El salto del GNL por la guerra complica la hoja de ruta de Milei
La escalada en Medio Oriente golpeó en un punto sensible de la estrategia energética de Javier Milei: justo cuando el Gobierno buscaba trasladar al sector privado la importación de Gas Natural Licuado (GNL), el ataque a las instalaciones de Ras Laffan, en Qatar, disparó 30% el precio internacional y puso bajo presión un esquema que todavía no terminó de cerrarse. Con 20 buques proyectados para cubrir la demanda del invierno y sin definición aún sobre quién será el comercializador, la administración libertaria enfrenta una tensión que excede lo técnico: sostener el ajuste de subsidios sin abrir un nuevo frente de conflicto sobre tarifas, abastecimiento y costos industriales. La pregunta ya no es solo cómo importar gas, sino quién absorberá el impacto de una crisis externa que llegó antes de que el modelo terminara de implementarse.
Una decisión oficial que quedó expuesta antes de madurar
La decisión política ya estaba tomada. Según el texto base, el Gobierno oficializó en el Boletín Oficial del 6 de febrero que las adjudicaciones de GNL para este año pasarían al sector privado, rompiendo con un esquema en el que durante los últimos 18 años esa diferencia de precio había sido absorbida por el Estado Nacional a través de subsidios energéticos. El giro no era menor: implicaba descargar sobre los usuarios del sistema un costo que hasta ahora se amortiguaba con recursos del Tesoro.
La definición encaja con el programa económico de Milei y con la línea de ajuste que empuja Luis Caputo, decidido a recortar aún más el peso de los subsidios. Pero el nuevo contexto internacional alteró el tablero. El precio internacional del GNL, que ya supera los US$20 por millón de BTU, quedó muy por encima de los valores pagados por Enarsa en 2025, cuando adjudicó 27 buques a precios de entre US$11,477 y US$13,666 por millón de BTU. Esa brecha no es un dato abstracto: es el corazón del problema político y regulatorio.
La propia María Tettamanti, secretaria de Energía, explicitó el criterio oficial. “Estamos tomando la decisión de que pague el GNL el que lo usa”, sostuvo en el evento Vaca Muerta Insights, al señalar que el costo recaería mayormente sobre la generación, que el año pasado explicó el 60% del consumo, y el resto se repartiría entre industria y residenciales. Sin embargo, también introdujo una condición: avanzarían en esa línea si en la licitación encontraban “valores razonables”. Esa aclaración muestra que el Gobierno defiende el cambio de esquema, pero no desconoce que el precio internacional puede volverlo políticamente más costoso.
El autoabastecimiento avanza, pero no llega a tiempo para este invierno
El trasfondo de esta discusión es conocido: Vaca Muerta mejoró la producción local y las obras de infraestructura avanzan, pero el autoabastecimiento total todavía no alcanza para cubrir el pico invernal. Por eso, los analistas prevén que Argentina deberá importar 20 buques de GNL este invierno. El problema es que el nuevo sistema se estrena en medio de una crisis global, con precios más altos y un cronograma apretado.
A esa fragilidad se suma una limitación estructural que el propio texto expone con claridad. La distribuidora Ecogas, en una carta enviada a un cliente industrial, advirtió que para el invierno 2026 las distribuidoras no dispondrán de transporte firme suficiente para abastecer totalmente la demanda no prioritaria. Traducido al lenguaje político: la prioridad seguirá siendo garantizar el servicio residencial y esencial, mientras la industria vuelve a quedar expuesta a cortes o a la necesidad de comprar gas importado para sostener actividad.
El antecedente inmediato también pesa. Tanto en 2024 como en 2025 hubo cortes a industrias con contratos interrumpibles y escasez de GNC durante el invierno. En el sector, incluso, anticipan un escenario similar para este año. Eso convierte a la discusión sobre el GNL en algo más que un debate tarifario: también es una discusión sobre administración de escasez, competitividad industrial y capacidad del Gobierno para evitar que un conflicto externo erosione su discurso de normalización energética.
La correlación de fuerzas: ajuste fiscal, sector privado y usuarios bajo presión
Lo que está en juego es una redistribución del costo energético. El Estado quiere retirarse de una cobertura que sostuvo durante casi dos décadas. El sector privado debe asumir la importación, pero todavía no se definió quién será el comercializador. Y los usuarios que efectivamente consuman ese gas —usinas térmicas, industrias y eventualmente residenciales— quedan en la línea de impacto de un precio internacional que se disparó.
Ese reparto condiciona a todos los actores. Para el Gobierno, el desafío es sostener consistencia fiscal sin provocar un salto desordenado en costos energéticos que termine filtrándose a precios o afectando la actividad. Para las industrias, la amenaza no es solo pagar más caro, sino enfrentar restricciones de abastecimiento si la logística no llega a tiempo o si el sistema prioriza otros consumos. Para el sector privado, la licitación de comienzos de abril y la adjudicación prevista hacia fines de ese mes abren una ventana de decisión muy estrecha en un mercado internacional alterado por la guerra.
Por eso no sorprende que el Gobierno no descarte compras a través de Enarsa en estos días. Sería, en los hechos, una válvula de contingencia frente a un esquema privatizador que todavía no logró consolidarse. Allí aparece una tensión estratégica: el oficialismo busca retirarse, pero la emergencia internacional lo obliga a mantener herramientas de intervención que creía en retirada.
Un movimiento táctico bajo fuego externo
El plan energético oficial no quedó anulado, pero sí entró en una zona más incómoda. El argumento estructural del Gobierno sigue en pie: hay mayor producción local, mejor disponibilidad de transporte y una expectativa de sistema “mucho más robusto”, con un superávit comercial energético que, según el texto, en 2026 se estima por encima de los US$7.000 millones. Esa mejora de fondo le da a la administración Milei un respaldo político para sostener que el país ya no está en la misma fragilidad que en años anteriores.
Sin embargo, el invierno no se gestiona con proyecciones de largo plazo, sino con decisiones inmediatas. Y ahí el conflicto en Medio Oriente volvió más áspera la transición entre un sistema subsidiado y otro con mayor exposición privada y traslado de costos. La ampliación del gasoducto Perito Moreno, a cargo de Transportadora de Gas del Sur (TGS), promete mejorar aún más la disponibilidad de transporte en 2027. Pero esa respuesta llega después del cuello de botella actual.
En las próximas semanas habrá que mirar tres variables. Primero, si la licitación logra atraer interesados en condiciones compatibles con la estrategia oficial. Segundo, si el Gobierno termina usando a Enarsa como respaldo operativo ante la urgencia. Y tercero, cómo se distribuye finalmente el costo de un GNL más caro en un sistema que ya admite tensiones entre abastecimiento, subsidios y competitividad. Milei quiso convertir la importación de gas en una señal de mercado. La guerra, por ahora, la devolvió al terreno más clásico de la política: quién decide, quién cede y quién paga.
