Vaca Muerta

Argentina pagó US$ 180 millones extra por fertilizantes y busca reducir su dependencia importadora

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El mercado argentino de fertilizantes quedó atrapado en el primer semestre de 2026 entre dos fuerzas contrapuestas: una fuerte suba de los precios internacionales y una menor disponibilidad de producto. El resultado fue una combinación que encareció la estructura de costos del agro y redujo los volúmenes importados, al punto de que las compras externas registraron su segundo peor desempeño desde 2019.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Argentina importó durante los primeros seis meses del año 437.000 toneladas de fertilizantes nitrogenados, 767.000 toneladas de fosfatados y 39.000 toneladas de productos potásicos. La urea fue el producto que mostró la mayor caída en volumen, precisamente el insumo cuya cotización recibió con mayor intensidad el impacto de la crisis internacional.

En el primer semestre, las importaciones de fertilizantes fueron las segundas más bajas desde 2019. Radiografía del mercado de fertilizantes tras el conflicto de Ormuz. Inversiones y potencial de Argentina en producción de urea.

1. La lupa puesta sobre los mercados globales de fertilizantes

El conflicto desatado en febrero de este año en Medio Oriente tuvo severas consecuencias sobre el mercado energético global, trasladándose a una crisis igual de profunda en el de fertilizantes. Tanto el cierre del Estrecho de Ormuz como los ataques a la infraestructura petrolera regional tuvieron impactos importantes en los precios globales de productos energéticos que son insumos claves para la producción de fertilizantes. A su vez, las restricciones de flujos implicaron una contracción importante de la oferta mundial de fertilizantes e insumos clave salidos desde el Golfo Pérsico.

Los nitrogenados en general y la urea en particular, fueron los más golpeados por la crisis. Previo al conflicto, por el Estrecho de Ormuz pasaba cerca de un quinto del comercio de gas natural del mundo y la cuarta parte del comercio de urea global. Siguiendo al petróleo, el GNL se disparó tras desatada la crisis, generando un efecto dominó sobre los mercados que dependen de los hidrocarburos como insumo clave (como lo son la urea, el amoníaco y el azufre). Debido al uso intensivo de GNL en la producción de urea, el efecto en los costos fue directo, encareciendo el producto final.

Las decisiones de grandes productores y exportadores de urea también tuvieron gran peso: India, uno de los principales productores y mayor importador de este producto, detuvo momentáneamente su producción debido a la escasez de gas; China, uno de los exportadores clave, restringió sus exportaciones temporalmente para asegurar su abastecimiento interno. De esta forma, el mercado global de nitrogenados sufrió un fuerte estrangulamiento de oferta. Por lo tanto, como efecto dominó, el cierre del canal marítimo puso en jaque a la cadena de suministro de la urea tanto desde la producción hasta la logística, resultando en un salto del precio en dicho producto de más del 100% respecto al mes de enero, considerando que los valores ya tendieron a normalizarse.

En comparación con los máximos vistos en 2022, el precio de la urea no llegó a superar este umbral. Según el Banco Mundial, se identifican varios factores que limitaron parcialmente las subas: por un lado, los países productores del hemisferio norte ya habían asegurado gran parte de sus necesidades de campaña; en segunda instancia, el GNL subió menos que durante la guerra ruso-ucraniana; por último, debido al redireccionamiento de los suministros por fuera del Estrecho de Ormuz, aunque afrontando mayores costos logísticos.

En el caso del mercado de fosfatados, los productos están siendo afectados por una combinación de factores. La creciente estrechez en la oferta de azufre —un insumo esencial para producir roca fosfórica — elevó significativamente los costos industriales. Según la FAO, cerca de la mitad del comercio mundial de azufre se concentra en la región afectada por el conflicto. A ello se sumó la suspensión de la producción de amoníaco en Irán y de amoníaco y azufre en Qatar, luego de los ataques contra sus instalaciones. Como resultado, el precio del azufre llegó a duplicarse respecto de enero, contribuyendo a encarecer la producción de fosfatados. En ese período, el superfosfato triple (TSP) acumuló una suba del 39 %, mientras que el DAP aumentó un 27 %.

Sin embargo, el elevado nivel de precios del complejo fosfatado responde también a factores previos y de carácter más estructural. Desde fines de 2025, el mercado ya se encontraba bajo presión: en septiembre de ese año, el DAP había alcanzado valores incluso superiores a los observados durante la crisis reciente, mientras que el TSP posteriormente superó aquel máximo. Esta situación se explica por una oferta comercial de azufre cada vez más ajustada, la creciente competencia de la minería por ácido sulfúrico y las restricciones chinas a las exportaciones de MAP y DAP, que redujeron la disponibilidad de producto en el mercado internacional. Sobre esa base, la crisis de Ormuz profundizó el desequilibrio y amplificó la reacción de los precios que se mantienen firmes en el mercado.


2. Las importaciones de fertilizantes en el primer semestre de 2026, muestran el segundo peor desempeño desde 2019

En el marco de un ajetreado primer semestre para el mercado de fertilizantes, los volúmenes importados por Argentina sufrieron la disparada de precios globales. En conjunto, la importación de fertilizantes en el primer semestre tuvo su segundo peor año desde 2019. En el complejo nitrogenados, se compraron al exterior 437.000 t; en el rubro fosfatados, se adquirieron 767.000 t; en cuanto a los del tipo potásico, las importaciones fueron 39.000 t. La urea fue el producto que más cayó en volumen, lo cual es lógico pensando en que su precio fue el que más se disparó durante el periodo. Los fosfatados se mantuvieron prácticamente sin cambios entre años.

Cabe destacar que, el mínimo de 2023 se debió a la fuerte sequía que experimentó el país en ese año. Como se explica en el Informativo Semanal N° 2141, el consumo ese año sufrió mermas muy importantes, al igual que las importaciones, al hacerse visibles los resabios del desastre climático.

Medido en términos de valor, el primer semestre de 2026 marcó el segundo registro más alto de la historia con USD 1.762 millones, impulsado principalmente por precios de importación más altos.

La crisis de precios en los mercados globales, como se ve, no fue neutral para la Argentina. Lo peor del conflicto se vio en los meses de abril y mayo, cuando el petróleo alcanzó máximos no vistos desde la guerra ruso-ucraniana. Como se observa, durante esta etapa los precios CIF de importación promedio también llegaron a máximos desde la explosión del conflicto en Europa.

En general, la suba de precios supuso un sobrecoste importante para el sector. Si tomamos los precios promedio de importación del primer semestre de 2025 por producto con las cantidades importadas en esta primera mitad de este año, se arriba a un sobrecoste teórico de USD 180 millones en lo que va del año. Esto sin considerar que la suba de precios también generó una contracción en las cantidades importadas.

El reflejo de los precios excesivamente altos se observa con claridad en los últimos datos mensuales de importación. La importación de nitrogenados para junio es la más baja desde 2015 y 60% inferior al promedio del último lustro. Para los fosfatados la situación es similar: el tonelaje más bajo desde 2018, 34% por debajo del promedio quinquenal. 

Mirando hacia adelante, el desempeño importador en los meses que restan del año dependerá de lo que suceda con el conflicto en Medio Oriente. Argentina importa en promedio el 50% de su consumo de nitrogenados (en años de normalidad operativa) y el 80% en fosfatados. Teniendo en cuenta que, en promedio, tres cuartas partes de la importación de nitrogenados se produce en el segundo semestre del año, en la antesala a la siembra de los granos gruesos, la normalización del comercio y precios relativamente en niveles promedio será esencial para asegurar una rentabilidad de aplicación aceptable para la gruesa 2026/27. 


3. Nuevo RIGI: Argentina se encamina a dar un salto en producción de urea granulada

Por último, vale agregar que, en el sector agrícola los fertilizantes son un activo estratégico y fundamentales para garantizar la Seguridad Alimentaria en los países. En el caso de Argentina, se tiene una producción de fertilizantes entre 1,4 y 1,9 Mt según el año bajo consideración. En 2025, se alcanzó una producción de 1 Mt de nitrogenados, 0,4 Mt de fosfatados y 0,2 Mt de azufrados.

Sin embargo, los volúmenes de producción de fertilizantes a nivel doméstico no son suficientes para suplir toda la demanda interna, en línea con los importantes volúmenes de importaciones que realiza el país año tras año. Contemplando que el consumo de fertilizantes se ubica en torno a 5 Mt, se encuentra que solo el 30/35% se explica por producción local. A esto se agrega que, dada la presión impositiva actual en el sector, existe un subconsumo para reponer los nutrientes que se extraen.

Es en este marco que, la aprobación de un nuevo proyecto de inversión RIGI para la construcción de una nueva planta de producción de urea en Bahía Blanca ante la mayor producción de gas de Vaca Muerta, es una noticia que agrega expectativas muy positivas en post de mejorar el abastecimiento doméstico de este insumo estratégico para el agro argentino. Con una inversión por USD 2.700 millones, será la mayor planta de urea de Latinoamérica y una de las más grandes del mundo con la expectativa de aportar una producción anual de 2,1 Mt de urea. Es decir, el país podría dejar de ser un importador neto de este insumo y dependiendo de diferentes factores, abastecer una demanda creciente a nivel o local o encontrar posibilidades de exportación a otros países como el caso de Brasil, el cual es clave como importador mundial de este producto.

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Argentina a dos velocidades: el elogio del FMI a Vaca Muerta no alcanza a la economía real 

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El fuerte dinamismo del sector energético y minero en la Argentina convive con un mercado interno que no logra arrancar, configurando una economía “a dos velocidades” donde los beneficios macroeconómicos aún no se traslucen en el bolsillo de la población.  Así lo señala un análisis de coyuntura de la firma VT Markets, que pone el foco en el creciente contraste entre el desempeño del frente exportador y la debilidad del consumo en el país. 

El diagnóstico coincide con la reciente visita de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, a Vaca Muerta. Durante el primer semestre del año, el petróleo se convirtió en el principal producto de exportación del país al desplazar a la soja, impulsando un salto del 61,7% interanual en el superávit comercial de energía y una suba del 42,5% en las ventas externas del sector. 

Sin embargo, la propia titular del organismo pidió públicamente que el desarrollo hidrocarburífero “impulse la economía real”.  Al evaluar la situación de los distintos sectores, Alfredo Marentes, Analista de Mercados de VT Markets, remarcó:”Existe un motor externo potente, pero un mercado interno que no arranca. Vemos una economía a dos velocidades donde energía, minería, agro e intermediación financiera lideran, mientras industria, comercio, construcción y logística permanecen rezagados, golpeados por un consumo interno débil y salarios que no logran recomponerse

El mecanismo de atracción de inversiones como el RIGI favorecen proyectos intensivos en capital pero con bajo encadenamiento productivo local, por lo que buena parte de los dólares que ingresan no necesariamente se traduce en empleo o actividad fuera de las provincias energéticas”.  El análisis advierte que consultoras privadas ya proyectan una caída desestacionalizada del PIB de entre 0,5% y 1% para el segundo trimestre, contrapuesta al avance del 0,7% registrado en los primeros tres meses del año. 

Si bien el riesgo país mostró una compresión notable y Fitch elevó la calificación soberana a “B-“, la atención de los analistas apunta a la sostenibilidad del esquema a mediano plazo.  “La preocupación de los mercados no es tanto por el presente, sino por la sostenibilidad política de un modelo que reparte sus beneficios de forma muy desigual”. 

Y agregó: “Si la recuperación no se percibe en el bolsillo de la mayoría, el riesgo es que la desconexión entre los indicadores macro y la economía cotidiana erosione el respaldo social a las reformas, justo el tipo de riesgo que los inversores terminan descontando primero en el precio de los bonos”, afirmó Marentes.  A este escenario local se le suma un frente de incertidumbre geopolítica en los Estados Unidos, donde las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre podrían reconfigurar la relación financiera. 

El apoyo del Tesoro norteamericano —reflejado en el swap de hasta USD 20.000 millones y la disposición a intervenir en el mercado cambiario— ha sido clave para contener la volatilidad cambiaria a finales de 2025. No obstante, dado que Donald Trump condicionó ese respaldo al desempeño electoral del oficialismo argentino, la pérdida de terreno del Partido Republicano en el Congreso estadounidense podría alterar esa dinámica.  

“Un mal resultado electoral de Trump debilitaría la capacidad para desplegar herramientas discrecionales del Tesoro sin mayor escrutinio de un Congreso que ya ha cuestionado el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria para apoyar gobiernos extranjeros. Además, un gobierno debilitado internamente concentrará capital político en la agenda doméstica, reduciendo el ancho de banda disponible para sostener compromisos financieros externos”, concluyó Marentes.  

Con el horizonte político local despejado en el frente interno en 2026, las miradas se desplazan ahora hacia Washington. Aunque el escenario base sigue siendo la continuidad del apoyo estadounidense, la falta de despegue en la economía cotidiana combinada con los cambios en el mapa político en EE.UU. agregan una capa de incertidumbre que no estaba presente meses atrás. 

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Vaca Muerta: Neuquén busca blindar sus tierras fiscales ante el avance de la ley nacional de Tierras

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Neuquén decidió jugar su propia carta en la discusión nacional sobre la propiedad de tierras rurales. El gobernador Rolando Figueroa, al frente de la provincia que concentra el desarrollo de Vaca Muerta, enviará a la Legislatura un proyecto de ley destinado a garantizar que las tierras fiscales de dominio provincial solo puedan ser vendidas a ciudadanos o personas jurídicas argentinas.

La iniciativa adquiere relevancia política porque llega en la antesala del debate que el Senado de la Nación tiene previsto para el 6 de agosto sobre las modificaciones impulsadas por el Gobierno de Javier Milei a la Ley de Tierras. Figueroa ya había planteado la necesidad de establecer límites cuantificables a la tenencia extranjera a nivel nacional y respaldó a la senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza, para que sostenga la defensa de las facultades provinciales.

El proyecto neuquino busca funcionar como un resguardo propio frente al resultado que finalmente tenga la discusión parlamentaria nacional. La idea central del Ejecutivo provincial es preservar la capacidad de Neuquén para definir qué ocurre con las tierras fiscales bajo su dominio y, al mismo tiempo, proteger los recursos naturales y el perfil de desarrollo de la provincia.

El debate nacional parte de una propuesta que originalmente planteaba eliminar el límite del 15% vigente para la propiedad extranjera de tierras rurales, levantar restricciones para la adquisición de inmuebles ubicados en zonas de frontera o ribereñas y eliminar el cupo por nacionalidad, que establece que ciudadanos de un mismo país no pueden concentrar más del 30% de ese porcentaje.

Durante el tratamiento en comisión se incorporaron modificaciones sustanciales. Entre ellas, el reconocimiento de las competencias provinciales para establecer el régimen jurídico aplicable a las tierras ubicadas dentro de sus territorios. Ese punto resulta particularmente relevante para Neuquén, que pretende utilizar sus propias herramientas legislativas para reforzar el control sobre el patrimonio provincial.

El proyecto nacional, según los cambios incorporados, también mantiene restricciones específicas. Continúa la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras rurales y permanecen controles sobre empresas que cuenten con participación estatal extranjera. A su vez, se incorporaron disposiciones relacionadas con propiedad privada, expropiaciones, indemnizaciones y ocupaciones temporarias, bajo el objetivo de reforzar la seguridad jurídica.

En ese escenario, la posición de Corroza aparece como una pieza clave para la estrategia de Figueroa. La senadora de La Neuquinidad deberá definir su postura frente a una iniciativa que cuenta con el respaldo de los legisladores neuquinos de La Libertad Avanza, Nadia Márquez y Pablo Cervi, quienes, según el planteo político expuesto, acompañarían el proyecto nacional.

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén

Para el Gobierno neuquino, la discusión no se reduce a la cantidad de hectáreas que puedan quedar en manos extranjeras. El punto de fondo es quién tiene capacidad para definir el régimen de propiedad y utilización de un territorio que adquirió un valor estratégico extraordinario a partir del desarrollo de Vaca Muerta.

La provincia sostiene que proteger la potestad sobre la tierra no implica cerrar la puerta a las inversiones. Por el contrario, el modelo que Neuquén exhibe como antecedente es el de las concesiones hidrocarburíferas: las empresas pueden acceder a derechos para explorar y explotar recursos sin que la Provincia transfiera la propiedad de la tierra.

Ese esquema ya fue aplicado con las 56 concesiones no convencionales otorgadas por el Gobierno neuquino a algunas de las principales operadoras hidrocarburíferas internacionales. Las inversiones llegaron para desarrollar Vaca Muerta sin que esas concesiones implicaran la transferencia de la titularidad de las tierras.

La distinción resulta central para la discusión que plantea Figueroa: seguridad jurídica e inversión no necesariamente requieren transferir la propiedad del suelo. El desafío consiste en diseñar reglas previsibles que permitan desarrollar proyectos productivos y, al mismo tiempo, preservar la capacidad del Estado provincial para administrar un activo estratégico.

Con ese argumento, Neuquén intenta convertir la discusión sobre tierras en una política de Estado provincial. El proyecto que llegará a la Legislatura no solo busca establecer un límite a la venta de tierras fiscales a extranjeros; también pretende fijar una posición sobre el modelo de desarrollo que la provincia quiere sostener en torno a Vaca Muerta.

La disputa tendrá ahora dos escenarios. El primero será el Congreso nacional, donde se definirá el nuevo marco general para la propiedad rural. El segundo será Neuquén, que pretende dejar establecido por ley que, cualquiera sea el resultado nacional, la Provincia conservará herramientas propias para decidir sobre sus tierras fiscales y proteger su patrimonio territorial.

En una economía donde Vaca Muerta concentra inversiones estratégicas, exportaciones y expectativas de crecimiento, la discusión adquiere una dimensión que excede la propiedad inmobiliaria. El interrogante de fondo es cómo atraer capital y acelerar el desarrollo sin resignar la capacidad de decisión sobre el territorio. Neuquén busca responderlo con una fórmula concreta: concesionar derechos para producir, pero conservar la propiedad de la tierra.

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Ampliaron los límites para camiones y bitrenes y apuesta al GNC para reducir costos logísticos

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El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia de desregulación y modernización del transporte automotor al actualizar el régimen de pesos y dimensiones de los vehículos de carga y pasajeros. A través del Decreto 689/2026, publicado en el Boletín Oficial del viernes 31 de julio, se reemplazó el histórico Anexo R del Decreto 779/1995, incorporando nuevas configuraciones para camiones, bitrenes y unidades impulsadas por Gas Natural Comprimido (GNC), híbridas y eléctricas.

La decisión busca resolver una demanda que el sector transportista y la industria automotriz venían planteando desde hace años: adaptar la normativa a las nuevas tecnologías y a vehículos que, por incorporar sistemas de propulsión más limpios, requieren mayor espacio físico sin resignar capacidad de carga.

La modificación también se inscribe dentro de la política oficial de simplificación administrativa. El nuevo esquema otorga a la Secretaría de Transporte la facultad de actualizar en forma dinámica las configuraciones, pesos y dimensiones autorizadas sin necesidad de modificar nuevamente el decreto, permitiendo acompañar la evolución tecnológica del sector.

Uno de los cambios más relevantes apunta a los vehículos impulsados por GNC dedicado. Hasta ahora, el tamaño adicional requerido por los tanques de almacenamiento representaba una desventaja competitiva frente a los camiones diésel. Con la nueva reglamentación, los tractocamiones podrán alcanzar una longitud máxima de 19,60 metros, mientras que los bitrenes podrán operar con configuraciones de hasta 23,40 metros, 26,50 metros y 31,25 metros, según el tipo de unidad (B1, B2 y B3). Estas mismas condiciones también alcanzan a los vehículos eléctricos puros e híbridos.

Desde el Gobierno sostienen que esta adecuación permitirá mejorar la ecuación económica del transporte pesado y acelerar la incorporación de tecnologías menos contaminantes. El objetivo es aprovechar la abundante disponibilidad de gas natural proveniente de Vaca Muerta y reducir el consumo de combustibles líquidos, disminuyendo simultáneamente las emisiones del transporte de cargas.

El decreto también incorpora estándares técnicos similares a los que ya utilizan otros países de la región. La intención es que las empresas puedan renovar sus flotas con vehículos de última generación sin perder eficiencia operativa por limitaciones regulatorias que habían quedado desactualizadas.

En términos económicos, el impacto puede ser significativo. El transporte representa uno de los principales componentes del costo logístico argentino y cualquier mejora en la capacidad de carga por viaje repercute directamente sobre la competitividad de las economías regionales, la industria y el comercio exterior. La posibilidad de transportar más volumen con la misma cantidad de viajes reduce costos operativos, consumo de combustible y emisiones por tonelada transportada.

La nueva reglamentación mantiene, sin embargo, criterios estrictos en materia de seguridad vial. Los vehículos de mayor longitud deberán respetar velocidades máximas específicas, circular prioritariamente por el carril derecho y cumplir requisitos reforzados de señalización, incluyendo cartelería retrorreflectiva y banderas reglamentarias para los equipos de grandes dimensiones. Los vehículos de hasta 31,25 metros podrán circular a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, mientras que las configuraciones superiores deberán limitarse a 60 kilómetros por hora.

Otro aspecto central es que la Secretaría de Transporte podrá definir cronogramas de implementación gradual, establecer excepciones transitorias y actualizar los parámetros técnicos conforme evolucionen las tecnologías disponibles. Esto permitirá que el marco regulatorio deje de depender de modificaciones legislativas para adaptarse a los cambios de la industria.

Para las empresas transportistas, fabricantes de camiones y operadores logísticos, el decreto abre un escenario de mayor previsibilidad para invertir en unidades más eficientes y menos contaminantes. Para las provincias productivas, especialmente aquellas alejadas de los grandes centros de consumo, una reducción sostenida de los costos logísticos puede transformarse en una herramienta concreta para mejorar la competitividad de sus exportaciones y fortalecer las cadenas productivas regionales.

La medida refleja además un cambio de enfoque en la política de transporte: en lugar de establecer un esquema rígido, el Gobierno apuesta por una regulación adaptable que acompañe la innovación tecnológica y las necesidades de un sector cuya competitividad depende, cada vez más, de la eficiencia energética y la reducción de costos.

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Caputo celebró la aprobación de más proyectos dentro del RIGI que aportarán más de US$ 3.000 millones

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El ministro de EconomíaLuis “Toto” Caputo, celebró que el Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI de dos nuevos proyectos, que van a generar más de 4.000 puestos de trabajo, la exportación de productos y el ingreso de millones de más de 3.000 millones de dólares al país.

En primer lugar, el ministro de Economía de Milei dijo que “la planta de fertilizantes de Pampa Energía va a demandar una inversión de 2.700 millones de dólares y generará durante su construcción más de 3.500 puestos de trabajo”

Al respecto sumó que “este proyecto de alto impacto agregará valor al gas natural al producir urea granulada, que es un insumo crítico para el agro” y, consecuentemente, “el impacto positivo en divisas superará los 800 millones de dólares anuales”.

También agregó que “se aprobó el proyecto de ampliación de Compañía MEGA, que invertirá 360 millones de dólares para aumentar en 1.500 toneladas por día su capacidad de producción de líquidos de gas natural”, lo cual es “una inversión clave para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta; generará 800 puestos de trabajo y exportará 190 millones de dólares por año”.

Por último, Caputo sostuvo que “con estos proyectos, el RIGI ya totaliza 23 proyectos aprobados por el Comité Evaluador, por una inversión comprometida de 49.000 millones de dólares”.

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