febrero, una cifra que interrumpió parcialmente la dinámica descendente que venía mostrando el índice de precios. El funcionario sostuvo que el aumento respondió principalmente a la suba de la carne y los ajustes tarifarios, y buscó transmitir que la estrategia económica oficial no se altera pese al rebote.

“Nos preocupa pero sobre todo nos ocupa”, afirmó Caputo en declaraciones televisivas, al remarcar que la política monetaria del Banco Central continuará orientada a sostener la desinflación. El dato llega en un momento políticamente sensible: el Gobierno intenta consolidar la narrativa de estabilización macroeconómica que respalda su programa económico, mientras enfrenta señales de tensión social vinculadas al poder adquisitivo y al acceso al crédito.

El reconocimiento de que el número era esperado funciona también como un intento de anticipar el impacto político del dato y evitar que el rebote inflacionario sea leído como un cambio de tendencia en la estrategia oficial.

Inflación, política monetaria y el argumento del equilibrio fiscal

Caputo explicó que el Gobierno atribuye el repunte del índice principalmente a factores puntuales de precios relativos, en especial alimentos y tarifas. Según el ministro, esos movimientos no alteran el objetivo central del programa económico: mantener la inflación en descenso a partir del equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva.

En esa línea, insistió en uno de los pilares discursivos de la administración nacional: la eliminación del déficit.

“No hay déficit fiscal y la inflación más tarde o temprano llegará a niveles internacionales”, sostuvo.

El ministro evitó fijar un plazo exacto, aunque señaló que la inflación podría acercarse a niveles cercanos a cero entre agosto y octubre, una proyección que el Gobierno viene utilizando como referencia para medir el éxito del plan de estabilización.

Al mismo tiempo, reconoció que predecir el comportamiento mensual del índice sigue siendo complejo, una admisión que revela la volatilidad que todavía atraviesa la economía argentina.

El factor político en la dinámica inflacionaria

Caputo también introdujo un elemento político en su explicación del proceso inflacionario reciente. Según su interpretación, el proceso de desinflación se desaceleró luego de un período de volatilidad financiera previo a las elecciones legislativas del año pasado, cuando se generó una fuerte dolarización de portafolios.

Esa dinámica impactó —según el ministro— en tres variables clave: riesgo país, nivel de crecimiento e inflación, lo que provocó un retroceso en el proceso de desaceleración de precios.

Desde la óptica del Gobierno, la estabilidad política posterior a las elecciones permitió retomar el sendero de normalización macroeconómica. En ese marco, Caputo destacó que el Banco Central mantiene una política monetaria “apretada” y continúa comprando dólares, lo que considera una señal de consistencia del programa económico.

Economía real: reconocimiento de tensiones sociales

Más allá del discurso de estabilización macroeconómica, el ministro admitió que la recuperación no se percibe de manera homogénea en la sociedad.

“La situación está mejor, pero no quiere decir que hay gente que la esté pasando bien”, afirmó.

La frase introduce una dimensión política clave: el Gobierno intenta sostener la narrativa de mejora macroeconómica sin negar las dificultades que atraviesan amplios sectores de la población, especialmente frente a el aumento de la morosidad en tarjetas de crédito y billeteras virtuales.

Ante ese escenario, Caputo planteó que la salida pasa por profundizar la caída de la inflación, reducir las tasas de interés y extender plazos de financiamiento para facilitar la adaptación de los hogares.

La apuesta por las inversiones tras la “Argentina Week”

El ministro habló después de la denominada “Argentina Week”, una serie de presentaciones ante inversores internacionales realizada en Nueva York. Según el balance oficial, la semana dejó anuncios de inversiones por 16.150 millones de dólares.

Entre los proyectos destacados se encuentran:

  • Mercado Libre, con 3.400 millones de dólares para expandir su operación logística y crear 1.900 empleos directos.
  • Transportadora de Gas del Sur, con 3.000 millones de dólares destinados a la industrialización de líquidos de gas natural en Vaca Muerta, proyecto que prevé 4.000 empleos directos y 15.000 indirectos, además de exportaciones por 1.200 millones de dólares anuales.
  • Pampa Energía, que solicitó adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un desembolso superior a 4.500 millones de dólares para la exploración y producción de petróleo no convencional.
  • First Quantum Minerals, con 5.250 millones de dólares para el proyecto de cobre Taca Taca en Salta, que proyecta 4.000 empleos durante la construcción y 2.000 en la etapa operativa.

El Gobierno vincula estos anuncios con la ampliación del RIGI mediante el Decreto 168/2026, que incorporó actividades de exploración y producción de hidrocarburos al régimen.

Para la administración nacional, este esquema busca convertir la estabilidad macroeconómica en un ancla de inversiones de largo plazo, particularmente en sectores energéticos y mineros.

Jubilaciones, reforma impositiva y límites fiscales

Caputo también descartó la posibilidad de otorgar aumentos adicionales a las jubilaciones en el corto plazo. Argumentó que el margen fiscal es limitado y que cualquier mejora adicional debería financiarse con mayor crecimiento económico.

“No podemos darnos el lujo de hacer cosas que nos encantaría hacer, como subir jubilaciones o bajar más impuestos, porque de algún lado tiene que entrar esa plata”, explicó.

La misma lógica se aplica a los cambios tributarios que el Gobierno analiza: las eventuales reducciones impositivas o la baja de retenciones dependerán del sostenimiento del superávit fiscal.

La apuesta estructural: ahorro privado y crédito

Otro eje central del discurso del ministro fue la necesidad de movilizar el ahorro privado fuera del sistema financiero. Caputo afirmó que los argentinos tienen 170.000 millones de dólares fuera del circuito bancario, una cifra que triplicaría los depósitos en pesos.

Para el Gobierno, recuperar la confianza suficiente para que esos recursos ingresen al sistema permitiría expandir el crédito y financiar inversión productiva, dos factores que considera clave para sostener el crecimiento.

Un equilibrio político todavía en construcción

El Gobierno busca sostener una narrativa clara: inflación en descenso, equilibrio fiscal y apertura a inversiones internacionales. Sin embargo, el dato de inflación de febrero recuerda que la estabilización económica sigue siendo un proceso frágil, expuesto a factores políticos, movimientos de precios relativos y tensiones sociales.

En ese contexto, el desafío oficial será demostrar en los próximos meses que el rebote inflacionario fue efectivamente transitorio. La evolución del índice de precios, la reacción del consumo y la llegada efectiva de inversiones serán variables centrales para medir si el programa económico logra consolidar el escenario que el Gobierno proyecta.

Por ahora, el mensaje de Caputo busca sostener la confianza. Pero la política económica argentina suele medirse menos por las promesas que por la persistencia de los resultados.

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Energía ordena una reconfiguración estructural del sistema gasífero en plena emergencia energética

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El Gobierno avanzó con una decisión de alto impacto en la arquitectura del sistema energético argentino. A través de la Resolución 66/2026 de la Secretaría de Energía, publicada el 12 de marzo, el Ministerio de Economía dispuso una reconfiguración integral del sistema de transporte de gas natural, que incluye la rescisión de contratos vigentes vinculados al Gasoducto Perito Pascasio Moreno, la eliminación del programa estatal Transport.Ar y un nuevo esquema de asignación de capacidad mediante concursos abiertos.

La medida no es meramente técnica. Se inscribe en el marco de la emergencia energética vigente hasta el 31 de diciembre de 2027 y apunta a rediseñar el funcionamiento de la red gasífera a partir de un cambio estructural: el desplazamiento del abastecimiento hacia Vaca Muerta y el agotamiento del modelo histórico basado en el suministro desde el norte del país y las importaciones desde Bolivia.

En términos políticos, la resolución refleja una estrategia más amplia del Gobierno: reordenar el sistema energético bajo criterios de mercado, reducir el peso operativo del Estado y abrir espacio a inversiones privadas en infraestructura. El interrogante que queda abierto es si este rediseño logrará traducirse en mayor eficiencia y expansión del sistema o si abrirá nuevas tensiones contractuales en una red históricamente atravesada por acuerdos de largo plazo.

El cambio estructural detrás de la decisión

El corazón de la resolución es un diagnóstico técnico que ya circulaba en el sector energético: la red de gas argentina fue diseñada para flujos que hoy ya no existen.

Durante décadas, el sistema funcionó con un flujo predominante norte–sur, con gas proveniente de la Cuenca Noroeste y complementado por importaciones desde Bolivia. Ese esquema comenzó a deteriorarse por dos factores que ahora el Gobierno considera permanentes: la declinación productiva del norte y la reducción del suministro boliviano.

En paralelo, el desarrollo de Vaca Muerta cambió el mapa energético del país. La Cuenca Neuquina pasó a concentrar el crecimiento de la oferta y empuja flujos crecientes hacia los centros de consumo del centro y el área metropolitana.

Ese desplazamiento generó distorsiones en el uso real de los gasoductos. Según informes técnicos del ente regulador citados en la resolución, muchos contratos vigentes no reflejan los flujos actuales ni el uso efectivo de la infraestructura.

A eso se suma un tercer elemento: la incorporación del Gas Natural Licuado (GNL) para cubrir picos de demanda invernal, lo que introdujo nuevas rutas de abastecimiento dentro del sistema.

El resultado es un sistema de transporte que opera con contratos, rutas y asignaciones de capacidad pensadas para otra geografía energética.

La decisión del Gobierno busca corregir ese desajuste.

Fin del programa estatal Transport.Ar y rescisión de contratos clave

El rediseño incluye una decisión simbólica y operativa: dejar sin efecto el Programa Sistema de Gasoductos Transport.Ar Producción Nacional, creado en 2022 para expandir la infraestructura con intervención estatal.

La Secretaría de Energía sostuvo que las obras previstas no se ejecutaron en su totalidad y que la gestión de los activos estatales no alcanzó los resultados esperados.

La resolución también ordena rescindir en un plazo de diez días el contrato de transporte firme del Gasoducto Perito Pascasio Moreno (GPM) —ex Gasoducto Presidente Néstor Kirchner— celebrado entre ENARSA y CAMMESA.

Ese contrato había sido concebido para transportar gas de Vaca Muerta destinado principalmente a la generación eléctrica. Sin embargo, informes oficiales indican que la utilización efectiva de esa capacidad no cumplió plenamente con el objetivo de reemplazar combustibles líquidos en las centrales térmicas.

El Gobierno también ordenó rescindir o modificar otros contratos que obstaculicen el uso eficiente de la infraestructura, incluyendo acuerdos vinculados con Transportadora de Gas del Sur (TGS) relacionados con ampliaciones del sistema.

En la práctica, el Ejecutivo busca liberar capacidad en el sistema y reorganizar su asignación bajo nuevas reglas.

Nuevas rutas de gas y concursos abiertos

La resolución introduce una reorganización profunda del sistema.

El nuevo esquema contempla: Reasignación de capacidad de transporte existente. Definición de nuevas rutas de transporte de gas. Modificación del sentido de algunos flujos históricos. Eliminación de rutas que ya no responden al esquema de abastecimiento actual.

La capacidad disponible se asignará mediante concursos abiertos, bajo principios de acceso no discriminatorio y libre utilización de la red, tal como establece el marco regulatorio del gas natural.

El ente regulador —actualmente el ENARGAS o el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, una vez que esté plenamente operativo— deberá implementar la reasignación y adaptar los reglamentos de transporte y distribución.

Ese proceso también implicará nuevos cuadros tarifarios provisorios, que deberán aprobarse mediante procedimientos de participación ciudadana.

Un sistema integrado que diluye fronteras entre activos estatales y privados

Otro punto clave del rediseño es la integración operativa del sistema.

El Gobierno plantea que el transporte de gas debe funcionar como una cadena unificada desde el punto de producción hasta el punto de entrega, independientemente de quién sea el titular de los activos.

En esa lógica, las capacidades de ENARSA se integrarán a las rutas operadas por las licenciatarias privadas, garantizando continuidad en el servicio y evitando fragmentaciones contractuales.

La medida también instruye a la Subsecretaría de Hidrocarburos a propiciar la derogación del Decreto 689/2002, que establecía un régimen excepcional para contratos vinculados a exportaciones de gas pactados originalmente en moneda extranjera.

Según la resolución, ese tratamiento diferencial ya no tiene justificación en el contexto regulatorio actual y genera distorsiones tarifarias dentro del sistema.

Un rediseño con impacto en el mercado energético

La reconfiguración del sistema llega en un momento en que el Gobierno busca reactivar la inversión privada en infraestructura energética.

En ese marco, la expansión del Gasoducto Perito Pascasio Moreno avanza mediante una iniciativa privada presentada por Transportadora de Gas del Sur, que dio lugar a un proceso licitatorio adjudicado en octubre de 2025.

El nuevo esquema de transporte también se articula con la licitación para importar GNL a través de un comercializador privado, convocada en febrero de 2026, destinada a garantizar el abastecimiento en los próximos inviernos.

El objetivo implícito es que la red de gas acompañe la expansión de Vaca Muerta. La propia resolución reconoce que la producción podrá crecer hasta donde lo permita la capacidad de transporte.

En otras palabras, la infraestructura se convierte en el cuello de botella de la próxima etapa del desarrollo gasífero.

El escenario que se abre

La resolución no agota el proceso. Para que la reconfiguración entre plenamente en vigencia, el ente regulador deberá dictar las medidas operativas y avanzar con la reasignación de capacidades y la adecuación tarifaria.

Ese proceso implicará negociaciones contractuales, revisiones regulatorias y eventuales disputas entre actores del sistema.

Lo que sí queda claro es que el Gobierno decidió reordenar el sistema gasífero sobre una nueva geografía energética, donde Vaca Muerta marca el eje del abastecimiento y la infraestructura deberá adaptarse a ese cambio.

Si ese rediseño logra traducirse en mayor eficiencia operativa y nuevas inversiones privadas será una de las variables clave para el futuro energético del país. Pero la reconfiguración recién comienza, y sus efectos reales dependerán de cómo se implementen las nuevas reglas dentro de una red compleja donde contratos, intereses y flujos físicos se entrelazan desde hace décadas.

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Guerra en Irán abre riesgo de un shock energético global

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La guerra abierta tras los ataques ordenados el 28 de febrero por Donald Trump y Benjamin Netanyahu contra Irán, y la posterior respuesta de Teherán con el bloqueo del estrecho de Ormuz, provocó una de las mayores sacudidas del mercado energético mundial en décadas. En apenas días, el precio del barril saltó de US$60 a casi US$120, antes de estabilizarse cerca de US$90, en medio de la jornada más volátil registrada en la historia del mercado petrolero.

La magnitud del movimiento reavivó una comparación inevitable: la crisis petrolera de 1973, cuando el embargo de los países árabes tras la guerra del Yom Kippur cuadruplicó los precios del crudo y alteró el equilibrio económico mundial. Hoy el detonante vuelve a ser geopolítico, pero el alcance potencial del shock podría ser incluso mayor si se prolonga el bloqueo de la principal arteria energética del planeta.

La incertidumbre política amplificó la tensión financiera. El propio Trump intentó calmar a los mercados con declaraciones contradictorias, afirmando primero que la guerra está “prácticamente terminada” y luego que la decisión final sobre el conflicto “está en su mente”. Mientras tanto, el G7 comenzó a discutir medidas extraordinarias, entre ellas la posible liberación de 300 millones de barriles de reservas estratégicas para frenar la escalada de precios.

El interrogante que domina los mercados es claro: ¿se trata de un episodio de volatilidad temporal o del inicio del mayor shock petrolero de la historia moderna?

El estrecho de Ormuz, el punto crítico del sistema energético mundial

El núcleo de la crisis no está únicamente en el enfrentamiento militar, sino en la interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz, considerado el principal cuello de botella energético global.

Por ese paso marítimo circula aproximadamente: Una quinta parte del consumo mundial de petróleo. 25% del crudo transportado por mar. 30% del comercio global de gas natural licuado (GNL)

Hasta el 27 de febrero transitaban 37 petroleros diarios por la zona. Tras el inicio del conflicto, el número cayó prácticamente a cero.

La interrupción tiene efectos directos sobre el sistema energético mundial. Si el bloqueo se prolonga, varios productores del Golfo podrían verse obligados a cerrar temporalmente pozos petroleros porque los buques cargados no pueden salir y el almacenamiento se satura.

Ese escenario tiene riesgos técnicos. A diferencia de un grifo doméstico, cerrar un pozo petrolero puede afectar la presión del yacimiento, lo que dificultaría recuperar su producción original.

La Guardia Revolucionaria iraní anunció que no permitirá el paso de petróleo mientras continúen los ataques contra su territorio. Desde Washington, Trump respondió con amenazas de represalias si se interrumpe el flujo energético.

La combinación de presión militar y control del comercio energético convirtió el estrecho en el centro de gravedad de la crisis.

Una estrategia de guerra asimétrica con impacto económico global

Más allá del frente militar, analistas interpretan el bloqueo como una forma de coerción económica estratégica.

Irán no puede competir con Estados Unidos e Israel en capacidad militar convencional, pero sí puede alterar el sistema energético mundial. Al atacar infraestructuras y cerrar rutas marítimas, eleva los costos económicos del conflicto para las potencias y para los principales consumidores globales.

La lógica es clara: convertir una desventaja militar en poder de negociación.

Esta estrategia busca presionar a actores externos —desde los países del Golfo hasta grandes importadores asiáticos— para que impulsen un alto el fuego o limiten la escalada del conflicto.

Sin embargo, el movimiento también tiene riesgos. Golpear la infraestructura energética regional podría reforzar la alineación de los países del Golfo con Washington, generando efectos geopolíticos contrarios a los intereses de Teherán.

Sectores económicos bajo presión: transporte, industria y alimentos

El impacto del shock energético se extiende rápidamente a múltiples sectores de la economía global.

El primero en sentir el golpe es el transporte, especialmente la aviación. El combustible para aviones en Singapur subió 72%, alcanzando niveles récord. Desde finales de febrero se registraron 37.000 vuelos cancelados.

Pero el efecto no se limita a los combustibles.

Gran parte de las cadenas industriales dependen directa o indirectamente del petróleo: La petroquímica utiliza derivados del crudo para plásticos, fertilizantes y fibras sintéticas. La industria pesada consume grandes cantidades de energía en procesos como acero, cemento o aluminio. La agroindustria depende de fertilizantes y transporte intensivo en energía.

Por eso los analistas describen el fenómeno como una onda expansiva económica: comienza en la energía, pasa por la logística y termina afectando los precios al consumidor.

Las economías más expuestas al shock

La crisis no golpea a todos por igual. Los efectos se distribuyen según el perfil energético de cada economía.

Entre los más vulnerables aparecen: Países productores del Golfo, que dependen del comercio marítimo para exportar. Grandes importadores asiáticos, como China, India, Japón y Corea del Sur. Europa, cada vez más dependiente del gas natural licuado desde la guerra en Ucrania. Economías emergentes importadoras de combustible, con monedas más débiles.

Irak representa un caso extremo: su producción cayó cerca de 70%, pasando de 4,3 millones a 1,3 millones de barriles diarios.

Arabia Saudita intenta desviar parte del crudo por un oleoducto hacia el puerto de Yanbu en el mar Rojo, pero esa ruta alternativa no alcanza para absorber toda la producción.

El impacto político: inflación, elecciones y presión social

El precio del petróleo tiene una dimensión política inmediata. Afecta el costo del transporte, los alimentos y la energía doméstica, por lo que suele convertirse en un indicador directo del costo de vida.

En Estados Unidos, el aumento de los combustibles puede complicar el panorama político de Trump. El país celebrará elecciones de medio mandato en noviembre, y el control de la inflación es uno de los pilares del discurso económico del gobierno.

La experiencia histórica muestra que los shocks petroleros tienden a reducir las probabilidades electorales de los oficialismos, especialmente si se prolongan durante meses.

La crisis energética, por lo tanto, podría trasladarse desde los mercados a la arena electoral.

América Latina entre oportunidades y riesgos

Para América Latina, el efecto del aumento del petróleo es desigual.

Los exportadores de crudo podrían beneficiarse de precios más altos. Entre ellos aparecen: Brasil, Guyana, Argentina y Colombia.

En el caso argentino, la mejora del saldo energético externo se vincula con el desarrollo de Vaca Muerta, que amplió la producción hidrocarburífera.

Otros países enfrentan escenarios más complejos. México importa grandes volúmenes de combustibles refinados, lo que diluye el beneficio de ser productor. Economías importadoras como Chile, Perú o varios países del Caribe podrían sufrir presiones inflacionarias.

Bolivia, por ejemplo, mantiene subsidios a los combustibles que se vuelven más costosos cuando sube el precio internacional del crudo.

El G7 prepara una respuesta coordinada

Ante la volatilidad del mercado, los países del G7 anunciaron que están listos para actuar “de forma urgente” para estabilizar los precios.

Entre las opciones en discusión figura la liberación de reservas estratégicas de petróleo y otras medidas de coordinación energética internacional.

Las decisiones dependerán de la evolución del conflicto y de datos más precisos sobre el impacto real en el suministro global.

La prioridad declarada es evitar una escalada sostenida del precio del crudo, que podría empujar a la economía mundial hacia una nueva ola inflacionaria.

Un sistema energético bajo presión geopolítica

Más de medio siglo después de los shocks petroleros de los años 70, la economía global vuelve a enfrentarse a una crisis energética impulsada por un conflicto en Medio Oriente.

El peso relativo del petróleo en la economía mundial es menor que entonces, pero sigue siendo una pieza central del sistema productivo.

Si el bloqueo del estrecho de Ormuz se prolonga, el impacto podría ir mucho más allá de los mercados financieros: inflación, tensiones industriales, conflictos políticos internos y realineamientos geopolíticos.

Por ahora, el sistema energético global permanece en una fase de incertidumbre. Los mercados reaccionan a cada declaración política, cada movimiento militar y cada señal sobre el tráfico marítimo en el Golfo.

El verdadero alcance del shock todavía está en disputa.

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El peso argentino resiste el shock y entra en el top 5 de monedas más estables en medio de la guerra

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En medio de la escalada geopolítica en Medio Oriente y del salto en los precios del petróleo, el peso argentino aparece entre las monedas con mejor desempeño relativo frente al dólar. Mientras gran parte de las divisas del mundo registran fuertes depreciaciones por la búsqueda de refugio en activos seguros, la moneda local figura entre las cinco que menos se debilitaron desde el inicio del conflicto.

De acuerdo con datos de mercado, el ranking lo encabeza el shekel israelí, que se aprecia cerca de 0,7% frente al dólar. Luego se ubican el dólar canadiense, con una suba de 0,4%, y el dólar de Hong Kong, prácticamente estable. En cuarto lugar aparece la lira turca, con una depreciación de 0,3%, mientras que el peso argentino ocupa el quinto puesto, con una caída moderada de 0,4% desde el cierre de febrero.

Aunque el saldo es levemente negativo, el desempeño resulta destacado si se lo compara con el de otras monedas relevantes como el euro, el franco suizo o el yuan chino, que mostraron mayores caídas frente al dólar en medio de la incertidumbre global.

En América Latina, además, el peso argentino exhibe el mejor resultado relativo: divisas como el peso chileno, el sol peruano, el peso mexicano y el real brasileño acumulan depreciaciones que llegan hasta 5,3% en el mismo período.

Energía y materias primas, claves en la resistencia

Según el análisis de Guardian Capital, varias de las monedas que logran resistir la presión del dólar pertenecen a economías con fuerte vínculo con las materias primas, cuyos precios se dispararon tras las tensiones en el Estrecho de Ormuz, una ruta por donde circula cerca del 20% del petróleo comercializado en el mundo.

En el caso argentino, la diferencia radica en el cambio estructural del sector energético. Gracias a la expansión de Vaca Muerta, el país pasó de ser importador a exportador neto de energía, lo que mejora la balanza comercial cuando el petróleo sube.

En ese escenario, los mayores precios internacionales del crudo anticipan más ingreso de dólares vía exportaciones, lo que contribuye a sostener al peso.

El flujo de dólares y las tasas, otro sostén

El economista Gustavo Ber sostiene que la relativa estabilidad del peso también se explica por el flujo de ingreso de divisas al mercado local, junto con tasas de interés elevadas que siguen atrayendo capitales financieros.

Estos factores ayudan a amortiguar el impacto del fortalecimiento global del dólar, impulsado por la búsqueda de refugio de los inversores en momentos de incertidumbre internacional.

Desde el equipo económico del Gobierno también minimizan el impacto del conflicto. El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó desde Nueva York que la guerra en Medio Oriente no generó presión significativa sobre el mercado cambiario.

“Estamos ante uno de los mayores shocks externos de los últimos tiempos y el dólar no se movió. Lo importante es tener una macro sólida. En otro contexto, hubiera generado una debacle”, sostuvo.

La intervención del Banco Central

Los analistas de GMA Capital señalan que el comportamiento del peso también estuvo influido por la actividad del Banco Central en los mercados financieros.

Durante la última semana, la autoridad monetaria moderó el ritmo de compras de reservas, con un promedio cercano a US$62 millones diarios, mientras en el mercado de futuros de dólar se registraron volúmenes elevados de contratos en el corto plazo y una baja en las tasas implícitas, señales que sugieren intervenciones oficiales para limitar la presión alcista sobre el tipo de cambio.

Agro y energía: los dólares que vienen

Hacia adelante, el desempeño del peso dependerá en gran medida de cuánto se prolongue la tensión global. Sin embargo, el mercado anticipa que la oferta de divisas podría fortalecerse en los próximos meses.

La soja, principal fuente de ingreso de dólares del país, sube cerca de 6% desde el inicio del conflicto y acumula un avance de 17% en lo que va del año, con precios cercanos a US$450 por tonelada. Las exportaciones del complejo agroindustrial podrían ubicarse entre US$34.000 millones y US$36.000 millones en 2026.

A esto se suma el sector energético. En 2025 la balanza comercial energética registró un superávit récord de US$7.800 millones, y las proyecciones para este año, antes del conflicto, estimaban entre US$8.000 millones y US$10.000 millones. Con el petróleo en alza, el ingreso de divisas podría superar esas previsiones.

Un escenario todavía desafiante

Pese a la resiliencia reciente, el panorama cambiario sigue condicionado por la evolución del conflicto global. Si la tensión se prolonga, el equipo económico podría intensificar su presencia en el mercado de futuros de dólar para moderar eventuales presiones.

Mientras tanto, el Gobierno apuesta a que la combinación de mayor oferta de dólares del agro, exportaciones energéticas en expansión y tasas altas continúe sosteniendo la estabilidad relativa del peso frente a un contexto internacional volátil.

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